Política
Ernesto Castro asegura que hay que «depurar el órgano judicial» y Rolando Castro que también a los magistrados
Varias han sido las reacciones en el ámbito político, social y judicial tras la sorpresiva decisión de la jueza Lidia Carmen López, quien dejó en libertad a nueves personas el lunes 8 de mayo, y a quienes la Fiscalía General de la República (FGR), señala como cómplices en los asesinatos del caso Chalchuapa.
La FGR ha informado que, a pesar de la existencia de pruebas suficientes para condenarlos, la jueza ha absuelto a los cómplices de los asesinatos cometidos en la casa de Hugo Osorio en Chalchuapa.
Estos hechos ocurrieron a principios de mayo de 2020, cuando las autoridades salvadoreñas investigaron el asesinato de dos mujeres y dos hombres en una vivienda del departamento de Santa Ana.
El propietario de la vivienda, Hugo Ernesto Osorio Chávez, un ex policía de 51 años, fue capturado por los cuatro asesinatos y apodado por las autoridades como el psicópata de Chalchuapa. A pesar de que fue detenido inicialmente por estos asesinatos, días después se encontraron al menos 27 cuerpos en su residencia. Asimismo, confesó dichos crimines y la participación de 9 personas, misma que fueron absueltas el lunes por la jueza Lidia Carmen López, ayer lunes.
Tal decisión ha levantado diversas opiniones entre ellas, la del Ernesto Castro, presidente de la asamblea legislativa por el partido Nuevas Ideas.
A través de su cuenta oficial de twitter Castro cuestionó la urgencia de depurar el sistema judicial del país tras la decisión de la mencionada jueza.
“Y todavía hay quienes dudan de la urgencia de depurar el Órgano Judicial. Los criminales deben pagar por sus actos. Y tarde o temprano lo harán”, escribió el presidente del parlamento salvadoreño.
Otro funcionario que también brindó su reacción fue el ministro de Trabajo, Rolando Castro, quien fue más allá al incluir no solo a los jueces sino además a los magistrados. “Y no sólo jueces, también Magistrados”, resaltó el ministro en repuesta a la reacción de Ernesto Castro en su tuit.
La FGR aseveró que la jueza López dejó absuelto a todos los acusados en la masacre en Chalchuapa a pesar de que se presentaron las “contundentes pruebas” durante la vista pública que duró quince días, ayer se realizó la etapa final del juicio contra las nueve personas vinculadas.
La Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa emitió dictamen favorable para autorizar al Ejecutivo la firma de un contrato de préstamo por $120 millones con el Banco Interamericano de Reconstrucción y Fomento (BIRF), destinado a financiar un ambicioso proyecto de transporte e infraestructura vial en el norte del Área Metropolitana de San Salvador (AMSS).
El megaproyecto beneficiará directamente a los distritos de Tonacatepeque, Apopa, Aguilares, Nejapa, Ciudad Delgado y Guazapa, y se prevé que la aprobación definitiva del préstamo se realice en la próxima sesión plenaria.
La inversión contempla la construcción de una carretera de circunvalación de aproximadamente 13 kilómetros, pasos elevados y subterráneos, paradas de autobús, infraestructura peatonal, señalización, iluminación y sistemas de control de velocidad. Uno de los componentes clave será la construcción de un «bypass» en Apopa, que incluirá un puente atirantado de 300 metros con cuatro carriles de circulación, diseñado para desviar el tráfico pesado hacia la carretera de Oro y la Troncal del Norte.
Según el Gobierno, la obra beneficiará a más de 550,000 habitantes de los municipios agrupados en San Salvador Centro, Este, Oeste y Norte, mejorando significativamente la conectividad vial y posicionando esta zona como un corredor logístico estratégico para El Salvador, Honduras y Guatemala.
El proyecto se enmarca en el plan de infraestructura resiliente y busca impulsar la inversión pública y privada en la región, facilitando el comercio y el desarrollo económico.
Política
El Salvador será pionero regional con Ley de Tecnologías Robóticas: impulsará innovación, educación y empleos especializados
El Salvador se encamina a convertirse en líder regional en innovación tecnológica con la aprobación de la Ley de Tecnologías Robóticas, una iniciativa del Órgano Ejecutivo que recibió dictamen favorable por parte de la Comisión de Economía, Turismo e Inversión de la Asamblea Legislativa y se prevé sea aprobada este jueves en sesión plenaria.
La nueva normativa busca fomentar la investigación, desarrollo y fabricación de tecnologías robóticas, así como establecer lineamientos para su aplicación en sectores clave como la industria, el comercio y la educación. Además, contempla incentivos fiscales, la creación de laboratorios especializados y la integración de la enseñanza de la robótica en el sistema educativo nacional, en coordinación con el Ministerio de Educación.
La ministra de Economía, María Luisa Hayem, destacó que esta ley posicionará al país como un referente en materia de innovación. “Permitirá establecer una plataforma para que inversionistas, académicos y emprendedores colaboren en el desarrollo de soluciones robóticas”, afirmó.
Por su parte, el director de la Agencia Nacional de Inteligencia Artificial (ANIA), Mario Flamenco Rivas, señaló que la ley representa una apuesta estratégica para el futuro económico del país. “Esta normativa será un respiro en cuanto a regulaciones globales sobre robótica y atraerá inversión, generando empleos altamente especializados”, expresó.
El proyecto de ley también compromete al Gobierno a facilitar pruebas piloto de soluciones robóticas, con el fin de dinamizar la innovación y abrir oportunidades para la creación de una cadena de suministros robusta en esta industria emergente.
Desde la academia, el vicerrector de Ciencia y Tecnología de la Universidad Don Bosco, Manuel Cardona Gutiérrez, subrayó el valor de la ley en la competitividad nacional. “Con esta legislación, El Salvador da un paso importante para ser más competitivo, generar riqueza y oportunidades de empleabilidad en un sector de alto impacto”, indicó.
Además, se contempla el desarrollo de centros de investigación e innovación físico-digitales, que facilitarán la transferencia de conocimientos tecnológicos y potenciarán el ecosistema emprendedor nacional.
Con esta legislación, El Salvador no solo abre la puerta al desarrollo de una nueva industria tecnológica, sino que se perfila como referente en Centroamérica en la adopción de políticas públicas orientadas a la economía del futuro.
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) aprobó el Plan General de Elecciones (PLAGEL) 2027, a 20 meses de los comicios legislativos y municipales programados para el 28 de febrero de ese año, según informó el organismo colegiado este lunes.
El PLAGEL está compuesto por 46 programas técnicos que permitirán organizar y ejecutar el evento electoral. De estos, 24 se enfocan en el sufragio nacional —incluyendo logística, tecnología, seguridad, capacitación y administración electoral— mientras que los 22 restantes se centran en el voto en el extranjero, garantizando la participación activa de los salvadoreños que residen fuera del país.
Además del plan operativo, los magistrados del TSE avalaron el Presupuesto Especial Extraordinario para la ejecución del evento electoral, aunque aún no se ha revelado el monto aprobado. A modo de referencia, el presupuesto para las elecciones generales de 2024 fue de $71.9 millones, según el informe de rendición de cuentas presentado por el organismo anterior.
“Estamos cumpliendo con hechos concretos la visión de un TSE moderno, ordenado y al servicio de la ciudadanía”, expresó la magistrada presidenta, Roxana Soriano, quien hizo un llamado a todos los salvadoreños, tanto dentro como fuera del país, a sumarse a lo que denominó “una gran Fiesta Electoral”.
El TSE destacó que con la aprobación unánime del PLAGEL se cuenta ya con un plan técnico sólido y listo para su ejecución, lo que reafirma el compromiso de la institución con la organización de procesos democráticos eficientes, transparentes y accesibles para todos los ciudadanos.
Como parte del calendario electoral, el próximo 14 de julio se dará inicio a las pruebas y simulacros de transmisión, procesamiento y divulgación de resultados preliminares, un proceso clave que se extenderá durante 19 meses como preparación para los comicios de 2027.
