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Juzgue usted si merece ser electa por segunda vez como procuradora de Derechos Humanos Raquel Caballero
Foto: Cortesía
Tras abrir la Asamblea Legislativa, el pasado 27 de julio, el proceso de elección del nuevo procurador para la Defensa de los derechos Humanos, comenzaron a circular los currículum de todos los aspirantes al cargo, entre ellos, el de la exprocuradora Raquel Caballero, quien según conocedores de esta materia, no dejó un buen recuerdo en su paso por esta importante institución, surgida mediante los acuerdos de paz.
Sin embargo, ella intenta volver al cargo a pesar de tener fresca las condenas del Tribunal de Ética Gubernamental y de la Corte de Cuentas de la República, a raíz de su mal manejo administrativo mientras estuvo al frente de la PDDH.
Al cierre del plazo de inscripción se hizo público que nueve candidatos formularon su expresión su voluntad e interés y presentaron sus atestados para postularse al cargo de procurador de Defensa de los Derechos Humanos, para el periodo 2022-2025.
Tomando en cuenta que el próximo 15 de octubre de 2022 concluirá el periodo para el cual fue electo en el cargo Apolonio Tobar, y con base a la convocatoria efectuada por la Asamblea Legislativa, las personas interesadas en asumir el cargo debieron presentar sus atestados para comprobar su capacidad, competencia y moralidad notoria antes del 15 de agosto del presente año.
Dentro de los nueve postulantes se encuentra la Raquel Caballero de Guevara, quien ejerció como procuradora de Derechos Humanos en el período 2016-2019.
De acuerdo al criterio del abogado Sergio Portillo Toruño no cumple con los requisitos de competencia y moralidad notorias requeridos por la Constitución y por la Ley de la Procuraduría de Derechos Humanos.
Además, de no poder comprobar “su trayectoria en la promoción, educación y defensa de los derechos humanos, pues la evidencia durante el tiempo que ejerció el cargo es de una total incapacidad para cumplir ese mandato, al grado que ha sido condenada por faltas a la ética gubernamental y al manejo de los fondos públicos. También señala el citado jurista, que la exfuncionaria cuenta con denuncias activas en su contra ante la Fiscalía General de la República”.
Entre las razones por las que Raquel Caballero de Guevara no cumple con los requisitos exigidos para ser nombrada en el cargo y señaladas por el abogado Portillo Toruño, quien fue entrevistado como aspirante, figuran, principalmente, el historial de condenas y las denuncias activas que Caballero de Guevara cosechó como resultado de sus actuaciones equivocadas como titular de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), como son:
Fue condenada por el Tribunal de Ética Gubernamental en enero 2018 por prácticas de nepotismo, al haber ascendido a su hijastra a un cargo de mayor jerarquía institucional y con notable mejora salarial, en contravención de los deberes éticos impuestos por la Ley de Ética Gubernamental.
También fue condenada por la Corte de Cuentas de la República por el manejo indebido de fondos de la PDDH, por la suma de $180,415, durante el año 2017, al no haber cumplido con las leyes y reglamentos de la institución en la asignación y contratación de personal administrativo, compra de cámaras de videovigilancia con fondos no autorizados y pago en exceso de viáticos.
Además, mantuvo una confrontación permanente con el Sindicato de Trabajadores de la PDDH, que la acusó de actos de hostigamiento, nepotismo y arbitrariedad para con los empleados de la institución.
El abogado Portillo Toruño también mencionó que existen al menos dos denuncias interpuestas en contra de Raquel Caballero en la Fiscalía General de la República (FGR), por los delitos de incumplimiento de deberes y actos arbitrarios.
Una de estas denuncias fue formulada por su parte ante la total negligencia de la citada exprocuradora de Derechos Humanos, para defender los derechos humanos de Hilda Trigueros, quien fue injustamente acusada y guarda actualmente prisión a causa de un proceso penal fabricado con pruebas falsas por el exfiscal general Douglas Meléndez y su primo y exjefe de Crimen Organizado Wil Walter Ruiz.
Además, dijo que creía que también los abogados del empresario Enrique Rais la habían denunciado por omitir gravemente su deber de proteger los derechos humanos de las víctimas de abuso de poder.
Este medio tuvo acceso a una resolución emitida por el actual procurador de Derechos Humanos, Apolonio Tobar, el 28 de junio de 2021, cuando se determinó que Enrique Rais fue víctima de violaciones de derechos humanos ocasionados por funcionarios de la FGR bajo la titularidad de Douglas Meléndez y certificó que las órdenes de detención en contra del empresario suizo salvadoreño son ilegales por ser contrarias al debido proceso e infringir la ley de escuchas, al haber utilizado el director del Centro de Escuchas para fundar las acusaciones una serie de intervenciones telefónicas ilícitas, pero que además no tenían relación con Rais, sino que carecen de autenticidad por haber sido editadas.
En esa resolución, el procurador Tobar se refiere a las acciones deliberadas de su predecesora, Raquel Caballero de Guevara, para evitar que se resolviera conforme a derecho el caso de Rais, al expresar: “…Cuando los abogados de los señores denunciantes comenzaron a presentar escritos solicitando el pronto despacho de esta investigación instruí de manera verbal que se ubicara el expediente, pero el mismo no se encontró en el trámite normal dentro del Sistema de Protección de Derechos Humanos; sino que con el tiempo fue encontrado en un mueble ubicado en una oficina que no está destinada al resguardo de expedientes”.
Se hizo la consulta vía telefónica con el abogado Carlos Miranda, defensor de Rais, quien efectivamente confirmó que su cliente desde el año 2019 ha denunciado a la exprocuradora y que cuenta con pruebas que el exfiscal general Raúl Melara omitió la investigación penal como una continuidad de las arbitrariedades cometidas en la Fiscalía.
Para el abogado Portillo Toruño resulta además de vital importancia tomar en cuenta las actitudes erráticas y evasivas que la exprocuradora mostró cuando fue cuestionada por las condenas y denuncias en su contra.
Citó por ejemplo una entrevista realizada en el programa “Diálogo 21” con Ernesto López del 25 de julio 2019 (mientras se promovía para la reelección al cargo) en la que abordada por la situación de la condena impuesta por la contraloría de la República y que había sido divulgada en una nota de La Prensa Gráfica afirmó: “Han mezclado varias cosas. Yo creo que ahí (La Prensa Gráfica) han tergiversado la noticia. Yo realmente lamento si no han tenido datos fidedignos (…) Eso no me lo han notificado a mí. No tengo ese informe”.
Fue en aquel momento la postura de la entonces procuradora, a pesar de que los señalamientos de Corte de Cuentas son sobre acciones directamente efectuadas por la condenada y no por algún subalterno.
Al mismo tiempo recordó que públicamente Raquel Caballero reconoció no haber procedido en contra de Douglas Meléndez y el exdirector del Centro de Escuchas, a pesar de que violentaron la Constitución y la ley de escuchas, al realizar intervenciones telefónicas ilegales y editar información para realizar acusaciones en contra de Enrique Rais. «La exprocuradora utilizó el mismo argumento falso de las acusaciones de Meléndez contra el señor Rais y que también alcanzaron a mi defendida (Hilda Trigueros) que formaban parte de una red del crimen organizado. Eso quedó desmentido, lamentablemente para mi cliente no ha habido justicia y sigue detenida», aseguró Toruño.
Un fuerte accidente de tránsito se registró esta mañana en el bulevar Monseñor Romero, donde un camión y un vehículo particular se vieron involucrados en una colisión.
De acuerdo con los informes preliminares, ambos vehículos impactaron aproximadamente a 100 metros adelante de la incorporación en sentido hacia Santa Tecla, La Libertad.
Tras el percance, cuerpos de socorro se movilizaron al lugar para verificar la gravedad del accidente y la posible existencia de personas lesionadas.
Hasta el momento, se desconocen las causas que originaron el choque, ya que las autoridades policiales mantienen las investigaciones correspondientes.
La Dirección de Obras Municipales (DOM) inició la remodelación del Centro Escolar Palomía de Gualcho, ubicado en el distrito de Nueva Granada, Usulután Norte, proyecto que beneficiará a 163 estudiantes desde parvularia hasta noveno grado.
La intervención contempla la remodelación de cuatro módulos y 10 aulas, entre ellas una destinada a parvularia, la cual contará con inodoro tipo baby, ducha, lavamanos y espacios diseñados para el desarrollo de actividades lúdicas.
La DOM informó que también se mejorarán las áreas administrativas, el salón de usos múltiples, los servicios sanitarios, la cocina-comedor y la bodega. Asimismo, se demarcarán las áreas verdes, recreativas y de juegos, además de las zonas de caminamientos y rampas de acceso.
Como parte de las obras complementarias se construirán modernos sistemas de drenaje, instalaciones eléctricas y contra incendios, iluminación LED, internet gratuito, señalización, rutas de evacuación, rehabilitación de la fachada, portones principales y muros perimetrales, así como una cisterna y un cuarto de bombeo.
«Tenemos muchas dificultades, no tenemos agua potable, el estado de los baños, los techos, las aulas, necesitamos una mejora en todo. Desde que la hizo la República de Japón, nadie más volvió a invertir en la escuela», expresó Alba Luz Pineda, docente del centro escolar, al referirse a las condiciones actuales del inmueble y las expectativas por el proyecto.
La docente manifestó que, aunque posiblemente no disfrute por mucho tiempo de las nuevas instalaciones, se siente agradecida porque, bajo la gestión del presidente Nayib Bukele, el centro escolar contará con infraestructura de primer nivel.
Como parte de la modernización también se sustituirán los pisos deteriorados por superficies antideslizantes, como porcelanato y caucho, además de instalar nuevas puertas y ventanas, y techos con cubierta termoacústica para reducir el ruido y el calor.
La institución informó que todos los espacios serán amueblados y equipados de acuerdo con su función.
Esta es la décima escuela que la DOM interviene en el departamento de Usulután. De estos proyectos, uno ya fue finalizado y entregado en el caserío Agua Fría, del distrito de Jucuarán.
La Policía Nacional Civil (PNC) capturó a tres de sus agentes por el delito de cohecho, luego de que presuntamente exigieran, bajo amenazas, el pago de hasta $700 al conductor de un pick up en la zona occidental de El Salvador.
Los detenidos fueron identificados como Alfredo Rodríguez Navarro, de 49 años; Carlos Ernesto Miranda Rodríguez, de 41 años; y Josué Enmanuel Godínez Presa, de 31 años, quienes pertenecen a la División Antinarcóticos.
De acuerdo con la corporación policial, los agentes hicieron una señal de alto al conductor de un pick up en un retén instalado sobre la carretera que conduce de San Cristóbal La Frontera hacia Santa Ana.
Durante la inspección del vehículo, los agentes introdujeron sin previo aviso un canino en el automotor, lo que, según la víctima, provocó daños en documentos importantes que se encontraban en el interior.
Cuando el conductor les reclamó por lo sucedido, los agentes presuntamente le exigieron $200 y lo amenazaron con que tendría más problemas si no entregaba el dinero.
Posteriormente, lo dejaron retirarse del lugar, pero antes le solicitaron su número de teléfono celular y, más tarde, le exigieron otros $500.
Según la PNC, con las pruebas presentadas por la víctima, esta interpuso la denuncia correspondiente, lo que permitió la captura de los tres agentes, quienes serán puestos a disposición de la justicia y enfrentarán el proceso disciplinario correspondiente.
