Christian Guevara, jefe de fracción de Nuevas Ideas y secretario de la comisión «ad hoc» que estudia el anteproyecto de la ley general de recursos hídricos, explicó que este contempla que las autorizaciones para la explotación del agua podrán ser revocadas cuando se determine que haya crisis hídrica.

«En el tema de los tiempos de la explotación, la ley tiene otros candados. Este tema no estaba en absoluto regulado, había un abuso sistemático de todo. Antes no había un límite diario de litros [de agua para la explotación], pero hoy la ley tiene ese candado», afirmó el legislador.

«La ley te da dos términos: la explotación por año, hasta el máximo por año, pero también por día. Hoy todos los días tienen un tope [de explotación]. También dice sobre la crisis hídrica, es decir, si hay una crisis hídrica, todas las autorizaciones pueden ser revocadas porque ya están determinados los usos, y el uso doméstico es el principal uso [del agua]», puntualizó.

Guevara detalló que en la redacción del articulado del anteproyecto se dejó establecido que los permisos se otorgarán hasta un máximo de 15 años, pero serán variables, y no en el mismo período para quien así lo solicite.

Reiteró que el anteproyecto de ley, que será sometido a votación del pleno, reconoce el agua como derecho humano, y reprochó que el FMLN de-sinforme a la población en relación con este tema.

«La decisión de los tiempos [de explotación del agua] la criticaron los del FMLN. Son los del FMLN los que están haciendo la bullita. El marco jurídico lo criticaron; la metodología, la criticaron; el desarrollo y la ejecución, los critican. Están criticando todo y están dando falacias. Dicen que la ley no tiene que el acceso al agua es un derecho humano, pero en el artículo 1 está mencionado», afirmó.

Además, se han incluido «párrafos enteros» propuestos por el Foro del Agua y la UCA.

A criterio de Wálter Coto, diputado de Nuevas Ideas y también integrante de la comisión «ad hoc», en el borrador de ley se ha incluido al menos el 80 % de todas las propuestas de redacción presentadas por las organizaciones consultadas.

«Se convocó a las 23 universidades, a todas las iglesias, a todos los sectores. Llegaron sectores vinculados al FMLN. Hay párrafos enteros que se han tomado del Foro del Agua para incluirlos en el articulado. Hay párrafos enteros que se han tomado de la UCA», complementó Guevara.

Sobre los cánones que se cobrarán, irán en dos rubros: de uso doméstico y de vertidos. Ambos fueron establecidos tomando como base estándares internacionales, como los que hay en Colombia, México y España.

«Los cobros se aplicarán conforme varios criterios. Quien consuma más deberá pagar más», mencionó el jefe de fracción de Nuevas Ideas.

Para establecer los cánones se tomará en cuenta el criterio de consumo, pero también por cuánto tiempo se hará, de dónde se extraiga el recurso y la razón social del solicitante.

Guevara cuestionó el discurso de la oposición que señala que no se garantizarán los espacios de participación de la sociedad civil para la toma de decisiones, además de que el agua será privatizada.

Ambos planteamientos han sido descartados en múltiples ocasiones no solo por los diputados de la comisión especial, sino también desde el mismo Ejecutivo.

La nueva legislación aprobada por los diputados de la Asamblea para prevenir los contagios por la Covid-19 habilita las concentraciones de personas siempre y cuando estas cumplan con los protocolos de bioseguridad y los participantes tengan completado su esquema de vacunación.

La normativa suspende toda concentración de personas en actos de carácter público o privado sin distanciamiento social, sin  dosis completas de vacuna y donde no se respeten los protocolos de bioseguridad.

El presidente Nayib Bukele y diputados de Nuevas Ideas desmintieron las publicaciones periodísticas de El Diario de Hoy y La Prensa Gráfica que aseguran que el decreto aprobado ayer en la plenaria intenta limitar las concentraciones públicas y privadas.

«¿Cuándo hemos prohibido una marcha, farsantes?», reaccionó el mandatario a la portada que El Diario de Hoy publicó en la cuenta de Twitter.

El presidente de la nueva Asamblea Legislativa, Ernesto Castro y la primera vicepresidenta, Suecy Callejas también se sumaron a desmentir las publicaciones.

«Y yo que creí que sólo su excompetencia, la doña Prensa Gráfica, mentía con ese tema», escribió el presidente de la Asamblea en Twitter.

A iniciativa de los diputados de Nuevas Ideas, en la Comisión de Seguridad se inició el estudio para reformar la Ley Especial contra los Delitos Informáticos y Conexos, para endurecer las penas contra quienes cometen acciones delictivas valiéndose de las tecnologías de la información y comunicación.

“Este es el principio de muchas reformas que vienen para el tema digital, en los que se contemplan la ampliación de las penas, en el caso del hurto de identidad y otros”, destacó en conferencia de prensa el diputado de la bancada cyan, Walter Coto.

Por su parte, el parlamentario del mismo partido político, Francisco Amaya, destacó que con la propuesta de reformas a la ley estarían ayudando a los salvadoreños a estar más seguros en el tema de delitos informáticos.

“Se espera que la ley sea funcional, porque hemos encontrado en ella muchas deficiencias que han demostrado que es letra muerta, porque no tiene una operatividad”, añadió Amaya.

Con las reformas propuestas, quien cometa fraude informático tendría una condena de entre seis y diez años en prisión; por estafa informática, la pena contemplada es de entre cinco y ocho años de cárcel.

En el caso del hurto de identidad (suplantar a otra persona para apropiarse de sus recursos financieros) contemplaría entre cinco y ocho años de cárcel. Además, la seducción, extorsión e intercambio de mensajes a niñas, niños y adolescentes implicaría de dos a cuatro años de prisión.

Por el delito de hurto de medios informáticos loa implicados tendrían un castigo de cinco a ocho años de cárcel, en el caso de la interferencia del sistema informático, sopesaría una pena que va entre cuatro a siete años de prisión.

La última de las propuestas de los diputados de la bancada cyan va orientada a las Unidades de Investigación de los delitos Informáticos, Tratamiento y Análisis de la Evidencia Digital, la cual es necesaria para resolver casos de defraudación. 

La iniciativa se trabajó en base a los insumos recabados en los últimos dos meses en la comisión, luego de haber recibido diversos invitados para conseguir información que mejore la operatividad de la ley.

Entre los invitados a las sesiones de la Comisión de Seguridad están la Fiscalía General de la República (FGR), Policía Nacional Civil (PNC), Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MJSP), organizaciones de la sociedad civil y de abogados que trabajan en el tema, según mencionó el parlamentario Amaya.

En la actualidad, los instrumentos electrónicos están al alcance y forman parte de la vida de las personas, esta facilidad conlleva al cometido de hechos delictivos. Por ello, la legislación debe actualizarse para proteger a los salvadoreños.