El Salvador necesita modernizarse en materia energética. Es por esta razón que los diputados de la Comisión de Economía estuvieron recientemente de acuerdo en emitir un dictamen favorable para reformar la Ley de Hidrocarburos.

Los cambios contemplan un nuevo nombre para la normativa: Ley de Exploración y Explotación de Yacimientos de Hidrocarburos. Además, permitirían realizar estudios que provean datos geológicos y geofísicos indispensables para cumplir con los fines de la exploración hidrocarburífera, a fin de incentivar la inversión y acrecentar el conocimiento en esta materia en el país.

Daniel Álvarez, titular de la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas, expuso a los legisladores que, si se aprueban las reformas, la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) podría realizar todas las actividades hidrocarburíferas, a través de contratos, prestación de servicios u otras modalidades que estime conveniente, con el objetivo de impulsar y obtener la adquisición, procesamiento e interpretación de datos geológicos, geofísicos y geoquímicos del subsuelo.

El funcionario explicó que las modificaciones surgen por el proceso de modernización que está iniciando el sector de hidrocarburos y energético en El Salvador. Estudios realizados por CEL, que datan de 1970 y 1980, evidencian que hay indicios de la existencia de recursos en petróleo en el territorio salvadoreño, pero es necesario actualizarlos.

“Esto nos lleva a actualizar todos los estudios que tenemos acerca de los recursos en este tema, por la posible existencia de petróleo en el país. Modernizamos la ley para tener acceso a empresas que son de este tipo de rubro”, aseguró Álvarez.

Al reformarse la ley, CEL dirigiría los esfuerzos para poner al día los datos geocientíficos en materia de hidrocarburífera de El Salvador y podría contratar entidades de clase mundial para la inversión científica necesaria.

La autónoma también podría suscribir contratos de inversión, es decir, aquellos en los que los contratistas asumen el riesgo de efectuar bajo su propia cuenta el costo, riesgo de operaciones o actividades científicas relacionadas a actividades hidrocarburíferas. Según Álvarez, este tipo de contratos permitiría adquirir conocimientos valiosos y realizar actualizaciones de estudios geofísicos sin grandes erogaciones por parte del Estado.

Estos contratos se realizan bajo la modalidad multiclientes, que se refiere a aquellos casos en los que la contratista recibe el derecho exclusivo de realizar el mercadeo y comercializar los datos que recabe en su actividad de recopilación por el plazo establecido en el contrato, bajo su propio costo y riesgo. Los contratos bajo dicha modalidad permite que los datos obtenidos sean propiedad de CEL.

Los titulares de dichos contratos disfrutarán de incentivos fiscales ya que las empresas que licitarán asumirán el riesgo de posible yacimiento de hidrocarburos.

“Tendrán beneficios tributarios porque son estudios caros y complejos por lo que se establecen incentivos fiscales. El riesgo es de la empresa que haría estos estudios, la idea es compensar si no se encuentra la cantidad de petróleo que se necesita para poder explotar”, aseguró el funcionario.

El presidente de la mesa legislativa, Rodrigo Ayala, afirmó que este tipo de contratos tendrá un bajo costo para el Estado y generará empleos.

«Las empresas que vendrán a hacer el estudio asumen el riesgo total a un costo bajo para el Estado, permitiéndoles que luego comercialicen los datos, no los recursos. Estos datos atraerán inversión, creando empleos y beneficiando a los salvadoreños en materia energética”, aseveró el parlamentario.

Proponen reformas a la Ley de Zonas Francas Industriales y de Comercialización

La mesa de trabajo también dictaminó a favor de ampliar el plazo de las disposiciones transitorias contempladas en el artículo 22 de la Ley de Zonas Francas Industriales y de Comercialización, referidas a los depósitos de perfeccionamiento de activo, es decir, a las áreas de territorio nacional sujetas a un tratamiento aduanero especial en el que las mercancías ingresan con suspensión de tributos a la importación para ser sometidas a un proceso de transformación, elaboración, reparación u otro proceso legalmente autorizado para su posterior reexportación.

Clarissa Valdebrán, representante del Ministerio de Economía, explicó que el objetivo principal es dar un apoyo a las empresas que han sufrido la afectación de una contractura de demanda a nivel mundial por los efectos de la pandemia del COVID-19 y los conflictos armados en Ucrania, Rusia, Palestina e Israel.

“Los depósitos para perfeccionamiento de activos son una figura beneficiaria de las exenciones fiscales que establece la Ley de Zonas Francas y se han visto golpeados por la falta de demanda”, explicó la funcionaria.

Además, detalló que el artículo 22 de la normativa establece 12 meses de plazos para que los bienes estén en permanencia de los depósitos de activos, sin embargo, no son prorrogables. De la misma manera, estipula dos, seis o 12 meses para traslados temporales o definitivos entre usuarios de la ley y empresas que no son beneficiarias.

La iniciativa estudiada considera ampliar hasta 12 meses adicionales el tiempo para la permanencia y de traslados de los bienes  y para las mercancías sometidas al Régimen de Admisión Temporal para Perfeccionamiento Activo y para los traslados definitivos destinados a Depósitos para Perfeccionamiento Activo.

También se amplía el lapso de hasta seis meses adicionales para los traslados temporales entre beneficiarios de la Ley de Zonas Francas Industriales y de Comercialización; y dos meses adicionales para los traslados temporales generados por Zonas Francas o Depósitos para Perfeccionamiento Activo a empresas ubicadas en el territorio aduanero nacional.

El periodo adicional será aplicable únicamente para los bienes ingresados previo a la entrada en vigencia de este decreto y que se encontraban amparados en una Declaración de Mercancías cuyo plazo de permanencia o traslado estuviese vigente.

“La propuesta es que podamos tener una prórroga en periodos idénticos para cada una de las figuras”, afirmó Valdebrán.

La propuesta tendrá beneficios como la sostenibilidad de empleos, ya que en  en el sector textil ha habido afectación y ha debido suspender labores o cerrar las empresas. También se protegerán las inversiones, se reactivará la cadena de producción y existirá seguridad jurídica.