Política
Asamblea Legislativa avala reformas para juzgar a reos prófugos o rebeldes
La Asamblea Legislativa aprobó un pliego de reformas al Código Procesal Penal que buscan la continuidad de los procesos judiciales en contra de aquellos imputados declarados en rebeldía, e impedir atrasos en los procesos judiciales a raíz de la renuncia de los abogados defensores de los imputados.
Estas enmiendas fueron avaladas con 65 votos de Nuevas Ideas, GANA, PDC, PCN y los disidentes areneros Donato Vaquerano y Jackeline López. Los partidos Nuestro Tiempo y Vamos votaron en contra. El FMLN volvió a dividirse: dos se abstuvieron y dos no votaron. ARENA tampoco votó.
El presidente de la comisión de seguridad pública, Eduardo Amaya, calificó de «necesarias» las modificaciones al código, pues denunció que desde 1998 «más de 80,000 personas fueron declaradas en rebeldía y sus procesos paralizados favoreciendo la impunidad».
«Estas artimañas vienen desde 1998. Era justo y necesario que se reformará el Código Procesal Penal», dijo Amaya, diputado por Nuevas Ideas, al recordar que desde ese año El Salvador aplica una nueva normativa en materia penal y procesal penal.
Jhonny Wright, diputado por Nuestro Tiempo, no solo fustigó las enmiendas, sino que también afirmó que estas tienen una «finalidad política», por lo que dijo que no daría su voto a favor.
Francisco Villatoro, diputado de la bancada cian, reveló que el grupo parlamentario de Nuevas Ideas actualmente trabaja en otros cuerpos legales «más fuertes y contundentes», pues «no vamos a bajar la guardia hasta garantizar la paz» en El Salvador.
El jefe de fracción de ARENA, René Portillo Cuadra, habló de tecnicismos y la legislación comparada para con la aplicación del decreto; sin embargo, valoró positivo el propósito del pliego de modificaciones, aunque no votó.
La comisión de seguridad pública emitió en su última sesión de trabajo el dictamen favorable para cambiar la legislación procesal penal, luego de escuchar a los titulares de Seguridad Pública y de la Fiscalía, Gustavo Villatoro y Rodolfo Delgado, respectivamente.
Villatoro adelantó que con la reforma se vendrá «a corregir esa mala práctica que había a nivel de los abogados de los grupos terroristas, que, con tal de ganar tiempo, el día de la vista pública presentaban la renuncia» afectando con ello el desarrollo de la diligencia.
El funcionario sostuvo que con esta práctica los defensores ganaban tiempo y tenerlos (a los imputados) 24 meses sin poder recibir una condena «con las consecuencias jurídicas que ello implica».
#DePais @AsambleaSV aprueba reformas al Código Procesal Penal que buscan la continuidad de procesos judiciales contra los imputados prófugos o rebeldes asi como impedir atrasos en juicios por renuncia de abogados defensores. pic.twitter.com/bi5D71PYLm
— Diario El Salvador Sección Política (@De_Politica_ES) September 22, 2022
Los abogados que incurran en esta conducta se exponen a ser investigados y sancionados por la instancia correspondiente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Delgado, por su parte, sostuvo que las enmiendas permitirán «imponer sentencia en contra de los prófugos de la justicia, combatiendo así la impunidad, pues actualmente hay regulaciones que permiten la evasión de la justicia».
«De 2013 a septiembre de 2022 tenemos 31,652 personas declaradas imputados ausentes o rebeldes. Estos casos se van estancando y acarrea un costo a las instituciones de justicia, y también afecta a las víctimas», afirmó Delgado.
Sostuvo que una vez entren en vigor las reformas, los procesos penales en contra de estas personas serán sacados de los archivos judiciales para su respectiva sentencia, siguiendo los procedimientos ya regulados.
Las 24 reformas al Código Procesal Penal son impulsadas por los diputados de Nuevas Ideas, que reiteraron ayer su lucha contra el crimen y su compromiso contra la impunidad judicial.
Diversos estudios de opinión realizados en períodos preelectorales y poselectorales evidencian un respaldo mayoritario de la población salvadoreña a la reelección presidencial, ahora permitida de forma indefinida tras las reformas constitucionales avaladas por la Asamblea Legislativa en julio pasado.
El Centro de Estudios Ciudadanos (CEC) de la Universidad Francisco Gavidia (UFG) reportó en octubre de 2022 que el 77.2 % apoyaba la reelección del presidente Nayib Bukele para los comicios de 2024. Un año después, en junio de 2023, la cifra se mantuvo en niveles similares, con un 76.5 % de respaldo.
Por su parte, el Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) de la UCA señaló en noviembre de 2023 que casi el 70 % de los encuestados estaba de acuerdo con que Bukele optara por un segundo mandato (2024-2029). La más reciente encuesta de junio de 2025 reafirmó esta tendencia, al mostrar que el 70.6 % de la ciudadanía respalda su eventual postulación a un tercer período presidencial, frente a un 25.4 % que expresó desacuerdo.
Entre los principales motivos de apoyo, los salvadoreños mencionaron los avances en seguridad pública, la continuidad de proyectos sociales y la negativa a retornar a los gobiernos de ARENA y FMLN.
Para el analista político Nelson Flores, la aceptación responde a que la población “necesita obras sociales que solventen sus necesidades, y eso es lo que el presidente les entrega”. En la misma línea, el sociólogo Mauricio Rodríguez afirmó que los ciudadanos respaldan la reelección indefinida porque “están satisfechos con el trabajo del presidente y buscan dar continuidad a los programas y proyectos de nación”.
El sistema de salud pública salvadoreño experimentará una transformación con la aprobación de la Ley de Creación de la Red Nacional de Hospitales, avalada por 57 votos en la Asamblea Legislativa. La normativa busca mejorar la calidad, cobertura y eficiencia de los servicios médicos en el país mediante una estructura moderna y con autonomía administrativa.
La red operará de forma independiente al Ministerio de Salud, aunque en coordinación con esta institución. Incluirá atención integral en prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos.
El presidente del Congreso, Ernesto Castro, afirmó que la construcción del nuevo Hospital Rosales marcará el inicio de esta reforma y descartó que se trate de una privatización del sistema. Según explicó, la ley permitirá agilizar la compra de medicamentos, contratación de médicos y equipamiento hospitalario.
El marco legal contempla además la creación de un Sistema de Becas para la Formación y Especialización Médica, que obligará a estudiantes y especialistas formados en la red a prestar un servicio de cinco años en el sistema a partir de 2026. Los profesionales recibirán salarios entre $3,800 y $4,500, dependiendo de sus especialidades.
La Red Nacional será dirigida por una junta directiva encabezada por un presidente ejecutivo, designado por el Presidente de la República. También participarán el ministro de Salud y representantes de instituciones como la Dirección de Obras Municipales y la Dirección Nacional de Compras Públicas.
Entre sus principales funciones estarán administrar fondos, adquirir insumos médicos, supervisar hospitales, promover la formación especializada y regular la práctica profesional. Los médicos de la red estarán sujetos a sanciones en caso de negligencia, impericia o mala praxis.
Con esta reforma, el Gobierno busca consolidar un nuevo modelo hospitalario que, según sus promotores, garantizará mayor eficiencia y atención digna a la población salvadoreña.
Nacionales
Fiscal General presenta opinión técnica sobre reformas a la Ley contra el Crimen Organizado
El Fiscal General, Rodolfo Delgado, participó este día en la Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa para brindar su opinión técnica sobre las reformas a la Ley contra el Crimen Organizado, propuestas por el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública.
Delgado destacó que estas modificaciones representan la mayor reforma en materia procesal penal desde 1998, y permitirán iniciar juicios contra personas detenidas en el marco del Régimen de Excepción. “Estas reformas son importantes porque priorizan el combate a las organizaciones criminales con estructuras jerárquicas y permiten la persecución de grupos transnacionales que operan de manera sistemática en el país”, señaló.
Asimismo, el Fiscal General resaltó la inclusión de un rol definido para el juez de menores dentro del proceso penal, asegurando que se respeten los derechos de adolescentes detenidos vinculados a pandillas. “El juez de menores garantiza los derechos previstos en tratados y convenciones internacionales, mientras que el juez de crimen organizado dirige el proceso y analiza la evidencia”, explicó Delgado.
El Fiscal General consideró que las reformas fortalecerán la labor de los fiscales y mantendrán el equilibrio de las garantías procesales para los detenidos, además de facilitar el manejo de los más de 600 procesos judiciales relacionados con las 88,750 personas capturadas hasta la fecha.
