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Juzgue usted si merece ser electa por segunda vez como procuradora de Derechos Humanos Raquel Caballero
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Tras abrir la Asamblea Legislativa, el pasado 27 de julio, el proceso de elección del nuevo procurador para la Defensa de los derechos Humanos, comenzaron a circular los currículum de todos los aspirantes al cargo, entre ellos, el de la exprocuradora Raquel Caballero, quien según conocedores de esta materia, no dejó un buen recuerdo en su paso por esta importante institución, surgida mediante los acuerdos de paz.
Sin embargo, ella intenta volver al cargo a pesar de tener fresca las condenas del Tribunal de Ética Gubernamental y de la Corte de Cuentas de la República, a raíz de su mal manejo administrativo mientras estuvo al frente de la PDDH.
Al cierre del plazo de inscripción se hizo público que nueve candidatos formularon su expresión su voluntad e interés y presentaron sus atestados para postularse al cargo de procurador de Defensa de los Derechos Humanos, para el periodo 2022-2025.
Tomando en cuenta que el próximo 15 de octubre de 2022 concluirá el periodo para el cual fue electo en el cargo Apolonio Tobar, y con base a la convocatoria efectuada por la Asamblea Legislativa, las personas interesadas en asumir el cargo debieron presentar sus atestados para comprobar su capacidad, competencia y moralidad notoria antes del 15 de agosto del presente año.
Dentro de los nueve postulantes se encuentra la Raquel Caballero de Guevara, quien ejerció como procuradora de Derechos Humanos en el período 2016-2019.
De acuerdo al criterio del abogado Sergio Portillo Toruño no cumple con los requisitos de competencia y moralidad notorias requeridos por la Constitución y por la Ley de la Procuraduría de Derechos Humanos.
Además, de no poder comprobar “su trayectoria en la promoción, educación y defensa de los derechos humanos, pues la evidencia durante el tiempo que ejerció el cargo es de una total incapacidad para cumplir ese mandato, al grado que ha sido condenada por faltas a la ética gubernamental y al manejo de los fondos públicos. También señala el citado jurista, que la exfuncionaria cuenta con denuncias activas en su contra ante la Fiscalía General de la República”.
Entre las razones por las que Raquel Caballero de Guevara no cumple con los requisitos exigidos para ser nombrada en el cargo y señaladas por el abogado Portillo Toruño, quien fue entrevistado como aspirante, figuran, principalmente, el historial de condenas y las denuncias activas que Caballero de Guevara cosechó como resultado de sus actuaciones equivocadas como titular de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), como son:
Fue condenada por el Tribunal de Ética Gubernamental en enero 2018 por prácticas de nepotismo, al haber ascendido a su hijastra a un cargo de mayor jerarquía institucional y con notable mejora salarial, en contravención de los deberes éticos impuestos por la Ley de Ética Gubernamental.
También fue condenada por la Corte de Cuentas de la República por el manejo indebido de fondos de la PDDH, por la suma de $180,415, durante el año 2017, al no haber cumplido con las leyes y reglamentos de la institución en la asignación y contratación de personal administrativo, compra de cámaras de videovigilancia con fondos no autorizados y pago en exceso de viáticos.
Además, mantuvo una confrontación permanente con el Sindicato de Trabajadores de la PDDH, que la acusó de actos de hostigamiento, nepotismo y arbitrariedad para con los empleados de la institución.
El abogado Portillo Toruño también mencionó que existen al menos dos denuncias interpuestas en contra de Raquel Caballero en la Fiscalía General de la República (FGR), por los delitos de incumplimiento de deberes y actos arbitrarios.
Una de estas denuncias fue formulada por su parte ante la total negligencia de la citada exprocuradora de Derechos Humanos, para defender los derechos humanos de Hilda Trigueros, quien fue injustamente acusada y guarda actualmente prisión a causa de un proceso penal fabricado con pruebas falsas por el exfiscal general Douglas Meléndez y su primo y exjefe de Crimen Organizado Wil Walter Ruiz.
Además, dijo que creía que también los abogados del empresario Enrique Rais la habían denunciado por omitir gravemente su deber de proteger los derechos humanos de las víctimas de abuso de poder.
Este medio tuvo acceso a una resolución emitida por el actual procurador de Derechos Humanos, Apolonio Tobar, el 28 de junio de 2021, cuando se determinó que Enrique Rais fue víctima de violaciones de derechos humanos ocasionados por funcionarios de la FGR bajo la titularidad de Douglas Meléndez y certificó que las órdenes de detención en contra del empresario suizo salvadoreño son ilegales por ser contrarias al debido proceso e infringir la ley de escuchas, al haber utilizado el director del Centro de Escuchas para fundar las acusaciones una serie de intervenciones telefónicas ilícitas, pero que además no tenían relación con Rais, sino que carecen de autenticidad por haber sido editadas.
En esa resolución, el procurador Tobar se refiere a las acciones deliberadas de su predecesora, Raquel Caballero de Guevara, para evitar que se resolviera conforme a derecho el caso de Rais, al expresar: “…Cuando los abogados de los señores denunciantes comenzaron a presentar escritos solicitando el pronto despacho de esta investigación instruí de manera verbal que se ubicara el expediente, pero el mismo no se encontró en el trámite normal dentro del Sistema de Protección de Derechos Humanos; sino que con el tiempo fue encontrado en un mueble ubicado en una oficina que no está destinada al resguardo de expedientes”.
Se hizo la consulta vía telefónica con el abogado Carlos Miranda, defensor de Rais, quien efectivamente confirmó que su cliente desde el año 2019 ha denunciado a la exprocuradora y que cuenta con pruebas que el exfiscal general Raúl Melara omitió la investigación penal como una continuidad de las arbitrariedades cometidas en la Fiscalía.
Para el abogado Portillo Toruño resulta además de vital importancia tomar en cuenta las actitudes erráticas y evasivas que la exprocuradora mostró cuando fue cuestionada por las condenas y denuncias en su contra.
Citó por ejemplo una entrevista realizada en el programa “Diálogo 21” con Ernesto López del 25 de julio 2019 (mientras se promovía para la reelección al cargo) en la que abordada por la situación de la condena impuesta por la contraloría de la República y que había sido divulgada en una nota de La Prensa Gráfica afirmó: “Han mezclado varias cosas. Yo creo que ahí (La Prensa Gráfica) han tergiversado la noticia. Yo realmente lamento si no han tenido datos fidedignos (…) Eso no me lo han notificado a mí. No tengo ese informe”.
Fue en aquel momento la postura de la entonces procuradora, a pesar de que los señalamientos de Corte de Cuentas son sobre acciones directamente efectuadas por la condenada y no por algún subalterno.
Al mismo tiempo recordó que públicamente Raquel Caballero reconoció no haber procedido en contra de Douglas Meléndez y el exdirector del Centro de Escuchas, a pesar de que violentaron la Constitución y la ley de escuchas, al realizar intervenciones telefónicas ilegales y editar información para realizar acusaciones en contra de Enrique Rais. «La exprocuradora utilizó el mismo argumento falso de las acusaciones de Meléndez contra el señor Rais y que también alcanzaron a mi defendida (Hilda Trigueros) que formaban parte de una red del crimen organizado. Eso quedó desmentido, lamentablemente para mi cliente no ha habido justicia y sigue detenida», aseguró Toruño.
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El Salvador registra aumento del 35 % en turismo internacional y suma 1.7 millones de visitantes hasta abril
El turismo en El Salvador mantiene una tendencia al alza durante 2026. Entre enero y abril, el país recibió 1.7 millones de visitantes internacionales, una cifra que representa un crecimiento del 35 % en comparación con el mismo período del año pasado, según informó la directora ejecutiva de la Corporación Salvadoreña de Turismo (Corsatur), Alejandra Durán.
Solo en abril ingresaron al país 473,000 visitantes, convirtiéndose junto con febrero y marzo en los meses con mayor llegada de turistas internacionales en lo que va del año.
«Febrero, marzo y abril del 2026 han sido los meses en los que han venido más visitantes internacionales; solo en abril tuvimos 473,000», afirmó Durán.
La funcionaria destacó que el país ya ha alcanzado más del 40 % del objetivo turístico proyectado para este año, que es recibir 4.2 millones de visitantes. La meta supera ligeramente el registro de 2025, cuando El Salvador cerró con 4.1 millones de turistas.
De acuerdo con Corsatur, el crecimiento ha sido impulsado, en parte, por el desarrollo de eventos internacionales y una estrategia de promoción enfocada en mercados clave de la región.
«Hemos estado llenos de eventos internacionales, los que más nos han visitado son procedentes de Guatemala, Estados Unidos y Honduras. Con la Cámara Salvadoreña de Turismo tenemos una fuerte campaña en los países vecinos para que conozcan todas las actividades y nos está yendo bien, porque muchas personas están llegando a nuestro territorio», señaló.
Además de estos mercados principales, El Salvador también está recibiendo visitantes provenientes de Canadá, México, Panamá y Colombia, lo que refleja una mayor diversificación del turismo internacional hacia el país.
El incremento en la llegada de turistas consolida al sector como uno de los motores de crecimiento económico para 2026, en medio de los esfuerzos del Gobierno y del sector privado por fortalecer la oferta turística.
«¿Ven por qué debemos continuar con el régimen de excepción hasta terminar por completo con esta peste? Este cobarde asesinato no quedará impune. Los haremos pagar caro lo que hicieron». Así reaccionó el presidente Nayib Bukele tras el asesinato de un elemento de la Policía Nacional Civil (PNC) en Nueva Concepción, Chalatenango, en 2023, que fue atacado por pandilleros mientras realizaba un patrullaje junto con otros agentes.
Al igual que en este caso, el mandatario ha reiterado en distintas ocasiones su postura de mantener medidas firmes contra las estructuras criminales, especialmente cuando policías o soldados han sido atacados durante operativos. Bukele ha sostenido que, a diferencia de años pasados, actualmente las fuerzas de seguridad han logrado recuperar el control del territorio y responder con rapidez ante cualquier agresión.
«No estamos combatiendo angelitos, sino al mismo demonio», dijo también luego del asesinato de tres policías en 2022 en una emboscada de terroristas de la pandilla 18. El ataque ocurrió en el sector de la línea férrea, cerca de la comunidad La Realidad, en Santa Ana. «Esto no va quedar así, van a pagar caro el asesinato de estos tres héroes».
Casos como estos han marcado las reacciones del presidente ante los cada vez más aislados ataques dirigidos contra policías y soldados que participaban en operativos contra pandillas; postura no adoptada en administraciones pasadas cuando cientos de integrantes de cuerpos de seguridad y sus familias fueron amenazados e incluso asesinados.
Por ejemplo, en 2015, los registros históricos detallan que 67 agentes fueron atacados y asesinados. Entre los crímenes se registra un doble asesinato, ocurrido en San Matías, departamento de La Libertad, el 4 agosto de ese año, tras una emboscada perpetrada por un grupo de pandilleros.
Las autoridades mencionaron, en esa ocasión, que los agentes llegaron en una patrulla al cantón Santa Rosa para ubicar a criminales que se escondían en esa zona.
Los datos oficiales reflejan que, en años anteriores, las pandillas atentaron de forma constante contra miembros de la PNC. Por ejemplo, en 2009 fueron asesinados 24 agentes; en 2010, la cifra fue de 23; en 2011 se reportaron 19; en 2012, 16; en 2013, 13; mientras que en 2014, el número incrementó a 39 policías fallecidos en ataques perpetrados por estructuras delincuenciales.
En los años siguientes, la violencia contra elementos de seguridad no se detuvo. En 2016 se registró la muerte de al menos 47 policías a manos de pandillas, una de las cifras más altas en ese período. Asimismo, en 2018, se contabilizaron 33 casos; en 2019, 29; y en 2020, 13 policías perdieron la vida en hechos atribuidos a estos grupos delictivos.
Posteriormente, los ataques a cuerpos de seguridad disminuyeron, pese a que no hay una cifra oficial de casos acumulados, solo se han registrado algunos aislados. Como en noviembre de 2025, cuando un equipo de las Fuerzas Especiales de la Policía fue atacado con un arma de fuego mientras realizaba un patrullaje en una zona boscosa del caserío Los Montanos, en el distrito de Santa Clara, San Vicente Norte.
En distintas ocasiones, Bukele ha señalado la prioridad de su administración en garantizar la protección de la población y de los elementos de seguridad que diariamente participan en tareas de patrullaje, investigaciones y capturas de integrantes de grupos criminales. Asimismo, ha destacado que, a diferencia de años anteriores, actualmente las autoridades cuentan con mayor capacidad operativa para responder de manera inmediata ante cualquier agresión.
Los pocos ataques contra policías o soldados que se han registrado bajo la administración Bukele han sido respondidos inmediatamente con operativos de búsqueda, implementación de cercos de seguridad y procesos judiciales para evitar la impunidad.
Por ejemplo, por el homicidio de los tres policías en Santa Ana, ocho terroristas del Barrio 18, que delinquían en Chalchuapa, fueron condenados a penas de hasta 175 años de prisión. Fueron procesados por el homicidio agravado de las tres víctimas y por agrupaciones ilícitas.
Hay parejas que se juran amor hasta que la muerte los separe, pero hay otras que permanecen juntas hasta que el crimen los lleva a la cárcel, este es el caso de al menos cinco parejas de esposos que han sido condenadas en lo que va del año con penas que van desde los 10 hasta los 43 años de prisión.
Según los reportes de la Fiscalía General de la República (FGR), entre el 1.° de enero y el 18 de mayo de este año, los cinco matrimonios han sido condenados por los delitos de homicidio, estafa, enriquecimiento ilícito, tráfico de drogas y hurto.
El pasado 15 de mayo, la Fiscalía consiguió que los esposos Keiry Yarissa Lizama Carranza y Edwin Antonio Hernández Sorto fueran condenados a 10 y 20 años de cárcel, respectivamente. La pareja fue procesada por el delito de tráfico de drogas.
Según la acusación fiscal, Hernández Sorto fue capturado el 27 de marzo de 2025 mientras conducía un vehículo en la 8.ª avenida sur y la 3.ª calle poniente, en la ciudad de San Miguel.
«El procesado al observar la presencia policial se puso nervioso e intentó darse a la fuga. Al ver esa acción, la Policía lo detuvo y realizó un registro preventivo», señaló el fiscal del caso.
La Policía Nacional Civil (PNC) localizó en el interior del vehículo más de 10 gramos de cocaína y $2,000 en efectivo.
«Mientras que, en un registro con prevención de allanamiento, el 28 de marzo del mismo año en la vivienda de Hernández Sorto, en la residencial San Francisco, en San Miguel, fue capturada su pareja, Lizama Carranza», detalló el fiscal.
En la vivienda, la PNC decomisó 53 gramos de marihuana, una balanza electrónica y varias bolsas. La condena fue impuesta por el Tribunal Segundo de Sentencia de San Miguel.
LOS GÁMEZ AVILÉS SON ESTAFADORES
A 16 años de cárcel fueron condenados Óscar Adilio Gámez Leiva y su esposa, Roxana del Carmen Avilés de Gámez, por estafar a 12 víctimas al ofrecerles visas falsas de trabajo en el extranjero.
«Los ofendidos le entregaron a la pareja en diferentes fechas diversas cantidades de dinero con la promesa de obtener una visa de trabajo en Estados Unidos y en la ciudad de Dubái, en Emiratos Árabes Unidos», explicó la fiscal del caso.
De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía, a inicios de octubre de 2021, los esposos promovieron en una oficina y mediante varias reuniones en un restaurante del distrito de Dolores, en Cabañas Este, el engaño al tramitar y obtener visas de trabajo en el extranjero.
«Las víctimas les entregaron cantidades entre los $2,500 y $5,000 con la esperanza de viajar fuera del país para obtener un trabajo», indicó la fiscal.
La pareja fue condenada por el juez del Tribunal de Sentencia de Sensuntepeque, que además dictaminó que ambos les paguen a las víctimas $20,000 en concepto de responsabilidad civil.
CONDENA MÁS ALTA
El 24 de abril, en Usulután, Wendy Saraí Gómez y Víctor Geovanny Melgar fueron condenados a 43 años de prisión por el homicidio en perjuicio de un bebé de dos años.
La pareja cometió el crimen en el distrito de Jiquilisco, Usulután Oeste. Según las investigaciones, los imputados son la madre y el padrastro de la víctima; ambos ejercían violencia sobre el menor de edad.
«En mayo de 2024, el imputado asfixió al bebé y momentos después lo llevaron al hospital por un supuesto ataque de epilepsia; sin embargo, los médicos activaron el protocolo de muerte sospechosa al ver los signos de violencia en el cuerpo de la víctima», explicó el fiscal del caso.
ESPOSOS DEBEN DEVOLVER MÁS DE $289,000 AL ESTADO
En febrero, la robusta investigación desarrollada por la Fiscalía permitió la condena civil de Yuri Rodolfo Jenkins Lorenzana, exdirector ejecutivo del Fondo Solidario para la Familia Microempresaria (Fosofamilia) y la de su esposa, Violeta de Jenkins, por enriquecimiento ilícito de $289,567.89, producto de 14 irregularidades financieras realizadas entre 2006 y 2010, período en el que Jenkins Lorenzana estuvo en el cargo.
