Política
Asamblea Legislativa aprueba ley de minería metálica en El Salvador
El Salvador cuenta ahora con un marco normativo que le permitirá explorar y obtener usufructo de la riqueza mineral que posee, luego de que la Asamblea Legislativa aprobó la Ley General de la Minería Metálica.
Durante la sesión plenaria ordinaria 36, un grupo de 57 diputados dieron su aprobación a la ley, mientras que tres parlamentarios de la oposición votaron en contra.
El cuerpo normativo aprobado permite al Estado salvadoreño el reconocimiento superficial y prospección, exploración, explotación y extracción, procesamiento y comercialización de actividades extractivas mineras metálicas, incluyendo lo relativo al aprovechamiento de las sustancias minerales del suelo y subsuelo comprendido en territorio nacional.
El Estado salvadoreño será el único autorizado para realizar todas las actividades concernientes a la minería metálica en todas sus fases y se prohíben las actividades mineras por parte de particulares que no tienen relación con el Estado.
«Estos son puntos altamente importantes en esta ley, ya que como país no queremos que se cometan los errores que se cometieron en el pasado donde este tipo de actividades quedaban a discreción de los particulares, a discreción de empresas que lo único que buscaban era el lucro y no veían el bienestar del pueblo», indicó la diputada de Nuevas Ideas, Elisa Rosales.
El decreto aprobado indica que queda a cargo, como la autoridad responsable de las actividades previas a la explotación minera, la Dirección General de Hidrocarburos y Minas; mientras que el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), junto con la Autoridad Salvadoreña del Agua (ASA) como responsables de la vigilancia y el cumplimiento de las condiciones medioambientales y preservación del recurso hídrico.
En esa línea, la DGHM podrá declarar incompatibles a la actividad minera a algunas zonas por diversos motivos, entre esos por soberanía nacional, por tratarse de áreas protegidas, zonas dedicadas a actividades forestales, culturales o sociales, previa opinión de instituciones competentes, áreas de recarga hídrica o zonas urbanas.
La parlamentaria mencionó que la minería artesanal inició hace más de 100 años en nuestro país y la explotación inició hace mucho tiempo y el actor no era un actor determinante en esta actividad, es por eso que se tuvieron en el pasado.
«Ahora con esta ley, estamos garantizando que el Estado será un actor fundamental en todos los procesos y es también el Estado el que va a decidir los materiales que se utilizarán», indicó Rosales.
La normativa prohíbe el uso del mercurio en cualquiera de la fases del ciclo minero; no obstante, la diputada de Nuevas Ideas, Suecy Callejas, solicitó por modificación de agenda que, además del mercurio se incluya cualquier sustancia resultante de minería metálica. La solicitud fue aprobada con 57 parlamentarios.
Según datos de los parlamentarios de Nuevas Ideas, El Salvador tiene potencialmente los depósitos de oro con mayor densidad por kilómetro cuadrado en el mundo. El 4 % del área potencialmente identificada cuenta con más 50 millones de onzas de oro, que es aproximadamente $131,565 millones de dólares, lo que equivale al 380% del PIB.
En ese sentido se planteó que los beneficios de esta ley es que se podrá contar con recursos que serán invertidos en la infraestructura de El Salvador.
La diputada de ARENA, Marcela Villatoro, indicó que esta ley «envenenará el agua», calificó la comisión donde se estudió el proyecto de ley como una «chabacana», porque no se tomaron en cuenta los estudios preexistentes, sino que hasta con la ley aprobada se harán estudios de factibilidad de la actividad minera.
Una vez fue aprobada la ley, la diputada suplente de Vamos, Cesia Rivas, indicó que es «lamentable lo que ha sucedido, la gente creyó en ustedes y vaya que se los bajaron».
Por su parte, el jefe de la bancada cian, Christian Guevara, cuestionó a la oposición, «yo sí comparto esta posibilidad de la minería metálica es una pata más a la estrategia económica que está dando resultados», detalló.
Diversos estudios de opinión realizados en períodos preelectorales y poselectorales evidencian un respaldo mayoritario de la población salvadoreña a la reelección presidencial, ahora permitida de forma indefinida tras las reformas constitucionales avaladas por la Asamblea Legislativa en julio pasado.
El Centro de Estudios Ciudadanos (CEC) de la Universidad Francisco Gavidia (UFG) reportó en octubre de 2022 que el 77.2 % apoyaba la reelección del presidente Nayib Bukele para los comicios de 2024. Un año después, en junio de 2023, la cifra se mantuvo en niveles similares, con un 76.5 % de respaldo.
Por su parte, el Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) de la UCA señaló en noviembre de 2023 que casi el 70 % de los encuestados estaba de acuerdo con que Bukele optara por un segundo mandato (2024-2029). La más reciente encuesta de junio de 2025 reafirmó esta tendencia, al mostrar que el 70.6 % de la ciudadanía respalda su eventual postulación a un tercer período presidencial, frente a un 25.4 % que expresó desacuerdo.
Entre los principales motivos de apoyo, los salvadoreños mencionaron los avances en seguridad pública, la continuidad de proyectos sociales y la negativa a retornar a los gobiernos de ARENA y FMLN.
Para el analista político Nelson Flores, la aceptación responde a que la población “necesita obras sociales que solventen sus necesidades, y eso es lo que el presidente les entrega”. En la misma línea, el sociólogo Mauricio Rodríguez afirmó que los ciudadanos respaldan la reelección indefinida porque “están satisfechos con el trabajo del presidente y buscan dar continuidad a los programas y proyectos de nación”.
El sistema de salud pública salvadoreño experimentará una transformación con la aprobación de la Ley de Creación de la Red Nacional de Hospitales, avalada por 57 votos en la Asamblea Legislativa. La normativa busca mejorar la calidad, cobertura y eficiencia de los servicios médicos en el país mediante una estructura moderna y con autonomía administrativa.
La red operará de forma independiente al Ministerio de Salud, aunque en coordinación con esta institución. Incluirá atención integral en prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos.
El presidente del Congreso, Ernesto Castro, afirmó que la construcción del nuevo Hospital Rosales marcará el inicio de esta reforma y descartó que se trate de una privatización del sistema. Según explicó, la ley permitirá agilizar la compra de medicamentos, contratación de médicos y equipamiento hospitalario.
El marco legal contempla además la creación de un Sistema de Becas para la Formación y Especialización Médica, que obligará a estudiantes y especialistas formados en la red a prestar un servicio de cinco años en el sistema a partir de 2026. Los profesionales recibirán salarios entre $3,800 y $4,500, dependiendo de sus especialidades.
La Red Nacional será dirigida por una junta directiva encabezada por un presidente ejecutivo, designado por el Presidente de la República. También participarán el ministro de Salud y representantes de instituciones como la Dirección de Obras Municipales y la Dirección Nacional de Compras Públicas.
Entre sus principales funciones estarán administrar fondos, adquirir insumos médicos, supervisar hospitales, promover la formación especializada y regular la práctica profesional. Los médicos de la red estarán sujetos a sanciones en caso de negligencia, impericia o mala praxis.
Con esta reforma, el Gobierno busca consolidar un nuevo modelo hospitalario que, según sus promotores, garantizará mayor eficiencia y atención digna a la población salvadoreña.
Nacionales
Fiscal General presenta opinión técnica sobre reformas a la Ley contra el Crimen Organizado
El Fiscal General, Rodolfo Delgado, participó este día en la Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa para brindar su opinión técnica sobre las reformas a la Ley contra el Crimen Organizado, propuestas por el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública.
Delgado destacó que estas modificaciones representan la mayor reforma en materia procesal penal desde 1998, y permitirán iniciar juicios contra personas detenidas en el marco del Régimen de Excepción. “Estas reformas son importantes porque priorizan el combate a las organizaciones criminales con estructuras jerárquicas y permiten la persecución de grupos transnacionales que operan de manera sistemática en el país”, señaló.
Asimismo, el Fiscal General resaltó la inclusión de un rol definido para el juez de menores dentro del proceso penal, asegurando que se respeten los derechos de adolescentes detenidos vinculados a pandillas. “El juez de menores garantiza los derechos previstos en tratados y convenciones internacionales, mientras que el juez de crimen organizado dirige el proceso y analiza la evidencia”, explicó Delgado.
El Fiscal General consideró que las reformas fortalecerán la labor de los fiscales y mantendrán el equilibrio de las garantías procesales para los detenidos, además de facilitar el manejo de los más de 600 procesos judiciales relacionados con las 88,750 personas capturadas hasta la fecha.
