Política
Asamblea Legislativa aprueba ley de minería metálica en El Salvador
El Salvador cuenta ahora con un marco normativo que le permitirá explorar y obtener usufructo de la riqueza mineral que posee, luego de que la Asamblea Legislativa aprobó la Ley General de la Minería Metálica.
Durante la sesión plenaria ordinaria 36, un grupo de 57 diputados dieron su aprobación a la ley, mientras que tres parlamentarios de la oposición votaron en contra.
El cuerpo normativo aprobado permite al Estado salvadoreño el reconocimiento superficial y prospección, exploración, explotación y extracción, procesamiento y comercialización de actividades extractivas mineras metálicas, incluyendo lo relativo al aprovechamiento de las sustancias minerales del suelo y subsuelo comprendido en territorio nacional.
El Estado salvadoreño será el único autorizado para realizar todas las actividades concernientes a la minería metálica en todas sus fases y se prohíben las actividades mineras por parte de particulares que no tienen relación con el Estado.
«Estos son puntos altamente importantes en esta ley, ya que como país no queremos que se cometan los errores que se cometieron en el pasado donde este tipo de actividades quedaban a discreción de los particulares, a discreción de empresas que lo único que buscaban era el lucro y no veían el bienestar del pueblo», indicó la diputada de Nuevas Ideas, Elisa Rosales.
El decreto aprobado indica que queda a cargo, como la autoridad responsable de las actividades previas a la explotación minera, la Dirección General de Hidrocarburos y Minas; mientras que el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), junto con la Autoridad Salvadoreña del Agua (ASA) como responsables de la vigilancia y el cumplimiento de las condiciones medioambientales y preservación del recurso hídrico.
En esa línea, la DGHM podrá declarar incompatibles a la actividad minera a algunas zonas por diversos motivos, entre esos por soberanía nacional, por tratarse de áreas protegidas, zonas dedicadas a actividades forestales, culturales o sociales, previa opinión de instituciones competentes, áreas de recarga hídrica o zonas urbanas.
La parlamentaria mencionó que la minería artesanal inició hace más de 100 años en nuestro país y la explotación inició hace mucho tiempo y el actor no era un actor determinante en esta actividad, es por eso que se tuvieron en el pasado.
«Ahora con esta ley, estamos garantizando que el Estado será un actor fundamental en todos los procesos y es también el Estado el que va a decidir los materiales que se utilizarán», indicó Rosales.
La normativa prohíbe el uso del mercurio en cualquiera de la fases del ciclo minero; no obstante, la diputada de Nuevas Ideas, Suecy Callejas, solicitó por modificación de agenda que, además del mercurio se incluya cualquier sustancia resultante de minería metálica. La solicitud fue aprobada con 57 parlamentarios.
Según datos de los parlamentarios de Nuevas Ideas, El Salvador tiene potencialmente los depósitos de oro con mayor densidad por kilómetro cuadrado en el mundo. El 4 % del área potencialmente identificada cuenta con más 50 millones de onzas de oro, que es aproximadamente $131,565 millones de dólares, lo que equivale al 380% del PIB.
En ese sentido se planteó que los beneficios de esta ley es que se podrá contar con recursos que serán invertidos en la infraestructura de El Salvador.
La diputada de ARENA, Marcela Villatoro, indicó que esta ley «envenenará el agua», calificó la comisión donde se estudió el proyecto de ley como una «chabacana», porque no se tomaron en cuenta los estudios preexistentes, sino que hasta con la ley aprobada se harán estudios de factibilidad de la actividad minera.
Una vez fue aprobada la ley, la diputada suplente de Vamos, Cesia Rivas, indicó que es «lamentable lo que ha sucedido, la gente creyó en ustedes y vaya que se los bajaron».
Por su parte, el jefe de la bancada cian, Christian Guevara, cuestionó a la oposición, «yo sí comparto esta posibilidad de la minería metálica es una pata más a la estrategia económica que está dando resultados», detalló.
El politólogo Óscar Martínez Peñate reiteró ayer que la población eliminará, a través de su voto en los comicios generales de 2027, al FMLN y ARENA como partidos políticos.
Inicialmente planteó que el Círculo de Reflexión Política Siglo XXI, del cual es integrante, solicitaría al Tribunal Supremo Electoral (TSE) la cancelación de ambos partidos, pues varios de sus dirigentes negociaron con las pandillas para tener respaldo en las urnas.
«Como Círculo de Reflexión Política Siglo XXI decidimos que no le vamos a quitar ese privilegio y derecho a la población, para que sea quien elimine a estos dos partidos, en las elecciones de 2027, por todo el daño que le han causado a El Salvador», reafirmó.
Ernesto Muyshondt, de ARENA, yasí como Benito Lara y Arístides Valencia, del FMLN, en su calidad de diputados se reunieron con pandilleros y negociaron el respaldo de las estructuras criminales para los comicios presidenciales de 2014, según investigación de la Fiscalía General de la República. Ya fueron dictadas sentencias por ese delito.
Los dos partidos gobernaron de 1989 a 2019, y ahora carecen de la preferencia ciudadana, según mostró la última encuesta de CID Gallup.
«No queremos quitarle la maravillosa oportunidad al pueblo salvadoreño de que vayan a las urnas y lo hagan de mano propia (eliminar a ARENA y FMLN)», declaró también el abogado Aldo Álvarez, integrante del Círculo de Reflexión Política Siglo XXI.
Opinión | Óscar Martínez Peñate
Politólogo
Este artículo fue publicado originalmente por Diario El Salvador.
La Asamblea Legislativa aprobó ayer la Ley de Fomento para el Uso de la Energía Renovable, propuesta por el Ejecutivo, para contribuir con la sostenibilidad de la matriz energética de El Salvador brindando alternativas innovadoras a los ciudadanos para la satisfacción de sus necesidades en cuanto al servicio básico de electricidad.
La normativa, que consta de 15 artículos y fue respaldada por los partidos Nuevas Ideas, PCN y PDC, busca «el fomento en la instalación de sistemas o equipamientos de generación de energía eléctrica producida por fuentes renovables, ya sea convencionales o no, así como para su almacenamiento y posible reinyección a la red de distribución».
Incentiva actividades económicas como la importación, la venta o la comercialización de sistemas o equipamientos de generación de energía eléctrica producida por fuentes renovables convencionales o no, la adquisición y la instalación de los referidos equipos para autoconsumo de los usuarios finales y el servicio de mantenimientos de estos.
Los usuarios finales de este tipo de energía gozarán de incentivos fiscales durante un período de 10 años por la importación, la comercialización, la instalación y el mantenimiento de los sistemas de generación de energía con fuentes renovables, que quedarán eximidos de todo gravamen.
La Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (Siget) regulará los requisitos y procedimientos que deberán cumplir tanto los proveedores como los usuarios. La Defensoría del Consumidor, por su parte, se encargará de velar porque los beneficios otorgados a las empresas se reflejen en los precios al usuario.
El Salvador tiene vigente la Ley de Incentivos Fiscales para el Fomento de las Energías Renovables en la generación de electricidad, pero la nueva normativa establece «beneficios fiscales claros, los derechos de los usuarios finales y las obligaciones de estos».
El secretario general del FMLN, Manuel Flores, será demandado por $250,000 en los próximos días por el delito de difamación, informó ayer el Círculo de Reflexión Política Siglo XXI.
«[Será demandado] por haber afirmado que el Círculo de Reflexión Política es financiado por instituciones del Estado, lo cual constituye una difamación que causa daño moral, perjudica la imagen pública y el buen nombre de los miembros del Círculo de Reflexión Política», sentenció ayer la entidad.
El señalamiento lo hizo Flores en una reciente entrevista televisiva; mientras que la entidad de académicos adelantó que los fondos serán donados al Hospital Nacional Psiquiátrico, para contribuir en la atención psicológica y psiquiátrica de los pacientes.
La demanda es «una acción disuasiva para los opositores políticos que realizan difamaciones en los medios de comunicación y en las redes sociales», advirtió la entidad.
Asimismo, lamentó los constantes ataques de los opositores políticos que se niegan a reconocer las transformaciones sociales de El Salvador. «Expresan absurdos, exabruptos, incluso hasta insultos contra los ciudadanos salvadoreños que residen en el país y ofenden hasta nuestros hermanos salvadoreños que residen en el extranjero», concluyó.
