Judicial
URGENTE: Tener sexo entre hombres y quedarse con la extorsión son las causas que cientos de pandilleros temen por su vida en El Salvador
El director de Centros Penales informó que hay 97 reos en Izalco y 70 en Quezaltepeque que han pedido ser aislados porque temen ser asesinados por miembros de la estructura criminal a la que pertenecen.
En el sistema penitenciario hay 137 reos pertencientes a la pandilla 18 que han sido aislados porque temen por su vida, en su mayoría han sido castigados por la estructura criminal a la que pertenecen por romper algunas de las reglas, mayoritariamente por haberse quedado con dinero de extorsión.
Ese fue el informe que rindió esta mañana el director de Centros Penales, Marco Tulio Lima, quien señaló que otros de los motivos son por haberse quedado con droga, haber sostenido relaciones sentimentales con alguna mujer que haya sido pareja de otro de los reos o, como se conoció en el centro penal de Quezaltepeque, porque encontraron a dos reos miembros de pandillas sosteniendo relaciones sexuales.
El funcionario explicó que violentar estas reglas son duramente castigadas dentro de los penales. En la mayoría de casos ocurre con los recién llegados a los penales y al encontrarse frente a los cabecillas ya se encuentran recluidos «les pasan el descontón» de lo que hayan hecho mientras estuvieron fuera.
«Tenemos cerca de 97 personas que hemos venido separando de los Izalcos para tenerlos en un sector especial y que no sean objeto de una agresión. Además, tenemos cerca de 70 personas bajo esa misma condición en Quezaltepeque. En total, son 137 personas que nosotros le damos la calidad de víctimas que por una u otra razón son rechazados dentro de la estructura y pueden ser asesinados», expuso el director.
Explicó la mayoría de estos reos aprovechan cuando los custodios para hacerles las revisiones y les piden ser aislados porque temen por su vida. Así, la Dirección de Centros Penales ha decidido aislaros y ponerlos en resguardo para evitar que sean agredidos o incluso asesinados.
Lima ejemplificó que un caso similar ocurrió en el penal de Gotera, en Morazán, donde hay cerca de 1,800 reos a quienes les llaman «retirados», donde en su mayoría se definen como expandilleros. En este caso, el proceso inició de manera similar algunos reos fueron pidieron ser aislados pues abandonaban la pandilla por haber sido rechazados.
Autodepuración del Barrio 18 Sureños
Las autoridades detallaron que obtuvieron informes de inteligencia a final de diciembre tanto de las tres fases de Izalco, como del penal de Quezaltepeque, en el que identificaron que hay un incremento de actividades conspirativas dentro de la pandilla del Barrio 18 Sureños, con la idea de tener una autodepuración en ambos penales.
«Es una estructura que está en un cambio continuo, de irse agrediendo internamente y están en plan de depuración. Desde diciembre del año pasado donde hemos recogido numerosos escritos donde han descrito acciones para autodepurarse», señaló Lima.
Esta información ya ha sido compartida con las autoridades pertinentes para realizar acciones para bajar este incremento de violencia interna dentro de los penales por esa «autodepuración».
De hecho, el ministro de Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde, detalló que el homicidio de cinco reos dentro del penal de Izalco el pasado 12 de abril está enmarcada en esta acción que busca la pandilla de «autodepuración».
Por esa razón, las autoridades informaron de algunos movimientos que se han hecho en los centros penales, además de esos aislamientos que han venido dando de manera continua.
Los movimientos
El director de Centros Penales informó que con la reubicación que se ha hecho de varios internos se pretende clasificarlos para bajar el riesgo o la peligrosidad en estos penales.
Por el momento, se han trasladado 20 cabecillas o ranfleros hacia el penal de máxima seguridad de Zacatecoluca, mejor conocido como «Zacatraz», entre ellos se encuentran 10 que fueron llevados este día a este penal y que fueron los instigadores directos del homicidio de cinco personas en el penal de Izalco.
De igual manera, se han movido 14 cabecillas de Quezaltepeque hacia e fase 3 de Izalco, que tiene el mismo régimen de máxima seguridad. Estos estuvieron involucrados en el homicidio de cuatro reos en ese penal el pasado 5 de marzo.
También, el pasado 16 de abril se hizo el traslado de 22 reos que se encontraban en fase 1 de Izalco, a la fase 3, que ya entran también al régimen de máxima seguridad.
Lima informó que la mayoría de estos sujetos que están siendo procesados, en su mayoría ya condenados, son de diferentes lugares como La Campanera, San Martín, Soyapango, Apopa, Nahuizalco, Izalco, Armenia, La Unión, Chalchuapa, Atiquizaya, por lo que pertenecen a esas clicas o tribus que operan en esos municipios.
Con todos estos cambios se pretenden bajar las amenazas y agresiones que se han dado en ambos penales del país.
Otras medidas
Además de los movimientos, Centros Penales ha decidido implementar una serie de medidas para evitar que se continúen dando estas amenazas que ponen en riesgo la integridad de los reos en ambos reclusorios.
En este sentido, la primera de ellas es que se ejecutan requisas sorpresivas. Se estiman que se realizan cerca de 85 requisas al mes en cada uno de los centros penales. Incluso se ha reforzado la operatividad pues se verifica celda por celda.
«Se verifica que las personas mantienen su condición física estable y que no tienen señales de ser agredidos», dijo Lima. También se ha pasado de hacer de dos a cuatro conteos diarios, en los que se revisa si las personas tienen señales de violencia. Es en estos momentos que muchos aprovechan para decirles a los custodios que desean ser aislados porque temen por su vida.
Además, se han incrementado el número de rondas para que estas sean constantes y se puedan identificar cualquier reunión o que se esté dando alguna situación en alguna celda.
Se ha reforzado el personal que trabaja en el análisis de las cámaras de videovigilancia para detectar a tiempo cualquier agresión. Lima explicó que se ha buscado mantener la coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC) y reforzar las medidas de inteligencia interna.
Nota tomada de El Salvador Times
El Juzgado Segundo de Paz de Soyapango ordenó que el caso contra Roxana Yaneth A. de G., de 50 años, acusada del delito de amenazas, continúe en la etapa de instrucción con la aplicación de medidas alternas a la detención.
Según la Fiscalía, los hechos ocurrieron de forma reiterada entre agosto de 2023 y abril de 2025, en un mesón de la colonia San Antonio I, en Soyapango. La acusada habría exigido a una pareja desalojar el espacio que habitaban, advirtiéndoles que, si no lo hacían, “hablaría con los pandilleros”.
Ante el temor, las víctimas abandonaron el lugar con la ayuda de un motorista de plataforma; sin embargo, al transitar por la carretera de Oro fueron interceptados por desconocidos. Uno de ellos fue bajado del vehículo y agredido físicamente. Tras recibir atención médica, ambos regresaron al mesón, donde las amenazas continuaron, por lo que interpusieron una denuncia este año.
Durante la audiencia inicial, la jueza impuso a la imputada medidas como abandonar el inmueble en un plazo de 72 horas, no intentar salir del país y presentarse a firmar al juzgado los días 15 y 30 de cada mes.
El proceso será remitido al Juzgado de Instrucción de Ciudad Delgado para continuar con la investigación.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que cinco exdirectivos de la Corporación Argoz, S. A. de C. V. enfrentarán un nuevo proceso penal por el delito de estafa agravada, tras haber defraudado a 18 víctimas con un monto total de $67,687.
Durante la audiencia inicial, el Tribunal Tercero Contra el Crimen Organizado de San Salvador ordenó la detención provisional de Rodrigo Javier Gómez Farfán, Leticia Farfán de Gómez, Mónica Ivette Sanabria Duarte, Javier Orlando Martínez Henríquez y Edwin Omar Rivera López.
De acuerdo con la acusación fiscal, la empresa Argoz promovía proyectos de lotificación en distintas zonas del país, especialmente en áreas rurales, sin contar con los permisos legales requeridos ni estar supervisada por autoridades competentes.
Según la investigación, los terrenos eran comercializados con la promesa de entregar escrituras públicas una vez cancelado el valor total de la parcela. Sin embargo, la sociedad nunca cumplió con dicho compromiso, dejando a los compradores sin respaldo legal sobre sus propiedades.
#Audiencia I La @FGR_SV responde a otras 18 víctimas en el #CasoARGOZ, quienes fueron estafadas por exdirectivos de la Corporación ARGOZ, S.A. de C.V. con un monto de $67,687.00.
Este día, se lleva a cabo la audiencia inicial en el Tribunal 3° contra el Crimen Organizado de San… pic.twitter.com/XKxCEW0LPc
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) July 21, 2025
El caso específico involucra la lotificación Santa Cecilia, ubicada en el cantón Los Zacatillos, municipio de San Juan Nonualco, en el departamento de La Paz, donde se realizaron las ventas desde el año 2016.
La Fiscalía continúa con la recopilación de pruebas documentales y testimoniales que refuercen la acusación, mientras las víctimas esperan que se les restituya su patrimonio y se haga justicia.
Judicial
Juzgado ordena detención provisional para guatemalteco acusado de atropellar a niña en Ahuachapán
El Juzgado Segundo de Paz de Ahuachapán decretó la detención provisional del ciudadano guatemalteco Jasson José Herrera Orozco, acusado de atropellar a una niña de 9 años cuando se dirigía a su centro escolar. El imputado enfrentará el proceso judicial desde prisión, según lo resolvió la instancia judicial en audiencia inicial.
La Fiscalía General de la República (FGR) acusa a Herrera Orozco de los delitos de lesiones culposas y conducción peligrosa de vehículos automotores, tras embestir a la menor Ivania en el kilómetro 114 de la carretera que conduce hacia la frontera Las Chinamas, el pasado 4 de julio.
De acuerdo con el requerimiento fiscal, el conductor se dio a la fuga tras el incidente, sin brindar asistencia a la víctima. El atropello fue captado por cámaras de videovigilancia de la zona, además de ser registrado por testigos que se encontraban en el lugar.
Debido a la gravedad de las heridas, la niña fue trasladada en helicóptero hacia el Hospital Benjamín Bloom, en San Salvador, donde continúa recibiendo atención médica especializada.
Herrera Orozco fue detenido días después en el cantón San Jerónimo, distrito de Metapán, Santa Ana, en un punto fronterizo, cuando presuntamente intentaba salir del país para evadir la acción de la justicia salvadoreña.
El Ministerio Público presentó las pruebas iniciales ante el juzgado, incluyendo los registros audiovisuales y testimonios, que evidencian la conducta del imputado al momento del incidente.
La defensa solicitó medidas sustitutivas a la detención, pero el juzgado consideró que existía riesgo de fuga, por lo que ordenó que Herrera Orozco continúe en prisión preventiva mientras se desarrolla la fase de instrucción del caso.
La FGR indicó que continuará recabando pruebas técnicas y periciales para fortalecer la acusación en la siguiente etapa del proceso.
El caso ha generado indignación en la comunidad local, donde vecinos y familiares de la víctima exigen justicia y una sanción ejemplar para el responsable del hecho.
