Política
Respaldo a iniciativa que busca modernizar exploración de hidrocarburos
El Salvador necesita modernizarse en materia energética. Es por esta razón que los diputados de la Comisión de Economía estuvieron recientemente de acuerdo en emitir un dictamen favorable para reformar la Ley de Hidrocarburos.
Los cambios contemplan un nuevo nombre para la normativa: Ley de Exploración y Explotación de Yacimientos de Hidrocarburos. Además, permitirían realizar estudios que provean datos geológicos y geofísicos indispensables para cumplir con los fines de la exploración hidrocarburífera, a fin de incentivar la inversión y acrecentar el conocimiento en esta materia en el país.
Daniel Álvarez, titular de la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas, expuso a los legisladores que, si se aprueban las reformas, la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) podría realizar todas las actividades hidrocarburíferas, a través de contratos, prestación de servicios u otras modalidades que estime conveniente, con el objetivo de impulsar y obtener la adquisición, procesamiento e interpretación de datos geológicos, geofísicos y geoquímicos del subsuelo.
El funcionario explicó que las modificaciones surgen por el proceso de modernización que está iniciando el sector de hidrocarburos y energético en El Salvador. Estudios realizados por CEL, que datan de 1970 y 1980, evidencian que hay indicios de la existencia de recursos en petróleo en el territorio salvadoreño, pero es necesario actualizarlos.
“Esto nos lleva a actualizar todos los estudios que tenemos acerca de los recursos en este tema, por la posible existencia de petróleo en el país. Modernizamos la ley para tener acceso a empresas que son de este tipo de rubro”, aseguró Álvarez.
Al reformarse la ley, CEL dirigiría los esfuerzos para poner al día los datos geocientíficos en materia de hidrocarburífera de El Salvador y podría contratar entidades de clase mundial para la inversión científica necesaria.
La autónoma también podría suscribir contratos de inversión, es decir, aquellos en los que los contratistas asumen el riesgo de efectuar bajo su propia cuenta el costo, riesgo de operaciones o actividades científicas relacionadas a actividades hidrocarburíferas. Según Álvarez, este tipo de contratos permitiría adquirir conocimientos valiosos y realizar actualizaciones de estudios geofísicos sin grandes erogaciones por parte del Estado.
Estos contratos se realizan bajo la modalidad multiclientes, que se refiere a aquellos casos en los que la contratista recibe el derecho exclusivo de realizar el mercadeo y comercializar los datos que recabe en su actividad de recopilación por el plazo establecido en el contrato, bajo su propio costo y riesgo. Los contratos bajo dicha modalidad permite que los datos obtenidos sean propiedad de CEL.
Los titulares de dichos contratos disfrutarán de incentivos fiscales ya que las empresas que licitarán asumirán el riesgo de posible yacimiento de hidrocarburos.
“Tendrán beneficios tributarios porque son estudios caros y complejos por lo que se establecen incentivos fiscales. El riesgo es de la empresa que haría estos estudios, la idea es compensar si no se encuentra la cantidad de petróleo que se necesita para poder explotar”, aseguró el funcionario.
El presidente de la mesa legislativa, Rodrigo Ayala, afirmó que este tipo de contratos tendrá un bajo costo para el Estado y generará empleos.
«Las empresas que vendrán a hacer el estudio asumen el riesgo total a un costo bajo para el Estado, permitiéndoles que luego comercialicen los datos, no los recursos. Estos datos atraerán inversión, creando empleos y beneficiando a los salvadoreños en materia energética”, aseveró el parlamentario.
Proponen reformas a la Ley de Zonas Francas Industriales y de Comercialización
La mesa de trabajo también dictaminó a favor de ampliar el plazo de las disposiciones transitorias contempladas en el artículo 22 de la Ley de Zonas Francas Industriales y de Comercialización, referidas a los depósitos de perfeccionamiento de activo, es decir, a las áreas de territorio nacional sujetas a un tratamiento aduanero especial en el que las mercancías ingresan con suspensión de tributos a la importación para ser sometidas a un proceso de transformación, elaboración, reparación u otro proceso legalmente autorizado para su posterior reexportación.
Clarissa Valdebrán, representante del Ministerio de Economía, explicó que el objetivo principal es dar un apoyo a las empresas que han sufrido la afectación de una contractura de demanda a nivel mundial por los efectos de la pandemia del COVID-19 y los conflictos armados en Ucrania, Rusia, Palestina e Israel.
“Los depósitos para perfeccionamiento de activos son una figura beneficiaria de las exenciones fiscales que establece la Ley de Zonas Francas y se han visto golpeados por la falta de demanda”, explicó la funcionaria.
Además, detalló que el artículo 22 de la normativa establece 12 meses de plazos para que los bienes estén en permanencia de los depósitos de activos, sin embargo, no son prorrogables. De la misma manera, estipula dos, seis o 12 meses para traslados temporales o definitivos entre usuarios de la ley y empresas que no son beneficiarias.
La iniciativa estudiada considera ampliar hasta 12 meses adicionales el tiempo para la permanencia y de traslados de los bienes y para las mercancías sometidas al Régimen de Admisión Temporal para Perfeccionamiento Activo y para los traslados definitivos destinados a Depósitos para Perfeccionamiento Activo.
También se amplía el lapso de hasta seis meses adicionales para los traslados temporales entre beneficiarios de la Ley de Zonas Francas Industriales y de Comercialización; y dos meses adicionales para los traslados temporales generados por Zonas Francas o Depósitos para Perfeccionamiento Activo a empresas ubicadas en el territorio aduanero nacional.
El periodo adicional será aplicable únicamente para los bienes ingresados previo a la entrada en vigencia de este decreto y que se encontraban amparados en una Declaración de Mercancías cuyo plazo de permanencia o traslado estuviese vigente.
“La propuesta es que podamos tener una prórroga en periodos idénticos para cada una de las figuras”, afirmó Valdebrán.
La propuesta tendrá beneficios como la sostenibilidad de empleos, ya que en en el sector textil ha habido afectación y ha debido suspender labores o cerrar las empresas. También se protegerán las inversiones, se reactivará la cadena de producción y existirá seguridad jurídica.
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) anunció que, entre el 8 de octubre de 2025 y el 27 de febrero de 2026, los ciudadanos salvadoreños podrán modificar su dirección de residencia en el Documento Único de Identidad (DUI), lo que determinará el lugar donde emitirán su voto en las elecciones del 28 de febrero de 2027.
La medida forma parte del calendario electoral oficial que fue aprobado por unanimidad en sesión plenaria por los magistrados del organismo colegiado, incluyendo a su presidenta, Roxana Soriano. El TSE detalló que el calendario busca garantizar transparencia, participación informada y cumplimiento oportuno de todos los actores involucrados en el proceso electoral.
Entre las fechas clave se encuentran:
- Cierre del registro electoral: del 11 de mayo al 30 de octubre de 2026.
- Convocatoria oficial a elecciones: 30 de septiembre de 2026.
- Inscripción y propaganda de candidatos:
- Diputados: del 1° de octubre de 2026 al 24 de febrero de 2027.
- Concejos municipales: del 9 de noviembre de 2026 al 24 de febrero de 2027.
El TSE también estableció el periodo del 30 de marzo al 7 de abril de 2027 para la entrega de credenciales a los funcionarios electos.
Durante los comicios de 2027, los salvadoreños elegirán a 60 diputados de la Asamblea Legislativa y a los miembros de 44 concejos municipales. En los comicios anteriores, celebrados el 4 de febrero de 2024, el padrón electoral alcanzó los 6.1 millones de ciudadanos, y la participación fue de 3,232,834 votantes, de los cuales el 70.55 % apoyó al partido Nuevas Ideas.
El TSE informó que, con la aprobación del calendario, también se elaborará el Plan General de Elecciones (PLAGEL), el cual incluye 46 programas logísticos, técnicos y operativos, distribuidos entre el ámbito nacional (24) y el exterior (22), con el objetivo de asegurar un proceso “eficiente e incluyente”.
“Reafirmamos nuestro compromiso de promover elecciones modernas y participativas, fortaleciendo la confianza ciudadana en el sistema democrático del país”, concluyó el organismo en su comunicado oficial.
Para consultar el calendario completo y más detalles del proceso, los ciudadanos pueden visitar el sitio oficial del TSE: www.tse.gob.sv
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) dio a conocer este lunes las fechas clave que conforman el calendario electoral rumbo a los comicios de 2027, entre las que destaca el período habilitado para realizar el cambio de domicilio en el Documento Único de Identidad (DUI).
Durante una sesión plenaria, los magistrados del organismo colegiado aprobaron por unanimidad el cronograma electoral, con el objetivo de garantizar la transparencia, la participación ciudadana informada y el cumplimiento de los plazos por parte de los actores políticos, las instituciones del Estado y la población en general.
Entre las fechas más relevantes del calendario figuran:
- Actualización de domicilio en el DUI: del 8 de octubre de 2025 al 27 de febrero de 2026.
- Cierre del Registro Electoral: del 11 de mayo al 30 de octubre de 2026.
- Convocatoria oficial a elecciones: 30 de septiembre de 2026.
- Inscripción y propaganda electoral: del 1 de octubre de 2026 al 24 de febrero de 2027 para candidatos a diputados de la Asamblea Legislativa, y del 9 de noviembre de 2026 al 24 de febrero de 2027 para candidatos a concejos municipales.
El TSE indicó que, tras la aprobación del calendario, se elaborará el Plan General de Elecciones (PLAGEL), que contempla un total de 46 programas estratégicos, divididos en 24 a nivel nacional y 22 en el extranjero. Estos abarcan áreas logísticas, técnicas y operativas, con el propósito de garantizar un proceso electoral ordenado, eficiente e incluyente.
Política
Mientras Claudia Ortiz se defiende, el Gobierno sigue combatiendo a las pandillas con resultados
El 8 de abril de 2024, la diputada Claudia Ortiz, del partido VAMOS, ofreció una conferencia de prensa en la Asamblea Legislativa para abordar las acusaciones que vinculan a su partido con pandillas, en respuesta a un reportaje publicado por el medio digital El Faro.
Ortiz inició su intervención rechazando categóricamente las afirmaciones del Diario El Salvador, medio estatal que, en una columna titulada «Ganó el pueblo» publicada el 19 de febrero, acusó a VAMOS de ser aliado político de las pandillas. La diputada calificó estas aseveraciones como «una rotunda mentira» y anunció que su partido interpuso una demanda de derecho de respuesta ante el Juzgado de Paz de Antiguo Cuscatlán, la cual fue admitida por el órgano judicial .
Durante la conferencia, Ortiz enfatizó que VAMOS solicitó al Diario El Salvador la publicación de una aclaración elaborada por el partido, pero que el medio no ha accedido a dicha petición. Por ello, decidieron elevar el tema a una instancia judicial para que, con base en la ley, se ordene la publicación de la aclaración.
La diputada también abordó el reportaje de El Faro, que incluye una entrevista con un pandillero conocido como «Charlie», quien supuestamente mencionó a VAMOS en sus declaraciones. Ortiz cuestionó la veracidad de la información y expresó su preocupación por el uso de testimonios de criminales para vincular a partidos políticos con actividades ilícitas.
Ortiz reiteró que su partido ha sido firme en condenar cualquier tipo de pacto o negociación con pandillas y ha exigido investigaciones transparentes sobre posibles vínculos entre funcionarios del gobierno y estructuras criminales .
En relación con la seguridad pública, la diputada manifestó que VAMOS aboga por un enfoque que garantice justicia y respeto a los derechos humanos. Señaló que su propuesta es que los criminales sean sancionados conforme a la ley y que los inocentes sean liberados, enfatizando la importancia de no pasar del temor a las pandillas al temor al Estado .
Ortiz también destacó que su partido está comprometido con la construcción de una democracia que beneficie a la población y no solo sea una etiqueta. Hizo un llamado a diversos sectores y liderazgos a unirse a VAMOS para crear un bienestar para el país, señalando que los partidos políticos que ya tuvieron una oportunidad no necesariamente son los más legitimados para abanderar el avance hacia un futuro y una alternativa .
La diputada concluyó su intervención reafirmando el compromiso de VAMOS con la transparencia, la justicia y la defensa de los derechos humanos. Aseguró que continuarán trabajando para ofrecer una alternativa política que represente los intereses de la ciudadanía y promueva un país más justo y seguro para todos.
La conferencia de prensa de Claudia Ortiz refleja la postura de VAMOS frente a las acusaciones de vínculos con pandillas y su compromiso con la legalidad y la transparencia en el ejercicio político.
