Nacionales
Pandemia del COVID-19 lleva a las pandillas a cambiar método de cobro de la extorsión en El Salvador
El confinamiento por la pandemia del Coronavirus en El Salvador, ha llevado a muchos emprendedores a ingeniarse nuevas formar de negocios y transacciones de dinero para sobrevivir en el tiempo de emergencia.
Sin embargo, no solo las personas que se dedican al trabajo y a la comercializar de sus productos han modificado su forma de ingresos y subsistencia en el país, también lo han hecho las maras en su cobro de la renta o extorsiones, ya sea a tiendas, empresas, sector informal y transportistas.
Esto según un reciente estudio de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen para América Central y el Caribe (UNODC, por sus siglas en inglés) consigna que las pandillas se han visto afectadas en la disminución de su principal fuente de ingreso: la extorsión. Esto porque la economía informal, principales víctimas, no ha estado operando por la pandemia. Ante ese impacto, la UNODC estima que las pandillas están cambiando de estrategia.
Un caso claro y de esta nueva modalidad de las pandillas es el de don Ramón, quien siempre ha pagado extorsión a un grupo de pandilleros que opera donde estaciona su taxi en una esquina de San Salvador.
El pago lo ha realizado en efectivo cada mes, durante cinco años. Excepto por los tres meses de la cuarentena obligatoria decretada por el Gobierno para evitar la propagación del covid-19.
Durante ese tiempo, las autoridades prohibieron la circulación del transporte público y privado, así como los taxis. Ramón no trabajó.
Sin embargo, con la desescalada del confinamiento en El Salvador, que inició el martes 16 de junio, Ramón pudo estacionar otra vez su sedán amarillo. Minutos después, el pandillero encargado de cobrar la «renta» llegó a bordo de una bicicleta y le dijo que el pago ya no lo haría en efectivo, porque han decidido que «de ahora en adelante» lo tendría que hacer por medio de una transferencia electrónica a una cuenta bancaria.
«Estas organizaciones se están adaptando e ingeniándose nuevas formas de exigir y cobrar la extorsión, e implementando en sus zonas de control territorial las medias de aislamiento social por la fuerza», dijo Juan Ricardo Gómez Hecht, experto de la UNODC ROPAN, con sede en Panamá.
Gómez Hecht, además, advierte que las pandillas también están operando en las comunidades donde están afincadas para obtener apoyos en el marco de la pandemia.
En un reciente informe, la Fiscalía General de la República reportó las pandillas continuaron exigiendo el pago de la extorsión a pesar del confinamiento. El promedio de denuncias recibido por la institución fue de dos al día. Las principales víctimas fueron comerciales del Centro Histórico.
Nacionales
Discusión entre conductores tras accidente de tránsito genera caos vehicular en La Libertad
Un incidente de intolerancia entre conductores fue reportado en el municipio de Lourdes Colón, departamento de La Libertad, luego de un accidente de tránsito que involucró a un microbús y una motocicleta.
De acuerdo con testigos y videos difundidos en redes sociales, ambos conductores protagonizaron una acalorada discusión en plena vía pública para determinar quién tuvo la culpa del percance, que únicamente dejó daños materiales. En las imágenes se observa a uno de los involucrados amenazando al otro con un objeto, mientras este último se niega a asumir la responsabilidad del choque.
El altercado habría ocurrido en las inmediaciones de la parada de buses conocida como “El Capulín”, según comentaron usuarios en redes sociales. El tráfico en la zona se vio afectado momentáneamente, ya que ambos vehículos permanecieron detenidos sobre la vía durante la disputa.
Autoridades no han emitido un informe oficial sobre el hecho, pero hacen un llamado a los automovilistas a mantener la cordura y resolver este tipo de situaciones por la vía legal, a fin de evitar poner en riesgo la seguridad de otros usuarios de la vía.
La Red Sísmica Nacional de El Salvador ha reportado una actividad sísmica inusual en el departamento de La Unión
Entre las 3:40 a. m. del 8 de mayo y las 6:00 a. m. del 15 de mayo, la Red Sísmica Nacional de El Salvador registró un total de 204 sismos en el distrito de Conchagua, ubicado en el departamento de La Unión.
De acuerdo con el informe emitido por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), tres de los eventos sísmicos fueron sentidos por la población, con magnitudes que oscilan entre los 2.6 y 3.3 grados en la escala de Richter.
El movimiento telúrico de mayor magnitud ocurrió a las 3:55 a. m. del 12 de mayo, con una magnitud de 3.3 grados, a una profundidad de 6.8 kilómetros. Este sismo alcanzó una intensidad de IV en la escala de Mercalli Modificada, siendo perceptible en varias zonas del distrito de Conchagua.
Las autoridades atribuyen esta actividad sísmica a la activación de fallas geológicas locales, según las características de las señales registradas.
El MARN continúa con el monitoreo constante de la zona y recomienda a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y seguir las indicaciones de protección civil ante cualquier eventualidad.
Judicial
El Salvador impone condenas históricas: más de 10 pandilleros sentenciados a 100 años o más de prisión
En el marco de la política de combate frontal a las estructuras criminales, autoridades salvadoreñas han logrado en el último año la condena ejemplar de al menos diez pandilleros y criminales a penas que superan los 100 años de prisión. Los delitos incluyen homicidios, feminicidios, extorsión, privación de libertad y tráfico ilícito, según informes del sistema judicial y la Fiscalía General de la República.
Entre los casos más destacados en los primeros cuatro meses de 2025 se encuentran tres miembros de la pandilla MS-13: Gerardo Josué García, condenado a 1,071 años; Exequiel Anastasio Maradiaga Flores, con una pena de 600 años; y José Aníbal Moreira Bernal, sentenciado a 524 años. Los tres delinquieron entre 2014 y 2018 en la zona oriental del país, siendo encontrados culpables de 28 homicidios agravados, un feminicidio, 50 conspiraciones para cometer asesinatos, 38 extorsiones y otros cargos relacionados con crimen organizado.
Otros casos recientes incluyen a Pablo Edgar López y David Antonio Martínez, condenados a 155 y 120 años respectivamente, por su participación en varios homicidios y delitos cometidos en conjunto con otros miembros de la MS-13.
También se reporta la condena de Cristian Giovanni Miranda Muller, sentenciado a 100 años de cárcel por el asesinato de su excompañera de vida y su hija en Tonacatepeque, en mayo de 2021. Ronald Antonio Hernández Gómez, cómplice en el crimen, recibió 60 años de prisión.
En Ahuachapán, Jonathan Alexander Armas Patriz fue condenado a 110 años tras ser hallado culpable de feminicidio agravado, homicidio agravado y aborto sin consentimiento. El sujeto asesinó a su expareja embarazada y a un menor.
Por su parte, Jonathan Barrera Ruano, alias «Sangriento», líder de una red criminal, recibió 218 años de cárcel por diversos delitos, entre ellos el asesinato de Ruth Nohemy A. S. y su hijo de seis meses en Ciudad Delgado en noviembre de 2020. En esa misma estructura delictiva participaba Luis Alonso Zelada Ramírez, alias «Silent», quien fue sentenciado a 236 años.
En octubre del año pasado, Marvin Alberto Maldonado Arias fue condenado a 100 años por el asesinato de cuatro mujeres entre 2014 y 2017 en San José Villanueva. Dos de las víctimas fueron ejecutadas por sospechas de ser informantes, y las otras dos por haber presenciado el homicidio de un agente policial.
Finalmente, seis integrantes de la pandilla 18 fueron condenados el año pasado a penas de entre 75 y 100 años de prisión por su responsabilidad en tres homicidios y una desaparición forzada ocurridos en Ciudad Delgado entre 2021 y 2022.
Estas condenas forman parte de la ofensiva penal y judicial contra las estructuras criminales, impulsada por el Gobierno bajo el régimen de excepción. La Fiscalía ha reiterado su compromiso de llevar ante la justicia a los responsables de crímenes atroces, con el objetivo de consolidar un país libre de violencia.
