Política
Tras el escándalo del criteriado «Noe» que revelan negociaciones con políticos y pandillas, ahora la pregunta es: ¿por qué no hemos escuchado los audios?
Ante la controversia entre la Fiscalía General de la República y el Juez Especializado de Sentencia Godofredo Salazar, hoy, nos preguntamos: ¿quién es el responsable de que no desfilaran todas las pruebas en contra de políticos en el caso penal conocido como tregua entre pandillas?
Este pasado miércoles 30 de octubre finalizó el desfile de pruebas en el juicio del caso Operación Cuscatlán, donde el testigo criteriado Noé reveló que varios dirigentes de alto mando se reunieron con pandillas, para pagarles dinero a cambio de votos y hacerle ganar las Elecciones Presidenciales 2014.
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Sin embargo, preliminarmente se dio a conocer que la FGR solicitó al juez que ventila el caso “Operación Cuscatlán” que no se reprodujeran los audios y videos que vinculan a políticos con estructuras pandilleriles.
Posteriormente el Fiscal Feneral Raul Melara “desmintió” la referida información, y negó que la Fiscalía haya pedido no presentar los videos que habría grabado el testigo criteriado Noé.
«Voy a ser claro y contundente: La FGR no ha pedido que se excluya la presentación de los videos», respondió Melara a la noticia difundida por medios de comunicación.
Por su parte, el Juez Godofredo Salazar, reaccionó ante los señalamientos hacia su persona y honorabilidad, diciendo que tal como la ley manda, el solo autorizó la petición hecha por FGR con respecto a estipular la prueba (incluyendo los videos y audios de reuniones entre políticos y pandilleros).
Salazar, además, asegura que los señalamientos de la FGR pretenden dañar su imagen y la de la institución, por tal de salvar otra.
Como medio de comunicación nos dimos a la tarea de investigar a Salazar y se pudo comprobar que es un juez intachable, apegado al derecho en todos sus fallos.
Por otro lado, se sabe que las pruebas (audios y videos) se ventilaron desde el año 2016 y estaban en poder de la FGR, por tal razón se puede decir que ha habido una clara omisión a la investigación, no solo del actual titular, Raúl Melara, sino también del exfiscal Douglas Meléndez; pues nunca presentaron requerimientos ante tal escándalo contra los implicados en dichos materiales audiovisuales y corroborados por el testigo criteriado «Noé».
Ahora, las preguntas fluyen: ¿hay una persecución penal selectiva?, ¿hay favorecimiento hacia los políticos involucrados?, ¿el fiscal general tiene ciertos compromisos? Sería apropiado una justa aclaración, pues la justicia no debe tener compromisos con nadie.
Por ende, podemos concluir, pese a que el testigo entregó audios y videos, la Fiscalía solicitó que no se reprodujeran, ya que «estipuló las pruebas» en su momento con la defensa, dejando, jurídicamente al juez Salazar imposibilitado para pedir dichas evidencias en este momento del proceso, esto podría dejar en evidencia los intereses políticos hacia sus partidos políticos, especialmente ARENA y FMLN, con el fin de que las personas que fueron involucradas en el caso salgan limpias.
Algunas reacciones en redes sociales:
La Asamblea Legislativa aprobó este martes la 42ª prórroga del régimen de excepción, que estará vigente hasta el 2 de octubre próximo. La medida, solicitada por el Ejecutivo a través del Consejo de Ministros, fue avalada con los votos de las bancadas de Nuevas Ideas, PCN y PDC.
Durante la sesión plenaria, la solicitud fue ingresada con modificación de agenda propuesta por el jefe de fracción de Nuevas Ideas, Christian Guevara, y aprobada con dispensa de trámites. La diputada de Vamos, Claudia Ortiz, votó en contra, mientras que los legisladores de ARENA, Marcela Villatoro y Francisco Lira, no participaron en la votación.
Según la petición del Ejecutivo, la extensión del régimen busca mantener el combate contra remanentes de pandillas que aún operan en algunas comunidades y garantizar la seguridad ciudadana.
El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, defendió la medida señalando que gracias al régimen de excepción y al Plan Control Territorial, El Salvador cerró 2024 con una tasa de homicidios de 1.9 por cada 100,000 habitantes, y proyecta finalizar 2025 con un índice entre 1 y 1.3.
El régimen de excepción fue decretado por primera vez el 27 de marzo de 2022 y desde entonces ha sido prorrogado de manera continua.
Diversos estudios de opinión realizados en períodos preelectorales y poselectorales evidencian un respaldo mayoritario de la población salvadoreña a la reelección presidencial, ahora permitida de forma indefinida tras las reformas constitucionales avaladas por la Asamblea Legislativa en julio pasado.
El Centro de Estudios Ciudadanos (CEC) de la Universidad Francisco Gavidia (UFG) reportó en octubre de 2022 que el 77.2 % apoyaba la reelección del presidente Nayib Bukele para los comicios de 2024. Un año después, en junio de 2023, la cifra se mantuvo en niveles similares, con un 76.5 % de respaldo.
Por su parte, el Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) de la UCA señaló en noviembre de 2023 que casi el 70 % de los encuestados estaba de acuerdo con que Bukele optara por un segundo mandato (2024-2029). La más reciente encuesta de junio de 2025 reafirmó esta tendencia, al mostrar que el 70.6 % de la ciudadanía respalda su eventual postulación a un tercer período presidencial, frente a un 25.4 % que expresó desacuerdo.
Entre los principales motivos de apoyo, los salvadoreños mencionaron los avances en seguridad pública, la continuidad de proyectos sociales y la negativa a retornar a los gobiernos de ARENA y FMLN.
Para el analista político Nelson Flores, la aceptación responde a que la población “necesita obras sociales que solventen sus necesidades, y eso es lo que el presidente les entrega”. En la misma línea, el sociólogo Mauricio Rodríguez afirmó que los ciudadanos respaldan la reelección indefinida porque “están satisfechos con el trabajo del presidente y buscan dar continuidad a los programas y proyectos de nación”.
El sistema de salud pública salvadoreño experimentará una transformación con la aprobación de la Ley de Creación de la Red Nacional de Hospitales, avalada por 57 votos en la Asamblea Legislativa. La normativa busca mejorar la calidad, cobertura y eficiencia de los servicios médicos en el país mediante una estructura moderna y con autonomía administrativa.
La red operará de forma independiente al Ministerio de Salud, aunque en coordinación con esta institución. Incluirá atención integral en prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos.
El presidente del Congreso, Ernesto Castro, afirmó que la construcción del nuevo Hospital Rosales marcará el inicio de esta reforma y descartó que se trate de una privatización del sistema. Según explicó, la ley permitirá agilizar la compra de medicamentos, contratación de médicos y equipamiento hospitalario.
El marco legal contempla además la creación de un Sistema de Becas para la Formación y Especialización Médica, que obligará a estudiantes y especialistas formados en la red a prestar un servicio de cinco años en el sistema a partir de 2026. Los profesionales recibirán salarios entre $3,800 y $4,500, dependiendo de sus especialidades.
La Red Nacional será dirigida por una junta directiva encabezada por un presidente ejecutivo, designado por el Presidente de la República. También participarán el ministro de Salud y representantes de instituciones como la Dirección de Obras Municipales y la Dirección Nacional de Compras Públicas.
Entre sus principales funciones estarán administrar fondos, adquirir insumos médicos, supervisar hospitales, promover la formación especializada y regular la práctica profesional. Los médicos de la red estarán sujetos a sanciones en caso de negligencia, impericia o mala praxis.
Con esta reforma, el Gobierno busca consolidar un nuevo modelo hospitalario que, según sus promotores, garantizará mayor eficiencia y atención digna a la población salvadoreña.
