Política
Presentan cinco renuncias de alcaldes de ARENA y FMLN
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Este lunes 17 de enero, cuatro alcaldes de ARENA y uno del FMLN del departamento de La Paz presentaron sus renuncias irrevocables a estos partidos políticos, a quienes acusaron de haber dejado de lado los intereses de la población, concentrándose en seguir agendas dictaminadas por grupos de poder que no permiten a las bases de los partidos enfocarse en llevar desarrollo a El Salvador.
Los alcaldes que anunciaron su renuncia irrevocable a ARENA son Francisco Alirio Candray Cerón, alcalde de San Juan Tepezontes por los últimos nueve períodos; Juan Alexánder Tamacas, alcalde de San Juan Talpa y José David Campos Zepeda, edil de Paraíso de Osorio, ambos con tres períodos en sus administraciones municipales; y Carlos Alcides García Escobar, quien preside la alcaldía de San Emigdio y realiza su primera gestión municipal.
Junto a ellos, el alcalde de San Antonio Masahuat por el partido FMLN, Adonys Ortiz, también aseguró que renuncia a su partido y se declara independiente. Durante la presentación de las renuncias, el alcalde Ortiz destacó los proyectos que han desarrollado como alcaldes y aseguró que el FMLN se alejó el ideal social con el que nació tras los Acuerdos de Paz. Todos los alcaldes señalaron que sus concejos municipales y síndicos les acompañan en la renuncia a los partidos políticos.
«La razón por la que pongo mi renuncia es porque pienso y he visto que el rumbo que el partido tiene en estos momentos no es el que acobija o el que representa los ideales que en un determinado momento se tenían como FMLN. La gente ya no confía en la dirigencia (del FMLN) y los espacios para nuevos liderazgos se han cerrado. Por eso doy un paso al costado del partido y me declaro independiente», dijo.
Ortiz aseguró que varios alcaldes están descontentos también con la dirigencia actual y que, probablemente, en los próximos días, se confirmen más renuncias al FMLN por parte de varios ediles al interior del país.
Por su parte, los alcaldes de ARENA enfatizaron en que el partido tricolor se ha olvidado de sus bases y no muestra una actitud constructiva en beneficio del país. Además, señalaron que deben poner como prioridad el beneficio de sus comunidades, por lo que no pueden continuar como parte de una oposición que no quiera ser parte de un proyecto de país.
«Nuestro país necesita una oposición constructiva, que se abone a los beneficios que habrá al país. Desde los municipios, nosotros hacemos nuestro aporte. Los alcaldes somos los que estamos escuchando las necesidades de la población. Creemos que no hay tiempo para estar siendo una oposición no contribuyente al proyecto de país. Debemos construir país. Desde nuestros municipios queremos ser contribuyentes al proyecto de país», dijo el alcalde Tamacas Lovo.
Los alcaldes también enfatizaron que continuarán trabajando por sus municipios y que ya han coordinado proyectos con la Dirección de Obras Municipales (DOM) para mejorar la calidad de vida de sus comunidades, manteniendo una coordinación constante en varios proyectos que ya han sido presentados a la DOM.
Todos ellos se declararon independientes y señalaron que ARENA y FMLN no se muestran como una oposición constructiva, sino más bien como grupos cuyo único propósito es bloquear el trabajo de la actual gestión del Órgano Ejecutivo, con el fin de complacer las agendas que imponen grupos de poder que se han tomado estos institutos.
En el caso de ARENA, estas renuncias se suman a las más de veinte que ha sufrido el partido tricolor desde el año pasado. Entre las renuncias destaca también la de los diputados Carlos Reyes y Jorge Rosales, efectuada el pasado 23 de septiembre. La renuncia de Reyes, diputado por el departamento de Cabañas, y Rosales, de La Unión, dejó a la bancada de ARENA con solo 12 diputados para la legislatura 2021-2024. El 28 de febrero pasado, ARENA solo obtuvo en las urnas 14 curules, mientras que en la legislatura anterior tenía 37.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
En el marco del proceso electoral 2027, la Corte de Cuentas de la República (CCR) se prepara para implementar la contraloría respectiva.
Walter Sosa, presidente de la CCR, afirmó que se reforzarán los mecanismos para la emisión de constancias a los aspirantes de candidaturas a la presidencia y vicepresidencia de la república, diputados y concejos municipales.
«En términos prácticos, esto implica que la CCR verifica que los aspirantes a candidatos no tengan sentencias condenatorias pendientes de pago. Es decir, revisamos en las siete Cámaras de Primera Instancia y en la Cámara de Segunda Instancia que los aspirantes a candidatos no tengan al momento de la solicitud sentencia ejecutoriada pendiente de pago», explicó.
Lo anterior se ejecuta de conformidad con los artículos 152, 160 y 166 del Código Electoral, los que establecen que los aspirantes deben presentar una constancia extendida por el presidente de la CCR, en cumplimiento de un requisito indispensable para su inscripción.
«Para garantizar el cumplimiento de esta disposición legal, la Corte de Cuentas mantiene de forma permanente el servicio de emisión de constancias y, durante los períodos electorales, refuerza su capacidad operativa para agilizar este proceso emitiendo un instructivo que socializaremos en el momento propicio de acuerdo con el calendario electoral, contribuyendo así a la transparencia y legalidad del evento electoral», puntualizó el presidente del ente contralor.
La Asamblea Legislativa aprobó hoy con 59 votos refomar el inciso 2.° del artículo 27 de la Constitución de la República, a fin de que se permita imponer la pena perpetua en los casos de homicidio, violación y terrorismo.
Dicha modificación constitucional fue solicitada por el Órgano Ejecutivo, a través del ministro de Seguridad Pública y Justicia, Gustavo Villatoro, previo a la sesión legislativa 102, acompañada de solicitudes para realizar reformas del Código Penal, Ley Penal Juvenil, Ley contra actos de terrorismo, y otras normativas secundarias, para homologarlas a la disposición superior.
«Nuestro gabinete de seguridad está presentando ante la Asamblea Legislativa una reforma constitucional para avalar la cadena perpetua [hasta ahora prohibida por la Constitución] para asesinos, violadores y terroristas. Veremos quiénes apoyan esta reforma y quiénes se atreverán a defender que la Constitución continúe prohibiendo que asesinos y violadores permanezcan en prisión», informó el presidente Nayib Bukele en su cuenta en X.
Villatoro explicó que se trata de una reforma «necesaria» para la «transformación» del país y para garantizar la seguridad; y señaló que en los casi cuatro años de implementación del régimen de excepción ha habido todo tipo de ataques de «organizaciones que defienden a los criminales» por el «uso legítimo de herramientas de un Estado de Derecho».
«Independientemente de los millones que han gastado en estas campañas, no han logrado doblegar el espíritu y el anhelo de paz y seguridad que tenemos más de seis millones de salvadoreños», afirmó.
Según Villatoro, esas «organizaciones globalistas» ya «se quitaron la máscara» y «representan la maldad, pobreza e inseguridad a la que han sometido a nuestro pueblo», y con ello perdieron algún valor en sus argumentos.
«Si a las organizaciones de criminales violentos [pandillas], a las que ustedes representan, no les hemos cedido ni un milímetro de territorio, tampoco a ustedes les vamos a ceder ni un milímetro de soberanía», advirtió el funcionario.
De hecho, Sonja Wolf, investigadora vinculada a organizaciones que dicen defender derechos humanos, publicó en X: «Qué grave. A El Salvador se le señala por crímenes de lesa humanidad, cometidos bajo el régimen de excepción. En respuesta, al oficialismo se le ocurre proponer una reforma constitucional para imponer castigos aún más severos».
La iniciativa del Ejecutivo fue recibida y promovida ante el pleno por el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, con el respaldo de los diputados de Nuevas Ideas, PCN y PDC. Eran necesarias 10 firmas para seguir con el proceso de reforma constitucional, la cual fue aprobada con dispensa de trámite.
El jefe de la fracción de Nuevas Ideas, Christian Guevara, consideró que «es un honor entrar en la historia y estar del lado y para siempre de los buenos salvadoreños».
