Política
Pleno impulsa herramientas para funcionamiento del Instituto Crecer Juntos
El sector de la primera infancia, la niñez y de la adolescencia ha tenido el respaldo de los diputados de la Asamblea Legislativa. Por eso, en la sesión plenaria número 111, 63 parlamentarios avalaron una reforma a la Ley de Presupuesto 2023 correspondiente al ramo de Educación, Ciencia y Tecnología, para incorporar $10,436,980, monto que será dirigido al Instituto Crecer Juntos (ICJ) para que inicie sus labores.
Entre los servicios que prestará dicha institución están las actividades relacionadas con la articulación y provisión de servicios de atención integral de niñas y niños en su primera infancia, así como la ejecución de programas de fortalecimiento familiar y la generación de alianzas estratégicas que promuevan un pleno desarrollo.
“Con la Ley Crecer Juntos se le da vida a esta institución y estos fondos permitirán desplegar toda la protección a la niñez y a la adolescencia. El Estado tiene una visión humana y es por eso que está trabajando para proteger a las familias”, aseguró el parlamentario José Urbina.
Los principales beneficiarios de la puesta en funcionamiento de este instituto serán los niños y las niñas desde su gestación hasta cumplir los cuatros años de edad. Para ellos se ejecutarán programas de fortalecimiento familiar y se harán alianzas estratégicas que ayudarán a promover su crecimiento.
El 22 de junio de 2022, los diputados aprobaron la Ley Crecer Juntos para la Protección Integral de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia, misma que entró en vigencia el 1 de enero del presente año y, de acuerdo a esta normativa, en el artículo 175 se establece la creación del ICJ.
Este instituto tendrá personalidad jurídica, patrimonio propio y tendrá autonomía en lo técnico financiero y administrativo referente en materia de primera infancia.
Autorizan fondos para edificio de la FGR
La Fiscalía General de la República (FGR) ha sido una institución de mucha importancia para combatir a los delincuentes y los actos de corrupción que han ocurrido a nivel nacional.
Por eso, 67 diputados aprobaron la emisión de Disposiciones Especiales y Transitorias de carácter tributario para el proyecto denominado “Construcción, Equipamiento y Modernización de las Oficinas Centrales de la Fiscalía General de la República (FGR)”.
“La Fiscalía es la institución encargada de promover el enjuiciamiento de penas para indiciados por el cometimiento de delitos y faltas, por eso hoy más que nunca necesita mejores infraestructuras y equipamiento, porque está vigente el régimen de excepción y así va a incrementar la capacidad operativa”, explicó la diputada Evelyn Merlos.
Actualmente, dicha institución no cuenta con un edificio que concentre a todas sus unidades en un mismo sector.
Es por eso que las disposiciones tienen como objeto establecer el marco regulatorio tributario especial que permita gestionar las adquisiciones de bienes y servicios para la realización del citado proyecto, que rondarían los $70 millones, los cuales que serían gestionados con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
La Fiscalía gozará de una exención en materia de IVA y de Derechos Arancelarios de Importación (DAI) a los contratistas, subcontratistas, a proveedores, consultores que tengan relación con este proyecto del edificio, debido a que actualmente cuenta con divisiones y con edificios en alquiler.
“La nueva Fiscalía, que asumió de forma valiente el compromiso de erradicar la impunidad y la justicia selectiva de este país. Actualmente, tenemos una tasa de eficiencia cerca del 80%, quiere decir que ocho de cada 10 casos terminan siendo procesados por la justicia y con ello se obtiene una condena sancionatoria”, manifestó la parlamentaria Rebeca Santos.
Operaciones de manejo de pasivos
Una tercera aprobación hecha por los parlamentarios tiene relación con el aval de la “Ley Especial que faculta la realización de operaciones de manejo de pasivos, por conversión de deuda de corto plazo, a deuda de mediano y largo plazo”.
La conversión de deuda a mediano o largo plazo, avalada por 63 diputados, la gestionará el Ministerio de Hacienda y esto conllevará a la obtención de recursos hasta por la suma de $1 000 millones, a través de la emisión de Títulos Valores de Crédito a ser colocados indistintamente en el mercado nacional regional o internacional.
Además, incluye la facultad para gestionar un crédito puente que sirva como herramienta para desarrollar esta operación, el mismo será cancelado en su totalidad cuando la emisión sea concretizada.
De acuerdo a los registros de Hacienda, el cierre del año 2022 la situación fiscal ha mejorado considerablemente, con balances primarios positivos por primera vez después de la pandemia, alrededor del 2 %, el déficit fiscal se redujo de -5.6 % a -2.7 % y la deuda ha tenido una disminución alrededor del 60.8 %.
El Gobierno ha avanzado en su estrategia de gestión de pasivos para seguir mejorando el estado de las finanzas públicas y contribuir al equilibrio fiscal del país.
Esta pericia he tenido resultados contundentes, como las compras anticipadas de eurobonos realizadas en 2022, mismas que generaron ahorros de casi $300 millones en amortizaciones e intereses.
“La solicitud he hecha por el Ministerio de Hacienda es hacer una conversión de la deuda que se tiene a corto plazo y hacer crédito de largo plazo, todo para darle un respiro a la caja financiera del Estado y con ello hacer un ahorro”, comentó el legislador Giovanny Zaldaña.
Política
Diputada propone reforma constitucional para ampliar período presidencial y eliminar segunda vuelta
La diputada Ana Figueroa, del partido Nuevas Ideas, presentó este jueves una propuesta para reformar seis artículos de la Constitución de la República, con el fin de introducir cambios profundos en el sistema presidencial de El Salvador. La iniciativa contempla modificar los artículos 75, 80, 133, 152 y 154 del texto constitucional.
Entre los cambios más relevantes se encuentra la ampliación del período presidencial de cinco a seis años, así como la eliminación de la segunda vuelta electoral. Según la legisladora, estas reformas permitirían reducir costos electorales, fortalecer la seguridad jurídica y atraer inversión extranjera, al dar mayor estabilidad al país.
Otro de los ejes principales de la propuesta es permitir la reelección presidencial indefinida, dejando en manos del electorado la decisión sobre la continuidad de un mandatario. “Queremos que sea el pueblo quien decida hasta cuándo apoyar a un presidente”, afirmó Figueroa durante la presentación del documento.
Asimismo, la propuesta contempla una disposición transitoria para acortar el actual período presidencial en dos años, de modo que finalice en 2027. Con esto, se pretende unificar en una sola fecha las elecciones presidenciales, legislativas y municipales, buscando así mayor eficiencia en el calendario electoral.
La eliminación de la segunda vuelta presidencial también forma parte del planteamiento, estableciendo que será elegido presidente el candidato que obtenga la mayoría simple de votos, sin necesidad de alcanzar el 50 %.
La iniciativa cuenta con el respaldo de 57 diputados y fue presentada con dispensa de trámite, lo que permitirá su pronta discusión en el pleno legislativo. De ser aprobadas, estas reformas marcarían una reconfiguración del sistema democrático salvadoreño.
Con 57 votos a favor, diputados de Nuevas Ideas y sus aliados respaldaron este jueves una solicitud de reforma constitucional para que El Salvador se retire del Parlamento Centroamericano (PARLACEN). La iniciativa fue presentada por el legislador Giovanny Zaldaña con dispensa de trámite, y busca modificar los artículos 80 y 133 de la Constitución de la República.
Zaldaña argumentó que la participación del país en el organismo regional “no está generando beneficios concretos para el pueblo salvadoreño” y aseguró que su propuesta responde a la “voluntad del pueblo” y de la mayoría legislativa. Los partidos ARENA y Vamos no firmaron la propuesta.
Desde el partido Vamos, la diputada Claudia Ortiz expresó su respaldo al debate sobre la continuidad de El Salvador en el PARLACEN, aunque criticó la forma en que se impulsa la reforma. “Estoy de acuerdo con que se inicie la discusión, pero no con que se haga por dispensa de trámite. La Constitución de la República no es cualquier ley”, subrayó.
Ortiz también señaló que el PARLACEN no ha mostrado avances en el proceso de integración regional ni mantiene una comunicación efectiva entre los parlamentarios y la ciudadanía. “No ha dado resultados y no es representativo de la gente”, declaró.
El Parlamento Centroamericano es el órgano político y democrático del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA). Sus diputados son electos por voto popular y representan a más de 50 partidos políticos de distintas ideologías, en países como Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, República Dominicana y El Salvador.
Entre sus principales funciones están la promoción de la integración regional, el fortalecimiento de la democracia, la paz y la protección de los derechos humanos en la región.
La propuesta de reforma constitucional deberá seguir su curso legislativo, lo que podría abrir un debate más amplio sobre el papel de El Salvador en los organismos de integración regional.
El jefe de fracción del partido Nuevas Ideas, Christian Guevara, reiteró este martes que los diputados de su bancada en la Asamblea Legislativa continuarán respaldando con sus votos los proyectos destinados a modernizar el sistema público de salud en El Salvador.
“Nuestros votos para mejorar el sistema de salud para los salvadoreños. Lo justo, lo legal y lo correcto siempre”, expresó Guevara a través de su cuenta en la red social X.
Los legisladores oficialistas han respaldado diversas iniciativas impulsadas por el Ejecutivo para fortalecer la red hospitalaria nacional, incluyendo intervenciones en infraestructura, adquisición de medicamentos y equipos médicos, así como la construcción de nuevos centros de atención, entre ellos el nuevo hospital Rosales.
La fracción cian ha sido clave para la aprobación de financiamiento y reformas que permiten avanzar con la transformación del sistema de salud, como parte del plan de atención integral que el Gobierno del presidente Nayib Bukele ha promovido durante su gestión.
