Política
Pleno impulsa herramientas para funcionamiento del Instituto Crecer Juntos
El sector de la primera infancia, la niñez y de la adolescencia ha tenido el respaldo de los diputados de la Asamblea Legislativa. Por eso, en la sesión plenaria número 111, 63 parlamentarios avalaron una reforma a la Ley de Presupuesto 2023 correspondiente al ramo de Educación, Ciencia y Tecnología, para incorporar $10,436,980, monto que será dirigido al Instituto Crecer Juntos (ICJ) para que inicie sus labores.
Entre los servicios que prestará dicha institución están las actividades relacionadas con la articulación y provisión de servicios de atención integral de niñas y niños en su primera infancia, así como la ejecución de programas de fortalecimiento familiar y la generación de alianzas estratégicas que promuevan un pleno desarrollo.
“Con la Ley Crecer Juntos se le da vida a esta institución y estos fondos permitirán desplegar toda la protección a la niñez y a la adolescencia. El Estado tiene una visión humana y es por eso que está trabajando para proteger a las familias”, aseguró el parlamentario José Urbina.
Los principales beneficiarios de la puesta en funcionamiento de este instituto serán los niños y las niñas desde su gestación hasta cumplir los cuatros años de edad. Para ellos se ejecutarán programas de fortalecimiento familiar y se harán alianzas estratégicas que ayudarán a promover su crecimiento.
El 22 de junio de 2022, los diputados aprobaron la Ley Crecer Juntos para la Protección Integral de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia, misma que entró en vigencia el 1 de enero del presente año y, de acuerdo a esta normativa, en el artículo 175 se establece la creación del ICJ.
Este instituto tendrá personalidad jurídica, patrimonio propio y tendrá autonomía en lo técnico financiero y administrativo referente en materia de primera infancia.
Autorizan fondos para edificio de la FGR
La Fiscalía General de la República (FGR) ha sido una institución de mucha importancia para combatir a los delincuentes y los actos de corrupción que han ocurrido a nivel nacional.
Por eso, 67 diputados aprobaron la emisión de Disposiciones Especiales y Transitorias de carácter tributario para el proyecto denominado “Construcción, Equipamiento y Modernización de las Oficinas Centrales de la Fiscalía General de la República (FGR)”.
“La Fiscalía es la institución encargada de promover el enjuiciamiento de penas para indiciados por el cometimiento de delitos y faltas, por eso hoy más que nunca necesita mejores infraestructuras y equipamiento, porque está vigente el régimen de excepción y así va a incrementar la capacidad operativa”, explicó la diputada Evelyn Merlos.
Actualmente, dicha institución no cuenta con un edificio que concentre a todas sus unidades en un mismo sector.
Es por eso que las disposiciones tienen como objeto establecer el marco regulatorio tributario especial que permita gestionar las adquisiciones de bienes y servicios para la realización del citado proyecto, que rondarían los $70 millones, los cuales que serían gestionados con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
La Fiscalía gozará de una exención en materia de IVA y de Derechos Arancelarios de Importación (DAI) a los contratistas, subcontratistas, a proveedores, consultores que tengan relación con este proyecto del edificio, debido a que actualmente cuenta con divisiones y con edificios en alquiler.
“La nueva Fiscalía, que asumió de forma valiente el compromiso de erradicar la impunidad y la justicia selectiva de este país. Actualmente, tenemos una tasa de eficiencia cerca del 80%, quiere decir que ocho de cada 10 casos terminan siendo procesados por la justicia y con ello se obtiene una condena sancionatoria”, manifestó la parlamentaria Rebeca Santos.
Operaciones de manejo de pasivos
Una tercera aprobación hecha por los parlamentarios tiene relación con el aval de la “Ley Especial que faculta la realización de operaciones de manejo de pasivos, por conversión de deuda de corto plazo, a deuda de mediano y largo plazo”.
La conversión de deuda a mediano o largo plazo, avalada por 63 diputados, la gestionará el Ministerio de Hacienda y esto conllevará a la obtención de recursos hasta por la suma de $1 000 millones, a través de la emisión de Títulos Valores de Crédito a ser colocados indistintamente en el mercado nacional regional o internacional.
Además, incluye la facultad para gestionar un crédito puente que sirva como herramienta para desarrollar esta operación, el mismo será cancelado en su totalidad cuando la emisión sea concretizada.
De acuerdo a los registros de Hacienda, el cierre del año 2022 la situación fiscal ha mejorado considerablemente, con balances primarios positivos por primera vez después de la pandemia, alrededor del 2 %, el déficit fiscal se redujo de -5.6 % a -2.7 % y la deuda ha tenido una disminución alrededor del 60.8 %.
El Gobierno ha avanzado en su estrategia de gestión de pasivos para seguir mejorando el estado de las finanzas públicas y contribuir al equilibrio fiscal del país.
Esta pericia he tenido resultados contundentes, como las compras anticipadas de eurobonos realizadas en 2022, mismas que generaron ahorros de casi $300 millones en amortizaciones e intereses.
“La solicitud he hecha por el Ministerio de Hacienda es hacer una conversión de la deuda que se tiene a corto plazo y hacer crédito de largo plazo, todo para darle un respiro a la caja financiera del Estado y con ello hacer un ahorro”, comentó el legislador Giovanny Zaldaña.
La diputada del partido VAMOS, Claudia Ortiz, cuestionó la operación militar para detener a Nicolás Maduro, acusado por Washington de dirigir un cartel de narcotráfico.
«El Gobierno de Estados Unidos ha sostenido que su ac El Gobierno de Estados Unidos ha sostenido que su actuación se dirige contra una organización criminal transnacional. Combatir el narcotráfico es una preocupación legítima y compartida por las democracias. Sin embargo, la experiencia histórica demuestra que cuando el poder se ejerce sin límites democráticos, incluso frente a enemigos reales, se corre el riesgo de reproducir aquello que se dice combatir», reaccionó en X.
La legisladora sostuvo que el desafío para la región no es solo combatir el crimen organizado, «sino hacerlo sin convertir la excepción en regla ni debilitar el Estado de derecho. Sin instituciones activas no hay democracia que resista».
Al respecto, el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, reaccionó a la publicación de la legisla dora. «Entiendo, entonces, lo siguiente: Usted rechaza las acciones gracias a las cuales EE. UU. ha capturado a Nicolás Maduro. Además, condena el “poder sin límites” refiriéndose al presidente Trump».
«También deja claro que DESLEGITIMA todo lo que hará el presidente Trump en Venezuela», agregó Castro. Sin embargo, Maduro y sus aliados han convertido las instituciones venezolanas en un semillero de corrupción.
En un comunicado, el FMLN rechazó el operativo militar estadounidense que terminó con la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores.
«El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) expresa su más firme y fraterna solidaridad con el pueblo venezolano y su Gobierno legítimo, ante los ataques militares perpetrados por Estados Unidos en la madrugada de este 3 de enero de 2026», se lee en el documento.
Las autoridades del partido de izquierda condenaron «enérgicamente esta nueva agresión imperialista, que atenta contra la soberanía nacional, la autodeterminación de los pueblos y el derecho de Venezuela a decidir su propio destino sin injerencias externas».
El partido opositor reafirmó su «compromiso antiimperialista, internacionalista y solidario, y hacemos un llamado a los pueblos del mundo a alzar la voz y a no guardar silencio ante esta escalada de violencia».
El instituto político, que gobernó El Salvador desde 2009 hasta 2019, fue un aliado incondicional del régimen venezolano, que usó la iniciativa ALBA para finan ciar un enorme consorcio empresarial del partido, que en la actualidad está bajo una investigación de la Fiscalía por lavado de dinero.
El FMLN es uno de los partidos que re conocía el controversial mandato del dictador Maduro, el cual fue rechazado interna cionalmente por la falta de transparencia en el proceso electoral.
«Vino calladito. Él no quería que se supiera que estaba aquí. Traía muy buenas noticias a Bukele. La mejor noticia que te puedo decir, Bukele, es que el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional es parte del movimiento mundial antifascista», aseguró Maduro ante sus seguido res en un video difundido en redes sociales en enero del año pasado, que se convirtió en un ataque verbal hacia el presidente Nayib Bukele.
Nicolás Maduro fue juramentado por tercera vez como mandatario de Venezuela luego de unas cuestionables elecciones en 2024, en las que el bloque opositor al gobernante venezolano, encabezado por Ma ría Corina Machado, con Edmundo González Urrutia como candidato presidencial, aseguró que ganó los comicios.
Pese a los cuestionamientos internos e internacionales, Maduro se negó a permitir auditorías internacionales y aseguró que el proceso lo declaró ganador. Además, las autoridades venezolanas arrestaron a varios opositores, razón por lo que González Urrutia salió del país tras las elecciones.
«Desde El Salvador expresamos nuestro respaldo al compañero presidente Nicolás Maduro Moros, a las instituciones legítimas del Estado venezolano y al camino de justicia social, autodeterminación y lucha antiimperialista», expresó el FMLN en esa ocasión.
La Asamblea Legislativa aprobó ayer, sin el acompañamiento de ARENA y VAMOS, la Ley del Presupuesto General del Estado y Presupuestos Especiales y la Ley de Salarios para el Ejercicio Fiscal 2026, lo que confirma la apuesta del Gobierno del presidente Nayib Bukele de mantener la inversión en el área social y potenciar el crecimiento y el desarrollo económico.
El monto global del plan de gastos, que tiene ingresos corrientes por $8,950.6 millones y fue votado favorable por los diputados de Nuevas Ideas, PCN y PDC, totaliza $10,555.5 millones, y representa un incremento de $892.6 millones respecto al presupuesto aprobado para el actual ejercicio fiscal.
El ramo de Educación recibe $1,683.4 millones, con un incremento de 9.3 % respecto al presupuesto de 2025, explicaron diputados de Nuevas Ideas que participaron en la deliberación en el pleno legislativo.
De estos recursos, $170.5 millones serán para el programa Crecer y Aprender Juntos: Desarrollo Integral de la Primera Infancia, que tiene por finalidad la formación continua de docentes de educación inicial y parvularia, la entrega de materiales pedagógicos y la mejora de la infraestructura educativa a escala nacional.
Otro monto significativo que ejecutará la cartera de Educación el próximo año son $100 millones para la construcción y el mejoramiento de la infraestructura educativa por medio del programa del presidente Bukele, Dos Escuelas por Día. Recientemente, el mandatario inauguró en simultáneo 70 centros escolares.
El Ministerio de Salud tiene $1,345.5 millones, y presenta un incremento de 14.1 % en comparación con el plan de gastos del presente ejercicio fiscal. Servirán, entre otros aspectos, para financiar la dotación de medicamentos, insumos médicos y vacunas en la red hospitalaria pública por $262.5 millones; mientras que $106.9 millones se destinarán al Sistema de Telemedicina en El Salvador, con la finalidad de ampliar la atención médica mediante la implementación de la plataforma DoctorSV.
Seguridad y Defensa tiene asignados $1,037.2 millones, con un incremento de 14.8 % respecto al plan de gastos votado para 2025. La consolidación del Plan Control Territorial es parte de la apuesta principal. Se continuará con la dotación de uniformes, el equipamiento, la flota vehicular y el mejoramiento de la infraestructura policial.
También con la entrega de bonos mensuales y trimestrales para el personal operativo y administrativo. Asimismo, continuará la entrega de subsidios en favor de la población, para lo cual se destinaron $238.7 millones; $114.6 millones serán para el subsidio del gas licuado de petróleo, $60 millones para el subsidio del transporte y $64.1 millones para el subsidio de energía eléctrica.
De igual forma, $52 millones son para la entrega del bono agrícola y $60.9 millones para continuar con el programa de agromercados a escala nacional.
