Política
Ernesto Castro asegura que hay que «depurar el órgano judicial» y Rolando Castro que también a los magistrados
Varias han sido las reacciones en el ámbito político, social y judicial tras la sorpresiva decisión de la jueza Lidia Carmen López, quien dejó en libertad a nueves personas el lunes 8 de mayo, y a quienes la Fiscalía General de la República (FGR), señala como cómplices en los asesinatos del caso Chalchuapa.
La FGR ha informado que, a pesar de la existencia de pruebas suficientes para condenarlos, la jueza ha absuelto a los cómplices de los asesinatos cometidos en la casa de Hugo Osorio en Chalchuapa.
Estos hechos ocurrieron a principios de mayo de 2020, cuando las autoridades salvadoreñas investigaron el asesinato de dos mujeres y dos hombres en una vivienda del departamento de Santa Ana.
El propietario de la vivienda, Hugo Ernesto Osorio Chávez, un ex policía de 51 años, fue capturado por los cuatro asesinatos y apodado por las autoridades como el psicópata de Chalchuapa. A pesar de que fue detenido inicialmente por estos asesinatos, días después se encontraron al menos 27 cuerpos en su residencia. Asimismo, confesó dichos crimines y la participación de 9 personas, misma que fueron absueltas el lunes por la jueza Lidia Carmen López, ayer lunes.
Tal decisión ha levantado diversas opiniones entre ellas, la del Ernesto Castro, presidente de la asamblea legislativa por el partido Nuevas Ideas.
A través de su cuenta oficial de twitter Castro cuestionó la urgencia de depurar el sistema judicial del país tras la decisión de la mencionada jueza.
“Y todavía hay quienes dudan de la urgencia de depurar el Órgano Judicial. Los criminales deben pagar por sus actos. Y tarde o temprano lo harán”, escribió el presidente del parlamento salvadoreño.
Otro funcionario que también brindó su reacción fue el ministro de Trabajo, Rolando Castro, quien fue más allá al incluir no solo a los jueces sino además a los magistrados. “Y no sólo jueces, también Magistrados”, resaltó el ministro en repuesta a la reacción de Ernesto Castro en su tuit.
La FGR aseveró que la jueza López dejó absuelto a todos los acusados en la masacre en Chalchuapa a pesar de que se presentaron las “contundentes pruebas” durante la vista pública que duró quince días, ayer se realizó la etapa final del juicio contra las nueve personas vinculadas.
Diversos estudios de opinión realizados en períodos preelectorales y poselectorales evidencian un respaldo mayoritario de la población salvadoreña a la reelección presidencial, ahora permitida de forma indefinida tras las reformas constitucionales avaladas por la Asamblea Legislativa en julio pasado.
El Centro de Estudios Ciudadanos (CEC) de la Universidad Francisco Gavidia (UFG) reportó en octubre de 2022 que el 77.2 % apoyaba la reelección del presidente Nayib Bukele para los comicios de 2024. Un año después, en junio de 2023, la cifra se mantuvo en niveles similares, con un 76.5 % de respaldo.
Por su parte, el Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) de la UCA señaló en noviembre de 2023 que casi el 70 % de los encuestados estaba de acuerdo con que Bukele optara por un segundo mandato (2024-2029). La más reciente encuesta de junio de 2025 reafirmó esta tendencia, al mostrar que el 70.6 % de la ciudadanía respalda su eventual postulación a un tercer período presidencial, frente a un 25.4 % que expresó desacuerdo.
Entre los principales motivos de apoyo, los salvadoreños mencionaron los avances en seguridad pública, la continuidad de proyectos sociales y la negativa a retornar a los gobiernos de ARENA y FMLN.
Para el analista político Nelson Flores, la aceptación responde a que la población “necesita obras sociales que solventen sus necesidades, y eso es lo que el presidente les entrega”. En la misma línea, el sociólogo Mauricio Rodríguez afirmó que los ciudadanos respaldan la reelección indefinida porque “están satisfechos con el trabajo del presidente y buscan dar continuidad a los programas y proyectos de nación”.
El sistema de salud pública salvadoreño experimentará una transformación con la aprobación de la Ley de Creación de la Red Nacional de Hospitales, avalada por 57 votos en la Asamblea Legislativa. La normativa busca mejorar la calidad, cobertura y eficiencia de los servicios médicos en el país mediante una estructura moderna y con autonomía administrativa.
La red operará de forma independiente al Ministerio de Salud, aunque en coordinación con esta institución. Incluirá atención integral en prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos.
El presidente del Congreso, Ernesto Castro, afirmó que la construcción del nuevo Hospital Rosales marcará el inicio de esta reforma y descartó que se trate de una privatización del sistema. Según explicó, la ley permitirá agilizar la compra de medicamentos, contratación de médicos y equipamiento hospitalario.
El marco legal contempla además la creación de un Sistema de Becas para la Formación y Especialización Médica, que obligará a estudiantes y especialistas formados en la red a prestar un servicio de cinco años en el sistema a partir de 2026. Los profesionales recibirán salarios entre $3,800 y $4,500, dependiendo de sus especialidades.
La Red Nacional será dirigida por una junta directiva encabezada por un presidente ejecutivo, designado por el Presidente de la República. También participarán el ministro de Salud y representantes de instituciones como la Dirección de Obras Municipales y la Dirección Nacional de Compras Públicas.
Entre sus principales funciones estarán administrar fondos, adquirir insumos médicos, supervisar hospitales, promover la formación especializada y regular la práctica profesional. Los médicos de la red estarán sujetos a sanciones en caso de negligencia, impericia o mala praxis.
Con esta reforma, el Gobierno busca consolidar un nuevo modelo hospitalario que, según sus promotores, garantizará mayor eficiencia y atención digna a la población salvadoreña.
Nacionales
Fiscal General presenta opinión técnica sobre reformas a la Ley contra el Crimen Organizado
El Fiscal General, Rodolfo Delgado, participó este día en la Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa para brindar su opinión técnica sobre las reformas a la Ley contra el Crimen Organizado, propuestas por el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública.
Delgado destacó que estas modificaciones representan la mayor reforma en materia procesal penal desde 1998, y permitirán iniciar juicios contra personas detenidas en el marco del Régimen de Excepción. “Estas reformas son importantes porque priorizan el combate a las organizaciones criminales con estructuras jerárquicas y permiten la persecución de grupos transnacionales que operan de manera sistemática en el país”, señaló.
Asimismo, el Fiscal General resaltó la inclusión de un rol definido para el juez de menores dentro del proceso penal, asegurando que se respeten los derechos de adolescentes detenidos vinculados a pandillas. “El juez de menores garantiza los derechos previstos en tratados y convenciones internacionales, mientras que el juez de crimen organizado dirige el proceso y analiza la evidencia”, explicó Delgado.
El Fiscal General consideró que las reformas fortalecerán la labor de los fiscales y mantendrán el equilibrio de las garantías procesales para los detenidos, además de facilitar el manejo de los más de 600 procesos judiciales relacionados con las 88,750 personas capturadas hasta la fecha.
