Política
¡Tome nota! Esta son las sanciones por negarme a integrar una JRV si fui seleccionado
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) ya ha dado a conocer las personas que formarán parte de las Juntas Receptoras de Votos (JRV) para las próximas elecciones del 4 de febrero y 3 de marzo; la participación de los ciudadanos es obligatoria, por tanto es importante revisar en la página web de la institución si ha sido seleccionado.
El no cumplir con estas disposiciones, puede llevar a una serie de consecuencias, entre ellas algunas sanciones.
De acuerdo con el artículo 242 del Código Electoral, «quien se negare sin justa causa a desempeñar los cargos de miembro de cualquiera de los organismos electorales o abandonare el cargo» será sancionado con una multa desde $25 a $114.28 dólares.
Dichas multas «serán impuestas por el Tribunal, tomando en cuenta la categoría del cargo no desempeñado o abandonado y la capacidad económica del infractor».
Además, el Código Electoral también establece que las personas que «no cancelen la multa en el plazo establecido en el artículo 255 de este código, serán sujetos, por orden del Tribunal, de restricción migratoria, de emisión de antecedentes penales y policiales; de reposición, renovación o modificación del documento único de identidad; de refrenda de licencia de conducir, según el Tribunal estime conveniente, mientras no se cumpla con el pago de la sanción impuesta».
Las restricciones mencionadas anteriormente durarán hasta un máximo de tres a cinco años, según se especifica. En ese sentido el artículo 255 dicta que deben ser canceladas en los ochos días posteriores a la notificación de la multa.
Por otra parte, en cuanto a las personas que no hayan participado, habiendo sido convocados; o que se hayan retirado previo al escrutinio preliminar, el Código explica que deberán presentar la justificación por escrito, y con pruebas que consideren necesarias al TSE, durante tres días hábiles posteriores a la fecha que se llevó a cabo la elección.
Esto se puede hacer a través del correo electrónico que la institución determine. El TSE se encargará de evaluar las pruebas, y emitir una resolución sobre el caso.
Agrega que, una vez que el plazo para presentar la justificación haya vencido (el cual es de 72 horas tras ser notificado), y esta no se haya entregado, las inasistencias o abandonos, se tendrán por «injustificadas» y el TSE procederá entonces a notificar a los sancionados «mediante resolución que se fijará en un lugar público de la alcaldía municipal respectiva, durante cinco días hábiles contados a partir de la fecha de dicha fijación».
El TSE acordó seleccionar de forma aleatoria del padrón electoral nacional a un total de 102,855 salvadoreños sin afiliación partidaria para integrar las 8,562 Juntas Receptoras de Votos (JRV) para las elecciones generales de 2024.
Puede consultar si forma parte de una JRV a través del enlace de la siguiente nota:
#POLÍTICA Cumple tu deber ciudadano y asiste a las capacitaciones a integrantes de Juntas Receptora de Votos. Consulta y participa: 👉🏻 https://t.co/ur150ZLLQ0 https://t.co/QhAG6b5tBU
— Diario Digital Cronio (@croniosv) January 11, 2024
Diversos estudios de opinión realizados en períodos preelectorales y poselectorales evidencian un respaldo mayoritario de la población salvadoreña a la reelección presidencial, ahora permitida de forma indefinida tras las reformas constitucionales avaladas por la Asamblea Legislativa en julio pasado.
El Centro de Estudios Ciudadanos (CEC) de la Universidad Francisco Gavidia (UFG) reportó en octubre de 2022 que el 77.2 % apoyaba la reelección del presidente Nayib Bukele para los comicios de 2024. Un año después, en junio de 2023, la cifra se mantuvo en niveles similares, con un 76.5 % de respaldo.
Por su parte, el Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) de la UCA señaló en noviembre de 2023 que casi el 70 % de los encuestados estaba de acuerdo con que Bukele optara por un segundo mandato (2024-2029). La más reciente encuesta de junio de 2025 reafirmó esta tendencia, al mostrar que el 70.6 % de la ciudadanía respalda su eventual postulación a un tercer período presidencial, frente a un 25.4 % que expresó desacuerdo.
Entre los principales motivos de apoyo, los salvadoreños mencionaron los avances en seguridad pública, la continuidad de proyectos sociales y la negativa a retornar a los gobiernos de ARENA y FMLN.
Para el analista político Nelson Flores, la aceptación responde a que la población “necesita obras sociales que solventen sus necesidades, y eso es lo que el presidente les entrega”. En la misma línea, el sociólogo Mauricio Rodríguez afirmó que los ciudadanos respaldan la reelección indefinida porque “están satisfechos con el trabajo del presidente y buscan dar continuidad a los programas y proyectos de nación”.
El sistema de salud pública salvadoreño experimentará una transformación con la aprobación de la Ley de Creación de la Red Nacional de Hospitales, avalada por 57 votos en la Asamblea Legislativa. La normativa busca mejorar la calidad, cobertura y eficiencia de los servicios médicos en el país mediante una estructura moderna y con autonomía administrativa.
La red operará de forma independiente al Ministerio de Salud, aunque en coordinación con esta institución. Incluirá atención integral en prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos.
El presidente del Congreso, Ernesto Castro, afirmó que la construcción del nuevo Hospital Rosales marcará el inicio de esta reforma y descartó que se trate de una privatización del sistema. Según explicó, la ley permitirá agilizar la compra de medicamentos, contratación de médicos y equipamiento hospitalario.
El marco legal contempla además la creación de un Sistema de Becas para la Formación y Especialización Médica, que obligará a estudiantes y especialistas formados en la red a prestar un servicio de cinco años en el sistema a partir de 2026. Los profesionales recibirán salarios entre $3,800 y $4,500, dependiendo de sus especialidades.
La Red Nacional será dirigida por una junta directiva encabezada por un presidente ejecutivo, designado por el Presidente de la República. También participarán el ministro de Salud y representantes de instituciones como la Dirección de Obras Municipales y la Dirección Nacional de Compras Públicas.
Entre sus principales funciones estarán administrar fondos, adquirir insumos médicos, supervisar hospitales, promover la formación especializada y regular la práctica profesional. Los médicos de la red estarán sujetos a sanciones en caso de negligencia, impericia o mala praxis.
Con esta reforma, el Gobierno busca consolidar un nuevo modelo hospitalario que, según sus promotores, garantizará mayor eficiencia y atención digna a la población salvadoreña.
Nacionales
Fiscal General presenta opinión técnica sobre reformas a la Ley contra el Crimen Organizado
El Fiscal General, Rodolfo Delgado, participó este día en la Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa para brindar su opinión técnica sobre las reformas a la Ley contra el Crimen Organizado, propuestas por el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública.
Delgado destacó que estas modificaciones representan la mayor reforma en materia procesal penal desde 1998, y permitirán iniciar juicios contra personas detenidas en el marco del Régimen de Excepción. “Estas reformas son importantes porque priorizan el combate a las organizaciones criminales con estructuras jerárquicas y permiten la persecución de grupos transnacionales que operan de manera sistemática en el país”, señaló.
Asimismo, el Fiscal General resaltó la inclusión de un rol definido para el juez de menores dentro del proceso penal, asegurando que se respeten los derechos de adolescentes detenidos vinculados a pandillas. “El juez de menores garantiza los derechos previstos en tratados y convenciones internacionales, mientras que el juez de crimen organizado dirige el proceso y analiza la evidencia”, explicó Delgado.
El Fiscal General consideró que las reformas fortalecerán la labor de los fiscales y mantendrán el equilibrio de las garantías procesales para los detenidos, además de facilitar el manejo de los más de 600 procesos judiciales relacionados con las 88,750 personas capturadas hasta la fecha.
