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Juzgue usted si merece ser electa por segunda vez como procuradora de Derechos Humanos Raquel Caballero
Foto: Cortesía
Tras abrir la Asamblea Legislativa, el pasado 27 de julio, el proceso de elección del nuevo procurador para la Defensa de los derechos Humanos, comenzaron a circular los currículum de todos los aspirantes al cargo, entre ellos, el de la exprocuradora Raquel Caballero, quien según conocedores de esta materia, no dejó un buen recuerdo en su paso por esta importante institución, surgida mediante los acuerdos de paz.
Sin embargo, ella intenta volver al cargo a pesar de tener fresca las condenas del Tribunal de Ética Gubernamental y de la Corte de Cuentas de la República, a raíz de su mal manejo administrativo mientras estuvo al frente de la PDDH.
Al cierre del plazo de inscripción se hizo público que nueve candidatos formularon su expresión su voluntad e interés y presentaron sus atestados para postularse al cargo de procurador de Defensa de los Derechos Humanos, para el periodo 2022-2025.
Tomando en cuenta que el próximo 15 de octubre de 2022 concluirá el periodo para el cual fue electo en el cargo Apolonio Tobar, y con base a la convocatoria efectuada por la Asamblea Legislativa, las personas interesadas en asumir el cargo debieron presentar sus atestados para comprobar su capacidad, competencia y moralidad notoria antes del 15 de agosto del presente año.
Dentro de los nueve postulantes se encuentra la Raquel Caballero de Guevara, quien ejerció como procuradora de Derechos Humanos en el período 2016-2019.
De acuerdo al criterio del abogado Sergio Portillo Toruño no cumple con los requisitos de competencia y moralidad notorias requeridos por la Constitución y por la Ley de la Procuraduría de Derechos Humanos.
Además, de no poder comprobar “su trayectoria en la promoción, educación y defensa de los derechos humanos, pues la evidencia durante el tiempo que ejerció el cargo es de una total incapacidad para cumplir ese mandato, al grado que ha sido condenada por faltas a la ética gubernamental y al manejo de los fondos públicos. También señala el citado jurista, que la exfuncionaria cuenta con denuncias activas en su contra ante la Fiscalía General de la República”.
Entre las razones por las que Raquel Caballero de Guevara no cumple con los requisitos exigidos para ser nombrada en el cargo y señaladas por el abogado Portillo Toruño, quien fue entrevistado como aspirante, figuran, principalmente, el historial de condenas y las denuncias activas que Caballero de Guevara cosechó como resultado de sus actuaciones equivocadas como titular de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), como son:
Fue condenada por el Tribunal de Ética Gubernamental en enero 2018 por prácticas de nepotismo, al haber ascendido a su hijastra a un cargo de mayor jerarquía institucional y con notable mejora salarial, en contravención de los deberes éticos impuestos por la Ley de Ética Gubernamental.
También fue condenada por la Corte de Cuentas de la República por el manejo indebido de fondos de la PDDH, por la suma de $180,415, durante el año 2017, al no haber cumplido con las leyes y reglamentos de la institución en la asignación y contratación de personal administrativo, compra de cámaras de videovigilancia con fondos no autorizados y pago en exceso de viáticos.
Además, mantuvo una confrontación permanente con el Sindicato de Trabajadores de la PDDH, que la acusó de actos de hostigamiento, nepotismo y arbitrariedad para con los empleados de la institución.
El abogado Portillo Toruño también mencionó que existen al menos dos denuncias interpuestas en contra de Raquel Caballero en la Fiscalía General de la República (FGR), por los delitos de incumplimiento de deberes y actos arbitrarios.
Una de estas denuncias fue formulada por su parte ante la total negligencia de la citada exprocuradora de Derechos Humanos, para defender los derechos humanos de Hilda Trigueros, quien fue injustamente acusada y guarda actualmente prisión a causa de un proceso penal fabricado con pruebas falsas por el exfiscal general Douglas Meléndez y su primo y exjefe de Crimen Organizado Wil Walter Ruiz.
Además, dijo que creía que también los abogados del empresario Enrique Rais la habían denunciado por omitir gravemente su deber de proteger los derechos humanos de las víctimas de abuso de poder.
Este medio tuvo acceso a una resolución emitida por el actual procurador de Derechos Humanos, Apolonio Tobar, el 28 de junio de 2021, cuando se determinó que Enrique Rais fue víctima de violaciones de derechos humanos ocasionados por funcionarios de la FGR bajo la titularidad de Douglas Meléndez y certificó que las órdenes de detención en contra del empresario suizo salvadoreño son ilegales por ser contrarias al debido proceso e infringir la ley de escuchas, al haber utilizado el director del Centro de Escuchas para fundar las acusaciones una serie de intervenciones telefónicas ilícitas, pero que además no tenían relación con Rais, sino que carecen de autenticidad por haber sido editadas.
En esa resolución, el procurador Tobar se refiere a las acciones deliberadas de su predecesora, Raquel Caballero de Guevara, para evitar que se resolviera conforme a derecho el caso de Rais, al expresar: “…Cuando los abogados de los señores denunciantes comenzaron a presentar escritos solicitando el pronto despacho de esta investigación instruí de manera verbal que se ubicara el expediente, pero el mismo no se encontró en el trámite normal dentro del Sistema de Protección de Derechos Humanos; sino que con el tiempo fue encontrado en un mueble ubicado en una oficina que no está destinada al resguardo de expedientes”.
Se hizo la consulta vía telefónica con el abogado Carlos Miranda, defensor de Rais, quien efectivamente confirmó que su cliente desde el año 2019 ha denunciado a la exprocuradora y que cuenta con pruebas que el exfiscal general Raúl Melara omitió la investigación penal como una continuidad de las arbitrariedades cometidas en la Fiscalía.
Para el abogado Portillo Toruño resulta además de vital importancia tomar en cuenta las actitudes erráticas y evasivas que la exprocuradora mostró cuando fue cuestionada por las condenas y denuncias en su contra.
Citó por ejemplo una entrevista realizada en el programa “Diálogo 21” con Ernesto López del 25 de julio 2019 (mientras se promovía para la reelección al cargo) en la que abordada por la situación de la condena impuesta por la contraloría de la República y que había sido divulgada en una nota de La Prensa Gráfica afirmó: “Han mezclado varias cosas. Yo creo que ahí (La Prensa Gráfica) han tergiversado la noticia. Yo realmente lamento si no han tenido datos fidedignos (…) Eso no me lo han notificado a mí. No tengo ese informe”.
Fue en aquel momento la postura de la entonces procuradora, a pesar de que los señalamientos de Corte de Cuentas son sobre acciones directamente efectuadas por la condenada y no por algún subalterno.
Al mismo tiempo recordó que públicamente Raquel Caballero reconoció no haber procedido en contra de Douglas Meléndez y el exdirector del Centro de Escuchas, a pesar de que violentaron la Constitución y la ley de escuchas, al realizar intervenciones telefónicas ilegales y editar información para realizar acusaciones en contra de Enrique Rais. «La exprocuradora utilizó el mismo argumento falso de las acusaciones de Meléndez contra el señor Rais y que también alcanzaron a mi defendida (Hilda Trigueros) que formaban parte de una red del crimen organizado. Eso quedó desmentido, lamentablemente para mi cliente no ha habido justicia y sigue detenida», aseguró Toruño.
El Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 540 años de prisión a Roberto Carlos García Martínez, alias Bestia, y a 216 años de cárcel a Francisco Eduardo Ramírez Vicente, alias Yeiko. Ambos son acusados por los delitos de homicidio agravado, robo agravado y agrupaciones ilícitas.
Otros nueve imputados también fueron condenados a penas que oscilan entre cinco y 173 años de prisión por los mismos delitos.
«El juzgador valoró 11 casos de homicidio agravado y 21 casos de robo agravado en perjuicio de diversas empresas y personas particulares. La estructura estaba integrada por expolicías, exsoldados y civiles; estos últimos colaboraban proporcionando información a los líderes sobre los movimientos de comercios y víctimas, quienes eran asesinadas si se resistían durante los robos», explicó el fiscal del caso.
La mayoría de los crimines fueron ejecutados por los imputados en Chalatenango, Nueva Concepción y San Miguel. En esta última zona, llegaron a asaltar cooperativas y empresas dedicadas a la venta de motocicletas.
«Al emitir el fallo, el juez manifestó que los delitos cometidos fueron atroces y que los procesados se aprovecharon de su posición como agentes de autoridad para vulnerar a la población», indicó el fiscal.
En otro caso, el pasado 30 de abril, el Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, condenó a 260 años de prisión a Jaime Ulises Vega Guzmán, alias Siniestro, por ocho casos de homicidio agravado y por el delito de organizaciones terroristas.
Asimismo, condenó a 140 años de prisión a Elías Adonis Quijano Merino, alias Baby de los Chorros, por cuatro homicidios agravados y por el delito de organizaciones terroristas.
Otros tres ranfleros fueron sentenciados a 20 años de cárcel por el delito de organizaciones terroristas. En el caso de Melvin Adonay García Rivas, alias Badboy de Lavas, y Valentin Cruz Castro, alias Necio, fueron condenados a 50 años de prisión por los delitos de organizaciones terroristas y homicidio agravado. Ambos imputados ostentaban el rango de ranfleros en la MS.
La Policía informó que el lunes 4 de mayo finalizó con cero homicidios a escala nacional, convirtiéndose en la tercera jornada del mes sin muertes a causa de la violencia y en la 104 del año.
Los tres días sin asesinatos reportados en mayo se suman a las 27 jornadas con cero homicidios con que finalizó abril, a los 23 días sin muertes a causa de la violencia de marzo, a los 24 días de febrero y a las 27 jornadas sin asesinatos registradas en enero, para totalizar 104 días con cero homicidios en lo que va del año.
Los datos de la corporación policial también establecen que en la gestión del presidente Nayib Bukele se han reportado 1,206 días sin asesinatos, de estos, 1,092 han sido logrados entre el 27 de marzo de 2022 y el 4 de mayo de 2026, durante el régimen de excepción.
Las medidas de seguridad también permitieron que El Salvador finalizara el 2025 como el país centroamericano con menos homicidios en 2025. Mientras El Salvador solo reportó 82 asesinatos, Guatemala cerró con 3,022 homicidios, Honduras con 2,330, Costa Rica registró 856 y Panamá cerró el año anterior con 588 asesinatos.
En el actual Gobierno, las cifras en materia de seguridad han mostrado una mejora sostenida año con año, como resultado de las distintas estrategias implementadas para combatir la criminalidad. Esta tendencia se ha mantenido firme cada mes que ha transcurrido este 2026.
Con los últimos resultados obtenidos el mes anterior, se concluye que abril de 2026 superó los resultados en seguridad del año pasado en el mismo periodo. Dicho mes cerró con tres homicidios, registrando un promedio de 0.10 homicidios por día; mientras que, en el 2025, hubo 5 reflejando un promedio de 0.16. Además de cerrar con ese bajo promedio, hubo 27 días sin homicidios en abril.
Dichos indicadores, que continúan reflejando una reducción en los hechos delictivos, especialmente en homicidios, consolidan un escenario de mayor seguridad en el país.
Respecto a los homicidios reportados en abril de este año, las autoridades han logrado resolver todos los casos con la captura de los sospechosos. La más reciente fue la Maynor Humberto García Flores, responsable del homicidio en perjuicio de Lorenza del Tránsito Cardona, de 65 años, quien según la PNC, murió tras ser atacada con arma blanca. Este hecho ocurrió el 30 de abril en Candelaria de la Frontera, Santa Ana Oeste.
El Juzgado Segundo de Paz de Santa Ana ordenó instrucción formal con detención provisional contra un hombre identificado con las iniciales F. A. J. P., de 49 años, acusado del delito de agresión sexual en menor e incapaz agravada, en la modalidad de delito continuado.
De acuerdo con el requerimiento de la Fiscalía General de la República, los hechos habrían iniciado en el año 2010, cuando la víctima tenía 5 años de edad, y se prolongaron durante varios años, hasta que cumplió 13 años, en la zona urbana del distrito.
Las investigaciones señalan que el imputado, quien era padrastro de la víctima, presuntamente se aprovechó de la relación de cercanía y de la condición de vulnerabilidad de la niña para cometer de forma reiterada tocamientos de índole sexual.
La denuncia fue interpuesta en octubre de 2025, luego de que la víctima revelara lo ocurrido a su madre, en un contexto marcado por el temor hacia el imputado y antecedentes de violencia intrafamiliar.
El caso continuará en fase de instrucción mientras las autoridades profundizan en las investigaciones y se desarrolla el proceso judicial correspondiente.
