Judicial
URGENTE: Tener sexo entre hombres y quedarse con la extorsión son las causas que cientos de pandilleros temen por su vida en El Salvador
El director de Centros Penales informó que hay 97 reos en Izalco y 70 en Quezaltepeque que han pedido ser aislados porque temen ser asesinados por miembros de la estructura criminal a la que pertenecen.
En el sistema penitenciario hay 137 reos pertencientes a la pandilla 18 que han sido aislados porque temen por su vida, en su mayoría han sido castigados por la estructura criminal a la que pertenecen por romper algunas de las reglas, mayoritariamente por haberse quedado con dinero de extorsión.
Ese fue el informe que rindió esta mañana el director de Centros Penales, Marco Tulio Lima, quien señaló que otros de los motivos son por haberse quedado con droga, haber sostenido relaciones sentimentales con alguna mujer que haya sido pareja de otro de los reos o, como se conoció en el centro penal de Quezaltepeque, porque encontraron a dos reos miembros de pandillas sosteniendo relaciones sexuales.
El funcionario explicó que violentar estas reglas son duramente castigadas dentro de los penales. En la mayoría de casos ocurre con los recién llegados a los penales y al encontrarse frente a los cabecillas ya se encuentran recluidos «les pasan el descontón» de lo que hayan hecho mientras estuvieron fuera.
«Tenemos cerca de 97 personas que hemos venido separando de los Izalcos para tenerlos en un sector especial y que no sean objeto de una agresión. Además, tenemos cerca de 70 personas bajo esa misma condición en Quezaltepeque. En total, son 137 personas que nosotros le damos la calidad de víctimas que por una u otra razón son rechazados dentro de la estructura y pueden ser asesinados», expuso el director.
Explicó la mayoría de estos reos aprovechan cuando los custodios para hacerles las revisiones y les piden ser aislados porque temen por su vida. Así, la Dirección de Centros Penales ha decidido aislaros y ponerlos en resguardo para evitar que sean agredidos o incluso asesinados.
Lima ejemplificó que un caso similar ocurrió en el penal de Gotera, en Morazán, donde hay cerca de 1,800 reos a quienes les llaman «retirados», donde en su mayoría se definen como expandilleros. En este caso, el proceso inició de manera similar algunos reos fueron pidieron ser aislados pues abandonaban la pandilla por haber sido rechazados.
Autodepuración del Barrio 18 Sureños
Las autoridades detallaron que obtuvieron informes de inteligencia a final de diciembre tanto de las tres fases de Izalco, como del penal de Quezaltepeque, en el que identificaron que hay un incremento de actividades conspirativas dentro de la pandilla del Barrio 18 Sureños, con la idea de tener una autodepuración en ambos penales.
«Es una estructura que está en un cambio continuo, de irse agrediendo internamente y están en plan de depuración. Desde diciembre del año pasado donde hemos recogido numerosos escritos donde han descrito acciones para autodepurarse», señaló Lima.
Esta información ya ha sido compartida con las autoridades pertinentes para realizar acciones para bajar este incremento de violencia interna dentro de los penales por esa «autodepuración».
De hecho, el ministro de Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde, detalló que el homicidio de cinco reos dentro del penal de Izalco el pasado 12 de abril está enmarcada en esta acción que busca la pandilla de «autodepuración».
Por esa razón, las autoridades informaron de algunos movimientos que se han hecho en los centros penales, además de esos aislamientos que han venido dando de manera continua.
Los movimientos
El director de Centros Penales informó que con la reubicación que se ha hecho de varios internos se pretende clasificarlos para bajar el riesgo o la peligrosidad en estos penales.
Por el momento, se han trasladado 20 cabecillas o ranfleros hacia el penal de máxima seguridad de Zacatecoluca, mejor conocido como «Zacatraz», entre ellos se encuentran 10 que fueron llevados este día a este penal y que fueron los instigadores directos del homicidio de cinco personas en el penal de Izalco.
De igual manera, se han movido 14 cabecillas de Quezaltepeque hacia e fase 3 de Izalco, que tiene el mismo régimen de máxima seguridad. Estos estuvieron involucrados en el homicidio de cuatro reos en ese penal el pasado 5 de marzo.
También, el pasado 16 de abril se hizo el traslado de 22 reos que se encontraban en fase 1 de Izalco, a la fase 3, que ya entran también al régimen de máxima seguridad.
Lima informó que la mayoría de estos sujetos que están siendo procesados, en su mayoría ya condenados, son de diferentes lugares como La Campanera, San Martín, Soyapango, Apopa, Nahuizalco, Izalco, Armenia, La Unión, Chalchuapa, Atiquizaya, por lo que pertenecen a esas clicas o tribus que operan en esos municipios.
Con todos estos cambios se pretenden bajar las amenazas y agresiones que se han dado en ambos penales del país.
Otras medidas
Además de los movimientos, Centros Penales ha decidido implementar una serie de medidas para evitar que se continúen dando estas amenazas que ponen en riesgo la integridad de los reos en ambos reclusorios.
En este sentido, la primera de ellas es que se ejecutan requisas sorpresivas. Se estiman que se realizan cerca de 85 requisas al mes en cada uno de los centros penales. Incluso se ha reforzado la operatividad pues se verifica celda por celda.
«Se verifica que las personas mantienen su condición física estable y que no tienen señales de ser agredidos», dijo Lima. También se ha pasado de hacer de dos a cuatro conteos diarios, en los que se revisa si las personas tienen señales de violencia. Es en estos momentos que muchos aprovechan para decirles a los custodios que desean ser aislados porque temen por su vida.
Además, se han incrementado el número de rondas para que estas sean constantes y se puedan identificar cualquier reunión o que se esté dando alguna situación en alguna celda.
Se ha reforzado el personal que trabaja en el análisis de las cámaras de videovigilancia para detectar a tiempo cualquier agresión. Lima explicó que se ha buscado mantener la coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC) y reforzar las medidas de inteligencia interna.
Nota tomada de El Salvador Times
Imagen de referencia
El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de cárcel a Julio Adalberto Ramírez Pérez del delito de limitación ilegal a la libertad de circulación. Además, el Tribunal ordenó a Ramírez Pérez pagar una indemnización a la víctima como reparación por el daño emocional causado.
La víctima relató que el 12 de julio de 2020, mientras caminaba por la calle principal del cantón Los Pajales en Panchimalco, fue interceptado por cuatro sujetos pertenecientes a la Mara Salvatrucha. Bajo amenazas de muerte, los terroristas le exigieron a él y a su familia que abandonaran su vivienda, acusándolo de colaborar con la Policía Nacional Civil.
Todos los sujetos portaban armas de fuego. Ramírez Pérez, en particular, apuntó con su arma a la cabeza de la víctima y la amenazó de muerte, diciéndole que no sería el primero en morir si no obedecía. Aterrorizado por las amenazas y temiendo por la seguridad de su familia, la víctima se vio obligado a abandonar su hogar.
El reporte detalla que uno de los cuatro pandilleros involucrados en el hecho falleció, por lo que el proceso en su contra fue sobreseído definitivamente. Los otros dos pandilleros ya fueron condenados por este mismo delito en juicios separados.
El pandillero de la 18 José Abel Aguirre Hernández, es enjuiciado por haber asesinado a dos mujeres, a cuatro miembros de una familia y a un jornalero, en San Luis La Herradura, departamento de La Paz.
Los dos feminicidios los consumó en el 2015, y con respecto a la masacre de la familia, las pesquisas que la Fiscalía General de la República realizó determinaron que un cabecilla de la pandilla ordenó el múltiple crimen.
El móvil fue porque un miembro de la familia había sido testigo de un caso en contra del cabecilla de la pandilla 18 y por eso pidió que lo asesinaran junto a su familia.
«Fiscalía cuenta en esta oportunidad con suficientes elementos de prueba, tanto testimonial, documental y pericial que sustentan la acusación en contra de esta persona y se está solicitando una sentencia condenatoria y que se le imponga a esta persona las penas más gravosas por cada uno de los delitos cometidos», manifestó un fiscal.
El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador, revisará toda la prueba y escuchará la declaración de testigos que la Fiscalía ha ofrecido en contra del pandillero de la facción revolucionaria de la 18.
Aguirre Hernández se había dedicado a cometer una serie de delitos en contra de la integridad y afectar patrimonialmente a personas de varios distritos del departamento de La Paz, según las indagaciones efectuadas por policías bajo la dirección de la Fiscalía.
El Tribunal 3.º de Sentencia de San Salvador instaló hoy la vista pública en contra de Fidel Antonio Zavala Pérez, procesado por el delito de estafa en perjuicio de cuatro víctimas, a quienes adeuda un monto total aproximado a los $50,000.
La audiencia se declaró por interrumpida, dado que el imputado promete pagar lo estafado el próximo 18 de diciembre, fecha en que se instalará de nuevo el juicio. El fallo del juez dependerá del cumplimento de dicho pago.
Fidel Antonio Zavala Pérez es acusado por la Fiscalía General de la República, tras la denuncia presentada por cuatro personas que lo relacionaron con una promesa de inversión de capital en el extranjero y en la bolsa de valores. A cambio de realizar depósitos mensuales, les garantizaba utilidades y mayores ganancias, en función del monto invertido. Las víctimas aportaron sumas que oscilan entre los $10,000 y $15,000, alcanzando un total de lo estafado que sobrepasa los $50,000. No obstante, con el tiempo, lo único que recibieron fueron evasivas, lo que motivó la denuncia antes las autoridades.
