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Rolando Castro advierte negociaciones oscuras entre Ernesto Muyshondt y empresa colombiana para recolección de basura
El ministro de Trabajo, Rolando Castro, por medio de sus redes sociales advirtió sobre negociaciones “oscuras” entre el edil capitalino Ernesto Muyshondt y la empresa colombiana INTERASEO S.A.S.E.S.P, que dio vida a TECLASEO con la cual se privatizará el servicio de recolección de desechos sólidos y generará más impuestos a los contribuyentes de San Salvador.
En su cuenta de Twitter, el ministro Castro, recordó que el alcalde de Santa Tecla, Roberto d´Aubuisson fue “condenado por despedir trabajadores para privatizar la recolección de la basura y dio vida a TECLASEO”.
“Hoy Muyshondt privatiza la limpieza en la alcaldía de San Salvador y también contrata los mismos de TECLASEO. También serás condenado en los tribunales. Ojo capitalinos eso será otro impuesto más”, le advirtió Castro a Muyshondt.
D´aubuison entregó a esta empresa más de 20 años el municipio de Santa Tecla “como pago irrevocable”, señaló el funcionario.
Recientemente el juez Segundo de lo Contencioso de Santa Tecla ordenó la semana pasada a d´Aubuisson y a su concejo municipal, reinstalar en la primera quincena de enero a los trabajadores que fueron despedidos el 31 de julio de 2018 para darle vida al proyecto de TECLASEO.
En la resolución, el tribunal especifica que los empleados deben ser reinstalados el primer día hábil de trabajo de enero del 2021 y que a su vez deben de recibir el equivalente a tres salarios mensuales.
El ministro Castro explicó que el salario de los trabajadores debe de contemplarse en el presupuesto del 2021 y que el dinero debe de ser efectivo en los próximos quince días a partir de la resolución.
“Otro triunfo legal de los trabajadores de la alcaldía de Santa Tecla y otra derrota judicial para Roberto d´Aubuisson y su concejo municipal, como también al bufete de abogados Argueta. La justicia muchas veces tarda, pero llega y los corruptos e infractores de la ley siempre les llega su día, excelente resultado”, dijo Castro en ese entonces.
El ministro Castro dijo que “según información, Muyshondt también está negociando para entregar los impuestos (tasas) a muchos años a esta empresa colombiana”.
“Hay que investigar a profundidad esos negocios oscuros”, señaló el ministro Castro, quien en reiteradas ocasiones ha denunciado los atropellos de estos dos alcaldes de ARENA contra los empleados municipales.
Muyshondt enfrenta una lluvia de denuncias, entre estos un proceso penal en el Juzgado Segundo de Instrucción, acusado de negociar con pandillas y para lo cual fue beneficiado con medidas sustitutivas a la detención, pero aún debe responder ante la justicia.
También, el edil de San Salvador se ha lamentado de no disponer con fondos para el pago de proveedores, y las retenciones de las prestaciones como ISSS, AFP, renta y cuotas de bancos que se han descontado a decenas de empleados, que según los demandantes oscila a los $6 millones.
La denuncia de los empleados de la comuna de San Salvador, incluso está en manos del Fiscal General de la República, Raúl Melara, quien ha sido criticado por distintos sectores del país por no agilizar el caso contra Muyshondt, miembro del partido ARENA al cual también formó parte Melara en calidad de asesor.
A pesar de no contar con fondos, avaló recientemente una renovación de contrato de publicidad de la alcaldía de San Salvador por aproximadamente medio millón de dólares, lo que contrasta con los lamentos de no contar con fondos para pagar a proveedores y las obligaciones de descuentos que han realizado a empleados de la comuna, que según los denunciantes es de aproximadamente seis millones de dólares.
Además de eso, el ministro Castro solicitó al Tribunal Supremo Electoral excluir a d´Aubuisson y Muyshondt del próximo proceso electoral del 28 de febrero.
“Inscribirlos sería un precedente nefasto: que personas condenadas puedan aspirar a un cargo de elección popular”, subrayó el ministro Castro, para quien el TSE ignoró su propuesta por lo que ambos candidatos areneros buscarán la reelección.
Un vehículo decomisado por Inteligencia Policial con droga y armas de fuego, pasó al Estado, según una resolución que emitió el Juzgado Especializado en Extinción de Dominio con sede en San Salvador.
El automotor, propiedad de Marcelo Rolando Rivas Bonilla, fue incautado en la Avenida Cuba, del barrio San Jacinto, San Salvador, a German Stanley Martínez Aguilar, Héctor Geovanny Mayora Rosales y Jocelyn Rosario Arévalo Martínez.
Les decomisaron dos armas de fuego tipo micro UZI, calibre 9 milímetros, 453 porciones pequeñas y una porción grande de marihuana.
En la audiencia de sentencia, quedó establecido que el propietario del vehículo fue negligente al no cumplir con la debida diligencia que exige la ley y respaldarse con un contrato de arrendamiento, ya que cuatro días antes del hecho lo prestó a German Stanley Martínez Aguilar.
El extorsionista de la pandilla 18, Víctor Alejandro Valle Zelaya, fue condenado a 15 años de prisión por el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador.
En la vista pública quedó establecido que entre enero del 2021 a marzo del 2022, junto a un grupo de pandilleros llegó al negocio de una víctima con régimen de protección en Apopa, para exigirle $125 mensuales a cambio de dejarlo trabajar y no asesinarlo junto a su familia.
Valle Zelaya, como miembro activo de la pandilla 18, las fuerzas de seguridad lo detuvieron en octubre de 2025 en el marco del régimen de excepción.
El caso comenzó a ser investigado luego que el comerciante interpusiera la denuncia ante las autoridades. Mencionó que fue coaccionado por el imputado y los demás terroristas para pagar la cuota de dinero mensual
En el fallo judicial se mencionó que la principal prueba y que resultó clave para emitir la sentencia condenatoria, fue el testimonio de la persona afectada. La víctima lo identificó plenamente ante el tribunal, dijo que fue uno de los chantajistas que llegaba a retirar el dinero y que lo mantenía amenazado a muerte, la colaboración del denunciante sirvió para emitir el veredicto condenatorio por extorsión agravada.
Penas de 25 a 45 años de cárcel fueron impuestas a 60 terroristas de la Mara Salvatrucha que delinquían en tres distritos del departamento de Cuscatlán.
En la audiencia única abierta, el Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado de San Salvador, los encontró responsables por el delito de agrupaciones ilícitas.
La Fiscalía General de la República, acreditó que son integrantes de la clica Walter Locos Salvatruchos y determinó los rangos de cada uno de los pandilleros.
A Luis Alonso Díaz Fernández, alias Lunático, el juez lo sentenció a 45 años de prisión, el ministerio público probó que tenía el rango de encargado de base del programa Cuscatlán, una estructura superior de donde dependía la célula territorial Walter.
Esta agrupación tenía un perímetro de cobertura que comenzaba desde la entrada a Cojutepeque, próximo a Instituto Nacional Walter Thilo Deininger y se extendía hacia los distritos de Monte San Juan y Santa Cruz Michapa.
Al momento de emitir el fallo, el tribunal también condenó a 24 imputados a 30 años de prisión. Se detalló que 16 tenían el rango de homeboy, cinco el de chequeo y tres el de observación.
Otros 35 pandilleros con el rango de colaboradores activos recibieron 25 años de cárcel y deberán permanecer en diversos centros penales donde han permanecido desde que fueron detenidos por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y miembros de la Fuerza Armada.
Los representantes del ministerio público presentaron en la audiencia prueba que vinculó a los procesados a la Mara Salvatrucha y la participación en una serie de actividades delincuenciales que estuvieron ejecutando en la zona norponiente de Cojutepeque.
Esta estructura extorsionó y asesinó durante varios años, pero con la entrada en vigencia del régimen de excepción, las fuerzas de seguridad arrestaron a cada uno de sus miembros a través de las incursiones realizadas entre el 2022 y 2025.
Cuando los detuvieron fueron acusados en varios expedientes, pero tras la reforma a la Ley contra el Crimen Organizado, la Fiscalía General de la República los agrupó en un solo expediente para asignarles una causa y enjuiciarlos como estructura, solicitando al tribunal que les aplicara las penas máximas por el delito de agrupaciones ilícitas, por su pertenencia a la Mara Salvatrucha
