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Roberto Rubio fue investigado por lavado de dinero y compras “fraudulentas” de propiedades
La Fiscalía General de la República (FGR) abrió un expediente de investigación por el delito de Lavado de Dinero y Activos en contra de Roberto Rubio, actual Presidente de la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE) en el 2017, de acuerdo a una publicación de un medio digital, hasta la fecha Rubio no ha sido judicializado.
De acuerdo a investigaciones de la FGR Rubio tiene dos propiedades a su nombre, una de 13 mil metros cuadrados de extensión en La Reina, Chalatenango; y otra con múltiples hipotecas en su historial en Jucuarán, Usulután, y además lo relacionan a un terreno en la residencial Altos de Tenerife y una vivienda en la colonia Loma Linda.
La Unidad de Investigación Financiera (UIF) de la FGR inició una investigación, debido a la declaración de testigos que indican que Rubio “recibió varios millones de dólares de la partida secreta y esto fue ingresado a las cuentas de FUNDE y otras empresas relacionadas al caso”.
La FGR investigó el árbol genealógico de Rubio, así como a las empresas vinculadas al caso, además realizó seguimientos para determinar con quiénes se reunía.
El Ministerio Público solicitó investigar la relación existente entre Rubio y Pablo Gómez, el exasistente de la Unidad Financiera Institucional de Casa Presidencial, que era encargado de sacar el efectivo de la partida secreta y que guarda prisión por su vinculación en los casos de corrupción de los expresidentes de la República, Elías Antonio Saca y Mauricio Funes.
Entre los documentos de la investigación figuran varias cotizaciones de los empleados de FUNDE realizadas durante varios años.
La Fiscalía determinó que Rubio fue miembro de la junta directiva de la empresa RUDA S.A. de C.V., junto al exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Roberto Argueta Manzano, y el abogado de la familia Dueñas, Juan Pablo Ernesto Córdova Hinds. “Según la información recabada por Fiscalía, Rubio compartió junta directiva de RUDA S.A. de C.V. con el ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Roberto Argueta Manzano, y el abogado de la familia Dueñas, Juan Pablo Ernesto Córdova Hinds.
Dicha empresa está habilitada para realizar cualquier tipo de transacción financiera, aunque fue iniciada como una sociedad para desarrollar tareas agrícolas”, detalla una publicación de DLP.
El director de Protección Civil, Luis Alonso Amaya, informó durante la presentación del balance de acciones como parte del #PlanVerano 2025, que durante el periodo vacacional se realizaron 74 rescates en montaña, una cifra muy superior a los 20 reportados en 2024.
Asimismo, se atendieron 378 accidentes de tránsito, dejando 252 personas lesionadas, frente a 340 accidentes y 212 lesionados del año anterior.
También se reportaron 46 detenciones por conducción peligrosa, una reducción considerable frente a las 107 del año pasado, lo cual refleja una mejora en la conciencia vial.
“Nos encontramos en la fase final del período vacacional, donde tradicionalmente aumenta la afluencia turística en los principales destinos”, señaló Amaya.
En noviembre de 2024, el presidente Nayib Bukele brindó un contundente discurso en defensa de su estrategia de seguridad, destacando que la fuerza del Estado debe garantizar los derechos humanos de las personas que históricamente han sido olvidadas: las víctimas.
“La fuerza del Estado no debe usarse para violar derechos humanos, sino para garantizarlos, especialmente los de la gente que nunca ha sido defendida”, afirmó Bukele. Enfatizó que no todos los derechos tienen la misma ponderación y que “el derecho humano más importante es el derecho a la vida. Ningún otro se puede ejercer sin este”.
El mandatario hizo un recuento de cómo, antes de su administración, los pandilleros eran arrestados y liberados en cuestión de días, lo que derivaba en represalias violentas contra las familias de los policías. “Los delincuentes tienen derechos humanos porque son humanos, pero no más derechos que los demás”, subrayó.
El Jefe de Estado salvadoreño ilustró la gravedad del fenómeno criminal en su país con el caso de una mujer a quien sus propios sobrinos pandilleros le cortaron ambas manos por no pagar extorsión. “Ella hace barras de chocolate sin tener manos. Nadie defendió su derecho humano. Nadie habló por ella”, expresó.
Bukele también denunció que, durante años, miles de salvadoreños vivieron bajo el terror: “Les cortaban las cabezas para mandar mensajes, violaban mujeres, extorsionaban negocios, impedían a los niños jugar en las canchas. ¿Quién habló por ellos?”, cuestionó.
Finalmente, recalcó que la lucha contra las pandillas no solo requiere arrestar criminales, sino asegurarse de que permanezcan en prisión. “Es imposible salir del ciclo de violencia si toda la sociedad no apoya el plan completo”, concluyó.
Desde el Parque Natural Puerta del Diablo, en Panchimalco, autoridades brindaron un balance preliminar de las incidencias atendidas entre el sábado 12 y el viernes 18 de abril, como parte del Plan Verano 2025.
El informe fue presentado por el director de Protección Civil, Luis Alonso Amaya; el director de Bomberos, Baltazar Solano; el gobernador de San Salvador, Eduardo Godoy, y el director del SEM 132, Carlos Orellana.
Los datos revelan un aumento significativo en incidentes como incendios forestales (23 en 2025 frente a 15 en 2024), estructurales (28 en 2025 frente a 21 en 2024) y de maleza (235 en 2025 frente a 171 en 2024).
En cuanto a rescates acuáticos, se reportan 67 simples y 61 profundos este año, cifras superiores a las del mismo periodo de 2024.
