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Pandilleros evolucionan en sus ataques contra policías, ahora usan explosivos
De los ataques en contra de las fuerzas de seguridad no se ha registrado muertes, pero sí policías lesionados.
Los atentados terroristas en contra de policías han dado un giro y en lo que va del año se registran tres hechos con explosivos, siendo el de la madrugada del domingo en Panchimalco el más reciente. Este se suma a uno ocurrido en la carretera al Puerto de La Libertad y uno más en Aguilares.
Los tres tienen características similares, como el uso de explosivos cuyo manejo no es usual, que tienen un mayor poder destructivo y que van dirigidos directamente contra autoridades de seguridad. Antes de los tres eventos mencionados, los ataques eran con armas cortas y largas, cuerpo a cuerpo.
Las tácticas usadas por los criminales han ido cambiando con el tiempo.
En horas de la madrugada del 28 de abril, la base rural de la Policía Nacional Civil (PNC) del cantón Mil Cumbres de Panchimalco reportó un ataque con explosivos que provocó un agujero en una de las paredes y lazó por los aires el techo de la delegación, además de provocar daños en mobiliario y pertenencias de los uniformados.
Al momento del ataque no había personal en el lugar, por lo que nadie resultó lesionado.
El subdirector de Seguridad Pública, Hugo Armando Ramírez, señaló que el artefacto utilizado era «casero o artesanal» y aclaró que tienen las sospechas apuntan a que el aparato pudo ser lanzado o estaba dentro de la vivienda, sin ahondar más en los detalles.
Hasta la tarde del sábado, las autoridades policiales no se habían pronunciado para dar mayor información.
Pero el del sábado fue uno de varios ataques con características similares. En febrero e inicios de abril se dieron otras agresiones que sí dejaron personas afectadas.
Era la mañana del sábado 7 de abril del 2018, tres agentes de la PNC en el municipio de Aguilares, San Salvador, fueron lanzados al suelo después de que un explosivo simulado como cadáver estallara. Fuentes policiales aseguraron que el atentado fue una trampa preparada por la pandilla 18 con el objetivo de asesinar a los agentes, quienes atendían una falsa alarma en la zona. De los tres policías heridos, uno resultó con mayor afectación.
El supuesto fallecido era en realidad un tambo de gas propano al que habían puesto ropa para que pareciera un cuerpo humano, pero «era una trampa, una emboscada para los agentes» dijo una fuente consultada por El Salvador Times ese día.
El domingo 11 de febrero de este año, dos agentes del CAM resultaron heridos después que un coche bomba estallara sobre el kilómetro 14 de la carretera al Puerto de La Libertad, en el sentido que conduce hacia San Salvador. La Fiscalía General de la República (FGR) informó ese día que el vehículo con reporte de robo fue encontrado en estado de abandono, lo que se hizo extraño para los agentes, por lo que decidieron bajarse e inspeccionarlo, pero al momento de abrir las puertas, el automóvil estalló.
Después de las indagaciones policiales concluyeron que el automóvil estaba cargado con el componente C-4, un explosivo plástico de uso militar.
Los agentes del CAM fueron trasladados a un centro asistencial con heridas leves.
En los tres casos los artefactos explosivos utilizados son tipificados por las autoridades como de carácter artesanal es decir que personas con un conocimiento básico o avanzado en explosivos los elabora con el propósito de provocar de dañar a la autoridad policial.
Este periódico buscó la versión de la División de Armas y Explosivos de la PNC para indagar sobre la evolución de este tipo de ataques y como ha sido que los pandilleros han logrado tal nivel de evolución, sin embargo, señalaron que no podía hablar sobre el tema sino hasta el día lunes.
FUENTE: EL SALVADOR TIMES . NOTA AQUÍ
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Padres de familia del Instituto Nacional General Francisco Menéndez (Inframen) expresaron su respaldo a los operativos ejecutados esta semana por la Fiscalía General de la República (FGR) y la Policía Nacional Civil (PNC), mediante los cuales se desarticuló una estructura pandilleril en formación conocida como “La Raza Estudiantil”.
El centro educativo, que atiende a aproximadamente 1,700 estudiantes, ha sido escenario de hechos relacionados con pandillas en años anteriores. Varios padres coincidieron en que estas acciones brindan mayor seguridad y tranquilidad a los alumnos y sus familias.
“Con este tipo de acciones resguardan a miles de estudiantes. Yo me siento más segura y ellos también”, opinó Briseyda, madre de dos jóvenes que estudian en el Inframen.
Rosa, madre de una estudiante de primer año, también apoyó los operativos, señalando que el instituto en décadas pasadas fue golpeado por la violencia de las pandillas. “El que anda metido en problemas, tiene sus consecuencias, pero uno de padre tiene que estar pendiente de sus hijos”, agregó otra madre, Ana.
Por su parte, Ruth Carranza explicó que decidió matricular a su hija en el Inframen por las mejoras en seguridad implementadas en el país desde 2019. “Avalo que las autoridades estén cortando de raíz estas conductas delictivas. Que esto sirva como ejemplo”, afirmó.
#DePaís | Este es el panorama afuera del INFRAMEN donde el pasado martes la @FGR_SV ejecutó un operativo para desarticular una nueva pandilla en formación. Los padres de familia aprueban que las autoridades lleven a cabo este tipo de acciones para evitar ilícitos. 📹: Gadiel… pic.twitter.com/mGpNVpY72d
— Diario El Salvador (@elsalvador) June 26, 2025
El caso
El pasado martes, las autoridades capturaron a 40 estudiantes vinculados con la estructura criminal, procedentes de cuatro institutos nacionales de San Salvador: 28 del Inframen, 6 del Instituto Nacional Albert Camus, 4 del Instituto Nacional Técnico Industrial (INTI) y 2 del Instituto Nacional Acción Cívica Militar..
Según la FGR, los jóvenes pretendían reclutar más miembros y organizaban actos delictivos. Las investigaciones revelan que amedrentaban a sus compañeros, y algunos están acusados de agresiones sexuales, consumo de drogas y violencia física. Entre los capturados hay tres que ya no eran estudiantes, pero que anteriormente cursaron estudios en el Inframen y ahora se presume estaban colaborando desde fuera.
Los imputados serán procesados por agrupaciones ilícitas y otros delitos relacionados. Las autoridades reiteraron su compromiso de erradicar toda manifestación delictiva en los centros educativos del país.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador sentenció a 10 años de cárcel a la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Patricia Montano de Martínez, por los delitos de incumplimiento de deberes y negociaciones ilícitas, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
Durante el juicio, la Fiscalía demostró que Montano tomó decisiones arbitrarias para destinar fondos municipales, priorizando gastos en eventos artísticos y fiestas patronales por encima del pago de prestaciones laborales a empleados de la alcaldía. La malversación asciende a $282,621.52 dólares.
La investigación surgió tras denuncias de empleados municipales por impago de salarios y prestaciones durante 2022. Además, se reveló que Ricardo Arturo Roque Baires, otro de los imputados, asesoraba jurídicamente al concejo a cambio de un nombramiento como jefe de transporte, y que Montano le adjudicó ilegalmente un proyecto.
Aunque Montano enfrentaba cargos adicionales por apropiación o retención de cuotas laborales, malversación y violaciones laborales, fue absuelta de estos debido a que la comuna no tenía liquidez para efectuar pagos y que se negociaron con las AFP para solventarlos después. También se aclaró que la aprobación de presupuestos para las fiestas patronales correspondía al concejo municipal, no solo a la exalcaldesa.
La condena se desglosa en 6 años por incumplimiento de deberes y 4 años por negociaciones ilícitas. Los otros tres imputados fueron absueltos y quedaron en libertad por orden del tribunal.
