Política
Mario Ponce asume la presidencia de la Asamblea Legislativa y promete diálogo con el Ejecutivo y estabilidad laboral para empleados legislativos
El presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce, ingresó hoy al edificio saludando a los empleados de la institución y prometiéndoles estabilidad laboral.
Aseguró que se va a hacer a acompañar por empleados institucionales, es decir, no contraría nuevo personal para su función como titular del órgano legislativo. «Ese es un reconocimiento a ellos, tenemos que parar de una vez por todas el despilfarro. Aquí hay empleados que han estado invisibilizados, que tienen maestría”, afirmó hoy en una conferencia de prensa, frente a un grupo de empleados.
Ponce aún no se ha comunicado con el presidente de la República, Nayib Bukele, pero prometió tener una visión de diálogo como presidente de la Asamblea. “Tenemos el compromiso de buscar esos acercamientos, no podemos poner encima los intereses personales», fueron sus palabras.
Además, en una reunión que sostuvo con los directores de las oficinas departamentales, el presidente legislativo confirmó que en el presupuesto del año 2020 se ha previsto un déficit de $2.3 millones, de los cuales $800,000 tendrían que ser destinados al alquiler de oficinas de las fracciones legislativas de Alianza Republicana Nacionalista (Arena) y Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).
Ponce pedirá un diagnóstico de la situación financiera de la institución parlamentaria para investigar por qué se prevé este déficit presupuestario para 2020.
De acuerdo a datos del Ministerio de Hacienda, el presupuesto modificado de la Asamblea Legislativa de 2019 es $59.8 millones, de los cuales el rubro 51 “remuneraciones” suma $51,013,850.
El presupuesto programado de la Asamblea Legislativa para 2020 es $58.3 millones, es decir, $1.5 millones menos que 2019. La distribución incluye un gasto total de $51,013,850 en gasto de remuneraciones. Sin embargo, el presidente legislativo informó hoy de un déficit que, si no se corrige, afectaría el pago de salarios en 2020.
“Hace una hora he pedido información, vamos a buscar un diagnóstico, este servidor no se manda solo, son retos que tenemos, no encontramos una situación bonancible en materia financiera. Vamos a ver qué decisión tomamos, óigase bien, tomamos, el ‘yo’ terminó ayer”, expresó.
El presidente de la Asamblea tampoco ha asumido una postura crítica hacia los diputados de Arena y FMLN críticos del gobierno de Nayib Bukele. Sosstuvo que para eso es la oposición, «para fiscalizar». «Tienen que hacer el papel de fiscalizadores, no quiere decir que le estén diciendo ‘no’ a la fase 2 o 3 del plan de seguridad, el debate es sano, los consensos se construyen con los debates, no hemos escuchado una oposición del ‘no absoluto», respondió.
Arena y FMLN han mantenido duras críticas al proyecto de presupuesto general del Estado de 2020 presentado el 30 de septiembre por el ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, acompañado de una emisión de nueva deuda de $775 millones. También tienen serios señalamientos al proyecto de préstamo con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por $91 millones, que serviría para la segunda fase del Plan Control Territorial, la base que según el gobierno tiene para sostener la disminución de homicidios.
Como parte de los preparativos de cara a los comicios generales de 2027, la Junta de Vigilancia Electoral (JVE) prevé desarrollar 66 misiones de verificación del proceso de emisión del Documento Único de Identidad (DUI) en el exterior.
El director propietario de la JVE por el Partido de Concertación Nacional (PCN), Alexis Zepeda, aseguró que el derecho al voto de la diáspora está garantizado para los comicios del 28 de febrero de 2027.
«Nosotros tenemos un presupuesto para hacer las misiones de fiscalización en el extranjero. Tenemos más de 66 misiones para el voto en el presupuesto extraordinario, divididas entre los 11 institutos políticos que conformamos la JVE», explicó Zepeda.
Señaló que este proceso de fiscalización iniciará en septiembre próximo, con base en las coordinaciones que se hagan con el Tribunal Supremo Electoral (TSE), el Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN) y el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Las oficinas del RNPN ubicadas en diferentes países y consulados de El Salvador serán visitadas por la JVE con el propósito de verificar el debido proceso de emisión del DUI.
Zepeda reiteró que en las misiones en el extranjero, así como en las previstas en territorio nacional, participan los directores que representan a los 13 institutos políticos.
A la vez, dijo que estas misiones permitirán hacer un diagnóstico de las ciudades donde hay más concentración de salvadoreños.
En el territorio nacional también se desarrollará el proceso de fiscalización de duicentros, identificando los que tiene mayor afluencia.
Asimismo, enfatizó que la renovación masiva del DUI es importante para que la población tenga actualizado su documento y pueda ejercer su voto.
«Es fundamental que la gente esté en orden para aparecer en los padrones electorales. Si alguien no aparece en el padrón electoral, no puede ejercer el sufragio. Hemos solicitado, como Junta de Vigilancia Electoral, una audiencia para reunirnos con la junta directiva del RNPN para ver el plan de acción [de duización masiva]», indicó Zepeda.
Por otra parte, señaló que como JVE están verificando que se cumplan los tiempos establecidos en el calendario electoral publicado por el TSE
Zepeda comentó que las coordinaciones con el organismo colegiado y la JVE «son excelentes», y permiten desarrollar un proceso de fiscalización apegado a la ley
«Por mandato de ley se establece que verificamos el calendario electoral. Vamos viendo por tiempos cómo se va realizando todo el proceso en que se está organizando una elección. La relación que tenemos con el actual Tribunal Supremo Electoral, para mí, es una de las mejores de la historia», aseveró.
El presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, reiteró que participará en las elecciones legislativas del 28 de febrero de 2027 con el objetivo de buscar un tercer período como diputado del partido Nuevas Ideas.
Castro señaló que su decisión responde a que aún considera que hay muchas cosas por hacer en el país, aunque aclaró que primero deberán cumplirse los procesos correspondientes, como las elecciones internas del partido y el proceso electoral.
Indicó que mantendría su forma de trabajo con puertas abiertas a la población, comunicadores y creadores de contenido, y aseguró que no permitirá el regreso de prácticas del pasado, como la corrupción y el despilfarro.
Además, afirmó que la historia ha mostrado las razones por las que, según él, la población no apoya a la oposición en la Asamblea Legislativa.
La diputada del partido VAMOS, Claudia Ortiz, cuestionó la operación militar para detener a Nicolás Maduro, acusado por Washington de dirigir un cartel de narcotráfico.
«El Gobierno de Estados Unidos ha sostenido que su ac El Gobierno de Estados Unidos ha sostenido que su actuación se dirige contra una organización criminal transnacional. Combatir el narcotráfico es una preocupación legítima y compartida por las democracias. Sin embargo, la experiencia histórica demuestra que cuando el poder se ejerce sin límites democráticos, incluso frente a enemigos reales, se corre el riesgo de reproducir aquello que se dice combatir», reaccionó en X.
La legisladora sostuvo que el desafío para la región no es solo combatir el crimen organizado, «sino hacerlo sin convertir la excepción en regla ni debilitar el Estado de derecho. Sin instituciones activas no hay democracia que resista».
Al respecto, el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, reaccionó a la publicación de la legisla dora. «Entiendo, entonces, lo siguiente: Usted rechaza las acciones gracias a las cuales EE. UU. ha capturado a Nicolás Maduro. Además, condena el “poder sin límites” refiriéndose al presidente Trump».
«También deja claro que DESLEGITIMA todo lo que hará el presidente Trump en Venezuela», agregó Castro. Sin embargo, Maduro y sus aliados han convertido las instituciones venezolanas en un semillero de corrupción.
