Política
Diputados buscan reforzar presupuesto de Relaciones Exteriores, Seguridad y Salud
Con el fin de brindar una cobertura presupuestaria para el logro de todas las metas y objetivos instituciones, los diputados de la Comisión de Hacienda aprobaron un dictamen favorable para reformar la Ley de Presupuesto 2024.
La modificación a la normativa es para incorporar a diferentes organismos del sector público por un monto de $85,249,600, recursos que servirán para el logro de sus propósitos y que provienen de excedentes de ingresos en la recaudación tributaria del Ministerio de Hacienda (MH).
Debido a toda la transformación positiva que está teniendo el país, en los diferentes sectores económicos y sociales, han surgido algunas necesidades en diversas instituciones estatales a las que se les debe de dar prioridad.
Para poder ampliar la información sobre el destino que tendrán estos fondos, los parlamentarios recibieron al director general de Inversión y Crédito Público, Marlon Herrera; y a la subdirectora general del Presupuesto, Laura Michelle Arce, ambos representantes de Hacienda.
Arce confirmó que este dinero es un excedentes de los ingresos en relación a abril de este año, generados con base a la eficiencia administrativa en la recaudación tributaria y al combate de la evasión fiscal. Por ello, de conformidad a lo prescrito en el artículo 226 de la Constitución de la República, Hacienda cuenta con disponibilidades financieras suficientes para cubrir las necesidades expuestas a los parlamentarios.
“Con ese excedente de más de $85 millones que se va a destinar a diferentes carteras de Estado tenemos que reconocer el buen trabajo que está haciendo el Ministerio de Hacienda con la recaudación fiscal”, expresó la diputada Dania González.
La parlamentaria expuso en la mesa de trabajo que han sido varias las medidas que dicha institución ha empleado para que la población salvadoreña esté al día con sus tributos correspondientes.
La asignación monetaria
La distribución de estos fondos queda de la siguiente manera, según lo expuesto por los representantes de Hacienda:
Al ramo de Relaciones Exteriores se le brindará $5 millones; a Justicia y Seguridad Pública, $31 millones 750 mil; a Salud, $20 millones; a Obras Públicas y Transporte, $20 millones; a Medio Ambiente y Recursos Naturales, $249, 600; y a Turismo, $2 millones.
Además, se le otorgará dinero a instituciones descentralizadas del Gobierno: Al Instituto Salvadoreño del Turismo (ISTU) se le entregará $3 millones; a la Corporación Salvadoreña del Turismos (CORSATUR), $3 millones; y a la Autoridad de Planificación del Centro Histórico de San Salvador, $250 mil.
Sobre los recursos para Turismo, el diputado Mauricio Ortiz señaló: “Si reagrupamos las cifras tenemos un monto de $8 millones 256 mil y esto encaja con la visión de Gobierno en seguir potenciando el país como un destino turístico, no solo a nivel regional sino que también internacional”.
El destino de los recursos
La subdirectora general del Presupuesto, Laura Michelle Arce, comunicó a los parlamentarios que en el caso del ramo de Relaciones Exteriores los fondos serán utilizados para cubrir los gastos de funcionamiento de las diferentes representaciones diplomáticas y consulares acreditadas en el exterior. Además, servirá para financiar los gastos operativos en bienes y servicios, equipo mobiliario, entre otros, para abrir nuevas embajadas en Egipto y en Etiopía.
Con esto se continuará garantizando y protegiendo los derechos e intereses de los salvadoreños que residen en el exterior. También se promoverá y se ampliará las relaciones diplomáticas con otros países.
Mientras que para el ramo de Justicia y Seguridad Pública, el dinero servirá para sufragar compromisos en el servicio de alimentación de los privados de libertad del régimen ordinario y del régimen de excepción, cuyo gasto se incrementa producto de la eficiencia del Plan Control Territorial.
Asimismo, el refuerzo permitirá cubrir el pago de servicios básicos, arrendamientos y mantenimiento, entre otros.
Los beneficios que se esperan tras este respaldo monetario es garantizar el cumplimiento de los objetivos del Plan Control Territorial y el respeto a los derechos de los privados de libertad.
Para el ramo de salud, los fondos serán utilizados para fortalecer los establecimientos del primer nivel de atención y la Secretaría de Estado y regiones de salud, mediante la provisión complementaria de medicamentos, insumos médicos, oxigeno, reactivos, equipo médico, entre otras necesidades.
Además, en el ramo de Obras Públicas y Transporte se financiará la ejecución de diversos proyectos de inversión, orientados a la infraestructura turística, movilidad y conectividad de la población. Así como para cubrir el costo de adquisición de derechos de vías, reasentamientos involuntarios y adquisición de inmuebles.
Arce también explicó que para el ramo de Medio Ambiente y Recursos Naturales el dinero servirá para cubrir gastos relacionados a la protección, conservación y mejoramiento del sector.
Para Turismo el monto destinado servirá para continuar financiando los gastos inherentes a la organización y desarrollo de próximos torneos de surf, en el marco de la estrategia ancla del gobierno denominado “Surf City El Salvador”.
Con esto, el Ministerio de Turismo (MITUR) seguirá con dicha estrategia para convertir a este país en un destino de clase mundial, en donde se pueda invertir, visitar y vivir.
Los bienes para las instituciones descentralizadas
Por otro lado, la subdirectora general del Presupuesto dijo que los fondos destinados al ISTU servirán para ejecutar obras prioritarias de mejoramiento y acondicionamiento en centros recreativos.
El monto para CORSATUR será para la promoción de la oferta turística nacional y dar cobertura a derechos de realización de eventos y otros gastos operativos.
Y para la Autoridad de Planificación del Centro Histórico de San Salvador servirá para financiar reparaciones en la infraestructura para la puesta en marcha de esa institución.
Durante la jornada de elecciones internas del Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), en redes sociales circuló un video en el que se observa una de las sedes habilitadas sin afluencia de personas para la elección del nuevo COENA, lo que ha generado señalamientos y cuestionamientos sobre la participación en el proceso.
Sin embargo, el presidente del Consejo Ejecutivo Nacional (COENA), Carlos García Saade, confirmó que el partido competirá en todas las elecciones del próximo año, incluida la presidencial, como parte de su estrategia política de cara a los comicios.
García Saade detalló que la selección de candidatos estará a cargo de la Comisión Electoral Nacional (CEN) y que las elecciones internas se desarrollarán en julio, en conjunto con la definición de aspirantes a diputaciones y concejos municipales.
El dirigente también afirmó que el objetivo del partido es incrementar su caudal de votos y ampliar su representación a nivel nacional. “Vamos a crecer, vamos a ganar más diputados, más alcaldías y más concejales en oposición”, expresó, al tiempo que señaló la necesidad de generar un mayor equilibrio de poder en el país.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
En el marco del proceso electoral 2027, la Corte de Cuentas de la República (CCR) se prepara para implementar la contraloría respectiva.
Walter Sosa, presidente de la CCR, afirmó que se reforzarán los mecanismos para la emisión de constancias a los aspirantes de candidaturas a la presidencia y vicepresidencia de la república, diputados y concejos municipales.
«En términos prácticos, esto implica que la CCR verifica que los aspirantes a candidatos no tengan sentencias condenatorias pendientes de pago. Es decir, revisamos en las siete Cámaras de Primera Instancia y en la Cámara de Segunda Instancia que los aspirantes a candidatos no tengan al momento de la solicitud sentencia ejecutoriada pendiente de pago», explicó.
Lo anterior se ejecuta de conformidad con los artículos 152, 160 y 166 del Código Electoral, los que establecen que los aspirantes deben presentar una constancia extendida por el presidente de la CCR, en cumplimiento de un requisito indispensable para su inscripción.
«Para garantizar el cumplimiento de esta disposición legal, la Corte de Cuentas mantiene de forma permanente el servicio de emisión de constancias y, durante los períodos electorales, refuerza su capacidad operativa para agilizar este proceso emitiendo un instructivo que socializaremos en el momento propicio de acuerdo con el calendario electoral, contribuyendo así a la transparencia y legalidad del evento electoral», puntualizó el presidente del ente contralor.
