Política
Comisión de Hacienda busca echar a andar el Instituto Crecer Juntos
Los diputados de la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto emitieron tres dictámenes favorables, uno para brindarle fondos al Instituto Crecer Juntos (ICJ) y que inicie su funcionamiento; el segundo, para que la Fiscalía General de la República (FGR) pueda contar con un edificio propio; y el tercero, trata sobre el manejo de pasivos por parte del Ministerio de Hacienda (MH).
En primer lugar, los parlamentarios avalaron presentar al Pleno Legislativo una propuesta de reforma a la Ley de Presupuesto 2023 correspondiente al ramo de Educación, Ciencia y Tecnología, luego de recibir al director general del Presupuesto del MH, Carlos Salazar, quien explicó el fin de este proceso: Incorporar $10,436,980, que será destinados al ICJ para que este pueda iniciar sus labores.
De ser aprobado por el pleno, Hacienda podrá desembolsar los recursos para que el ICJ brinde servicios de asistencia técnica especializada en materia de atención integral a la Primera Infancia, siendo un referente a dicha temática.
Además, este fondo será destinado para apoyar las actividades relacionadas con la articulación y provisión de servicios de atención integral de niñas y niños en su primera infancia, así como la ejecución de programas de fortalecimiento familiar y la generación de alianzas estratégicas que promuevan un pleno desarrollo.
“Los principales beneficiarios de la puesta en funcionamiento de este instituto serán los niños y las niñas desde su gestación hasta cumplir los cuatros años de edad”, comentó Salazar. “Mediante la ejecución de programas de fortalecimiento familiar y la generación de alianzas estratégicas ayudarán a promover su desarrollo integral”, agregó.
De acuerdo al delegado, al otorgar el monto solicitado se le estaría brindando herramientas al instituto de cuidados y atención para la niñez y este dinero saldría de la recaudación tributaria.
El 22 de junio de 2022, los diputados aprobaron la Ley Crecer Juntos para la Protección Integral de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia, que entró en vigencia el 1 de enero de este año.
En el artículo 175 de dicha normativa se establece la creación del ICJ, con personalidad jurídica, patrimonio propio, de derecho propio y autonomía en lo técnico financiero y administrativo referente en materia de primera infancia.
“Al otorgarse este dinero, la ICJ estaría funcionando desde junio a diciembre de este año y estaría adscrita al ramo de Educación”, puntualizó Salazar.
Un edificio para centralizar a la FGR
El segundo dictamen tiene que ver con la necesidad de la Fiscalía de contar con un edificio que concentre a todas sus unidades en un mismo sector. Por ello, los parlamentarios escucharon al jefe de la Dirección Jurídica de la Dirección General de Impuestos Internos del MH, Gerardo Ramos Díaz, quien argumentó el uso que el Ministerio Público le daría a los fondos.
Ramos Díaz solicitó la emisión de Disposiciones Especiales y Transitorias de carácter tributario para el proyecto denominado “Construcción, Equipamiento y Modernización de las Oficinas Centrales de la Fiscalía General de la República (FGR)”.
Esto tiene como objeto establecer el marco regulatorio tributario especial que permita gestionar las adquisiciones de bienes y servicios para la realización del citado proyecto, que rondarían los $70 millones, los cuales serían gestionados con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
“La Fiscalía gozará de una exención en materia de IVA y de Derechos Arancelarios de Importación (DAI) a los contratistas, subcontratistas, a proveedores, consultores que tengan relación con este proyecto del edificio, debido a que actualmente cuenta con divisiones y en edificios en alquiler”, indicó Ramos Díaz.
Respecto a este proyecto, el diputado presidente de la comisión, Christian Guevara, señaló que actualmente “hay muchos recursos del Estado que se gastan en arrendamientos y es mejor que una inversión quede en un edificio que será parte del patrimonio de la institución y de los salvadoreños”.
Además, el parlamentario dijo que esta edificación fue anunciada desde el 2015, cuando el partido del FMLN gobernaba, pero “ellos dejaron pasar el tiempo y hoy van a venir a criticarlo si es aprobado”.
“Al llevarse a cabo la construcción de dicha edificación se va a tener a futuro un ahorro al Estado y a largo plazo, las condiciones van a mejorar las labores de la FGR. Esperamos que este edificio sea enfocado en atender a los ciudadanos”, manifestó el diputado Giovanny Zaldaña.
Operaciones de manejo de pasivos
El tercer dictamen aprobado es referente a la aprobación de la “Ley Especial que faculta la realización de operaciones de manejo de pasivos, por conversión de deuda de corto plazo, a deuda de mediano y largo plazo”.
El director general de Inversión y Crédito Público, Marlon Herrera, comentó que la conversión de deuda a mediano o largo plazo requiere que el Ministerio de Hacienda gestione la obtención de recursos hasta por la suma de $1,000 millones, a través de la emisión de Títulos Valores de Crédito a ser colocados indistintamente en el mercado nacional regional o internacional.
La solicitud también incluye la facultad para gestionar un crédito puente que sirva como herramienta para desarrollar esta operación, el mismo será cancelado en su totalidad cuando la emisión sea concretizada.
Por su parte, Luis Sánchez Castro, director de Política Económica y Fiscal del Ministerio de Hacienda, expresó que el cierre del año 2022 la situación fiscal ha mejorado considerablemente, con balances primarios positivos por primera vez después de la pandemia, alrededor del 2 %, el déficit fiscal se redujo de -5.6% a -2.7 % y la deuda ha tenido una disminución alrededor del 60.8 %
Ambos directores llegaron al acuerdo de que el Gobierno ha avanzado en su estrategia de gestión de pasivos para seguir mejorando el estado de las finanzas públicas y contribuir al equilibrio fiscal del país.
Esta pericia he tenido resultados contundentes, como las compras anticipadas de eurobonos realizadas en 2022, mismas que generaron ahorros de casi $300 millones en amortizaciones e intereses.
Por lo tanto, siguiendo el desarrollo de esta política, se plantea la conversión de la deuda de corto plazo a mediano y largo plazo, esta consiste en tomar una deuda emitida con un intervalo de un año máximo para luego trasladarla.
Diversos estudios de opinión realizados en períodos preelectorales y poselectorales evidencian un respaldo mayoritario de la población salvadoreña a la reelección presidencial, ahora permitida de forma indefinida tras las reformas constitucionales avaladas por la Asamblea Legislativa en julio pasado.
El Centro de Estudios Ciudadanos (CEC) de la Universidad Francisco Gavidia (UFG) reportó en octubre de 2022 que el 77.2 % apoyaba la reelección del presidente Nayib Bukele para los comicios de 2024. Un año después, en junio de 2023, la cifra se mantuvo en niveles similares, con un 76.5 % de respaldo.
Por su parte, el Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) de la UCA señaló en noviembre de 2023 que casi el 70 % de los encuestados estaba de acuerdo con que Bukele optara por un segundo mandato (2024-2029). La más reciente encuesta de junio de 2025 reafirmó esta tendencia, al mostrar que el 70.6 % de la ciudadanía respalda su eventual postulación a un tercer período presidencial, frente a un 25.4 % que expresó desacuerdo.
Entre los principales motivos de apoyo, los salvadoreños mencionaron los avances en seguridad pública, la continuidad de proyectos sociales y la negativa a retornar a los gobiernos de ARENA y FMLN.
Para el analista político Nelson Flores, la aceptación responde a que la población “necesita obras sociales que solventen sus necesidades, y eso es lo que el presidente les entrega”. En la misma línea, el sociólogo Mauricio Rodríguez afirmó que los ciudadanos respaldan la reelección indefinida porque “están satisfechos con el trabajo del presidente y buscan dar continuidad a los programas y proyectos de nación”.
El sistema de salud pública salvadoreño experimentará una transformación con la aprobación de la Ley de Creación de la Red Nacional de Hospitales, avalada por 57 votos en la Asamblea Legislativa. La normativa busca mejorar la calidad, cobertura y eficiencia de los servicios médicos en el país mediante una estructura moderna y con autonomía administrativa.
La red operará de forma independiente al Ministerio de Salud, aunque en coordinación con esta institución. Incluirá atención integral en prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos.
El presidente del Congreso, Ernesto Castro, afirmó que la construcción del nuevo Hospital Rosales marcará el inicio de esta reforma y descartó que se trate de una privatización del sistema. Según explicó, la ley permitirá agilizar la compra de medicamentos, contratación de médicos y equipamiento hospitalario.
El marco legal contempla además la creación de un Sistema de Becas para la Formación y Especialización Médica, que obligará a estudiantes y especialistas formados en la red a prestar un servicio de cinco años en el sistema a partir de 2026. Los profesionales recibirán salarios entre $3,800 y $4,500, dependiendo de sus especialidades.
La Red Nacional será dirigida por una junta directiva encabezada por un presidente ejecutivo, designado por el Presidente de la República. También participarán el ministro de Salud y representantes de instituciones como la Dirección de Obras Municipales y la Dirección Nacional de Compras Públicas.
Entre sus principales funciones estarán administrar fondos, adquirir insumos médicos, supervisar hospitales, promover la formación especializada y regular la práctica profesional. Los médicos de la red estarán sujetos a sanciones en caso de negligencia, impericia o mala praxis.
Con esta reforma, el Gobierno busca consolidar un nuevo modelo hospitalario que, según sus promotores, garantizará mayor eficiencia y atención digna a la población salvadoreña.
Nacionales
Fiscal General presenta opinión técnica sobre reformas a la Ley contra el Crimen Organizado
El Fiscal General, Rodolfo Delgado, participó este día en la Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa para brindar su opinión técnica sobre las reformas a la Ley contra el Crimen Organizado, propuestas por el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública.
Delgado destacó que estas modificaciones representan la mayor reforma en materia procesal penal desde 1998, y permitirán iniciar juicios contra personas detenidas en el marco del Régimen de Excepción. “Estas reformas son importantes porque priorizan el combate a las organizaciones criminales con estructuras jerárquicas y permiten la persecución de grupos transnacionales que operan de manera sistemática en el país”, señaló.
Asimismo, el Fiscal General resaltó la inclusión de un rol definido para el juez de menores dentro del proceso penal, asegurando que se respeten los derechos de adolescentes detenidos vinculados a pandillas. “El juez de menores garantiza los derechos previstos en tratados y convenciones internacionales, mientras que el juez de crimen organizado dirige el proceso y analiza la evidencia”, explicó Delgado.
El Fiscal General consideró que las reformas fortalecerán la labor de los fiscales y mantendrán el equilibrio de las garantías procesales para los detenidos, además de facilitar el manejo de los más de 600 procesos judiciales relacionados con las 88,750 personas capturadas hasta la fecha.
