Política
Tras el escándalo del criteriado «Noe» que revelan negociaciones con políticos y pandillas, ahora la pregunta es: ¿por qué no hemos escuchado los audios?
Ante la controversia entre la Fiscalía General de la República y el Juez Especializado de Sentencia Godofredo Salazar, hoy, nos preguntamos: ¿quién es el responsable de que no desfilaran todas las pruebas en contra de políticos en el caso penal conocido como tregua entre pandillas?
Este pasado miércoles 30 de octubre finalizó el desfile de pruebas en el juicio del caso Operación Cuscatlán, donde el testigo criteriado Noé reveló que varios dirigentes de alto mando se reunieron con pandillas, para pagarles dinero a cambio de votos y hacerle ganar las Elecciones Presidenciales 2014.
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Sin embargo, preliminarmente se dio a conocer que la FGR solicitó al juez que ventila el caso “Operación Cuscatlán” que no se reprodujeran los audios y videos que vinculan a políticos con estructuras pandilleriles.
Posteriormente el Fiscal Feneral Raul Melara “desmintió” la referida información, y negó que la Fiscalía haya pedido no presentar los videos que habría grabado el testigo criteriado Noé.
«Voy a ser claro y contundente: La FGR no ha pedido que se excluya la presentación de los videos», respondió Melara a la noticia difundida por medios de comunicación.
Por su parte, el Juez Godofredo Salazar, reaccionó ante los señalamientos hacia su persona y honorabilidad, diciendo que tal como la ley manda, el solo autorizó la petición hecha por FGR con respecto a estipular la prueba (incluyendo los videos y audios de reuniones entre políticos y pandilleros).
Salazar, además, asegura que los señalamientos de la FGR pretenden dañar su imagen y la de la institución, por tal de salvar otra.
Como medio de comunicación nos dimos a la tarea de investigar a Salazar y se pudo comprobar que es un juez intachable, apegado al derecho en todos sus fallos.
Por otro lado, se sabe que las pruebas (audios y videos) se ventilaron desde el año 2016 y estaban en poder de la FGR, por tal razón se puede decir que ha habido una clara omisión a la investigación, no solo del actual titular, Raúl Melara, sino también del exfiscal Douglas Meléndez; pues nunca presentaron requerimientos ante tal escándalo contra los implicados en dichos materiales audiovisuales y corroborados por el testigo criteriado «Noé».
Ahora, las preguntas fluyen: ¿hay una persecución penal selectiva?, ¿hay favorecimiento hacia los políticos involucrados?, ¿el fiscal general tiene ciertos compromisos? Sería apropiado una justa aclaración, pues la justicia no debe tener compromisos con nadie.
Por ende, podemos concluir, pese a que el testigo entregó audios y videos, la Fiscalía solicitó que no se reprodujeran, ya que «estipuló las pruebas» en su momento con la defensa, dejando, jurídicamente al juez Salazar imposibilitado para pedir dichas evidencias en este momento del proceso, esto podría dejar en evidencia los intereses políticos hacia sus partidos políticos, especialmente ARENA y FMLN, con el fin de que las personas que fueron involucradas en el caso salgan limpias.
Algunas reacciones en redes sociales:
Durante la jornada de elecciones internas del Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), en redes sociales circuló un video en el que se observa una de las sedes habilitadas sin afluencia de personas para la elección del nuevo COENA, lo que ha generado señalamientos y cuestionamientos sobre la participación en el proceso.
Sin embargo, el presidente del Consejo Ejecutivo Nacional (COENA), Carlos García Saade, confirmó que el partido competirá en todas las elecciones del próximo año, incluida la presidencial, como parte de su estrategia política de cara a los comicios.
García Saade detalló que la selección de candidatos estará a cargo de la Comisión Electoral Nacional (CEN) y que las elecciones internas se desarrollarán en julio, en conjunto con la definición de aspirantes a diputaciones y concejos municipales.
El dirigente también afirmó que el objetivo del partido es incrementar su caudal de votos y ampliar su representación a nivel nacional. “Vamos a crecer, vamos a ganar más diputados, más alcaldías y más concejales en oposición”, expresó, al tiempo que señaló la necesidad de generar un mayor equilibrio de poder en el país.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
En el marco del proceso electoral 2027, la Corte de Cuentas de la República (CCR) se prepara para implementar la contraloría respectiva.
Walter Sosa, presidente de la CCR, afirmó que se reforzarán los mecanismos para la emisión de constancias a los aspirantes de candidaturas a la presidencia y vicepresidencia de la república, diputados y concejos municipales.
«En términos prácticos, esto implica que la CCR verifica que los aspirantes a candidatos no tengan sentencias condenatorias pendientes de pago. Es decir, revisamos en las siete Cámaras de Primera Instancia y en la Cámara de Segunda Instancia que los aspirantes a candidatos no tengan al momento de la solicitud sentencia ejecutoriada pendiente de pago», explicó.
Lo anterior se ejecuta de conformidad con los artículos 152, 160 y 166 del Código Electoral, los que establecen que los aspirantes deben presentar una constancia extendida por el presidente de la CCR, en cumplimiento de un requisito indispensable para su inscripción.
«Para garantizar el cumplimiento de esta disposición legal, la Corte de Cuentas mantiene de forma permanente el servicio de emisión de constancias y, durante los períodos electorales, refuerza su capacidad operativa para agilizar este proceso emitiendo un instructivo que socializaremos en el momento propicio de acuerdo con el calendario electoral, contribuyendo así a la transparencia y legalidad del evento electoral», puntualizó el presidente del ente contralor.
