Política
Pleno impulsa herramientas para funcionamiento del Instituto Crecer Juntos
El sector de la primera infancia, la niñez y de la adolescencia ha tenido el respaldo de los diputados de la Asamblea Legislativa. Por eso, en la sesión plenaria número 111, 63 parlamentarios avalaron una reforma a la Ley de Presupuesto 2023 correspondiente al ramo de Educación, Ciencia y Tecnología, para incorporar $10,436,980, monto que será dirigido al Instituto Crecer Juntos (ICJ) para que inicie sus labores.
Entre los servicios que prestará dicha institución están las actividades relacionadas con la articulación y provisión de servicios de atención integral de niñas y niños en su primera infancia, así como la ejecución de programas de fortalecimiento familiar y la generación de alianzas estratégicas que promuevan un pleno desarrollo.
“Con la Ley Crecer Juntos se le da vida a esta institución y estos fondos permitirán desplegar toda la protección a la niñez y a la adolescencia. El Estado tiene una visión humana y es por eso que está trabajando para proteger a las familias”, aseguró el parlamentario José Urbina.
Los principales beneficiarios de la puesta en funcionamiento de este instituto serán los niños y las niñas desde su gestación hasta cumplir los cuatros años de edad. Para ellos se ejecutarán programas de fortalecimiento familiar y se harán alianzas estratégicas que ayudarán a promover su crecimiento.
El 22 de junio de 2022, los diputados aprobaron la Ley Crecer Juntos para la Protección Integral de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia, misma que entró en vigencia el 1 de enero del presente año y, de acuerdo a esta normativa, en el artículo 175 se establece la creación del ICJ.
Este instituto tendrá personalidad jurídica, patrimonio propio y tendrá autonomía en lo técnico financiero y administrativo referente en materia de primera infancia.
Autorizan fondos para edificio de la FGR
La Fiscalía General de la República (FGR) ha sido una institución de mucha importancia para combatir a los delincuentes y los actos de corrupción que han ocurrido a nivel nacional.
Por eso, 67 diputados aprobaron la emisión de Disposiciones Especiales y Transitorias de carácter tributario para el proyecto denominado “Construcción, Equipamiento y Modernización de las Oficinas Centrales de la Fiscalía General de la República (FGR)”.
“La Fiscalía es la institución encargada de promover el enjuiciamiento de penas para indiciados por el cometimiento de delitos y faltas, por eso hoy más que nunca necesita mejores infraestructuras y equipamiento, porque está vigente el régimen de excepción y así va a incrementar la capacidad operativa”, explicó la diputada Evelyn Merlos.
Actualmente, dicha institución no cuenta con un edificio que concentre a todas sus unidades en un mismo sector.
Es por eso que las disposiciones tienen como objeto establecer el marco regulatorio tributario especial que permita gestionar las adquisiciones de bienes y servicios para la realización del citado proyecto, que rondarían los $70 millones, los cuales que serían gestionados con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
La Fiscalía gozará de una exención en materia de IVA y de Derechos Arancelarios de Importación (DAI) a los contratistas, subcontratistas, a proveedores, consultores que tengan relación con este proyecto del edificio, debido a que actualmente cuenta con divisiones y con edificios en alquiler.
“La nueva Fiscalía, que asumió de forma valiente el compromiso de erradicar la impunidad y la justicia selectiva de este país. Actualmente, tenemos una tasa de eficiencia cerca del 80%, quiere decir que ocho de cada 10 casos terminan siendo procesados por la justicia y con ello se obtiene una condena sancionatoria”, manifestó la parlamentaria Rebeca Santos.
Operaciones de manejo de pasivos
Una tercera aprobación hecha por los parlamentarios tiene relación con el aval de la “Ley Especial que faculta la realización de operaciones de manejo de pasivos, por conversión de deuda de corto plazo, a deuda de mediano y largo plazo”.
La conversión de deuda a mediano o largo plazo, avalada por 63 diputados, la gestionará el Ministerio de Hacienda y esto conllevará a la obtención de recursos hasta por la suma de $1 000 millones, a través de la emisión de Títulos Valores de Crédito a ser colocados indistintamente en el mercado nacional regional o internacional.
Además, incluye la facultad para gestionar un crédito puente que sirva como herramienta para desarrollar esta operación, el mismo será cancelado en su totalidad cuando la emisión sea concretizada.
De acuerdo a los registros de Hacienda, el cierre del año 2022 la situación fiscal ha mejorado considerablemente, con balances primarios positivos por primera vez después de la pandemia, alrededor del 2 %, el déficit fiscal se redujo de -5.6 % a -2.7 % y la deuda ha tenido una disminución alrededor del 60.8 %.
El Gobierno ha avanzado en su estrategia de gestión de pasivos para seguir mejorando el estado de las finanzas públicas y contribuir al equilibrio fiscal del país.
Esta pericia he tenido resultados contundentes, como las compras anticipadas de eurobonos realizadas en 2022, mismas que generaron ahorros de casi $300 millones en amortizaciones e intereses.
“La solicitud he hecha por el Ministerio de Hacienda es hacer una conversión de la deuda que se tiene a corto plazo y hacer crédito de largo plazo, todo para darle un respiro a la caja financiera del Estado y con ello hacer un ahorro”, comentó el legislador Giovanny Zaldaña.
Foto: Cortesía
El concejo municipal de San Miguel Centro aprobó un incremento en los salarios de sus miembros y de cinco de los seis jefes de los distritos que lo conforman, a partir de 2025, según confirmó la Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP) de la alcaldía.
El alcalde Alex Torres, del partido PDC, ha visto un aumento de su salario de $4,200 a $6,000, lo que representa un incremento de $1,800. Sin embargo, en una publicación de Facebook del 3 de mayo de 2024, Torres había prometido que no habría aumentos salariales para él, el síndico ni los concejales, afirmando que era necesario actuar con responsabilidad y coherencia. “Ese fue un acuerdo que tomé junto a mis concejales y mi equipo técnico desde la campaña”, declaró en ese momento.
El síndico también experimentó un aumento significativo, pasando de $2,500 a $4,000, un incremento de $1,500. Por su parte, los concejales, que recibían $328.57 por reunión, ahora obtendrán $500, pasando de $1,314.29 a $2,000 mensuales, con un máximo de cuatro sesiones al mes.
En cuanto a los salarios de los directores de distrito, el director de Chirilagua pasó de $1,200 a $1,700, mientras que el de Moncagua aumentó de $1,200 a $1,600. Los directores de Comacarán y Uluazapa, que recibían $900, ahora ganan $1,000, y el de Quelepa pasó a $1,300. Cabe destacar que el director del distrito de San Miguel no recibió aumento, manteniendo un salario de $2,000.
La administración municipal emitió un comunicado de prensa el 14 de marzo de 2025, donde se justificó el aumento salarial con la promesa de reducir gastos del concejo anterior para destinar esos fondos a obras y proyectos comunitarios. Se mencionó que el concejo anterior gastaba $28,000 anuales en alimentación y otros costos asociados, mientras que la nueva administración ha eliminado estos gastos, así como el uso de vehículos y combustibles municipales por parte de los funcionarios.
La polémica sobre los aumentos salariales en el concejo municipal de San Miguel Centro continúa generando reacciones entre la ciudadanía y los partidos políticos.
El Consejo Nacional del Partido Político Nuevas Ideas ha decidido expulsar de forma inmediata al alcalde José María Chicas, medida respaldada por su Comité de Ética. La decisión responde a la mala administración del edil y a su inacción frente a problemas urgentes en el municipio, destacando la insatisfactoria gestión del refugio en Ilopango, calificada como inaceptable.
A raíz de esta situación, el partido solicita urgentemente al Concejo Municipal de la Alcaldía de San Salvador Este la destitución inmediata de Chicas de su cargo. Nuevas Ideas reitera su compromiso con la transformación de las comunidades y el bienestar de la ciudadanía, subrayando que continuará supervisando que los funcionarios públicos cumplan con sus responsabilidades de manera eficiente y transparente.
Nacionales -deportes
Ley para prevenir dopaje en el deporte garantizará competiciones en igualdad de condiciones
La salud de los deportistas y las prácticas éticas en las distintas disciplinas son un tema prioritario para el Órgano Legislativo.
Por esa razón, los legisladores aprobaron la creación de la Ley de Protección de la Salud en el Deporte y Lucha contra el Dopaje, cuyo objetivo es establecer el marco legal para la prevención y lucha contra el dopaje en el deporte nacional.
La normativa está ligada a los compromisos internacionales asumidos por El Salvador para garantizar el desarrollo de competiciones deportivas en condiciones de igualdad y adaptación a las capacidades naturales de los participantes, evitando su adulteración mediante el uso de sustancias o métodos prohibidos.
Las disposiciones plasmadas en la normativa se interpretarán de acuerdo con la Convención Internacional contra el Dopaje en el Deporte, el Código Mundial Antidopaje, los estándares internacionales aprobados por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), así como cualquier otro reglamento internacional, aplicable en esta materia.
“Estamos aquí para respaldar este esfuerzo con leyes que protejan a nuestros deportistas y promuevan un ambiente de sana competencia. Tener una Ley de Protección de la Salud en el Deporte y Lucha contra el Dopaje es crucial para garantizar que nuestros atletas puedan competir de una manera justa, saludable y en igualdad de condiciones”, afirmó la diputada Sharon Salazar.
Agregó que valores como la ética deportiva, la igualdad de condiciones de los atletas y su integridad rigen esta normativa.
Por su parte, el parlamentario Raúl Chamagua destacó la importancia de contar con esta ley, porque El Salvador no tenía regulado el tema del dopaje deportivo, pese a que el país se encuentra suscrito a acuerdos internacionales en este tema y corría el riesgo de ser sancionado.
El legislador señaló que con la nueva ley se protegerá la salud de los atletas, se reafirmará la posición del país en contra de cualquier acción que atente contra la esencia del deporte, se envía un mensaje de cambio y compromiso y sobre todo se fomenta una cultura de prevención.
Organización Nacional Antidopaje de El Salvador
La nueva ley contempla la creación de la Organización Nacional Antidopaje de El Salvador (ONAD-ESA) como el máximo órgano técnico nacional con competencias en la prevención, control y sanción del dopaje en el deporte nacional.
La ONAD-ESA estará compuesta por un Comité Supervisor; un gerente general; un Panel Independiente de Audiencia de Primera Instancia, responsable de conocer los procedimientos sobre el cometimiento de las infracciones a las normas antidopaje y garantizar el debido proceso, así como por una Comisión de Atletas que colaborará en la formulación de políticas de prevención y antidopaje en el deporte.
Esta será una entidad desconcentrada del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES), con independencia técnica, administrativa y operativa, con el propósito de promover acciones destinadas a garantizar el cumplimiento del principio de juego limpio, el respeto a las normas que rigen el deporte, a los demás competidores y la protección de la salud de quienes participan directa o indirectamente en torneos o eventos deportivos.
Entre sus principales funciones se encuentran las de prevenir, controlar y sancionar el dopaje a escala nacional, además de emitir los reglamentos internos que considere necesarios para garantizar su correcto funcionamiento; promover la investigación antidopaje y la implementación de programas educativos y campañas de divulgación sobre los peligros de esta práctica negativa que atenta la salud y los valores éticos y morales del deporte.
Violaciones de las normas antidopaje
Entre las violaciones a las normas antidopaje se encuentran la presencia de una sustancia prohibida o de sus metabolitos o marcadores en la muestra de un deportista; el uso o intento de uso de una sustancia o método prohibido; así como el evitar, rechazar o incumplir la obligación de someterse a la toma de muestras.
También se considerará una falta la manipulación de cualquier parte del proceso de control de dopaje que haga un deportista u otra persona; además de la posesión de una sustancia o método prohibido del deportista o de su personal de apoyo.
Entre otras de las faltas se incluyen el tráfico o intento de tráfico de cualquier sustancia o método prohibido; la administración, o intento de esto, a un deportista durante o fuera de una competición y cualquier tipo de complicidad o intento de esta.
