Política
Asamblea Legislativa aprueba ley de minería metálica en El Salvador
El Salvador cuenta ahora con un marco normativo que le permitirá explorar y obtener usufructo de la riqueza mineral que posee, luego de que la Asamblea Legislativa aprobó la Ley General de la Minería Metálica.
Durante la sesión plenaria ordinaria 36, un grupo de 57 diputados dieron su aprobación a la ley, mientras que tres parlamentarios de la oposición votaron en contra.
El cuerpo normativo aprobado permite al Estado salvadoreño el reconocimiento superficial y prospección, exploración, explotación y extracción, procesamiento y comercialización de actividades extractivas mineras metálicas, incluyendo lo relativo al aprovechamiento de las sustancias minerales del suelo y subsuelo comprendido en territorio nacional.
El Estado salvadoreño será el único autorizado para realizar todas las actividades concernientes a la minería metálica en todas sus fases y se prohíben las actividades mineras por parte de particulares que no tienen relación con el Estado.
«Estos son puntos altamente importantes en esta ley, ya que como país no queremos que se cometan los errores que se cometieron en el pasado donde este tipo de actividades quedaban a discreción de los particulares, a discreción de empresas que lo único que buscaban era el lucro y no veían el bienestar del pueblo», indicó la diputada de Nuevas Ideas, Elisa Rosales.
El decreto aprobado indica que queda a cargo, como la autoridad responsable de las actividades previas a la explotación minera, la Dirección General de Hidrocarburos y Minas; mientras que el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), junto con la Autoridad Salvadoreña del Agua (ASA) como responsables de la vigilancia y el cumplimiento de las condiciones medioambientales y preservación del recurso hídrico.
En esa línea, la DGHM podrá declarar incompatibles a la actividad minera a algunas zonas por diversos motivos, entre esos por soberanía nacional, por tratarse de áreas protegidas, zonas dedicadas a actividades forestales, culturales o sociales, previa opinión de instituciones competentes, áreas de recarga hídrica o zonas urbanas.
La parlamentaria mencionó que la minería artesanal inició hace más de 100 años en nuestro país y la explotación inició hace mucho tiempo y el actor no era un actor determinante en esta actividad, es por eso que se tuvieron en el pasado.
«Ahora con esta ley, estamos garantizando que el Estado será un actor fundamental en todos los procesos y es también el Estado el que va a decidir los materiales que se utilizarán», indicó Rosales.
La normativa prohíbe el uso del mercurio en cualquiera de la fases del ciclo minero; no obstante, la diputada de Nuevas Ideas, Suecy Callejas, solicitó por modificación de agenda que, además del mercurio se incluya cualquier sustancia resultante de minería metálica. La solicitud fue aprobada con 57 parlamentarios.
Según datos de los parlamentarios de Nuevas Ideas, El Salvador tiene potencialmente los depósitos de oro con mayor densidad por kilómetro cuadrado en el mundo. El 4 % del área potencialmente identificada cuenta con más 50 millones de onzas de oro, que es aproximadamente $131,565 millones de dólares, lo que equivale al 380% del PIB.
En ese sentido se planteó que los beneficios de esta ley es que se podrá contar con recursos que serán invertidos en la infraestructura de El Salvador.
La diputada de ARENA, Marcela Villatoro, indicó que esta ley «envenenará el agua», calificó la comisión donde se estudió el proyecto de ley como una «chabacana», porque no se tomaron en cuenta los estudios preexistentes, sino que hasta con la ley aprobada se harán estudios de factibilidad de la actividad minera.
Una vez fue aprobada la ley, la diputada suplente de Vamos, Cesia Rivas, indicó que es «lamentable lo que ha sucedido, la gente creyó en ustedes y vaya que se los bajaron».
Por su parte, el jefe de la bancada cian, Christian Guevara, cuestionó a la oposición, «yo sí comparto esta posibilidad de la minería metálica es una pata más a la estrategia económica que está dando resultados», detalló.
Los salvadoreños residentes en el exterior podrán ejercer su derecho al voto de manera remota a partir del 30 de enero de 2027, según el calendario electoral para el sufragio en el extranjero publicado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE). La modalidad en línea estará disponible hasta el 28 de febrero, fecha en que también se realizará la votación presencial, de acuerdo con el huso horario de cada país.
Como parte de la planificación electoral, el TSE activará el Plan General de Elecciones (Plagel), que comprende 22 programas enfocados en logística, tecnología y operatividad. Estas acciones tienen como objetivo garantizar la seguridad del proceso, la accesibilidad para los votantes en el exterior y la capacitación de los actores clave en los países con mayor concentración de la diáspora salvadoreña.
«Te compartimos algunas de las actividades más importantes para que puedas ejercer el sufragio desde cualquier lugar del mundo», publicó el TSE en su cuenta oficial de X (antes Twitter).
Entre las fechas más relevantes del calendario figura la suspensión para modificar el domicilio en el Documento Único de Identidad (DUI) con fines electorales, la cual entrará en vigor el 27 de febrero de 2026. Asimismo, la promoción institucional del voto en el exterior comenzará el 8 de octubre de 2025 y se extenderá hasta el 31 de agosto de 2026.
El proceso de creación y cierre del Registro Electoral para el Voto Electrónico (REVEL) en todas sus modalidades se desarrollará del 16 de junio de 2025 al 4 de noviembre de 2026. Además, se realizarán simulacros y pruebas del sistema de votación entre el 27 de julio de 2026 y el 12 de febrero de 2027.
La organización de la Junta Electoral de Voto en el Extranjero (JELVEX), encargada de supervisar la votación remota, está prevista entre el 27 de agosto y el 28 de noviembre de 2026. Los preparativos de las papeletas de votación, tanto para el sistema remoto como para la modalidad presencial electrónica, se llevarán a cabo entre el 18 y el 30 de diciembre de ese mismo año.
La presidenta del TSE, Roxana Soriano, hizo un llamado a la diáspora, a los partidos políticos y a las instituciones aliadas a sumarse al proceso electoral de 2027. “Juntos construiremos un proceso ejemplar, donde la voluntad de la diáspora se refleje con integridad, respeto y equidad”, expresó.
En las elecciones generales de 2024, un total de 331,756 salvadoreños votaron desde el exterior; de ellos, 242,110 lo hicieron a través de Internet (73 %) y 89,646 de manera presencial (27 %).
Los partidos políticos legalmente inscritos en El Salvador deberán comenzar a convocar elecciones internas a partir del 6 de marzo de 2026, como parte del calendario electoral previo a los comicios legislativos y municipales programados para el 28 de febrero de 2027.
De acuerdo con el cronograma publicado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), los institutos políticos tendrán hasta el 29 de julio de 2026 para desarrollar sus procesos internos y definir a los candidatos que competirán por diputaciones a la Asamblea Legislativa y por los concejos municipales.
Estas actividades se realizan en cumplimiento de lo estipulado en la Ley de Partidos Políticos. El artículo 37-B establece que la comisión electoral de cada partido debe convocar a elecciones internas con al menos seis meses de anticipación a la convocatoria oficial a elecciones nacionales. Asimismo, el artículo 37-K indica que dichos procesos deberán completarse a más tardar dos meses antes de esa convocatoria, prevista para el 30 de septiembre de 2026.
Una vez concluidos los procesos internos, cada partido deberá oficializar a sus candidatos mediante su inscripción ante el TSE. Según el calendario electoral, la inscripción para diputaciones a la Asamblea Legislativa y al Parlamento Centroamericano se realizará entre el 1.º de octubre y el 19 de noviembre de 2026, mientras que para concejos municipales el plazo será del 9 al 19 de noviembre de ese mismo año, conforme lo establece el artículo 142 del Código Electoral.
Actualmente, el TSE registra como partidos inscritos a ARENA, FMLN, Democracia Salvadoreña (DS), Fuerza Solidaria, GANA, Nuevas Ideas, PAIS, PCN, FPS, PDC y VAMOS. En 2023, al menos 12 partidos convocaron procesos internos en cumplimiento del calendario previo a las elecciones generales celebradas en 2024.
Con el propósito de evitar que factores externos eleven el precio que los salvadoreños pagan por el cilindro de gas propano, con 60 votos, la Asamblea Legislativa prorrogó, hasta el 31 de mayo de 2026, la Ley Especial y Transitoria para la Estabilización de los Precios del Gas Licuado de Petróleo.
La medida beneficiará a más del 80 % de la población, permitiéndoles seguir adquiriendo el producto, en sus diferentes presentaciones, a un precio accesible.
Este marco legal fue aprobado el 13 de junio de 2023 para contrarrestar la constante fluctuación del precio internacional de los hidrocarburos, el cual incide directa y negativamente en el precio que paga la población.
El diputado William Soriano explicó que de no aprobarse esta prórroga –que vence el próximo 31 de mayo– a partir de junio de 2025 las familias podrían adquirir el gas para cocinar a un precio de hasta $15.00 por cilindro.
“Esta medida temporal permite estabilizar los precios del gas licuado de petróleo para beneficiar a las amas de casa, las que hace las pupusas, a las que tienen comedor; ellas no van a tener que pagar los crecimientos o fluctuaciones del gas licuado de petróleo que ustedes usan para cocinar o en sus negocios”, expresó el legislador.
Durante el estudio del anteproyecto, el director general de subsidios del Ministerio de Hacienda, Juan Francisco Grande, explicó a los diputados que las condiciones que originaron la emisión de la ley siguen afectando la economía de las familias, por lo que es necesario ampliar su vigencia por 12 meses.
Además, detalló que este mecanismo consiste en transferencias de subsidios dirigidas a los consumidores y canalizadas, a través de las empresas envasadoras que comercializan gas licuado por medio de cilindros.
