Política
Asamblea modifica el Código de Trabajo para agilizar demandas laborales
Con 69 votos, los diputados de la Asamblea Legislativa reformaron los artículos 378 y 425 del Código de Trabajo, con el objetivo de agilizar y simplificar los procesos en los Juzgados de lo Laboral. Para ello se incrementará la cuantía para tener acceso a la jurisdicción.
Los cambios en la normativa establecen que el monto de la cuantía subirá a tres salarios mínimos del sector servicio y comercio ($1,095). Anteriormente, la cuota para obtener una vía abreviada o regular era de 200 colones ($22.86.)
Dicha cifra estaba vigente desde la creación del Código de Trabajo, el 23 de junio de 1972. Hasta la fecha, la normativa no había sido actualizada por las pasadas legislaturas.
Los actuales diputados votaron a favor de las reformas –estudiadas con anticipación por la Comisión de Trabajo- para permitir acortar los tiempos para que los empleados obtengan una resolución de manera rápida.
“Es necesario agilizar los procesos judiciales y por eso estamos aumentando una cuantía, misma que por años ha estado obsoleta, así como el tiempo para la presentación de pruebas y la emisión de una resolución”, comentó el parlamentario Edgardo Mulato.
En los cambios avalados también se incluyen los plazos, por lo que se brindará tres días para una emisión de las sentencias; mientras que la notificación a las partes involucradas, seis días (anteriormente eran tres).
Referente a las multas, se contempla un salario mínimo por día al haber un retraso en la emisión de la sentencia (tres días) y en las notificaciones a los implicados (seis días).
El incumplimiento de estos plazos se traducirá en una multa para el juez del tribunal correspondiente, cuyo monto será de un salario mínimo diario de los sectores comercio y servicio por cada día de retraso, al menos que sea justificado tal impedimento.
“El objetivo es que el trabajador resuelva su situación jurídica en el menor tiempo posible, además de dar herramientas al Órgano Judicial en materia laboral, para dar cumplimiento a lo que mandata el artículo 182 de la Constitución de la República”, explicó la diputada Evelyn Merlos.
El impacto de esta reforma favorecería a más del 40 % de los trabajadores, quienes buscan resarcir sus derechos laborales, de acuerdo a un estudio realizado en conjunto con la Procuraduría General de la República (PGR) y la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
La diferencia del juicio de única instancia con el ordinario es que el primero es más corto, debido a que ese proceso es conocido en toda su amplitud por un tribunal; mientras que el segundo, es un proceso que requiere de más trámites: Demanda, contestación de esta, etapa de la conciliación, etapa del ofrecimiento de pruebas, audiencia preparatoria y juicio.
La normativa actualizada habilitará el recurso de apelación y por consecuente el de casación en este proceso a efecto de garantizar el derecho constitucional de recurrir y para poder crear jurisprudencia.
Durante la jornada de elecciones internas del Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), en redes sociales circuló un video en el que se observa una de las sedes habilitadas sin afluencia de personas para la elección del nuevo COENA, lo que ha generado señalamientos y cuestionamientos sobre la participación en el proceso.
Sin embargo, el presidente del Consejo Ejecutivo Nacional (COENA), Carlos García Saade, confirmó que el partido competirá en todas las elecciones del próximo año, incluida la presidencial, como parte de su estrategia política de cara a los comicios.
García Saade detalló que la selección de candidatos estará a cargo de la Comisión Electoral Nacional (CEN) y que las elecciones internas se desarrollarán en julio, en conjunto con la definición de aspirantes a diputaciones y concejos municipales.
El dirigente también afirmó que el objetivo del partido es incrementar su caudal de votos y ampliar su representación a nivel nacional. “Vamos a crecer, vamos a ganar más diputados, más alcaldías y más concejales en oposición”, expresó, al tiempo que señaló la necesidad de generar un mayor equilibrio de poder en el país.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
En el marco del proceso electoral 2027, la Corte de Cuentas de la República (CCR) se prepara para implementar la contraloría respectiva.
Walter Sosa, presidente de la CCR, afirmó que se reforzarán los mecanismos para la emisión de constancias a los aspirantes de candidaturas a la presidencia y vicepresidencia de la república, diputados y concejos municipales.
«En términos prácticos, esto implica que la CCR verifica que los aspirantes a candidatos no tengan sentencias condenatorias pendientes de pago. Es decir, revisamos en las siete Cámaras de Primera Instancia y en la Cámara de Segunda Instancia que los aspirantes a candidatos no tengan al momento de la solicitud sentencia ejecutoriada pendiente de pago», explicó.
Lo anterior se ejecuta de conformidad con los artículos 152, 160 y 166 del Código Electoral, los que establecen que los aspirantes deben presentar una constancia extendida por el presidente de la CCR, en cumplimiento de un requisito indispensable para su inscripción.
«Para garantizar el cumplimiento de esta disposición legal, la Corte de Cuentas mantiene de forma permanente el servicio de emisión de constancias y, durante los períodos electorales, refuerza su capacidad operativa para agilizar este proceso emitiendo un instructivo que socializaremos en el momento propicio de acuerdo con el calendario electoral, contribuyendo así a la transparencia y legalidad del evento electoral», puntualizó el presidente del ente contralor.
