Judicial
URGENTE: Tener sexo entre hombres y quedarse con la extorsión son las causas que cientos de pandilleros temen por su vida en El Salvador
El director de Centros Penales informó que hay 97 reos en Izalco y 70 en Quezaltepeque que han pedido ser aislados porque temen ser asesinados por miembros de la estructura criminal a la que pertenecen.
En el sistema penitenciario hay 137 reos pertencientes a la pandilla 18 que han sido aislados porque temen por su vida, en su mayoría han sido castigados por la estructura criminal a la que pertenecen por romper algunas de las reglas, mayoritariamente por haberse quedado con dinero de extorsión.
Ese fue el informe que rindió esta mañana el director de Centros Penales, Marco Tulio Lima, quien señaló que otros de los motivos son por haberse quedado con droga, haber sostenido relaciones sentimentales con alguna mujer que haya sido pareja de otro de los reos o, como se conoció en el centro penal de Quezaltepeque, porque encontraron a dos reos miembros de pandillas sosteniendo relaciones sexuales.
El funcionario explicó que violentar estas reglas son duramente castigadas dentro de los penales. En la mayoría de casos ocurre con los recién llegados a los penales y al encontrarse frente a los cabecillas ya se encuentran recluidos «les pasan el descontón» de lo que hayan hecho mientras estuvieron fuera.
«Tenemos cerca de 97 personas que hemos venido separando de los Izalcos para tenerlos en un sector especial y que no sean objeto de una agresión. Además, tenemos cerca de 70 personas bajo esa misma condición en Quezaltepeque. En total, son 137 personas que nosotros le damos la calidad de víctimas que por una u otra razón son rechazados dentro de la estructura y pueden ser asesinados», expuso el director.
Explicó la mayoría de estos reos aprovechan cuando los custodios para hacerles las revisiones y les piden ser aislados porque temen por su vida. Así, la Dirección de Centros Penales ha decidido aislaros y ponerlos en resguardo para evitar que sean agredidos o incluso asesinados.
Lima ejemplificó que un caso similar ocurrió en el penal de Gotera, en Morazán, donde hay cerca de 1,800 reos a quienes les llaman «retirados», donde en su mayoría se definen como expandilleros. En este caso, el proceso inició de manera similar algunos reos fueron pidieron ser aislados pues abandonaban la pandilla por haber sido rechazados.
Autodepuración del Barrio 18 Sureños
Las autoridades detallaron que obtuvieron informes de inteligencia a final de diciembre tanto de las tres fases de Izalco, como del penal de Quezaltepeque, en el que identificaron que hay un incremento de actividades conspirativas dentro de la pandilla del Barrio 18 Sureños, con la idea de tener una autodepuración en ambos penales.
«Es una estructura que está en un cambio continuo, de irse agrediendo internamente y están en plan de depuración. Desde diciembre del año pasado donde hemos recogido numerosos escritos donde han descrito acciones para autodepurarse», señaló Lima.
Esta información ya ha sido compartida con las autoridades pertinentes para realizar acciones para bajar este incremento de violencia interna dentro de los penales por esa «autodepuración».
De hecho, el ministro de Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde, detalló que el homicidio de cinco reos dentro del penal de Izalco el pasado 12 de abril está enmarcada en esta acción que busca la pandilla de «autodepuración».
Por esa razón, las autoridades informaron de algunos movimientos que se han hecho en los centros penales, además de esos aislamientos que han venido dando de manera continua.
Los movimientos
El director de Centros Penales informó que con la reubicación que se ha hecho de varios internos se pretende clasificarlos para bajar el riesgo o la peligrosidad en estos penales.
Por el momento, se han trasladado 20 cabecillas o ranfleros hacia el penal de máxima seguridad de Zacatecoluca, mejor conocido como «Zacatraz», entre ellos se encuentran 10 que fueron llevados este día a este penal y que fueron los instigadores directos del homicidio de cinco personas en el penal de Izalco.
De igual manera, se han movido 14 cabecillas de Quezaltepeque hacia e fase 3 de Izalco, que tiene el mismo régimen de máxima seguridad. Estos estuvieron involucrados en el homicidio de cuatro reos en ese penal el pasado 5 de marzo.
También, el pasado 16 de abril se hizo el traslado de 22 reos que se encontraban en fase 1 de Izalco, a la fase 3, que ya entran también al régimen de máxima seguridad.
Lima informó que la mayoría de estos sujetos que están siendo procesados, en su mayoría ya condenados, son de diferentes lugares como La Campanera, San Martín, Soyapango, Apopa, Nahuizalco, Izalco, Armenia, La Unión, Chalchuapa, Atiquizaya, por lo que pertenecen a esas clicas o tribus que operan en esos municipios.
Con todos estos cambios se pretenden bajar las amenazas y agresiones que se han dado en ambos penales del país.
Otras medidas
Además de los movimientos, Centros Penales ha decidido implementar una serie de medidas para evitar que se continúen dando estas amenazas que ponen en riesgo la integridad de los reos en ambos reclusorios.
En este sentido, la primera de ellas es que se ejecutan requisas sorpresivas. Se estiman que se realizan cerca de 85 requisas al mes en cada uno de los centros penales. Incluso se ha reforzado la operatividad pues se verifica celda por celda.
«Se verifica que las personas mantienen su condición física estable y que no tienen señales de ser agredidos», dijo Lima. También se ha pasado de hacer de dos a cuatro conteos diarios, en los que se revisa si las personas tienen señales de violencia. Es en estos momentos que muchos aprovechan para decirles a los custodios que desean ser aislados porque temen por su vida.
Además, se han incrementado el número de rondas para que estas sean constantes y se puedan identificar cualquier reunión o que se esté dando alguna situación en alguna celda.
Se ha reforzado el personal que trabaja en el análisis de las cámaras de videovigilancia para detectar a tiempo cualquier agresión. Lima explicó que se ha buscado mantener la coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC) y reforzar las medidas de inteligencia interna.
Nota tomada de El Salvador Times
Walter Alexander Martínez Mendoza y Rubén Alexander Mendoza Luna, perfilados como terroristas de la pandilla Barrio 18, fueron condenados a 100 años de prisión por el homicidio de dos personas en Santa Ana.
La Fiscalía General de la República explicó que ambos fueron condenados por homicidio (35 años por cada víctima) y por agrupaciones ilícitas (30 años).
El crimen se cometió específicamente en el distrito de Chalchuapa en febrero del 2019. La investigación fiscal reveló que los imputados llegaron armados con escopetas a la casa de las víctimas, luego de entrar por la fuerza y tener una discusión les dispararon.
Algunos vecinos intentaron auxiliar a las víctimas; sin embargo, habían fallecido por el ataque.
Martínez fue capturado en octubre de 2024. El anuncio del arresto fue dado por el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, quien dijo: «un homicida menos en nuestras calles, que pagará con décadas en prisión por sus crímenes».
En esa ocasión, el funcionario aprovechó a reiterar que se utilizarán «todos los recursos del Estado para que ningún hecho de sangre quede en la impunidad y todo aquel que atente contra la vida de otro salvadoreño será sometido a la justicia».
Las autoridades de Seguridad de la administración de Nayib Bukele han sobresalido al bajar los índices de impunidad desde 2019.
En 2019, cuando se cerró con más de 2,300 homicidios, la tasa de impunidad aún alcanzaba el 97%, sin embargo, poco a poco fue disminuyendo, al cierre del 2022 se registraron 496 homicidios y la impunidad bajo a un 35%. Para el 2023 descendió a un 5% y a la fecha se mantiene a 0%. Para el 2025, cuando se reportaron 82 homicidios, todos fueron resueltos con la captura de los responsables.
«La capacidad de salir librado se ha ido reduciendo [para los homicidas] año tras año», asegura el titular de Seguridad y es que «el modelo Bukele va de la mano con la aplicación de la justicia», reiteró.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
Penas de hasta 314 años de prisión fueron impuestas a integrantes de una estructura criminal por 26 casos de robo y asesinar a cuatro usuarios de agencias bancarias, entre ellos a un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) y una profesora.
De los 38 condenados por el juez tres del Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, la mayor cantidad de años fue impuesta a Marvin Geovany García Sosa, cabecilla de la organización, quien recibió 314 años de cárcel por los delitos de homicidio agravado, robo agravado y agrupaciones ilícitas.
