Judicial
Pandillero de la MS que era «DJ» fue condenado por portar arma de fuego. Entérese de todo aquí
Un DJ que forma parte de la MS fue condenado a 4 años de cárcel por haber sido sorprendido con un arma de fuego de la que no pudo justificar su procedencia y tampoco tenía permiso para portar, su madre alega que el caso se trata de una persecución en contra del joven que estaba por comenzar a estudiar.
Jonatan Ayala Pineda, de 20 años de edad, se ganaba la vida como DJ de un bar en Soyapango, no obstante, estaba ligado a la pandilla que delinque en la zona en la que creció y en la que llegó a tener un rango por las actividades delictivas que realizaba.
Según representantes de la Fiscalía General de la República (FGR), el 18 de agosto del 2017, Pineda fue sorprendido cuando vagaba con otros sujetos por policías que se aparecieron en su camino.
Los sujetos intentaron escapar de los agentes, pero de los tres Ayala no logró su cometido y fue alcanzado para una requisa que dio con el hallazgo de una pistola que portaba y que confesó que no era suya, además, que no tenía el permiso requerido.
El DJ quedó detenido y las investigaciones señalaron que el arma decomisada había sido robada a un vigilante privado el 18 de febrero de 2017 en el departamento de Ahuachapán; algo que procedió para que la Fiscalía presentara la respectiva acusación.
Durante el proceso judicial, el imputado estuvo en libertad bajo medidas, pese a que la representación fiscal señaló en reiterada ocasiones que se trataba de un pandillero.
El juicio
El 30 de enero del 2019, Ayala escuchó al fiscal del caso acusarlo por los delitos de portación y tenencia irresponsable de arma de fuego y receptación, pero su abogada recriminó a los agentes haber estigmatizado a su cliente por la zona en la que vive.
El juez explicó que exoneraba al imputado por el delito de receptación ya que no se había logrado comprobar que la pistola había sido robada o sí este tenía el conocimiento de que cargaba un objeto ilícito.
Por el delito de portación “la cosa es distinta, los captores (policías) no fueron desacreditados. No tenía licencia para tener armar de fuego, la portaba ilegalmente”, dijo el juzgador.
En un primer momento, el juez consideró imponerle la pena mínima de tres años, la cual le permitiría el remplazo por trabajos de utilidad pública, sin embargo, su decisión cambió en cuestión de segundos.
“¿Qué cosas buenas puede andar haciendo un muchacho con un arma de fuego?”, se cuestionó el juez quien tras tocar su mentón determinó que la pena para el acusado iba ser de cuatro años.
La decisión del tribunal tomó por sorpresa a Ayala que resignado pidió ser trasladado al penal de Chalatenango, lugar en el que se encuentran recluidos miembros de la pandilla a la que pertenece.
Su madre en el pasillo del tribunal
Con lágrimas en los ojos y sin soltar una mochila negra, la madre de Ayala no creía la sentencia impuesta a su primogénito.
La mujer denunció el caso como un un acto arbitrario, ya que dice que esto fue obra de los policías que llegaron a la colonia esa noche.
Según la versión de la mujer, el DJ había salido a comer cerca de su casa cuando de pronto los policías llegaron y lo arrestaron para implantarle el arma.
“Ahí quedaron las pupusas tiradas, lo golpearon y los policías le dispararon. Yo no estaba ese día, cuando llegué no lo encontré; me dijeron que se lo habían llevado”, aseguró la mujer que miró a su hijo salir esposado para pagar su condena.
El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Miguel impuso penas de entre 8 y 155 años de prisión a 15 miembros de la Mara Salvatrucha, tras ser hallados culpables de cometer diversos delitos, entre ellos homicidio agravado, intento de homicidio y organizaciones terroristas.
Los condenados pertenecían a las clicas Molinos Locos Salvatruchos y Los Ángeles Locos Salvatruchos, donde desempeñaban distintos rangos como homeboys, chequeos y paros. La Fiscalía General de la República (FGR) presentó pruebas que fueron determinantes para lograr las condenas.
Uno de los crímenes más atroces atribuidos al grupo ocurrió en noviembre de 2017 en el cantón Las Trancas, distrito de Ozatlán, donde una mujer fue privada de libertad, llevada a un cerro, asesinada con arma de fuego, desmembrada y enterrada. Su cadáver fue localizado en junio de 2018. La víctima habría sido asesinada por ser pareja de un exmiembro retirado de la pandilla, según la FGR.
Éver Wilfredo Herrera Gómez, alias el Satánico, recibió la condena más severa: 155 años de prisión por cuatro homicidios agravados y un intento de homicidio. Otro de los sentenciados, Élmer Vladimir Rivas Ayala, alias el homeboy de la L.A, fue condenado a 42 años por homicidio agravado y participación en organizaciones terroristas.
Las autoridades reafirmaron su compromiso de continuar el combate frontal contra las estructuras criminales responsables de múltiples hechos de violencia en el país.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a Rogelio Manfredo Sánchez Hércules a 11 años de prisión y a Diana Liseth Medrano Catedral a 10 años, por el delito de extorsión agravada.
Según la Fiscalía, las pruebas presentadas durante el juicio demostraron la responsabilidad de ambos imputados, quienes pertenecen a la pandilla 18 y operaban en los distritos de Nejapa y Apopa, al norte de San Salvador.
El delito ocurrió en agosto de 2022, cuando los acusados amenazaron a la víctima con un arma de fuego exigiéndole pagos mensuales para no atentar contra su vida o la de sus familiares. Ante el temor, la víctima accedió al pago pero denunció inmediatamente el caso a las autoridades.
Tras las investigaciones, Sánchez y Medrano fueron capturados y procesados. El tribunal validó las evidencias y dictó la condena conforme al grado de participación de cada uno.
Además, ambos enfrentan otro proceso judicial por el delito de agrupaciones ilícitas.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador sentenció a 10 años de cárcel a la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Patricia Montano de Martínez, por los delitos de incumplimiento de deberes y negociaciones ilícitas, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
Durante el juicio, la Fiscalía demostró que Montano tomó decisiones arbitrarias para destinar fondos municipales, priorizando gastos en eventos artísticos y fiestas patronales por encima del pago de prestaciones laborales a empleados de la alcaldía. La malversación asciende a $282,621.52 dólares.
La investigación surgió tras denuncias de empleados municipales por impago de salarios y prestaciones durante 2022. Además, se reveló que Ricardo Arturo Roque Baires, otro de los imputados, asesoraba jurídicamente al concejo a cambio de un nombramiento como jefe de transporte, y que Montano le adjudicó ilegalmente un proyecto.
Aunque Montano enfrentaba cargos adicionales por apropiación o retención de cuotas laborales, malversación y violaciones laborales, fue absuelta de estos debido a que la comuna no tenía liquidez para efectuar pagos y que se negociaron con las AFP para solventarlos después. También se aclaró que la aprobación de presupuestos para las fiestas patronales correspondía al concejo municipal, no solo a la exalcaldesa.
La condena se desglosa en 6 años por incumplimiento de deberes y 4 años por negociaciones ilícitas. Los otros tres imputados fueron absueltos y quedaron en libertad por orden del tribunal.
