Política
Asamblea Legislativa avala reformas para juzgar a reos prófugos o rebeldes
La Asamblea Legislativa aprobó un pliego de reformas al Código Procesal Penal que buscan la continuidad de los procesos judiciales en contra de aquellos imputados declarados en rebeldía, e impedir atrasos en los procesos judiciales a raíz de la renuncia de los abogados defensores de los imputados.
Estas enmiendas fueron avaladas con 65 votos de Nuevas Ideas, GANA, PDC, PCN y los disidentes areneros Donato Vaquerano y Jackeline López. Los partidos Nuestro Tiempo y Vamos votaron en contra. El FMLN volvió a dividirse: dos se abstuvieron y dos no votaron. ARENA tampoco votó.
El presidente de la comisión de seguridad pública, Eduardo Amaya, calificó de «necesarias» las modificaciones al código, pues denunció que desde 1998 «más de 80,000 personas fueron declaradas en rebeldía y sus procesos paralizados favoreciendo la impunidad».
«Estas artimañas vienen desde 1998. Era justo y necesario que se reformará el Código Procesal Penal», dijo Amaya, diputado por Nuevas Ideas, al recordar que desde ese año El Salvador aplica una nueva normativa en materia penal y procesal penal.
Jhonny Wright, diputado por Nuestro Tiempo, no solo fustigó las enmiendas, sino que también afirmó que estas tienen una «finalidad política», por lo que dijo que no daría su voto a favor.
Francisco Villatoro, diputado de la bancada cian, reveló que el grupo parlamentario de Nuevas Ideas actualmente trabaja en otros cuerpos legales «más fuertes y contundentes», pues «no vamos a bajar la guardia hasta garantizar la paz» en El Salvador.
El jefe de fracción de ARENA, René Portillo Cuadra, habló de tecnicismos y la legislación comparada para con la aplicación del decreto; sin embargo, valoró positivo el propósito del pliego de modificaciones, aunque no votó.
La comisión de seguridad pública emitió en su última sesión de trabajo el dictamen favorable para cambiar la legislación procesal penal, luego de escuchar a los titulares de Seguridad Pública y de la Fiscalía, Gustavo Villatoro y Rodolfo Delgado, respectivamente.
Villatoro adelantó que con la reforma se vendrá «a corregir esa mala práctica que había a nivel de los abogados de los grupos terroristas, que, con tal de ganar tiempo, el día de la vista pública presentaban la renuncia» afectando con ello el desarrollo de la diligencia.
El funcionario sostuvo que con esta práctica los defensores ganaban tiempo y tenerlos (a los imputados) 24 meses sin poder recibir una condena «con las consecuencias jurídicas que ello implica».
#DePais @AsambleaSV aprueba reformas al Código Procesal Penal que buscan la continuidad de procesos judiciales contra los imputados prófugos o rebeldes asi como impedir atrasos en juicios por renuncia de abogados defensores. pic.twitter.com/bi5D71PYLm
— Diario El Salvador Sección Política (@De_Politica_ES) September 22, 2022
Los abogados que incurran en esta conducta se exponen a ser investigados y sancionados por la instancia correspondiente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Delgado, por su parte, sostuvo que las enmiendas permitirán «imponer sentencia en contra de los prófugos de la justicia, combatiendo así la impunidad, pues actualmente hay regulaciones que permiten la evasión de la justicia».
«De 2013 a septiembre de 2022 tenemos 31,652 personas declaradas imputados ausentes o rebeldes. Estos casos se van estancando y acarrea un costo a las instituciones de justicia, y también afecta a las víctimas», afirmó Delgado.
Sostuvo que una vez entren en vigor las reformas, los procesos penales en contra de estas personas serán sacados de los archivos judiciales para su respectiva sentencia, siguiendo los procedimientos ya regulados.
Las 24 reformas al Código Procesal Penal son impulsadas por los diputados de Nuevas Ideas, que reiteraron ayer su lucha contra el crimen y su compromiso contra la impunidad judicial.
El politólogo Óscar Martínez Peñate reiteró ayer que la población eliminará, a través de su voto en los comicios generales de 2027, al FMLN y ARENA como partidos políticos.
Inicialmente planteó que el Círculo de Reflexión Política Siglo XXI, del cual es integrante, solicitaría al Tribunal Supremo Electoral (TSE) la cancelación de ambos partidos, pues varios de sus dirigentes negociaron con las pandillas para tener respaldo en las urnas.
«Como Círculo de Reflexión Política Siglo XXI decidimos que no le vamos a quitar ese privilegio y derecho a la población, para que sea quien elimine a estos dos partidos, en las elecciones de 2027, por todo el daño que le han causado a El Salvador», reafirmó.
Ernesto Muyshondt, de ARENA, yasí como Benito Lara y Arístides Valencia, del FMLN, en su calidad de diputados se reunieron con pandilleros y negociaron el respaldo de las estructuras criminales para los comicios presidenciales de 2014, según investigación de la Fiscalía General de la República. Ya fueron dictadas sentencias por ese delito.
Los dos partidos gobernaron de 1989 a 2019, y ahora carecen de la preferencia ciudadana, según mostró la última encuesta de CID Gallup.
«No queremos quitarle la maravillosa oportunidad al pueblo salvadoreño de que vayan a las urnas y lo hagan de mano propia (eliminar a ARENA y FMLN)», declaró también el abogado Aldo Álvarez, integrante del Círculo de Reflexión Política Siglo XXI.
Opinión | Óscar Martínez Peñate
Politólogo
Este artículo fue publicado originalmente por Diario El Salvador.
La Asamblea Legislativa aprobó ayer la Ley de Fomento para el Uso de la Energía Renovable, propuesta por el Ejecutivo, para contribuir con la sostenibilidad de la matriz energética de El Salvador brindando alternativas innovadoras a los ciudadanos para la satisfacción de sus necesidades en cuanto al servicio básico de electricidad.
La normativa, que consta de 15 artículos y fue respaldada por los partidos Nuevas Ideas, PCN y PDC, busca «el fomento en la instalación de sistemas o equipamientos de generación de energía eléctrica producida por fuentes renovables, ya sea convencionales o no, así como para su almacenamiento y posible reinyección a la red de distribución».
Incentiva actividades económicas como la importación, la venta o la comercialización de sistemas o equipamientos de generación de energía eléctrica producida por fuentes renovables convencionales o no, la adquisición y la instalación de los referidos equipos para autoconsumo de los usuarios finales y el servicio de mantenimientos de estos.
Los usuarios finales de este tipo de energía gozarán de incentivos fiscales durante un período de 10 años por la importación, la comercialización, la instalación y el mantenimiento de los sistemas de generación de energía con fuentes renovables, que quedarán eximidos de todo gravamen.
La Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (Siget) regulará los requisitos y procedimientos que deberán cumplir tanto los proveedores como los usuarios. La Defensoría del Consumidor, por su parte, se encargará de velar porque los beneficios otorgados a las empresas se reflejen en los precios al usuario.
El Salvador tiene vigente la Ley de Incentivos Fiscales para el Fomento de las Energías Renovables en la generación de electricidad, pero la nueva normativa establece «beneficios fiscales claros, los derechos de los usuarios finales y las obligaciones de estos».
El secretario general del FMLN, Manuel Flores, será demandado por $250,000 en los próximos días por el delito de difamación, informó ayer el Círculo de Reflexión Política Siglo XXI.
«[Será demandado] por haber afirmado que el Círculo de Reflexión Política es financiado por instituciones del Estado, lo cual constituye una difamación que causa daño moral, perjudica la imagen pública y el buen nombre de los miembros del Círculo de Reflexión Política», sentenció ayer la entidad.
El señalamiento lo hizo Flores en una reciente entrevista televisiva; mientras que la entidad de académicos adelantó que los fondos serán donados al Hospital Nacional Psiquiátrico, para contribuir en la atención psicológica y psiquiátrica de los pacientes.
La demanda es «una acción disuasiva para los opositores políticos que realizan difamaciones en los medios de comunicación y en las redes sociales», advirtió la entidad.
Asimismo, lamentó los constantes ataques de los opositores políticos que se niegan a reconocer las transformaciones sociales de El Salvador. «Expresan absurdos, exabruptos, incluso hasta insultos contra los ciudadanos salvadoreños que residen en el país y ofenden hasta nuestros hermanos salvadoreños que residen en el extranjero», concluyó.
