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Juzgue usted si merece ser electa por segunda vez como procuradora de Derechos Humanos Raquel Caballero
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Tras abrir la Asamblea Legislativa, el pasado 27 de julio, el proceso de elección del nuevo procurador para la Defensa de los derechos Humanos, comenzaron a circular los currículum de todos los aspirantes al cargo, entre ellos, el de la exprocuradora Raquel Caballero, quien según conocedores de esta materia, no dejó un buen recuerdo en su paso por esta importante institución, surgida mediante los acuerdos de paz.
Sin embargo, ella intenta volver al cargo a pesar de tener fresca las condenas del Tribunal de Ética Gubernamental y de la Corte de Cuentas de la República, a raíz de su mal manejo administrativo mientras estuvo al frente de la PDDH.
Al cierre del plazo de inscripción se hizo público que nueve candidatos formularon su expresión su voluntad e interés y presentaron sus atestados para postularse al cargo de procurador de Defensa de los Derechos Humanos, para el periodo 2022-2025.
Tomando en cuenta que el próximo 15 de octubre de 2022 concluirá el periodo para el cual fue electo en el cargo Apolonio Tobar, y con base a la convocatoria efectuada por la Asamblea Legislativa, las personas interesadas en asumir el cargo debieron presentar sus atestados para comprobar su capacidad, competencia y moralidad notoria antes del 15 de agosto del presente año.
Dentro de los nueve postulantes se encuentra la Raquel Caballero de Guevara, quien ejerció como procuradora de Derechos Humanos en el período 2016-2019.
De acuerdo al criterio del abogado Sergio Portillo Toruño no cumple con los requisitos de competencia y moralidad notorias requeridos por la Constitución y por la Ley de la Procuraduría de Derechos Humanos.
Además, de no poder comprobar “su trayectoria en la promoción, educación y defensa de los derechos humanos, pues la evidencia durante el tiempo que ejerció el cargo es de una total incapacidad para cumplir ese mandato, al grado que ha sido condenada por faltas a la ética gubernamental y al manejo de los fondos públicos. También señala el citado jurista, que la exfuncionaria cuenta con denuncias activas en su contra ante la Fiscalía General de la República”.
Entre las razones por las que Raquel Caballero de Guevara no cumple con los requisitos exigidos para ser nombrada en el cargo y señaladas por el abogado Portillo Toruño, quien fue entrevistado como aspirante, figuran, principalmente, el historial de condenas y las denuncias activas que Caballero de Guevara cosechó como resultado de sus actuaciones equivocadas como titular de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), como son:
Fue condenada por el Tribunal de Ética Gubernamental en enero 2018 por prácticas de nepotismo, al haber ascendido a su hijastra a un cargo de mayor jerarquía institucional y con notable mejora salarial, en contravención de los deberes éticos impuestos por la Ley de Ética Gubernamental.
También fue condenada por la Corte de Cuentas de la República por el manejo indebido de fondos de la PDDH, por la suma de $180,415, durante el año 2017, al no haber cumplido con las leyes y reglamentos de la institución en la asignación y contratación de personal administrativo, compra de cámaras de videovigilancia con fondos no autorizados y pago en exceso de viáticos.
Además, mantuvo una confrontación permanente con el Sindicato de Trabajadores de la PDDH, que la acusó de actos de hostigamiento, nepotismo y arbitrariedad para con los empleados de la institución.
El abogado Portillo Toruño también mencionó que existen al menos dos denuncias interpuestas en contra de Raquel Caballero en la Fiscalía General de la República (FGR), por los delitos de incumplimiento de deberes y actos arbitrarios.
Una de estas denuncias fue formulada por su parte ante la total negligencia de la citada exprocuradora de Derechos Humanos, para defender los derechos humanos de Hilda Trigueros, quien fue injustamente acusada y guarda actualmente prisión a causa de un proceso penal fabricado con pruebas falsas por el exfiscal general Douglas Meléndez y su primo y exjefe de Crimen Organizado Wil Walter Ruiz.
Además, dijo que creía que también los abogados del empresario Enrique Rais la habían denunciado por omitir gravemente su deber de proteger los derechos humanos de las víctimas de abuso de poder.
Este medio tuvo acceso a una resolución emitida por el actual procurador de Derechos Humanos, Apolonio Tobar, el 28 de junio de 2021, cuando se determinó que Enrique Rais fue víctima de violaciones de derechos humanos ocasionados por funcionarios de la FGR bajo la titularidad de Douglas Meléndez y certificó que las órdenes de detención en contra del empresario suizo salvadoreño son ilegales por ser contrarias al debido proceso e infringir la ley de escuchas, al haber utilizado el director del Centro de Escuchas para fundar las acusaciones una serie de intervenciones telefónicas ilícitas, pero que además no tenían relación con Rais, sino que carecen de autenticidad por haber sido editadas.
En esa resolución, el procurador Tobar se refiere a las acciones deliberadas de su predecesora, Raquel Caballero de Guevara, para evitar que se resolviera conforme a derecho el caso de Rais, al expresar: “…Cuando los abogados de los señores denunciantes comenzaron a presentar escritos solicitando el pronto despacho de esta investigación instruí de manera verbal que se ubicara el expediente, pero el mismo no se encontró en el trámite normal dentro del Sistema de Protección de Derechos Humanos; sino que con el tiempo fue encontrado en un mueble ubicado en una oficina que no está destinada al resguardo de expedientes”.
Se hizo la consulta vía telefónica con el abogado Carlos Miranda, defensor de Rais, quien efectivamente confirmó que su cliente desde el año 2019 ha denunciado a la exprocuradora y que cuenta con pruebas que el exfiscal general Raúl Melara omitió la investigación penal como una continuidad de las arbitrariedades cometidas en la Fiscalía.
Para el abogado Portillo Toruño resulta además de vital importancia tomar en cuenta las actitudes erráticas y evasivas que la exprocuradora mostró cuando fue cuestionada por las condenas y denuncias en su contra.
Citó por ejemplo una entrevista realizada en el programa “Diálogo 21” con Ernesto López del 25 de julio 2019 (mientras se promovía para la reelección al cargo) en la que abordada por la situación de la condena impuesta por la contraloría de la República y que había sido divulgada en una nota de La Prensa Gráfica afirmó: “Han mezclado varias cosas. Yo creo que ahí (La Prensa Gráfica) han tergiversado la noticia. Yo realmente lamento si no han tenido datos fidedignos (…) Eso no me lo han notificado a mí. No tengo ese informe”.
Fue en aquel momento la postura de la entonces procuradora, a pesar de que los señalamientos de Corte de Cuentas son sobre acciones directamente efectuadas por la condenada y no por algún subalterno.
Al mismo tiempo recordó que públicamente Raquel Caballero reconoció no haber procedido en contra de Douglas Meléndez y el exdirector del Centro de Escuchas, a pesar de que violentaron la Constitución y la ley de escuchas, al realizar intervenciones telefónicas ilegales y editar información para realizar acusaciones en contra de Enrique Rais. «La exprocuradora utilizó el mismo argumento falso de las acusaciones de Meléndez contra el señor Rais y que también alcanzaron a mi defendida (Hilda Trigueros) que formaban parte de una red del crimen organizado. Eso quedó desmentido, lamentablemente para mi cliente no ha habido justicia y sigue detenida», aseguró Toruño.
La recaudación de impuestos en El Salvador registró un crecimiento durante el primer mes de 2026, reflejando la continuidad en el fortalecimiento de las finanzas públicas. Según datos del Ministerio de Hacienda, los ingresos corrientes y contribuciones sumaron $767.5 millones en enero, lo que representa un incremento de $26.1 millones o un 3.5 % en comparación con el mismo mes de 2025.
Dentro de este resultado, los ingresos tributarios y contribuciones —que incluyen los principales impuestos como el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y elImpuesto sobre la Renta (ISR) — alcanzaron los $741.9 millones, con un aumento del 4.5 % interanual. Este desempeño evidencia una base fiscal sólida al inicio del año, en línea con las expectativas oficiales.
El IVA fue uno de los principales motores del crecimiento, con una recaudación de $376.3 millones en enero, lo que equivale a un incremento del 5.3 % respecto al mismo periodo del año anterior. De este monto, las declaraciones del impuesto aportaron $204.1 millones, mientras que el IVA por importaciones sumó $172.2 millones, reflejando un comportamiento dinámico tanto del consumo interno como del comercio exterior.
Por su parte, el ISR alcanzó los $290 millones, con un crecimiento del 2.2 %. Dentro de este rubro, las retenciones representaron $193.6 millones, mientras que el pago a cuenta sumó $90.2 millones y las declaraciones $6.2 millones, manteniendo su relevancia como uno de los pilares de la recaudación.
Otros ingresos tributarios también mostraron variaciones positivas. Los derechos arancelarios a la importación totalizaron $32.3 millones, con un aumento del 11 %, mientras que los impuestos selectivos al consumo alcanzaron $24.5 millones, con un crecimiento del 6.7 %. En este último caso, se observaron incrementos en categorías como cigarrillos y bebidas no carbonatadas.
Asimismo, los ingresos por otros impuestos y gravámenes diversos sumaron $11 millones, con un incremento del 14.6 %, destacando el aporte de la transferencia de bienes raíces y otros cargos asociados.
En el caso de las contribuciones especiales, estas alcanzaron $7.7 millones, con un crecimiento moderado del 12.8 %, impulsadas principalmente por los fondos destinados al transporte público.
Mientras que los ingresos no tributarios registraron una leve disminución, al ubicarse en $25.6 millones. No obstante, algunos componentes como las contribuciones al seguro social mostraron incrementos relevantes.
Este desempeño en la recaudación se enmarca en la estrategia fiscal del Gobierno, que ha apostado por la modernización de los procesos tributarios. Entre las principales medidas destacan la implementación de la facturación electrónica, el Plan Antievasión y Anticontrabando, y la ampliación de la base tributaria.
En este contexto, el ministro de Hacienda, Jerson Posada, ha subrayado que los principales ingresos del Estado seguirán proviniendo del IVA y del impuesto sobre la renta. Para 2026, se estima recaudar $4,060.4 millones en concepto de IVA y $3,500 millones por ISR, sin necesidad de aumentar impuestos ni crear nuevas cargas tributarias.
«Estos dos grandes tributos son los que alimentan, en su mayor proporción, el presupuesto de ingreso de la Nación para el 2026», afirmó el funcionario, quien también destacó que el presupuesto no contempla nuevos impuestos ni gravámenes a las remesas.
El Gobierno también proyecta ingresos tributarios por $8,349 millones para este año, en el marco de un presupuesto sin brecha fiscal por segundo año consecutivo. Según Hacienda, el crecimiento en la recaudación responde a una mayor eficiencia administrativa y al dinamismo económico esperado.
Con este inicio de año, El Salvador consolida una tendencia positiva en sus ingresos fiscales, lo que fortalece su capacidad para financiar programas sociales, inversión pública y proyectos estratégicos orientados al desarrollo económico del país.
Ubicado en el distrito de Ilopango, en San Salvador Este, el Parque Recreativo Apulo se encuentra en un proceso de remodelación con el busca mejorar la experiencia de los visitantes a través de la oferta de una infraestructura de primer nivel.
Sin adelantar una fecha, la presidenta del Instituto Salvadoreño de Turismo (ISTU), Eny Aguiñada, indicó que las puertas de este parque recreativo estarán listas para atender a todos los turistas que quieran visitarlo durante la Semana Santa 2026, prevista entre el 29 de marzo y 5 de abril.
«Vamos a estar listos en Semana Santa», indicó la funcionaria, al tiempo que aclaró que la inauguración prevista para este 2 de marzo se reprogramó para finalizar detalles necesarios para ofrecer un espacio de primer nivel.
Apuntó que entre las diferencias que ofrecerá el parque está la habilitación del área de restaurantes con espacios cómodos donde las arrendatarias históricas del lugar continuarán ofreciendo ricos platillos.
Además, con miras a obtener el sello de Family Friendly, el lugar contará con un espacio de lactancia, y enfermería.
«Nuestro compromiso es entregar un espacio en óptimas condiciones, seguro y listo para que todas las familias disfruten como se lo merecen», afirmó Aguiñada.
También anunció que con las nuevas condiciones de seguridad y mejoras en la iluminación se ampliará los horarios de atención, los cuales serán desde las 8 a.m. hasta las 8 p.m.
«En esta ocasión, los equipos del Ministerio de Obras Públicas (MOP) están trabajando en esta renovación total del Parque Recreativo Apulo, y sin duda será un espacio digno», añadió.
Subrayó que, además de las mejoras de la infraestructura, las condiciones de seguridad con las que cuenta El Salvador fortalecen el atractivo de Apulo, antes ensombrecido por la violencia circundante que no permitía que los visitantes disfrutaran de su belleza.
«Nuestro parque Apulo siempre se vio afectado por el tema de pandillas, no era un lugar seguro para tener una sana recreación para las familias salvadoreñas, pero está es una realidad ha cambiado», refirió.
La presidenta también hizo hincapié en que el Gobierno continúa con sus esfuerzos de reforzar la infraestructura turística de El Salvador.
«El Gobierno del presidente Nayib Bukele continúa con la renovación e inversión en todos los parques nacionales administrados por el ISTU», dijo.
Muestra de ello son las recientes mejoras y espacios recreativos como la Puerta del Diablo, la Costa del Sol, la Terminal Turística de San Sebastián, entre otras.
La comisión de hacienda y especial del presupuesto de la Asamblea Legislativa emitió el lunes 2 de marzo un dictamen favorable al expediente 578-2-2026-1 que contiene la iniciativa del Ejecutivo, por medio del Ministerio de Hacienda, para que se reforme la Ley Orgánica de la Dirección General de Aduanas.
Dicha iniciativa plantea la necesidad de adoptar medidas encaminadas al fortalecimiento de un intercambio comercial basado en el respeto de los principios y derechos en el ámbito del mercado laboral internacional en materia de trabajo forzoso, obligatorio y trabajo infantil.
En ese sentido, la comisión acordó emitir el dictamen favorable 191, el cual indica que es «oportuno» efectuar los cambios solicitados, y que fueron justificados por personal del Ministerio de Hacienda.
«En atención a lo antes expuesto esta comisión, luego del análisis correspondiente, estima que la iniciativa es procedente para que puedan cumplirse los fines previstos, por lo que se emite dictamen favorable, para lo cual, se adjunta al correspondiente proyecto de decreto», establece el dictamen emitido ayer por la comisión.
Luis Manuel Córdova, jefe de la Unidad de Asuntos Internacionales de la Dirección General de Aduanas, explicó que la modificación conlleva la incorporación a la normativa aduanera del artículo 27-A.
«La propuesta tiene por objeto establecer que para las importaciones de mercancías que se realizan en el país se va a requerir la presentación de una declaración jurada conforme al formato que establezca la Dirección de Aduanas en el que se consigne que los bienes que se están importando no han sido fabricados, total o parcialmente, bajo mecanismos de trabajo forzoso o que exijan trabajo infantil», dijo Córdova.
Agregó que la declaración será consignada en declaraciones de importación y que, en caso de duda de la información, el artículo faculta para exigir documentación adicional y verificar que las mercancías no hayan sido fabricadas o sometidas a cualquier tipo de operación que vulnere derechos o que no sea consecuente con la erradicación de trabajo forzoso e infantil.
