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Privatización de recolección de la basura en San Salvador generó más gasto a capitalinos
Desde febrero del presente año la alcaldía de San Salvador paga más dinero por la recolección de la basura y por el traslado de la misma hasta su disposición final, luego que el alcalde Ernesto Muyshondt firmara un contrato con las empresas TRADESS S.E.M. de CV (Transporte de Desechos de San Salvador) de origen salvadoreño y con la colombiana ATESSA S.E.M. de CV (Aseo Técnico de San Salvador).
Según el nuevo tarifario, la comuna paga un dólar de más por tonelada en el transporte de las góndolas que pasó de ser de $15.28 a los $16.28.
En ese sentido y en un cuadro comparativo que ha circulado en redes sociales se demuestra que entre enero y junio la alcaldía habría recolectado unas 84 mil 321.64 toneladas de basura y con la tarifa del 2019 pagó 1 millón 288 mil 434 con 66 centavos de dólar, pero con el ajuste que hicieron en el 2020, la comuna pagó 1 millón 372 mil 756 con 30 centavos de dólar.
Lo que representa que por ese incremento la comuna capitalina pagó 84 mil 321 con 64 centavos de dólar.
Sin embargo, el mayor impacto generado es en la recolección de la basura en los mercados municipales de San Salvador, donde paga $64.41 por tonelada.
En el cuadro comparativo se detalla que entre febrero y junio habrían recolectado 7,035.37 toneladas de basura a un costo de $64.41 con la tarifa del 2020, lo que hace un monto de $453,148.19.
Por esa misma cantidad de basura al precio mensual de $24,528.25 del 2019 la alcaldía hubiera pagado $147,169.50. Esto significa que hubo un desembolso de $305,978.69.
La recolección de la basura en los mercados el costo fijo era de $24,528.25 al mes y con el incremento la comuna paga entre los $59,512.91 y los $93,544.58 mensuales.
A principio del presente año ASTRAM denunció que ambas compañías luego de su creación en tiempo récord, firmaron contratos con una vigencia de 10 años con la alcaldía capitalina para brindar los servicios antes señalados.
En esa ocasión se revelaron que por TRADESS S.E.M. de CV firmaron contrato el Director Presidente y representante legal de dicha empresa, Oscar Andrés Bonilla Monterrosa con el alcalde Ernesto Myshodnt.
Mientras que por ATESSA S.E.M. de CV, el acuerdo fue firmado entre el edil capitalino y la colombiana Martha Isabel Medina García, quien es Directora Presidenta y representante legal de dicha empresa.
Por este caso el ministro de Trabajo, Rolando Castro dijo recientemente tener pruebas que el remanente de dinero por el incremento retorna al alcalde Ernesto Muyshondt y que por este motivo la comuna paga de forma puntual a ambas empresas, no así el dinero de AFP´s, ISSS y de los préstamos personales de los empleados que les son descontados y no son enviados a los destinos finales.
“En este país debemos sentar precedente en función de los más vulnerables, NO se vale que del dinero de los trabajadores sirva al Alcalde de San Salvador, para hacer negocios oscuros, NO se vale y tiene que pagar en la cárcel, él y su grupito corrupto”, escribió el funcionario en su cuenta de Twitter.
Y con relación al alto costo en la recolección de la basura en San Salvador, Rolando Castro les dijo a los del partido ARENA que si ellos reclaman al Ejecutivo transparencia, “deben dar una mirada a lo que sucede con su gobierno municipal y esto es apenas la punta del iceberg, NO solo saquearon el país, lo siguen haciendo”.
La prolonganción de esta herramienta legal fue avalada con los votos de 57 diputados de los partidos Nuevas Ideas, PCN y PDC, que consideraron válidos los argumentos planteados por el Órgano Ejecutivo al solicitar la extensión por 30 días, entre esos que «existen intentos de reorganización de grupos criminales».
En el decreto se expone que las autoridades recientemente capturaron a sujetos que tenían la aspiración de formar y operar pandillas cerca de los centros escolares, o sus entornos, a través de acciones como la «intimidación, reclutamiento y promoción de actividades ilícitas».
Agrega que el contexto regional demanda de atención especial, debido a que se «ha elevado y acelerado la actuación criminal en distintos países de la región, particularmente en la República de Guatemala».
Se subraya que «estos acontecimientos evidencian un incremento progresivo de la actividad de las pandillas en la región, y ponen en riesgo la paz, el orden y la seguridad en El Salvador».
Durante la discusión de la iniciativa, en la sesión plenaria 95, el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, destacó el respaldo de los diputados que han acompañado el proyecto de seguridad del presidente Bukele, desde el 27 de marzo de 2022, cuando se aprobó por primera vez el régimen de excepción con «votos que están cambiando la vida de los salvadoreños».
Castro añadió que el clima de seguridad permite que ahora los niños puedan jugar frente a sus casas, las comunidades recuperar sus canchas, entre otras actividades que se han retomado y han mejorado la convivencia.
Caleb Navarro, diputado de Nuevas Ideas, puntualizó que en 2025 se registraron 82 homicidios a escala nacional, y todos fueron resueltos, alcanzando una tasa de efectividad del 100 %.
Agregó que antes nadie se preocupaba los homicidios y quedaban en la impunidad «ahora hablamos con números y los números no mienten», detalló.
Con 54 votos el congreso autorizó ayer al Ministerio de Hacienda para que suscriba un contrato de préstamo, por $16.7 millones, con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF).
El decreto aprobado permitirá al país recibir el denominado «segundo financiamiento adicional del Programa Crecer y Aprender Juntos, desarrollo de la primera infancia de El Salvador».
Dicho programa plantea el propósito de continuar mejorando las prácticas de enseñanza, educación y cuidado en la primera infancia a escala nacional, así como los ambientes físicos de aprendizaje de centros seleccionados de educación y primera infancia.
En el decreto aprobado se establece que el contrato que suscriba Hacienda, o quien designe, deberá someterse al aval posterior de la Asamblea Legislativa.
La iniciativa del Ejecutivo, a través de Hacienda, fue ingresada ayer a la plenaria a través de modificación de agenda, en la que se solicitó su aprobación con dispensa de trámite.
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Ocho sujetos fueron condenados hasta con 95 años de cárcel por diversos delitos en San Salvador
Penas de prisión de hasta 95 años de cárcel logró la Fiscalía para ocho personas -cuatro de ellas en calidad de reos ausentes-, a quienes se les procesó por los delitos de agrupaciones ilícitas, extorsión agravada, lavado de dinero y activos, asimismo, estafa y hurto de identidad, en perjuicio de varias víctimas.
De acuerdo a la información fiscal, esta investigación inició en 2023 a raíz de avisos por parte familiares de personas detenidas, donde manifestaron haber sido víctimas de estafas y otros delitos.
Según las investigaciones, los imputados crearon una página en una red social y se hicieron pasar como abogados. Bajo este mecanismo de engaño ofrecían sus servicios legales para poder sacar de la cárcel a personas detenidas, a cambio de que los familiares de los presos les pagaran grandes cantidades de dinero.
Con esta modalidad los sujetos estafaron al menos a cuatro personas, quienes finalmente decidieron denunciarlos ante las autoridades.
En este caso, Ana Elizabeth Rodríguez Umaña (presente) fue condenada a la pena de 33 años de prisión por los delitos de agrupaciones ilícitas, estafa, extorsión agravada y lavado de dinero y activos.
Por esos mismos delitos se condenó a 35 años a Jennifer Gabriela Sandoval y a 26 años de prisión a Karla Cristina Aguirre Quintanilla y Blanca Mirian Menjívar Pineda (todas presentes).
En ausencia fue condenado Marco Sebastián Pintor Rodríguez, alias “tatuado”, quien fue perfilado como cabecilla de la estructura y miembro de la pandilla Barrio 18. A él se le procesó por los delitos de agrupaciones ilícitas, estafa, extorsión agravada y lavado de dinero y activos, además de hurto de identidad.
Jennifer Guadalupe Menjívar Pineda (también ausente) recibió una condena de 50 años de prisión; Gabriela Alexandra Pintor Rodríguez (ausente) deberá cumplir una pena de cárcel de 25 años y Frania Elizabeth Pintor fue condenada a 5 años de prisión solo por lavado de dinero y activos.
Asimismo, se les condenó al pago de $30,500 dólares y de no pagar esta cantidad, se aumentará un tercio de la pena impuesta a cada imputado, según lo estipula la respectiva ley.
Las condenas de prisión fueron impuestas por el Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador al valorar toda la prueba documental, pericial y testimonial que presentó la FGR en juicio.
