Política
Asamblea Legislativa avala reformas para juzgar a reos prófugos o rebeldes
La Asamblea Legislativa aprobó un pliego de reformas al Código Procesal Penal que buscan la continuidad de los procesos judiciales en contra de aquellos imputados declarados en rebeldía, e impedir atrasos en los procesos judiciales a raíz de la renuncia de los abogados defensores de los imputados.
Estas enmiendas fueron avaladas con 65 votos de Nuevas Ideas, GANA, PDC, PCN y los disidentes areneros Donato Vaquerano y Jackeline López. Los partidos Nuestro Tiempo y Vamos votaron en contra. El FMLN volvió a dividirse: dos se abstuvieron y dos no votaron. ARENA tampoco votó.
El presidente de la comisión de seguridad pública, Eduardo Amaya, calificó de «necesarias» las modificaciones al código, pues denunció que desde 1998 «más de 80,000 personas fueron declaradas en rebeldía y sus procesos paralizados favoreciendo la impunidad».
«Estas artimañas vienen desde 1998. Era justo y necesario que se reformará el Código Procesal Penal», dijo Amaya, diputado por Nuevas Ideas, al recordar que desde ese año El Salvador aplica una nueva normativa en materia penal y procesal penal.
Jhonny Wright, diputado por Nuestro Tiempo, no solo fustigó las enmiendas, sino que también afirmó que estas tienen una «finalidad política», por lo que dijo que no daría su voto a favor.
Francisco Villatoro, diputado de la bancada cian, reveló que el grupo parlamentario de Nuevas Ideas actualmente trabaja en otros cuerpos legales «más fuertes y contundentes», pues «no vamos a bajar la guardia hasta garantizar la paz» en El Salvador.
El jefe de fracción de ARENA, René Portillo Cuadra, habló de tecnicismos y la legislación comparada para con la aplicación del decreto; sin embargo, valoró positivo el propósito del pliego de modificaciones, aunque no votó.
La comisión de seguridad pública emitió en su última sesión de trabajo el dictamen favorable para cambiar la legislación procesal penal, luego de escuchar a los titulares de Seguridad Pública y de la Fiscalía, Gustavo Villatoro y Rodolfo Delgado, respectivamente.
Villatoro adelantó que con la reforma se vendrá «a corregir esa mala práctica que había a nivel de los abogados de los grupos terroristas, que, con tal de ganar tiempo, el día de la vista pública presentaban la renuncia» afectando con ello el desarrollo de la diligencia.
El funcionario sostuvo que con esta práctica los defensores ganaban tiempo y tenerlos (a los imputados) 24 meses sin poder recibir una condena «con las consecuencias jurídicas que ello implica».
#DePais @AsambleaSV aprueba reformas al Código Procesal Penal que buscan la continuidad de procesos judiciales contra los imputados prófugos o rebeldes asi como impedir atrasos en juicios por renuncia de abogados defensores. pic.twitter.com/bi5D71PYLm
— Diario El Salvador Sección Política (@De_Politica_ES) September 22, 2022
Los abogados que incurran en esta conducta se exponen a ser investigados y sancionados por la instancia correspondiente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Delgado, por su parte, sostuvo que las enmiendas permitirán «imponer sentencia en contra de los prófugos de la justicia, combatiendo así la impunidad, pues actualmente hay regulaciones que permiten la evasión de la justicia».
«De 2013 a septiembre de 2022 tenemos 31,652 personas declaradas imputados ausentes o rebeldes. Estos casos se van estancando y acarrea un costo a las instituciones de justicia, y también afecta a las víctimas», afirmó Delgado.
Sostuvo que una vez entren en vigor las reformas, los procesos penales en contra de estas personas serán sacados de los archivos judiciales para su respectiva sentencia, siguiendo los procedimientos ya regulados.
Las 24 reformas al Código Procesal Penal son impulsadas por los diputados de Nuevas Ideas, que reiteraron ayer su lucha contra el crimen y su compromiso contra la impunidad judicial.
Como parte de los preparativos de cara a los comicios generales de 2027, la Junta de Vigilancia Electoral (JVE) prevé desarrollar 66 misiones de verificación del proceso de emisión del Documento Único de Identidad (DUI) en el exterior.
El director propietario de la JVE por el Partido de Concertación Nacional (PCN), Alexis Zepeda, aseguró que el derecho al voto de la diáspora está garantizado para los comicios del 28 de febrero de 2027.
«Nosotros tenemos un presupuesto para hacer las misiones de fiscalización en el extranjero. Tenemos más de 66 misiones para el voto en el presupuesto extraordinario, divididas entre los 11 institutos políticos que conformamos la JVE», explicó Zepeda.
Señaló que este proceso de fiscalización iniciará en septiembre próximo, con base en las coordinaciones que se hagan con el Tribunal Supremo Electoral (TSE), el Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN) y el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Las oficinas del RNPN ubicadas en diferentes países y consulados de El Salvador serán visitadas por la JVE con el propósito de verificar el debido proceso de emisión del DUI.
Zepeda reiteró que en las misiones en el extranjero, así como en las previstas en territorio nacional, participan los directores que representan a los 13 institutos políticos.
A la vez, dijo que estas misiones permitirán hacer un diagnóstico de las ciudades donde hay más concentración de salvadoreños.
En el territorio nacional también se desarrollará el proceso de fiscalización de duicentros, identificando los que tiene mayor afluencia.
Asimismo, enfatizó que la renovación masiva del DUI es importante para que la población tenga actualizado su documento y pueda ejercer su voto.
«Es fundamental que la gente esté en orden para aparecer en los padrones electorales. Si alguien no aparece en el padrón electoral, no puede ejercer el sufragio. Hemos solicitado, como Junta de Vigilancia Electoral, una audiencia para reunirnos con la junta directiva del RNPN para ver el plan de acción [de duización masiva]», indicó Zepeda.
Por otra parte, señaló que como JVE están verificando que se cumplan los tiempos establecidos en el calendario electoral publicado por el TSE
Zepeda comentó que las coordinaciones con el organismo colegiado y la JVE «son excelentes», y permiten desarrollar un proceso de fiscalización apegado a la ley
«Por mandato de ley se establece que verificamos el calendario electoral. Vamos viendo por tiempos cómo se va realizando todo el proceso en que se está organizando una elección. La relación que tenemos con el actual Tribunal Supremo Electoral, para mí, es una de las mejores de la historia», aseveró.
El presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, reiteró que participará en las elecciones legislativas del 28 de febrero de 2027 con el objetivo de buscar un tercer período como diputado del partido Nuevas Ideas.
Castro señaló que su decisión responde a que aún considera que hay muchas cosas por hacer en el país, aunque aclaró que primero deberán cumplirse los procesos correspondientes, como las elecciones internas del partido y el proceso electoral.
Indicó que mantendría su forma de trabajo con puertas abiertas a la población, comunicadores y creadores de contenido, y aseguró que no permitirá el regreso de prácticas del pasado, como la corrupción y el despilfarro.
Además, afirmó que la historia ha mostrado las razones por las que, según él, la población no apoya a la oposición en la Asamblea Legislativa.
La diputada del partido VAMOS, Claudia Ortiz, cuestionó la operación militar para detener a Nicolás Maduro, acusado por Washington de dirigir un cartel de narcotráfico.
«El Gobierno de Estados Unidos ha sostenido que su ac El Gobierno de Estados Unidos ha sostenido que su actuación se dirige contra una organización criminal transnacional. Combatir el narcotráfico es una preocupación legítima y compartida por las democracias. Sin embargo, la experiencia histórica demuestra que cuando el poder se ejerce sin límites democráticos, incluso frente a enemigos reales, se corre el riesgo de reproducir aquello que se dice combatir», reaccionó en X.
La legisladora sostuvo que el desafío para la región no es solo combatir el crimen organizado, «sino hacerlo sin convertir la excepción en regla ni debilitar el Estado de derecho. Sin instituciones activas no hay democracia que resista».
Al respecto, el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, reaccionó a la publicación de la legisla dora. «Entiendo, entonces, lo siguiente: Usted rechaza las acciones gracias a las cuales EE. UU. ha capturado a Nicolás Maduro. Además, condena el “poder sin límites” refiriéndose al presidente Trump».
«También deja claro que DESLEGITIMA todo lo que hará el presidente Trump en Venezuela», agregó Castro. Sin embargo, Maduro y sus aliados han convertido las instituciones venezolanas en un semillero de corrupción.
