Política
Diputados buscan reforzar presupuesto de Relaciones Exteriores, Seguridad y Salud
Con el fin de brindar una cobertura presupuestaria para el logro de todas las metas y objetivos instituciones, los diputados de la Comisión de Hacienda aprobaron un dictamen favorable para reformar la Ley de Presupuesto 2024.
La modificación a la normativa es para incorporar a diferentes organismos del sector público por un monto de $85,249,600, recursos que servirán para el logro de sus propósitos y que provienen de excedentes de ingresos en la recaudación tributaria del Ministerio de Hacienda (MH).
Debido a toda la transformación positiva que está teniendo el país, en los diferentes sectores económicos y sociales, han surgido algunas necesidades en diversas instituciones estatales a las que se les debe de dar prioridad.
Para poder ampliar la información sobre el destino que tendrán estos fondos, los parlamentarios recibieron al director general de Inversión y Crédito Público, Marlon Herrera; y a la subdirectora general del Presupuesto, Laura Michelle Arce, ambos representantes de Hacienda.
Arce confirmó que este dinero es un excedentes de los ingresos en relación a abril de este año, generados con base a la eficiencia administrativa en la recaudación tributaria y al combate de la evasión fiscal. Por ello, de conformidad a lo prescrito en el artículo 226 de la Constitución de la República, Hacienda cuenta con disponibilidades financieras suficientes para cubrir las necesidades expuestas a los parlamentarios.
“Con ese excedente de más de $85 millones que se va a destinar a diferentes carteras de Estado tenemos que reconocer el buen trabajo que está haciendo el Ministerio de Hacienda con la recaudación fiscal”, expresó la diputada Dania González.
La parlamentaria expuso en la mesa de trabajo que han sido varias las medidas que dicha institución ha empleado para que la población salvadoreña esté al día con sus tributos correspondientes.
La asignación monetaria
La distribución de estos fondos queda de la siguiente manera, según lo expuesto por los representantes de Hacienda:
Al ramo de Relaciones Exteriores se le brindará $5 millones; a Justicia y Seguridad Pública, $31 millones 750 mil; a Salud, $20 millones; a Obras Públicas y Transporte, $20 millones; a Medio Ambiente y Recursos Naturales, $249, 600; y a Turismo, $2 millones.
Además, se le otorgará dinero a instituciones descentralizadas del Gobierno: Al Instituto Salvadoreño del Turismo (ISTU) se le entregará $3 millones; a la Corporación Salvadoreña del Turismos (CORSATUR), $3 millones; y a la Autoridad de Planificación del Centro Histórico de San Salvador, $250 mil.
Sobre los recursos para Turismo, el diputado Mauricio Ortiz señaló: “Si reagrupamos las cifras tenemos un monto de $8 millones 256 mil y esto encaja con la visión de Gobierno en seguir potenciando el país como un destino turístico, no solo a nivel regional sino que también internacional”.
El destino de los recursos
La subdirectora general del Presupuesto, Laura Michelle Arce, comunicó a los parlamentarios que en el caso del ramo de Relaciones Exteriores los fondos serán utilizados para cubrir los gastos de funcionamiento de las diferentes representaciones diplomáticas y consulares acreditadas en el exterior. Además, servirá para financiar los gastos operativos en bienes y servicios, equipo mobiliario, entre otros, para abrir nuevas embajadas en Egipto y en Etiopía.
Con esto se continuará garantizando y protegiendo los derechos e intereses de los salvadoreños que residen en el exterior. También se promoverá y se ampliará las relaciones diplomáticas con otros países.
Mientras que para el ramo de Justicia y Seguridad Pública, el dinero servirá para sufragar compromisos en el servicio de alimentación de los privados de libertad del régimen ordinario y del régimen de excepción, cuyo gasto se incrementa producto de la eficiencia del Plan Control Territorial.
Asimismo, el refuerzo permitirá cubrir el pago de servicios básicos, arrendamientos y mantenimiento, entre otros.
Los beneficios que se esperan tras este respaldo monetario es garantizar el cumplimiento de los objetivos del Plan Control Territorial y el respeto a los derechos de los privados de libertad.
Para el ramo de salud, los fondos serán utilizados para fortalecer los establecimientos del primer nivel de atención y la Secretaría de Estado y regiones de salud, mediante la provisión complementaria de medicamentos, insumos médicos, oxigeno, reactivos, equipo médico, entre otras necesidades.
Además, en el ramo de Obras Públicas y Transporte se financiará la ejecución de diversos proyectos de inversión, orientados a la infraestructura turística, movilidad y conectividad de la población. Así como para cubrir el costo de adquisición de derechos de vías, reasentamientos involuntarios y adquisición de inmuebles.
Arce también explicó que para el ramo de Medio Ambiente y Recursos Naturales el dinero servirá para cubrir gastos relacionados a la protección, conservación y mejoramiento del sector.
Para Turismo el monto destinado servirá para continuar financiando los gastos inherentes a la organización y desarrollo de próximos torneos de surf, en el marco de la estrategia ancla del gobierno denominado “Surf City El Salvador”.
Con esto, el Ministerio de Turismo (MITUR) seguirá con dicha estrategia para convertir a este país en un destino de clase mundial, en donde se pueda invertir, visitar y vivir.
Los bienes para las instituciones descentralizadas
Por otro lado, la subdirectora general del Presupuesto dijo que los fondos destinados al ISTU servirán para ejecutar obras prioritarias de mejoramiento y acondicionamiento en centros recreativos.
El monto para CORSATUR será para la promoción de la oferta turística nacional y dar cobertura a derechos de realización de eventos y otros gastos operativos.
Y para la Autoridad de Planificación del Centro Histórico de San Salvador servirá para financiar reparaciones en la infraestructura para la puesta en marcha de esa institución.
Diversos estudios de opinión realizados en períodos preelectorales y poselectorales evidencian un respaldo mayoritario de la población salvadoreña a la reelección presidencial, ahora permitida de forma indefinida tras las reformas constitucionales avaladas por la Asamblea Legislativa en julio pasado.
El Centro de Estudios Ciudadanos (CEC) de la Universidad Francisco Gavidia (UFG) reportó en octubre de 2022 que el 77.2 % apoyaba la reelección del presidente Nayib Bukele para los comicios de 2024. Un año después, en junio de 2023, la cifra se mantuvo en niveles similares, con un 76.5 % de respaldo.
Por su parte, el Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) de la UCA señaló en noviembre de 2023 que casi el 70 % de los encuestados estaba de acuerdo con que Bukele optara por un segundo mandato (2024-2029). La más reciente encuesta de junio de 2025 reafirmó esta tendencia, al mostrar que el 70.6 % de la ciudadanía respalda su eventual postulación a un tercer período presidencial, frente a un 25.4 % que expresó desacuerdo.
Entre los principales motivos de apoyo, los salvadoreños mencionaron los avances en seguridad pública, la continuidad de proyectos sociales y la negativa a retornar a los gobiernos de ARENA y FMLN.
Para el analista político Nelson Flores, la aceptación responde a que la población “necesita obras sociales que solventen sus necesidades, y eso es lo que el presidente les entrega”. En la misma línea, el sociólogo Mauricio Rodríguez afirmó que los ciudadanos respaldan la reelección indefinida porque “están satisfechos con el trabajo del presidente y buscan dar continuidad a los programas y proyectos de nación”.
El sistema de salud pública salvadoreño experimentará una transformación con la aprobación de la Ley de Creación de la Red Nacional de Hospitales, avalada por 57 votos en la Asamblea Legislativa. La normativa busca mejorar la calidad, cobertura y eficiencia de los servicios médicos en el país mediante una estructura moderna y con autonomía administrativa.
La red operará de forma independiente al Ministerio de Salud, aunque en coordinación con esta institución. Incluirá atención integral en prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos.
El presidente del Congreso, Ernesto Castro, afirmó que la construcción del nuevo Hospital Rosales marcará el inicio de esta reforma y descartó que se trate de una privatización del sistema. Según explicó, la ley permitirá agilizar la compra de medicamentos, contratación de médicos y equipamiento hospitalario.
El marco legal contempla además la creación de un Sistema de Becas para la Formación y Especialización Médica, que obligará a estudiantes y especialistas formados en la red a prestar un servicio de cinco años en el sistema a partir de 2026. Los profesionales recibirán salarios entre $3,800 y $4,500, dependiendo de sus especialidades.
La Red Nacional será dirigida por una junta directiva encabezada por un presidente ejecutivo, designado por el Presidente de la República. También participarán el ministro de Salud y representantes de instituciones como la Dirección de Obras Municipales y la Dirección Nacional de Compras Públicas.
Entre sus principales funciones estarán administrar fondos, adquirir insumos médicos, supervisar hospitales, promover la formación especializada y regular la práctica profesional. Los médicos de la red estarán sujetos a sanciones en caso de negligencia, impericia o mala praxis.
Con esta reforma, el Gobierno busca consolidar un nuevo modelo hospitalario que, según sus promotores, garantizará mayor eficiencia y atención digna a la población salvadoreña.
Nacionales
Fiscal General presenta opinión técnica sobre reformas a la Ley contra el Crimen Organizado
El Fiscal General, Rodolfo Delgado, participó este día en la Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa para brindar su opinión técnica sobre las reformas a la Ley contra el Crimen Organizado, propuestas por el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública.
Delgado destacó que estas modificaciones representan la mayor reforma en materia procesal penal desde 1998, y permitirán iniciar juicios contra personas detenidas en el marco del Régimen de Excepción. “Estas reformas son importantes porque priorizan el combate a las organizaciones criminales con estructuras jerárquicas y permiten la persecución de grupos transnacionales que operan de manera sistemática en el país”, señaló.
Asimismo, el Fiscal General resaltó la inclusión de un rol definido para el juez de menores dentro del proceso penal, asegurando que se respeten los derechos de adolescentes detenidos vinculados a pandillas. “El juez de menores garantiza los derechos previstos en tratados y convenciones internacionales, mientras que el juez de crimen organizado dirige el proceso y analiza la evidencia”, explicó Delgado.
El Fiscal General consideró que las reformas fortalecerán la labor de los fiscales y mantendrán el equilibrio de las garantías procesales para los detenidos, además de facilitar el manejo de los más de 600 procesos judiciales relacionados con las 88,750 personas capturadas hasta la fecha.
