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Pandemia del COVID-19 lleva a las pandillas a cambiar método de cobro de la extorsión en El Salvador
El confinamiento por la pandemia del Coronavirus en El Salvador, ha llevado a muchos emprendedores a ingeniarse nuevas formar de negocios y transacciones de dinero para sobrevivir en el tiempo de emergencia.
Sin embargo, no solo las personas que se dedican al trabajo y a la comercializar de sus productos han modificado su forma de ingresos y subsistencia en el país, también lo han hecho las maras en su cobro de la renta o extorsiones, ya sea a tiendas, empresas, sector informal y transportistas.
Esto según un reciente estudio de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen para América Central y el Caribe (UNODC, por sus siglas en inglés) consigna que las pandillas se han visto afectadas en la disminución de su principal fuente de ingreso: la extorsión. Esto porque la economía informal, principales víctimas, no ha estado operando por la pandemia. Ante ese impacto, la UNODC estima que las pandillas están cambiando de estrategia.
Un caso claro y de esta nueva modalidad de las pandillas es el de don Ramón, quien siempre ha pagado extorsión a un grupo de pandilleros que opera donde estaciona su taxi en una esquina de San Salvador.
El pago lo ha realizado en efectivo cada mes, durante cinco años. Excepto por los tres meses de la cuarentena obligatoria decretada por el Gobierno para evitar la propagación del covid-19.
Durante ese tiempo, las autoridades prohibieron la circulación del transporte público y privado, así como los taxis. Ramón no trabajó.
Sin embargo, con la desescalada del confinamiento en El Salvador, que inició el martes 16 de junio, Ramón pudo estacionar otra vez su sedán amarillo. Minutos después, el pandillero encargado de cobrar la «renta» llegó a bordo de una bicicleta y le dijo que el pago ya no lo haría en efectivo, porque han decidido que «de ahora en adelante» lo tendría que hacer por medio de una transferencia electrónica a una cuenta bancaria.
«Estas organizaciones se están adaptando e ingeniándose nuevas formas de exigir y cobrar la extorsión, e implementando en sus zonas de control territorial las medias de aislamiento social por la fuerza», dijo Juan Ricardo Gómez Hecht, experto de la UNODC ROPAN, con sede en Panamá.
Gómez Hecht, además, advierte que las pandillas también están operando en las comunidades donde están afincadas para obtener apoyos en el marco de la pandemia.
En un reciente informe, la Fiscalía General de la República reportó las pandillas continuaron exigiendo el pago de la extorsión a pesar del confinamiento. El promedio de denuncias recibido por la institución fue de dos al día. Las principales víctimas fueron comerciales del Centro Histórico.
Información importante para todos los Miembros, Fundadores o Activos de la Sociedad de Comerciantes de Industriales Salvadoreños:
Padres de familia del Instituto Nacional General Francisco Menéndez (Inframen) expresaron su respaldo a los operativos ejecutados esta semana por la Fiscalía General de la República (FGR) y la Policía Nacional Civil (PNC), mediante los cuales se desarticuló una estructura pandilleril en formación conocida como “La Raza Estudiantil”.
El centro educativo, que atiende a aproximadamente 1,700 estudiantes, ha sido escenario de hechos relacionados con pandillas en años anteriores. Varios padres coincidieron en que estas acciones brindan mayor seguridad y tranquilidad a los alumnos y sus familias.
“Con este tipo de acciones resguardan a miles de estudiantes. Yo me siento más segura y ellos también”, opinó Briseyda, madre de dos jóvenes que estudian en el Inframen.
Rosa, madre de una estudiante de primer año, también apoyó los operativos, señalando que el instituto en décadas pasadas fue golpeado por la violencia de las pandillas. “El que anda metido en problemas, tiene sus consecuencias, pero uno de padre tiene que estar pendiente de sus hijos”, agregó otra madre, Ana.
Por su parte, Ruth Carranza explicó que decidió matricular a su hija en el Inframen por las mejoras en seguridad implementadas en el país desde 2019. “Avalo que las autoridades estén cortando de raíz estas conductas delictivas. Que esto sirva como ejemplo”, afirmó.
#DePaís | Este es el panorama afuera del INFRAMEN donde el pasado martes la @FGR_SV ejecutó un operativo para desarticular una nueva pandilla en formación. Los padres de familia aprueban que las autoridades lleven a cabo este tipo de acciones para evitar ilícitos. 📹: Gadiel… pic.twitter.com/mGpNVpY72d
— Diario El Salvador (@elsalvador) June 26, 2025
El caso
El pasado martes, las autoridades capturaron a 40 estudiantes vinculados con la estructura criminal, procedentes de cuatro institutos nacionales de San Salvador: 28 del Inframen, 6 del Instituto Nacional Albert Camus, 4 del Instituto Nacional Técnico Industrial (INTI) y 2 del Instituto Nacional Acción Cívica Militar..
Según la FGR, los jóvenes pretendían reclutar más miembros y organizaban actos delictivos. Las investigaciones revelan que amedrentaban a sus compañeros, y algunos están acusados de agresiones sexuales, consumo de drogas y violencia física. Entre los capturados hay tres que ya no eran estudiantes, pero que anteriormente cursaron estudios en el Inframen y ahora se presume estaban colaborando desde fuera.
Los imputados serán procesados por agrupaciones ilícitas y otros delitos relacionados. Las autoridades reiteraron su compromiso de erradicar toda manifestación delictiva en los centros educativos del país.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador sentenció a 10 años de cárcel a la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Patricia Montano de Martínez, por los delitos de incumplimiento de deberes y negociaciones ilícitas, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
Durante el juicio, la Fiscalía demostró que Montano tomó decisiones arbitrarias para destinar fondos municipales, priorizando gastos en eventos artísticos y fiestas patronales por encima del pago de prestaciones laborales a empleados de la alcaldía. La malversación asciende a $282,621.52 dólares.
La investigación surgió tras denuncias de empleados municipales por impago de salarios y prestaciones durante 2022. Además, se reveló que Ricardo Arturo Roque Baires, otro de los imputados, asesoraba jurídicamente al concejo a cambio de un nombramiento como jefe de transporte, y que Montano le adjudicó ilegalmente un proyecto.
Aunque Montano enfrentaba cargos adicionales por apropiación o retención de cuotas laborales, malversación y violaciones laborales, fue absuelta de estos debido a que la comuna no tenía liquidez para efectuar pagos y que se negociaron con las AFP para solventarlos después. También se aclaró que la aprobación de presupuestos para las fiestas patronales correspondía al concejo municipal, no solo a la exalcaldesa.
La condena se desglosa en 6 años por incumplimiento de deberes y 4 años por negociaciones ilícitas. Los otros tres imputados fueron absueltos y quedaron en libertad por orden del tribunal.
