Política
Mario Ponce asume la presidencia de la Asamblea Legislativa y promete diálogo con el Ejecutivo y estabilidad laboral para empleados legislativos
El presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce, ingresó hoy al edificio saludando a los empleados de la institución y prometiéndoles estabilidad laboral.
Aseguró que se va a hacer a acompañar por empleados institucionales, es decir, no contraría nuevo personal para su función como titular del órgano legislativo. «Ese es un reconocimiento a ellos, tenemos que parar de una vez por todas el despilfarro. Aquí hay empleados que han estado invisibilizados, que tienen maestría”, afirmó hoy en una conferencia de prensa, frente a un grupo de empleados.
Ponce aún no se ha comunicado con el presidente de la República, Nayib Bukele, pero prometió tener una visión de diálogo como presidente de la Asamblea. “Tenemos el compromiso de buscar esos acercamientos, no podemos poner encima los intereses personales», fueron sus palabras.
Además, en una reunión que sostuvo con los directores de las oficinas departamentales, el presidente legislativo confirmó que en el presupuesto del año 2020 se ha previsto un déficit de $2.3 millones, de los cuales $800,000 tendrían que ser destinados al alquiler de oficinas de las fracciones legislativas de Alianza Republicana Nacionalista (Arena) y Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).
Ponce pedirá un diagnóstico de la situación financiera de la institución parlamentaria para investigar por qué se prevé este déficit presupuestario para 2020.
De acuerdo a datos del Ministerio de Hacienda, el presupuesto modificado de la Asamblea Legislativa de 2019 es $59.8 millones, de los cuales el rubro 51 “remuneraciones” suma $51,013,850.
El presupuesto programado de la Asamblea Legislativa para 2020 es $58.3 millones, es decir, $1.5 millones menos que 2019. La distribución incluye un gasto total de $51,013,850 en gasto de remuneraciones. Sin embargo, el presidente legislativo informó hoy de un déficit que, si no se corrige, afectaría el pago de salarios en 2020.
“Hace una hora he pedido información, vamos a buscar un diagnóstico, este servidor no se manda solo, son retos que tenemos, no encontramos una situación bonancible en materia financiera. Vamos a ver qué decisión tomamos, óigase bien, tomamos, el ‘yo’ terminó ayer”, expresó.
El presidente de la Asamblea tampoco ha asumido una postura crítica hacia los diputados de Arena y FMLN críticos del gobierno de Nayib Bukele. Sosstuvo que para eso es la oposición, «para fiscalizar». «Tienen que hacer el papel de fiscalizadores, no quiere decir que le estén diciendo ‘no’ a la fase 2 o 3 del plan de seguridad, el debate es sano, los consensos se construyen con los debates, no hemos escuchado una oposición del ‘no absoluto», respondió.
Arena y FMLN han mantenido duras críticas al proyecto de presupuesto general del Estado de 2020 presentado el 30 de septiembre por el ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, acompañado de una emisión de nueva deuda de $775 millones. También tienen serios señalamientos al proyecto de préstamo con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por $91 millones, que serviría para la segunda fase del Plan Control Territorial, la base que según el gobierno tiene para sostener la disminución de homicidios.
La Asamblea Legislativa aprobó este martes la 42ª prórroga del régimen de excepción, que estará vigente hasta el 2 de octubre próximo. La medida, solicitada por el Ejecutivo a través del Consejo de Ministros, fue avalada con los votos de las bancadas de Nuevas Ideas, PCN y PDC.
Durante la sesión plenaria, la solicitud fue ingresada con modificación de agenda propuesta por el jefe de fracción de Nuevas Ideas, Christian Guevara, y aprobada con dispensa de trámites. La diputada de Vamos, Claudia Ortiz, votó en contra, mientras que los legisladores de ARENA, Marcela Villatoro y Francisco Lira, no participaron en la votación.
Según la petición del Ejecutivo, la extensión del régimen busca mantener el combate contra remanentes de pandillas que aún operan en algunas comunidades y garantizar la seguridad ciudadana.
El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, defendió la medida señalando que gracias al régimen de excepción y al Plan Control Territorial, El Salvador cerró 2024 con una tasa de homicidios de 1.9 por cada 100,000 habitantes, y proyecta finalizar 2025 con un índice entre 1 y 1.3.
El régimen de excepción fue decretado por primera vez el 27 de marzo de 2022 y desde entonces ha sido prorrogado de manera continua.
Diversos estudios de opinión realizados en períodos preelectorales y poselectorales evidencian un respaldo mayoritario de la población salvadoreña a la reelección presidencial, ahora permitida de forma indefinida tras las reformas constitucionales avaladas por la Asamblea Legislativa en julio pasado.
El Centro de Estudios Ciudadanos (CEC) de la Universidad Francisco Gavidia (UFG) reportó en octubre de 2022 que el 77.2 % apoyaba la reelección del presidente Nayib Bukele para los comicios de 2024. Un año después, en junio de 2023, la cifra se mantuvo en niveles similares, con un 76.5 % de respaldo.
Por su parte, el Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) de la UCA señaló en noviembre de 2023 que casi el 70 % de los encuestados estaba de acuerdo con que Bukele optara por un segundo mandato (2024-2029). La más reciente encuesta de junio de 2025 reafirmó esta tendencia, al mostrar que el 70.6 % de la ciudadanía respalda su eventual postulación a un tercer período presidencial, frente a un 25.4 % que expresó desacuerdo.
Entre los principales motivos de apoyo, los salvadoreños mencionaron los avances en seguridad pública, la continuidad de proyectos sociales y la negativa a retornar a los gobiernos de ARENA y FMLN.
Para el analista político Nelson Flores, la aceptación responde a que la población “necesita obras sociales que solventen sus necesidades, y eso es lo que el presidente les entrega”. En la misma línea, el sociólogo Mauricio Rodríguez afirmó que los ciudadanos respaldan la reelección indefinida porque “están satisfechos con el trabajo del presidente y buscan dar continuidad a los programas y proyectos de nación”.
El sistema de salud pública salvadoreño experimentará una transformación con la aprobación de la Ley de Creación de la Red Nacional de Hospitales, avalada por 57 votos en la Asamblea Legislativa. La normativa busca mejorar la calidad, cobertura y eficiencia de los servicios médicos en el país mediante una estructura moderna y con autonomía administrativa.
La red operará de forma independiente al Ministerio de Salud, aunque en coordinación con esta institución. Incluirá atención integral en prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos.
El presidente del Congreso, Ernesto Castro, afirmó que la construcción del nuevo Hospital Rosales marcará el inicio de esta reforma y descartó que se trate de una privatización del sistema. Según explicó, la ley permitirá agilizar la compra de medicamentos, contratación de médicos y equipamiento hospitalario.
El marco legal contempla además la creación de un Sistema de Becas para la Formación y Especialización Médica, que obligará a estudiantes y especialistas formados en la red a prestar un servicio de cinco años en el sistema a partir de 2026. Los profesionales recibirán salarios entre $3,800 y $4,500, dependiendo de sus especialidades.
La Red Nacional será dirigida por una junta directiva encabezada por un presidente ejecutivo, designado por el Presidente de la República. También participarán el ministro de Salud y representantes de instituciones como la Dirección de Obras Municipales y la Dirección Nacional de Compras Públicas.
Entre sus principales funciones estarán administrar fondos, adquirir insumos médicos, supervisar hospitales, promover la formación especializada y regular la práctica profesional. Los médicos de la red estarán sujetos a sanciones en caso de negligencia, impericia o mala praxis.
Con esta reforma, el Gobierno busca consolidar un nuevo modelo hospitalario que, según sus promotores, garantizará mayor eficiencia y atención digna a la población salvadoreña.
