Política
Tras el escándalo del criteriado «Noe» que revelan negociaciones con políticos y pandillas, ahora la pregunta es: ¿por qué no hemos escuchado los audios?
Ante la controversia entre la Fiscalía General de la República y el Juez Especializado de Sentencia Godofredo Salazar, hoy, nos preguntamos: ¿quién es el responsable de que no desfilaran todas las pruebas en contra de políticos en el caso penal conocido como tregua entre pandillas?
Este pasado miércoles 30 de octubre finalizó el desfile de pruebas en el juicio del caso Operación Cuscatlán, donde el testigo criteriado Noé reveló que varios dirigentes de alto mando se reunieron con pandillas, para pagarles dinero a cambio de votos y hacerle ganar las Elecciones Presidenciales 2014.
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Sin embargo, preliminarmente se dio a conocer que la FGR solicitó al juez que ventila el caso “Operación Cuscatlán” que no se reprodujeran los audios y videos que vinculan a políticos con estructuras pandilleriles.
Posteriormente el Fiscal Feneral Raul Melara “desmintió” la referida información, y negó que la Fiscalía haya pedido no presentar los videos que habría grabado el testigo criteriado Noé.
«Voy a ser claro y contundente: La FGR no ha pedido que se excluya la presentación de los videos», respondió Melara a la noticia difundida por medios de comunicación.
Por su parte, el Juez Godofredo Salazar, reaccionó ante los señalamientos hacia su persona y honorabilidad, diciendo que tal como la ley manda, el solo autorizó la petición hecha por FGR con respecto a estipular la prueba (incluyendo los videos y audios de reuniones entre políticos y pandilleros).
Salazar, además, asegura que los señalamientos de la FGR pretenden dañar su imagen y la de la institución, por tal de salvar otra.
Como medio de comunicación nos dimos a la tarea de investigar a Salazar y se pudo comprobar que es un juez intachable, apegado al derecho en todos sus fallos.
Por otro lado, se sabe que las pruebas (audios y videos) se ventilaron desde el año 2016 y estaban en poder de la FGR, por tal razón se puede decir que ha habido una clara omisión a la investigación, no solo del actual titular, Raúl Melara, sino también del exfiscal Douglas Meléndez; pues nunca presentaron requerimientos ante tal escándalo contra los implicados en dichos materiales audiovisuales y corroborados por el testigo criteriado «Noé».
Ahora, las preguntas fluyen: ¿hay una persecución penal selectiva?, ¿hay favorecimiento hacia los políticos involucrados?, ¿el fiscal general tiene ciertos compromisos? Sería apropiado una justa aclaración, pues la justicia no debe tener compromisos con nadie.
Por ende, podemos concluir, pese a que el testigo entregó audios y videos, la Fiscalía solicitó que no se reprodujeran, ya que «estipuló las pruebas» en su momento con la defensa, dejando, jurídicamente al juez Salazar imposibilitado para pedir dichas evidencias en este momento del proceso, esto podría dejar en evidencia los intereses políticos hacia sus partidos políticos, especialmente ARENA y FMLN, con el fin de que las personas que fueron involucradas en el caso salgan limpias.
Algunas reacciones en redes sociales:
Como parte de los preparativos de cara a los comicios generales de 2027, la Junta de Vigilancia Electoral (JVE) prevé desarrollar 66 misiones de verificación del proceso de emisión del Documento Único de Identidad (DUI) en el exterior.
El director propietario de la JVE por el Partido de Concertación Nacional (PCN), Alexis Zepeda, aseguró que el derecho al voto de la diáspora está garantizado para los comicios del 28 de febrero de 2027.
«Nosotros tenemos un presupuesto para hacer las misiones de fiscalización en el extranjero. Tenemos más de 66 misiones para el voto en el presupuesto extraordinario, divididas entre los 11 institutos políticos que conformamos la JVE», explicó Zepeda.
Señaló que este proceso de fiscalización iniciará en septiembre próximo, con base en las coordinaciones que se hagan con el Tribunal Supremo Electoral (TSE), el Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN) y el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Las oficinas del RNPN ubicadas en diferentes países y consulados de El Salvador serán visitadas por la JVE con el propósito de verificar el debido proceso de emisión del DUI.
Zepeda reiteró que en las misiones en el extranjero, así como en las previstas en territorio nacional, participan los directores que representan a los 13 institutos políticos.
A la vez, dijo que estas misiones permitirán hacer un diagnóstico de las ciudades donde hay más concentración de salvadoreños.
En el territorio nacional también se desarrollará el proceso de fiscalización de duicentros, identificando los que tiene mayor afluencia.
Asimismo, enfatizó que la renovación masiva del DUI es importante para que la población tenga actualizado su documento y pueda ejercer su voto.
«Es fundamental que la gente esté en orden para aparecer en los padrones electorales. Si alguien no aparece en el padrón electoral, no puede ejercer el sufragio. Hemos solicitado, como Junta de Vigilancia Electoral, una audiencia para reunirnos con la junta directiva del RNPN para ver el plan de acción [de duización masiva]», indicó Zepeda.
Por otra parte, señaló que como JVE están verificando que se cumplan los tiempos establecidos en el calendario electoral publicado por el TSE
Zepeda comentó que las coordinaciones con el organismo colegiado y la JVE «son excelentes», y permiten desarrollar un proceso de fiscalización apegado a la ley
«Por mandato de ley se establece que verificamos el calendario electoral. Vamos viendo por tiempos cómo se va realizando todo el proceso en que se está organizando una elección. La relación que tenemos con el actual Tribunal Supremo Electoral, para mí, es una de las mejores de la historia», aseveró.
El presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, reiteró que participará en las elecciones legislativas del 28 de febrero de 2027 con el objetivo de buscar un tercer período como diputado del partido Nuevas Ideas.
Castro señaló que su decisión responde a que aún considera que hay muchas cosas por hacer en el país, aunque aclaró que primero deberán cumplirse los procesos correspondientes, como las elecciones internas del partido y el proceso electoral.
Indicó que mantendría su forma de trabajo con puertas abiertas a la población, comunicadores y creadores de contenido, y aseguró que no permitirá el regreso de prácticas del pasado, como la corrupción y el despilfarro.
Además, afirmó que la historia ha mostrado las razones por las que, según él, la población no apoya a la oposición en la Asamblea Legislativa.
La diputada del partido VAMOS, Claudia Ortiz, cuestionó la operación militar para detener a Nicolás Maduro, acusado por Washington de dirigir un cartel de narcotráfico.
«El Gobierno de Estados Unidos ha sostenido que su ac El Gobierno de Estados Unidos ha sostenido que su actuación se dirige contra una organización criminal transnacional. Combatir el narcotráfico es una preocupación legítima y compartida por las democracias. Sin embargo, la experiencia histórica demuestra que cuando el poder se ejerce sin límites democráticos, incluso frente a enemigos reales, se corre el riesgo de reproducir aquello que se dice combatir», reaccionó en X.
La legisladora sostuvo que el desafío para la región no es solo combatir el crimen organizado, «sino hacerlo sin convertir la excepción en regla ni debilitar el Estado de derecho. Sin instituciones activas no hay democracia que resista».
Al respecto, el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, reaccionó a la publicación de la legisla dora. «Entiendo, entonces, lo siguiente: Usted rechaza las acciones gracias a las cuales EE. UU. ha capturado a Nicolás Maduro. Además, condena el “poder sin límites” refiriéndose al presidente Trump».
«También deja claro que DESLEGITIMA todo lo que hará el presidente Trump en Venezuela», agregó Castro. Sin embargo, Maduro y sus aliados han convertido las instituciones venezolanas en un semillero de corrupción.
