Política
Tras el escándalo del criteriado «Noe» que revelan negociaciones con políticos y pandillas, ahora la pregunta es: ¿por qué no hemos escuchado los audios?
Ante la controversia entre la Fiscalía General de la República y el Juez Especializado de Sentencia Godofredo Salazar, hoy, nos preguntamos: ¿quién es el responsable de que no desfilaran todas las pruebas en contra de políticos en el caso penal conocido como tregua entre pandillas?
Este pasado miércoles 30 de octubre finalizó el desfile de pruebas en el juicio del caso Operación Cuscatlán, donde el testigo criteriado Noé reveló que varios dirigentes de alto mando se reunieron con pandillas, para pagarles dinero a cambio de votos y hacerle ganar las Elecciones Presidenciales 2014.
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Sin embargo, preliminarmente se dio a conocer que la FGR solicitó al juez que ventila el caso “Operación Cuscatlán” que no se reprodujeran los audios y videos que vinculan a políticos con estructuras pandilleriles.
Posteriormente el Fiscal Feneral Raul Melara “desmintió” la referida información, y negó que la Fiscalía haya pedido no presentar los videos que habría grabado el testigo criteriado Noé.
«Voy a ser claro y contundente: La FGR no ha pedido que se excluya la presentación de los videos», respondió Melara a la noticia difundida por medios de comunicación.
Por su parte, el Juez Godofredo Salazar, reaccionó ante los señalamientos hacia su persona y honorabilidad, diciendo que tal como la ley manda, el solo autorizó la petición hecha por FGR con respecto a estipular la prueba (incluyendo los videos y audios de reuniones entre políticos y pandilleros).
Salazar, además, asegura que los señalamientos de la FGR pretenden dañar su imagen y la de la institución, por tal de salvar otra.
Como medio de comunicación nos dimos a la tarea de investigar a Salazar y se pudo comprobar que es un juez intachable, apegado al derecho en todos sus fallos.
Por otro lado, se sabe que las pruebas (audios y videos) se ventilaron desde el año 2016 y estaban en poder de la FGR, por tal razón se puede decir que ha habido una clara omisión a la investigación, no solo del actual titular, Raúl Melara, sino también del exfiscal Douglas Meléndez; pues nunca presentaron requerimientos ante tal escándalo contra los implicados en dichos materiales audiovisuales y corroborados por el testigo criteriado «Noé».
Ahora, las preguntas fluyen: ¿hay una persecución penal selectiva?, ¿hay favorecimiento hacia los políticos involucrados?, ¿el fiscal general tiene ciertos compromisos? Sería apropiado una justa aclaración, pues la justicia no debe tener compromisos con nadie.
Por ende, podemos concluir, pese a que el testigo entregó audios y videos, la Fiscalía solicitó que no se reprodujeran, ya que «estipuló las pruebas» en su momento con la defensa, dejando, jurídicamente al juez Salazar imposibilitado para pedir dichas evidencias en este momento del proceso, esto podría dejar en evidencia los intereses políticos hacia sus partidos políticos, especialmente ARENA y FMLN, con el fin de que las personas que fueron involucradas en el caso salgan limpias.
Algunas reacciones en redes sociales:
El jefe de fracción del partido Nuevas Ideas, Christian Guevara, reiteró este martes que los diputados de su bancada en la Asamblea Legislativa continuarán respaldando con sus votos los proyectos destinados a modernizar el sistema público de salud en El Salvador.
“Nuestros votos para mejorar el sistema de salud para los salvadoreños. Lo justo, lo legal y lo correcto siempre”, expresó Guevara a través de su cuenta en la red social X.
Los legisladores oficialistas han respaldado diversas iniciativas impulsadas por el Ejecutivo para fortalecer la red hospitalaria nacional, incluyendo intervenciones en infraestructura, adquisición de medicamentos y equipos médicos, así como la construcción de nuevos centros de atención, entre ellos el nuevo hospital Rosales.
La fracción cian ha sido clave para la aprobación de financiamiento y reformas que permiten avanzar con la transformación del sistema de salud, como parte del plan de atención integral que el Gobierno del presidente Nayib Bukele ha promovido durante su gestión.
La Asamblea Legislativa autorizó este martes al Órgano Ejecutivo la suscripción de un contrato de préstamo por $120 millones con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), como financiamiento adicional para el Proyecto de Transporte e Infraestructura Resiliente de El Salvador. Esta iniciativa busca mejorar la conectividad en el norte del Área Metropolitana de San Salvador (AMSS).
El megaproyecto beneficiará directamente a los distritos de Tonacatepeque, Apopa, Aguilares, Nejapa, Ciudad Delgado y Guazapa, a través de la construcción de una moderna infraestructura vial que incluye un nuevo “by pass” en Apopa, una carretera de circunvalación de aproximadamente 13 kilómetros, pasos elevados y subterráneos, iluminación, señalización, controles de velocidad, paradas de autobús e infraestructura peatonal.
Según estimaciones oficiales, la obra beneficiará de forma directa a más de 550,000 habitantes de los municipios que conforman San Salvador Centro, Este, Oeste y Norte.
Uno de los elementos clave del proyecto es un puente atirantado de 300 metros de longitud y cuatro carriles (dos por sentido), que permitirá desviar el tráfico pesado hacia la carretera de Oro y la Troncal del Norte, facilitando la conexión con la zona norte del país y la frontera con Honduras.
El Gobierno del presidente Nayib Bukele busca posicionar esta región como un nodo logístico estratégico para El Salvador, Honduras y Guatemala, mediante una combinación de inversión pública en infraestructura y atracción de capital privado.
La Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador (OPAMSS) ha destacado que el potencial de la zona radica en su ubicación estratégica, así como en las obras de conectividad ya ejecutadas y las que están en proceso. Además, se ha informado que el 36 % del suelo destinado para uso logístico y de servicios en San Salvador Oeste ya cuenta con permisos aprobados.
Con este financiamiento adicional, el Ejecutivo busca acelerar el desarrollo vial del AMSS y consolidar al país como un centro regional clave para la movilidad y el comercio.
La Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa emitió dictamen favorable para autorizar al Ejecutivo la firma de un contrato de préstamo por $120 millones con el Banco Interamericano de Reconstrucción y Fomento (BIRF), destinado a financiar un ambicioso proyecto de transporte e infraestructura vial en el norte del Área Metropolitana de San Salvador (AMSS).
El megaproyecto beneficiará directamente a los distritos de Tonacatepeque, Apopa, Aguilares, Nejapa, Ciudad Delgado y Guazapa, y se prevé que la aprobación definitiva del préstamo se realice en la próxima sesión plenaria.
La inversión contempla la construcción de una carretera de circunvalación de aproximadamente 13 kilómetros, pasos elevados y subterráneos, paradas de autobús, infraestructura peatonal, señalización, iluminación y sistemas de control de velocidad. Uno de los componentes clave será la construcción de un «bypass» en Apopa, que incluirá un puente atirantado de 300 metros con cuatro carriles de circulación, diseñado para desviar el tráfico pesado hacia la carretera de Oro y la Troncal del Norte.
Según el Gobierno, la obra beneficiará a más de 550,000 habitantes de los municipios agrupados en San Salvador Centro, Este, Oeste y Norte, mejorando significativamente la conectividad vial y posicionando esta zona como un corredor logístico estratégico para El Salvador, Honduras y Guatemala.
El proyecto se enmarca en el plan de infraestructura resiliente y busca impulsar la inversión pública y privada en la región, facilitando el comercio y el desarrollo económico.
