Política
Asamblea modifica el Código de Trabajo para agilizar demandas laborales
Con 69 votos, los diputados de la Asamblea Legislativa reformaron los artículos 378 y 425 del Código de Trabajo, con el objetivo de agilizar y simplificar los procesos en los Juzgados de lo Laboral. Para ello se incrementará la cuantía para tener acceso a la jurisdicción.
Los cambios en la normativa establecen que el monto de la cuantía subirá a tres salarios mínimos del sector servicio y comercio ($1,095). Anteriormente, la cuota para obtener una vía abreviada o regular era de 200 colones ($22.86.)
Dicha cifra estaba vigente desde la creación del Código de Trabajo, el 23 de junio de 1972. Hasta la fecha, la normativa no había sido actualizada por las pasadas legislaturas.
Los actuales diputados votaron a favor de las reformas –estudiadas con anticipación por la Comisión de Trabajo- para permitir acortar los tiempos para que los empleados obtengan una resolución de manera rápida.
“Es necesario agilizar los procesos judiciales y por eso estamos aumentando una cuantía, misma que por años ha estado obsoleta, así como el tiempo para la presentación de pruebas y la emisión de una resolución”, comentó el parlamentario Edgardo Mulato.
En los cambios avalados también se incluyen los plazos, por lo que se brindará tres días para una emisión de las sentencias; mientras que la notificación a las partes involucradas, seis días (anteriormente eran tres).
Referente a las multas, se contempla un salario mínimo por día al haber un retraso en la emisión de la sentencia (tres días) y en las notificaciones a los implicados (seis días).
El incumplimiento de estos plazos se traducirá en una multa para el juez del tribunal correspondiente, cuyo monto será de un salario mínimo diario de los sectores comercio y servicio por cada día de retraso, al menos que sea justificado tal impedimento.
“El objetivo es que el trabajador resuelva su situación jurídica en el menor tiempo posible, además de dar herramientas al Órgano Judicial en materia laboral, para dar cumplimiento a lo que mandata el artículo 182 de la Constitución de la República”, explicó la diputada Evelyn Merlos.
El impacto de esta reforma favorecería a más del 40 % de los trabajadores, quienes buscan resarcir sus derechos laborales, de acuerdo a un estudio realizado en conjunto con la Procuraduría General de la República (PGR) y la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
La diferencia del juicio de única instancia con el ordinario es que el primero es más corto, debido a que ese proceso es conocido en toda su amplitud por un tribunal; mientras que el segundo, es un proceso que requiere de más trámites: Demanda, contestación de esta, etapa de la conciliación, etapa del ofrecimiento de pruebas, audiencia preparatoria y juicio.
La normativa actualizada habilitará el recurso de apelación y por consecuente el de casación en este proceso a efecto de garantizar el derecho constitucional de recurrir y para poder crear jurisprudencia.
Diversos estudios de opinión realizados en períodos preelectorales y poselectorales evidencian un respaldo mayoritario de la población salvadoreña a la reelección presidencial, ahora permitida de forma indefinida tras las reformas constitucionales avaladas por la Asamblea Legislativa en julio pasado.
El Centro de Estudios Ciudadanos (CEC) de la Universidad Francisco Gavidia (UFG) reportó en octubre de 2022 que el 77.2 % apoyaba la reelección del presidente Nayib Bukele para los comicios de 2024. Un año después, en junio de 2023, la cifra se mantuvo en niveles similares, con un 76.5 % de respaldo.
Por su parte, el Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) de la UCA señaló en noviembre de 2023 que casi el 70 % de los encuestados estaba de acuerdo con que Bukele optara por un segundo mandato (2024-2029). La más reciente encuesta de junio de 2025 reafirmó esta tendencia, al mostrar que el 70.6 % de la ciudadanía respalda su eventual postulación a un tercer período presidencial, frente a un 25.4 % que expresó desacuerdo.
Entre los principales motivos de apoyo, los salvadoreños mencionaron los avances en seguridad pública, la continuidad de proyectos sociales y la negativa a retornar a los gobiernos de ARENA y FMLN.
Para el analista político Nelson Flores, la aceptación responde a que la población “necesita obras sociales que solventen sus necesidades, y eso es lo que el presidente les entrega”. En la misma línea, el sociólogo Mauricio Rodríguez afirmó que los ciudadanos respaldan la reelección indefinida porque “están satisfechos con el trabajo del presidente y buscan dar continuidad a los programas y proyectos de nación”.
El sistema de salud pública salvadoreño experimentará una transformación con la aprobación de la Ley de Creación de la Red Nacional de Hospitales, avalada por 57 votos en la Asamblea Legislativa. La normativa busca mejorar la calidad, cobertura y eficiencia de los servicios médicos en el país mediante una estructura moderna y con autonomía administrativa.
La red operará de forma independiente al Ministerio de Salud, aunque en coordinación con esta institución. Incluirá atención integral en prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos.
El presidente del Congreso, Ernesto Castro, afirmó que la construcción del nuevo Hospital Rosales marcará el inicio de esta reforma y descartó que se trate de una privatización del sistema. Según explicó, la ley permitirá agilizar la compra de medicamentos, contratación de médicos y equipamiento hospitalario.
El marco legal contempla además la creación de un Sistema de Becas para la Formación y Especialización Médica, que obligará a estudiantes y especialistas formados en la red a prestar un servicio de cinco años en el sistema a partir de 2026. Los profesionales recibirán salarios entre $3,800 y $4,500, dependiendo de sus especialidades.
La Red Nacional será dirigida por una junta directiva encabezada por un presidente ejecutivo, designado por el Presidente de la República. También participarán el ministro de Salud y representantes de instituciones como la Dirección de Obras Municipales y la Dirección Nacional de Compras Públicas.
Entre sus principales funciones estarán administrar fondos, adquirir insumos médicos, supervisar hospitales, promover la formación especializada y regular la práctica profesional. Los médicos de la red estarán sujetos a sanciones en caso de negligencia, impericia o mala praxis.
Con esta reforma, el Gobierno busca consolidar un nuevo modelo hospitalario que, según sus promotores, garantizará mayor eficiencia y atención digna a la población salvadoreña.
Nacionales
Fiscal General presenta opinión técnica sobre reformas a la Ley contra el Crimen Organizado
El Fiscal General, Rodolfo Delgado, participó este día en la Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa para brindar su opinión técnica sobre las reformas a la Ley contra el Crimen Organizado, propuestas por el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública.
Delgado destacó que estas modificaciones representan la mayor reforma en materia procesal penal desde 1998, y permitirán iniciar juicios contra personas detenidas en el marco del Régimen de Excepción. “Estas reformas son importantes porque priorizan el combate a las organizaciones criminales con estructuras jerárquicas y permiten la persecución de grupos transnacionales que operan de manera sistemática en el país”, señaló.
Asimismo, el Fiscal General resaltó la inclusión de un rol definido para el juez de menores dentro del proceso penal, asegurando que se respeten los derechos de adolescentes detenidos vinculados a pandillas. “El juez de menores garantiza los derechos previstos en tratados y convenciones internacionales, mientras que el juez de crimen organizado dirige el proceso y analiza la evidencia”, explicó Delgado.
El Fiscal General consideró que las reformas fortalecerán la labor de los fiscales y mantendrán el equilibrio de las garantías procesales para los detenidos, además de facilitar el manejo de los más de 600 procesos judiciales relacionados con las 88,750 personas capturadas hasta la fecha.
