Política
Pleno impulsa herramientas para funcionamiento del Instituto Crecer Juntos
El sector de la primera infancia, la niñez y de la adolescencia ha tenido el respaldo de los diputados de la Asamblea Legislativa. Por eso, en la sesión plenaria número 111, 63 parlamentarios avalaron una reforma a la Ley de Presupuesto 2023 correspondiente al ramo de Educación, Ciencia y Tecnología, para incorporar $10,436,980, monto que será dirigido al Instituto Crecer Juntos (ICJ) para que inicie sus labores.
Entre los servicios que prestará dicha institución están las actividades relacionadas con la articulación y provisión de servicios de atención integral de niñas y niños en su primera infancia, así como la ejecución de programas de fortalecimiento familiar y la generación de alianzas estratégicas que promuevan un pleno desarrollo.
“Con la Ley Crecer Juntos se le da vida a esta institución y estos fondos permitirán desplegar toda la protección a la niñez y a la adolescencia. El Estado tiene una visión humana y es por eso que está trabajando para proteger a las familias”, aseguró el parlamentario José Urbina.
Los principales beneficiarios de la puesta en funcionamiento de este instituto serán los niños y las niñas desde su gestación hasta cumplir los cuatros años de edad. Para ellos se ejecutarán programas de fortalecimiento familiar y se harán alianzas estratégicas que ayudarán a promover su crecimiento.
El 22 de junio de 2022, los diputados aprobaron la Ley Crecer Juntos para la Protección Integral de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia, misma que entró en vigencia el 1 de enero del presente año y, de acuerdo a esta normativa, en el artículo 175 se establece la creación del ICJ.
Este instituto tendrá personalidad jurídica, patrimonio propio y tendrá autonomía en lo técnico financiero y administrativo referente en materia de primera infancia.
Autorizan fondos para edificio de la FGR
La Fiscalía General de la República (FGR) ha sido una institución de mucha importancia para combatir a los delincuentes y los actos de corrupción que han ocurrido a nivel nacional.
Por eso, 67 diputados aprobaron la emisión de Disposiciones Especiales y Transitorias de carácter tributario para el proyecto denominado “Construcción, Equipamiento y Modernización de las Oficinas Centrales de la Fiscalía General de la República (FGR)”.
“La Fiscalía es la institución encargada de promover el enjuiciamiento de penas para indiciados por el cometimiento de delitos y faltas, por eso hoy más que nunca necesita mejores infraestructuras y equipamiento, porque está vigente el régimen de excepción y así va a incrementar la capacidad operativa”, explicó la diputada Evelyn Merlos.
Actualmente, dicha institución no cuenta con un edificio que concentre a todas sus unidades en un mismo sector.
Es por eso que las disposiciones tienen como objeto establecer el marco regulatorio tributario especial que permita gestionar las adquisiciones de bienes y servicios para la realización del citado proyecto, que rondarían los $70 millones, los cuales que serían gestionados con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
La Fiscalía gozará de una exención en materia de IVA y de Derechos Arancelarios de Importación (DAI) a los contratistas, subcontratistas, a proveedores, consultores que tengan relación con este proyecto del edificio, debido a que actualmente cuenta con divisiones y con edificios en alquiler.
“La nueva Fiscalía, que asumió de forma valiente el compromiso de erradicar la impunidad y la justicia selectiva de este país. Actualmente, tenemos una tasa de eficiencia cerca del 80%, quiere decir que ocho de cada 10 casos terminan siendo procesados por la justicia y con ello se obtiene una condena sancionatoria”, manifestó la parlamentaria Rebeca Santos.
Operaciones de manejo de pasivos
Una tercera aprobación hecha por los parlamentarios tiene relación con el aval de la “Ley Especial que faculta la realización de operaciones de manejo de pasivos, por conversión de deuda de corto plazo, a deuda de mediano y largo plazo”.
La conversión de deuda a mediano o largo plazo, avalada por 63 diputados, la gestionará el Ministerio de Hacienda y esto conllevará a la obtención de recursos hasta por la suma de $1 000 millones, a través de la emisión de Títulos Valores de Crédito a ser colocados indistintamente en el mercado nacional regional o internacional.
Además, incluye la facultad para gestionar un crédito puente que sirva como herramienta para desarrollar esta operación, el mismo será cancelado en su totalidad cuando la emisión sea concretizada.
De acuerdo a los registros de Hacienda, el cierre del año 2022 la situación fiscal ha mejorado considerablemente, con balances primarios positivos por primera vez después de la pandemia, alrededor del 2 %, el déficit fiscal se redujo de -5.6 % a -2.7 % y la deuda ha tenido una disminución alrededor del 60.8 %.
El Gobierno ha avanzado en su estrategia de gestión de pasivos para seguir mejorando el estado de las finanzas públicas y contribuir al equilibrio fiscal del país.
Esta pericia he tenido resultados contundentes, como las compras anticipadas de eurobonos realizadas en 2022, mismas que generaron ahorros de casi $300 millones en amortizaciones e intereses.
“La solicitud he hecha por el Ministerio de Hacienda es hacer una conversión de la deuda que se tiene a corto plazo y hacer crédito de largo plazo, todo para darle un respiro a la caja financiera del Estado y con ello hacer un ahorro”, comentó el legislador Giovanny Zaldaña.
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) dio a conocer este lunes las fechas clave que conforman el calendario electoral rumbo a los comicios de 2027, entre las que destaca el período habilitado para realizar el cambio de domicilio en el Documento Único de Identidad (DUI).
Durante una sesión plenaria, los magistrados del organismo colegiado aprobaron por unanimidad el cronograma electoral, con el objetivo de garantizar la transparencia, la participación ciudadana informada y el cumplimiento de los plazos por parte de los actores políticos, las instituciones del Estado y la población en general.
Entre las fechas más relevantes del calendario figuran:
- Actualización de domicilio en el DUI: del 8 de octubre de 2025 al 27 de febrero de 2026.
- Cierre del Registro Electoral: del 11 de mayo al 30 de octubre de 2026.
- Convocatoria oficial a elecciones: 30 de septiembre de 2026.
- Inscripción y propaganda electoral: del 1 de octubre de 2026 al 24 de febrero de 2027 para candidatos a diputados de la Asamblea Legislativa, y del 9 de noviembre de 2026 al 24 de febrero de 2027 para candidatos a concejos municipales.
El TSE indicó que, tras la aprobación del calendario, se elaborará el Plan General de Elecciones (PLAGEL), que contempla un total de 46 programas estratégicos, divididos en 24 a nivel nacional y 22 en el extranjero. Estos abarcan áreas logísticas, técnicas y operativas, con el propósito de garantizar un proceso electoral ordenado, eficiente e incluyente.
Política
Mientras Claudia Ortiz se defiende, el Gobierno sigue combatiendo a las pandillas con resultados
El 8 de abril de 2024, la diputada Claudia Ortiz, del partido VAMOS, ofreció una conferencia de prensa en la Asamblea Legislativa para abordar las acusaciones que vinculan a su partido con pandillas, en respuesta a un reportaje publicado por el medio digital El Faro.
Ortiz inició su intervención rechazando categóricamente las afirmaciones del Diario El Salvador, medio estatal que, en una columna titulada «Ganó el pueblo» publicada el 19 de febrero, acusó a VAMOS de ser aliado político de las pandillas. La diputada calificó estas aseveraciones como «una rotunda mentira» y anunció que su partido interpuso una demanda de derecho de respuesta ante el Juzgado de Paz de Antiguo Cuscatlán, la cual fue admitida por el órgano judicial .
Durante la conferencia, Ortiz enfatizó que VAMOS solicitó al Diario El Salvador la publicación de una aclaración elaborada por el partido, pero que el medio no ha accedido a dicha petición. Por ello, decidieron elevar el tema a una instancia judicial para que, con base en la ley, se ordene la publicación de la aclaración.
La diputada también abordó el reportaje de El Faro, que incluye una entrevista con un pandillero conocido como «Charlie», quien supuestamente mencionó a VAMOS en sus declaraciones. Ortiz cuestionó la veracidad de la información y expresó su preocupación por el uso de testimonios de criminales para vincular a partidos políticos con actividades ilícitas.
Ortiz reiteró que su partido ha sido firme en condenar cualquier tipo de pacto o negociación con pandillas y ha exigido investigaciones transparentes sobre posibles vínculos entre funcionarios del gobierno y estructuras criminales .
En relación con la seguridad pública, la diputada manifestó que VAMOS aboga por un enfoque que garantice justicia y respeto a los derechos humanos. Señaló que su propuesta es que los criminales sean sancionados conforme a la ley y que los inocentes sean liberados, enfatizando la importancia de no pasar del temor a las pandillas al temor al Estado .
Ortiz también destacó que su partido está comprometido con la construcción de una democracia que beneficie a la población y no solo sea una etiqueta. Hizo un llamado a diversos sectores y liderazgos a unirse a VAMOS para crear un bienestar para el país, señalando que los partidos políticos que ya tuvieron una oportunidad no necesariamente son los más legitimados para abanderar el avance hacia un futuro y una alternativa .
La diputada concluyó su intervención reafirmando el compromiso de VAMOS con la transparencia, la justicia y la defensa de los derechos humanos. Aseguró que continuarán trabajando para ofrecer una alternativa política que represente los intereses de la ciudadanía y promueva un país más justo y seguro para todos.
La conferencia de prensa de Claudia Ortiz refleja la postura de VAMOS frente a las acusaciones de vínculos con pandillas y su compromiso con la legalidad y la transparencia en el ejercicio político.
Nacionales
Analistas critican a El Faro por favorecer a pandillas y desacreditar avances en seguridad
Los analistas Francisco Góchez y René Martínez cuestionaron duramente una reciente publicación del periódico digital El Faro, la cual expone presuntos vínculos entre el Gobierno y estructuras pandilleriles. Ambos expertos coincidieron en que el reportaje busca desacreditar los avances en materia de seguridad pública y perpetuar una narrativa centrada en los victimarios, dejando de lado a las víctimas de la violencia.
“El reportaje de El Faro, además de ser perverso y pervertidor, forma parte de su permanente narrativa de los victimarios, una narrativa que minimiza sus asesinatos e invisibiliza a las víctimas”, afirmó Martínez, quien también es sociólogo y docente. En su opinión, la publicación intenta restar valor a los resultados del Plan Control Territorial (PCT) y del Régimen de Excepción implementado desde marzo de 2022.
Martínez también atribuyó intenciones políticas y económicas al medio digital: “Buscan generar ingobernabilidad en el país y dañar la imagen del presidente. En el fondo, quieren hacer creer que los tiempos de criminalidad eran mejores y que la paz social lograda no vale nada”.
Analista René Martínez
El Faro ha publicado una serie de reportajes en los que, según sus fuentes, funcionarios del actual gobierno habrían sostenido pactos similares a los que en su momento se atribuyeron a los partidos ARENA y FMLN, lo que ha generado diversas reacciones tanto a nivel político como en la opinión pública.
Por su parte, Góchez sostuvo que los periodistas del medio buscan restar legitimidad a los logros del Gobierno en seguridad, pese a que El Salvador es actualmente considerado uno de los países más seguros del hemisferio occidental. “No solo minimiza el esfuerzo de la Policía Nacional Civil y de todas las instituciones involucradas, sino que, más grave aún, parece anteponer los intereses de estructuras criminales al sufrimiento histórico del pueblo”, expresó.
Según datos oficiales, el régimen de excepción ha permitido la captura de más de 85,900 presuntos pandilleros y ha sido prorrogado en 38 ocasiones. Las autoridades sostienen que esta medida ha sido clave en la reducción sostenida de los homicidios y otros delitos.
Analista Francisco Góchez
