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Madre de mecánicos asesinados: “Cómo voy a tener alivio de enterrar a mis hijos, yo los quería vivos”
Por El Salvador Times/ A más de un mes que desaparecieron los tres hermanos mecánicos en las cercanías del mercado Colón de Santa Ana, la madre de los jóvenes recibió la noticia que el ADN que le realizaron a los tres cadáveres encontrados en Cutumay Camones, un cantón al norte de ese departamento, correspondían a los de sus hijos.
Doña Liliana accedió hablar con El Salvador Times. Cortante y poco expresiva al hablar, resumió la angustia que le representó enterarse de la noticia, sus hijos fueron asesinados y enterrados en un predio baldío, lo que representó un golpe directo al corazón.
La mujer dice que para ella, no es un alivio haber encontrado los cuerpos de sus hijos, ya que guardaba la esperanza que siguieran con vida; «cómo voy a tener alivio de enterrar a mis hijos, yo los quería vivos, no esperaba encontrarlos así. Yo los quería vivos», dijo.
«Una madre espera que vengan a la casa», continuó.
Aunque desde que se encontraron las tumbas clandestinas había fuertes sospechas que se tratara de los trabajadores, Liliana dijo que «no esperaba que estuvieran muertos».
Nuevo reclamo a las autoridades
La mujer volvió a cargar contra las autoridades policiales y fue muy tajante al cuestionar su trabajo, ya que según ella, si hubieran actuado de inmediato, probablemente se habrían salvado de la muerte.
«Deberían de ponerse las pilas para investigar los casos, siento que hay demasiada corrupción dentro de la Policía», acotó.
En cuanto a las personas que privaron de libertad y asesinaron a sus tres hijos, les mandó un mensaje: «No les causen dolor a las madres matando a jóvenes que no están involucrados en nada».
Doña Liliana confirmó que el jueves en horas de la mañana recibió una llamada de Medicina Legal en la que le confirmaron que las pruebas de ADN realizadas en los cadáveres pertenecían a sus hijos Jaime Ernesto, de 22 años; Óscar Alejandro, de 24, y José Mario, de 27, todos de apellidos Salazar Serrano. Anteriormente, las autoridades judiciales se excusaron diciendo que las pruebas científicas habían tardado debido a que en el último mes ha habido un repunte de homicidios, lo que los tenía ocupados.
Los tres hombres serán enterrados la tarde del viernes en el cementerio general del municipio de Chalchuapa, Santa Ana, de donde eran originarios.
Los jóvenes mecánicos desaparecieron el 29 de enero, cuando iban en busca de repuestos para un vehículo que estaban reparando. Doña Liliana les acompañaba y luego de dejarla en las cercanías del mercado Colón, ella se fue a realizar unas compras y ya no volvió a verlos.
Así avanzan las investigaciones
Por su parte, la Policía manifestó que las investigaciones entorno a los hechores de la privación de libertad y posterior asesinato de los tres mecánicos llevan un buen nivel de avance.
Un jefe policial dijo que la Unidad Antipandillas de la Fiscalía en San Salvador está llevando el caso y cuando se tengan concretamente asegurado quienes son los responsables se emitirán las órdenes administrativa de captura.
En ese sentido, detalla que se investigan a 15 pandilleros los cuales estarían involucrados en el hecho.
«A la familia de los jóvenes les digo que tengan plenamente seguridad de que el caso se va a esclarecer y que los responsables van a ir a la cárcel», aseveró el jefe policial.
«El caso es impactante y le hemos puesto todo el interés y esperamos esclarecerlo en el menor tiempo posible».
Aunque para ello, aseguró que se debe sustentar bien la investigación para que haya una condena en la vista pública y no se vaya a caer el caso.
Economia
Amnistía fiscal 2026: aprueban alivio de recargos y pagos en cuotas hasta el 11 de diciembre
La Asamblea Legislativa aprobó con 60 votos la amnistía fiscal 2026, que permitirá a personas y empresas regularizar obligaciones pendientes mediante la exoneración de determinados intereses, recargos y multas por mora. El plazo para acogerse finalizará el 11 de diciembre de 2026, y su aplicación comenzará cuando el decreto complete el trámite de sanción y publicación en el Diario Oficial.
La normativa comprende obligaciones tributarias y aduaneras, incluidos determinados casos en procesos administrativos o judiciales, conforme a las condiciones y fechas de corte establecidas. También contempla intereses y recargos acumulados por multas de tránsito y ciertas sanciones administrativas. El beneficio no elimina el impuesto adeudado ni el valor original de las multas de tránsito, y las sanciones municipales quedan fuera de esta ley.
Los contribuyentes podrán solicitar facilidades para pagar mediante una primera cuota equivalente al 10 % de la deuda y ocho mensualidades consecutivas. Este mecanismo permitirá distribuir el monto pendiente, sujeto a la autorización y las condiciones del plan correspondiente.
Quienes incumplan el convenio de pago perderán los beneficios y se reactivarán proporcionalmente los recargos aplicables al saldo pendiente. Por ello, los interesados deberán verificar con el Ministerio de Hacienda qué obligaciones pueden regularizar y completar el trámite dentro del plazo establecido.
El Juzgado Quinto de Paz de San Salvador ordenó detención provisional contra Julio Adalberto R. R., de 28 años, acusado de realizar transacciones no autorizadas con fondos de una farmacia donde trabajaba como auxiliar de informática. Las operaciones investigadas suman $49,177.77, presuntamente enviados a una billetera electrónica a su nombre.
El caso fue detectado en marzo de 2025, cuando una entidad bancaria notificó al departamento de finanzas del establecimiento sobre movimientos sospechosos. Las indagaciones internas identificaron transacciones de $250 hacia una billetera electrónica desde productos financieros administrados por el empleado.
La farmacia revisó las operaciones efectuadas entre julio de 2024 y marzo de 2025 y encontró movimientos no autorizados desde tarjetas que el imputado manejaba para gastos generales de mantenimiento. Según la acusación, esos recursos habrían sido transferidos a la cuenta electrónica vinculada con el procesado.
Durante la audiencia inicial, el juez consideró que existían indicios sobre el delito y la probable participación del acusado, por lo que dispuso que el proceso continúe a la etapa de instrucción. El cargo atribuido es obtención indebida de bienes o servicios por medio de tarjetas inteligentes o medios similares; la detención provisional no constituye una condena.
El Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Ana aprobó una conciliación entre Mario Arcides C., de 40 años, y la representante legal de su hijo, dentro de un proceso por incumplimiento de los deberes de asistencia económica. El acuerdo establece el pago de $1,840 que el imputado adeuda por obligaciones alimenticias.
Según el dictamen de acusación, la Procuraduría General de la República había fijado una cuota mensual de $80 a favor del niño. Sin embargo, el padre únicamente realizó cuatro pagos y posteriormente dejó de cumplir con la obligación establecida.
La deuda presentada en el proceso comprende cuotas pendientes entre julio de 2022 y agosto de 2023, además del aguinaldo correspondiente y la mora acumulada. Estos conceptos integran el monto que el imputado se comprometió a cancelar mediante el acuerdo avalado por el juzgado.
El pago se realizará en dos cuotas de $920: la primera deberá depositarse el 30 de noviembre de 2026 y la segunda, el 23 de diciembre del mismo año. Ambas deberán abonarse en la cuenta bancaria de la representante legal del niño, conforme a las condiciones de la conciliación.
