Política
Asamblea Legislativa aprueba ley de minería metálica en El Salvador
El Salvador cuenta ahora con un marco normativo que le permitirá explorar y obtener usufructo de la riqueza mineral que posee, luego de que la Asamblea Legislativa aprobó la Ley General de la Minería Metálica.
Durante la sesión plenaria ordinaria 36, un grupo de 57 diputados dieron su aprobación a la ley, mientras que tres parlamentarios de la oposición votaron en contra.
El cuerpo normativo aprobado permite al Estado salvadoreño el reconocimiento superficial y prospección, exploración, explotación y extracción, procesamiento y comercialización de actividades extractivas mineras metálicas, incluyendo lo relativo al aprovechamiento de las sustancias minerales del suelo y subsuelo comprendido en territorio nacional.
El Estado salvadoreño será el único autorizado para realizar todas las actividades concernientes a la minería metálica en todas sus fases y se prohíben las actividades mineras por parte de particulares que no tienen relación con el Estado.
«Estos son puntos altamente importantes en esta ley, ya que como país no queremos que se cometan los errores que se cometieron en el pasado donde este tipo de actividades quedaban a discreción de los particulares, a discreción de empresas que lo único que buscaban era el lucro y no veían el bienestar del pueblo», indicó la diputada de Nuevas Ideas, Elisa Rosales.
El decreto aprobado indica que queda a cargo, como la autoridad responsable de las actividades previas a la explotación minera, la Dirección General de Hidrocarburos y Minas; mientras que el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), junto con la Autoridad Salvadoreña del Agua (ASA) como responsables de la vigilancia y el cumplimiento de las condiciones medioambientales y preservación del recurso hídrico.
En esa línea, la DGHM podrá declarar incompatibles a la actividad minera a algunas zonas por diversos motivos, entre esos por soberanía nacional, por tratarse de áreas protegidas, zonas dedicadas a actividades forestales, culturales o sociales, previa opinión de instituciones competentes, áreas de recarga hídrica o zonas urbanas.
La parlamentaria mencionó que la minería artesanal inició hace más de 100 años en nuestro país y la explotación inició hace mucho tiempo y el actor no era un actor determinante en esta actividad, es por eso que se tuvieron en el pasado.
«Ahora con esta ley, estamos garantizando que el Estado será un actor fundamental en todos los procesos y es también el Estado el que va a decidir los materiales que se utilizarán», indicó Rosales.
La normativa prohíbe el uso del mercurio en cualquiera de la fases del ciclo minero; no obstante, la diputada de Nuevas Ideas, Suecy Callejas, solicitó por modificación de agenda que, además del mercurio se incluya cualquier sustancia resultante de minería metálica. La solicitud fue aprobada con 57 parlamentarios.
Según datos de los parlamentarios de Nuevas Ideas, El Salvador tiene potencialmente los depósitos de oro con mayor densidad por kilómetro cuadrado en el mundo. El 4 % del área potencialmente identificada cuenta con más 50 millones de onzas de oro, que es aproximadamente $131,565 millones de dólares, lo que equivale al 380% del PIB.
En ese sentido se planteó que los beneficios de esta ley es que se podrá contar con recursos que serán invertidos en la infraestructura de El Salvador.
La diputada de ARENA, Marcela Villatoro, indicó que esta ley «envenenará el agua», calificó la comisión donde se estudió el proyecto de ley como una «chabacana», porque no se tomaron en cuenta los estudios preexistentes, sino que hasta con la ley aprobada se harán estudios de factibilidad de la actividad minera.
Una vez fue aprobada la ley, la diputada suplente de Vamos, Cesia Rivas, indicó que es «lamentable lo que ha sucedido, la gente creyó en ustedes y vaya que se los bajaron».
Por su parte, el jefe de la bancada cian, Christian Guevara, cuestionó a la oposición, «yo sí comparto esta posibilidad de la minería metálica es una pata más a la estrategia económica que está dando resultados», detalló.
La diputada del partido VAMOS, Claudia Ortiz, cuestionó la operación militar para detener a Nicolás Maduro, acusado por Washington de dirigir un cartel de narcotráfico.
«El Gobierno de Estados Unidos ha sostenido que su ac El Gobierno de Estados Unidos ha sostenido que su actuación se dirige contra una organización criminal transnacional. Combatir el narcotráfico es una preocupación legítima y compartida por las democracias. Sin embargo, la experiencia histórica demuestra que cuando el poder se ejerce sin límites democráticos, incluso frente a enemigos reales, se corre el riesgo de reproducir aquello que se dice combatir», reaccionó en X.
La legisladora sostuvo que el desafío para la región no es solo combatir el crimen organizado, «sino hacerlo sin convertir la excepción en regla ni debilitar el Estado de derecho. Sin instituciones activas no hay democracia que resista».
Al respecto, el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, reaccionó a la publicación de la legisla dora. «Entiendo, entonces, lo siguiente: Usted rechaza las acciones gracias a las cuales EE. UU. ha capturado a Nicolás Maduro. Además, condena el “poder sin límites” refiriéndose al presidente Trump».
«También deja claro que DESLEGITIMA todo lo que hará el presidente Trump en Venezuela», agregó Castro. Sin embargo, Maduro y sus aliados han convertido las instituciones venezolanas en un semillero de corrupción.
En un comunicado, el FMLN rechazó el operativo militar estadounidense que terminó con la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores.
«El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) expresa su más firme y fraterna solidaridad con el pueblo venezolano y su Gobierno legítimo, ante los ataques militares perpetrados por Estados Unidos en la madrugada de este 3 de enero de 2026», se lee en el documento.
Las autoridades del partido de izquierda condenaron «enérgicamente esta nueva agresión imperialista, que atenta contra la soberanía nacional, la autodeterminación de los pueblos y el derecho de Venezuela a decidir su propio destino sin injerencias externas».
El partido opositor reafirmó su «compromiso antiimperialista, internacionalista y solidario, y hacemos un llamado a los pueblos del mundo a alzar la voz y a no guardar silencio ante esta escalada de violencia».
El instituto político, que gobernó El Salvador desde 2009 hasta 2019, fue un aliado incondicional del régimen venezolano, que usó la iniciativa ALBA para finan ciar un enorme consorcio empresarial del partido, que en la actualidad está bajo una investigación de la Fiscalía por lavado de dinero.
El FMLN es uno de los partidos que re conocía el controversial mandato del dictador Maduro, el cual fue rechazado interna cionalmente por la falta de transparencia en el proceso electoral.
«Vino calladito. Él no quería que se supiera que estaba aquí. Traía muy buenas noticias a Bukele. La mejor noticia que te puedo decir, Bukele, es que el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional es parte del movimiento mundial antifascista», aseguró Maduro ante sus seguido res en un video difundido en redes sociales en enero del año pasado, que se convirtió en un ataque verbal hacia el presidente Nayib Bukele.
Nicolás Maduro fue juramentado por tercera vez como mandatario de Venezuela luego de unas cuestionables elecciones en 2024, en las que el bloque opositor al gobernante venezolano, encabezado por Ma ría Corina Machado, con Edmundo González Urrutia como candidato presidencial, aseguró que ganó los comicios.
Pese a los cuestionamientos internos e internacionales, Maduro se negó a permitir auditorías internacionales y aseguró que el proceso lo declaró ganador. Además, las autoridades venezolanas arrestaron a varios opositores, razón por lo que González Urrutia salió del país tras las elecciones.
«Desde El Salvador expresamos nuestro respaldo al compañero presidente Nicolás Maduro Moros, a las instituciones legítimas del Estado venezolano y al camino de justicia social, autodeterminación y lucha antiimperialista», expresó el FMLN en esa ocasión.
La Asamblea Legislativa aprobó ayer, sin el acompañamiento de ARENA y VAMOS, la Ley del Presupuesto General del Estado y Presupuestos Especiales y la Ley de Salarios para el Ejercicio Fiscal 2026, lo que confirma la apuesta del Gobierno del presidente Nayib Bukele de mantener la inversión en el área social y potenciar el crecimiento y el desarrollo económico.
El monto global del plan de gastos, que tiene ingresos corrientes por $8,950.6 millones y fue votado favorable por los diputados de Nuevas Ideas, PCN y PDC, totaliza $10,555.5 millones, y representa un incremento de $892.6 millones respecto al presupuesto aprobado para el actual ejercicio fiscal.
El ramo de Educación recibe $1,683.4 millones, con un incremento de 9.3 % respecto al presupuesto de 2025, explicaron diputados de Nuevas Ideas que participaron en la deliberación en el pleno legislativo.
De estos recursos, $170.5 millones serán para el programa Crecer y Aprender Juntos: Desarrollo Integral de la Primera Infancia, que tiene por finalidad la formación continua de docentes de educación inicial y parvularia, la entrega de materiales pedagógicos y la mejora de la infraestructura educativa a escala nacional.
Otro monto significativo que ejecutará la cartera de Educación el próximo año son $100 millones para la construcción y el mejoramiento de la infraestructura educativa por medio del programa del presidente Bukele, Dos Escuelas por Día. Recientemente, el mandatario inauguró en simultáneo 70 centros escolares.
El Ministerio de Salud tiene $1,345.5 millones, y presenta un incremento de 14.1 % en comparación con el plan de gastos del presente ejercicio fiscal. Servirán, entre otros aspectos, para financiar la dotación de medicamentos, insumos médicos y vacunas en la red hospitalaria pública por $262.5 millones; mientras que $106.9 millones se destinarán al Sistema de Telemedicina en El Salvador, con la finalidad de ampliar la atención médica mediante la implementación de la plataforma DoctorSV.
Seguridad y Defensa tiene asignados $1,037.2 millones, con un incremento de 14.8 % respecto al plan de gastos votado para 2025. La consolidación del Plan Control Territorial es parte de la apuesta principal. Se continuará con la dotación de uniformes, el equipamiento, la flota vehicular y el mejoramiento de la infraestructura policial.
También con la entrega de bonos mensuales y trimestrales para el personal operativo y administrativo. Asimismo, continuará la entrega de subsidios en favor de la población, para lo cual se destinaron $238.7 millones; $114.6 millones serán para el subsidio del gas licuado de petróleo, $60 millones para el subsidio del transporte y $64.1 millones para el subsidio de energía eléctrica.
De igual forma, $52 millones son para la entrega del bono agrícola y $60.9 millones para continuar con el programa de agromercados a escala nacional.
