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Juzgue usted si merece ser electa por segunda vez como procuradora de Derechos Humanos Raquel Caballero
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Tras abrir la Asamblea Legislativa, el pasado 27 de julio, el proceso de elección del nuevo procurador para la Defensa de los derechos Humanos, comenzaron a circular los currículum de todos los aspirantes al cargo, entre ellos, el de la exprocuradora Raquel Caballero, quien según conocedores de esta materia, no dejó un buen recuerdo en su paso por esta importante institución, surgida mediante los acuerdos de paz.
Sin embargo, ella intenta volver al cargo a pesar de tener fresca las condenas del Tribunal de Ética Gubernamental y de la Corte de Cuentas de la República, a raíz de su mal manejo administrativo mientras estuvo al frente de la PDDH.
Al cierre del plazo de inscripción se hizo público que nueve candidatos formularon su expresión su voluntad e interés y presentaron sus atestados para postularse al cargo de procurador de Defensa de los Derechos Humanos, para el periodo 2022-2025.
Tomando en cuenta que el próximo 15 de octubre de 2022 concluirá el periodo para el cual fue electo en el cargo Apolonio Tobar, y con base a la convocatoria efectuada por la Asamblea Legislativa, las personas interesadas en asumir el cargo debieron presentar sus atestados para comprobar su capacidad, competencia y moralidad notoria antes del 15 de agosto del presente año.
Dentro de los nueve postulantes se encuentra la Raquel Caballero de Guevara, quien ejerció como procuradora de Derechos Humanos en el período 2016-2019.
De acuerdo al criterio del abogado Sergio Portillo Toruño no cumple con los requisitos de competencia y moralidad notorias requeridos por la Constitución y por la Ley de la Procuraduría de Derechos Humanos.
Además, de no poder comprobar “su trayectoria en la promoción, educación y defensa de los derechos humanos, pues la evidencia durante el tiempo que ejerció el cargo es de una total incapacidad para cumplir ese mandato, al grado que ha sido condenada por faltas a la ética gubernamental y al manejo de los fondos públicos. También señala el citado jurista, que la exfuncionaria cuenta con denuncias activas en su contra ante la Fiscalía General de la República”.
Entre las razones por las que Raquel Caballero de Guevara no cumple con los requisitos exigidos para ser nombrada en el cargo y señaladas por el abogado Portillo Toruño, quien fue entrevistado como aspirante, figuran, principalmente, el historial de condenas y las denuncias activas que Caballero de Guevara cosechó como resultado de sus actuaciones equivocadas como titular de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), como son:
Fue condenada por el Tribunal de Ética Gubernamental en enero 2018 por prácticas de nepotismo, al haber ascendido a su hijastra a un cargo de mayor jerarquía institucional y con notable mejora salarial, en contravención de los deberes éticos impuestos por la Ley de Ética Gubernamental.
También fue condenada por la Corte de Cuentas de la República por el manejo indebido de fondos de la PDDH, por la suma de $180,415, durante el año 2017, al no haber cumplido con las leyes y reglamentos de la institución en la asignación y contratación de personal administrativo, compra de cámaras de videovigilancia con fondos no autorizados y pago en exceso de viáticos.
Además, mantuvo una confrontación permanente con el Sindicato de Trabajadores de la PDDH, que la acusó de actos de hostigamiento, nepotismo y arbitrariedad para con los empleados de la institución.
El abogado Portillo Toruño también mencionó que existen al menos dos denuncias interpuestas en contra de Raquel Caballero en la Fiscalía General de la República (FGR), por los delitos de incumplimiento de deberes y actos arbitrarios.
Una de estas denuncias fue formulada por su parte ante la total negligencia de la citada exprocuradora de Derechos Humanos, para defender los derechos humanos de Hilda Trigueros, quien fue injustamente acusada y guarda actualmente prisión a causa de un proceso penal fabricado con pruebas falsas por el exfiscal general Douglas Meléndez y su primo y exjefe de Crimen Organizado Wil Walter Ruiz.
Además, dijo que creía que también los abogados del empresario Enrique Rais la habían denunciado por omitir gravemente su deber de proteger los derechos humanos de las víctimas de abuso de poder.
Este medio tuvo acceso a una resolución emitida por el actual procurador de Derechos Humanos, Apolonio Tobar, el 28 de junio de 2021, cuando se determinó que Enrique Rais fue víctima de violaciones de derechos humanos ocasionados por funcionarios de la FGR bajo la titularidad de Douglas Meléndez y certificó que las órdenes de detención en contra del empresario suizo salvadoreño son ilegales por ser contrarias al debido proceso e infringir la ley de escuchas, al haber utilizado el director del Centro de Escuchas para fundar las acusaciones una serie de intervenciones telefónicas ilícitas, pero que además no tenían relación con Rais, sino que carecen de autenticidad por haber sido editadas.
En esa resolución, el procurador Tobar se refiere a las acciones deliberadas de su predecesora, Raquel Caballero de Guevara, para evitar que se resolviera conforme a derecho el caso de Rais, al expresar: “…Cuando los abogados de los señores denunciantes comenzaron a presentar escritos solicitando el pronto despacho de esta investigación instruí de manera verbal que se ubicara el expediente, pero el mismo no se encontró en el trámite normal dentro del Sistema de Protección de Derechos Humanos; sino que con el tiempo fue encontrado en un mueble ubicado en una oficina que no está destinada al resguardo de expedientes”.
Se hizo la consulta vía telefónica con el abogado Carlos Miranda, defensor de Rais, quien efectivamente confirmó que su cliente desde el año 2019 ha denunciado a la exprocuradora y que cuenta con pruebas que el exfiscal general Raúl Melara omitió la investigación penal como una continuidad de las arbitrariedades cometidas en la Fiscalía.
Para el abogado Portillo Toruño resulta además de vital importancia tomar en cuenta las actitudes erráticas y evasivas que la exprocuradora mostró cuando fue cuestionada por las condenas y denuncias en su contra.
Citó por ejemplo una entrevista realizada en el programa “Diálogo 21” con Ernesto López del 25 de julio 2019 (mientras se promovía para la reelección al cargo) en la que abordada por la situación de la condena impuesta por la contraloría de la República y que había sido divulgada en una nota de La Prensa Gráfica afirmó: “Han mezclado varias cosas. Yo creo que ahí (La Prensa Gráfica) han tergiversado la noticia. Yo realmente lamento si no han tenido datos fidedignos (…) Eso no me lo han notificado a mí. No tengo ese informe”.
Fue en aquel momento la postura de la entonces procuradora, a pesar de que los señalamientos de Corte de Cuentas son sobre acciones directamente efectuadas por la condenada y no por algún subalterno.
Al mismo tiempo recordó que públicamente Raquel Caballero reconoció no haber procedido en contra de Douglas Meléndez y el exdirector del Centro de Escuchas, a pesar de que violentaron la Constitución y la ley de escuchas, al realizar intervenciones telefónicas ilegales y editar información para realizar acusaciones en contra de Enrique Rais. «La exprocuradora utilizó el mismo argumento falso de las acusaciones de Meléndez contra el señor Rais y que también alcanzaron a mi defendida (Hilda Trigueros) que formaban parte de una red del crimen organizado. Eso quedó desmentido, lamentablemente para mi cliente no ha habido justicia y sigue detenida», aseguró Toruño.
Como parte de su apuesta por el país y en acompañamiento a la visión del Gobierno del presidente Nayib Bukele, la desarrolladora inmobiliaria ALGASA, presentó recientemente CASA TERRA, un proyecto habitacional ubicado en la calle a Huizar (San Marcos, San Salvador Sur).
Según Herbert Alvarado, presidente y fundador de ALGASA, el proyecto se desarrollará en distintas fases en la primera, se invertirán $45 millones en la construcción de 177 unidades habitacionales, entre townhouses y apartamentos; y en las siguientes se invertirán más de $90 millones, para un total de $135 millones.
«Nos motiva seguir creyendo en El Salvador, tenemos mucho trabajo, seguridad y el país que habíamos añorado todos y es el momento justo para seguir invirtiendo», dijo.
Detalló que las torres tendrán cuatro niveles de estacionamiento, incluido el lobby, nueve niveles de apartamentos (de una, dos o tres habitaciones) y un nivel de amenidades en rooftop.
Asimismo, afirmó que entre las amenidades compartidas destacan: piscina, área de juegos para niños, picnic, senderos entre torres, jardín para mascotas, sala de reuniones y espacios para coworking, y cada torre contará con salón de usos múltiples con opción a apertura a terraza rooftop, área de gimnasio y pilates, de juegos (pingpong y área de tv) y área recreativa para bebés y para la pequeña infancia.
Las siguientes etapas comprenden una torre de 14 niveles para oficinas y otras 12 torres de apartamentos con más de 3,000 unidades y más de 150 viviendas con la generación de más de 5,000 empleos.
«Tenemos la convicción de seguir empujando y apoyando a El Salvador a ser un líder referente no solo a nivel centroamericano, sino a nivel latinoamericano y por qué no, mundial», añadió el fundador de ALGASA.
La construcción del proyecto ya inició y las primeras entregas de casas iniciarán en 2027 y se irán otorgando en los próximos 12 años, tiempo contemplado para finalizar el proyecto.
A lo largo de su trayectoria, ALGASA ha desarrollado proyectos residenciales que hoy son referentes en el país como: La Florida en Nuevo Cuscatlán, Florida Sky, ALTEMA y SERRA Townhouses.
En el caso de La Florida, uno de los primeros proyectos en la zona, se han desarrollado más de 500 unidades habitacionales, más de 120,000 metros cuadrados construidos, con un valor estimado de $200 millones en propiedades.
Este desarrollo contribuyó a posicionar a Nuevo Cuscatlán como un referente inmobiliario a escala nacional.
«Este es otro Nuevo Cuscatlán que hay que desarrollar y a raíz de eso todas las instituciones nos han abierto las puertas porque siguen creyendo en que tenemos que seguir innovando en El Salvador acercándole vivienda a la gente», sostuvo Alvarado.
Por su parte el director ejecutivo de la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador (Opamss), Luis Rodríguez, afirmó que la decisión de los inversionistas se ve motivada por el compromiso de las instituciones por impulsar nuevas inversiones, así como los logros en seguridad del Gobierno, que han activado nuevas zonas de desarrollo.
«Es el primer proyecto de estas dimensiones en la parte alta de San Marcos, esto es progresivo en zonas donde antes no se podía hacer nada, que estaban tomadas por la delincuencia y eran zonas rojas. El tema de seguridad ha ido provocando este tipo de inversiones», señaló el director ejecutivo de la Opamss.
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Argentina avanza en la implementación de la regulación de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales
Argentina continúa dando pasos en la implementación de la regulación de los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales bajo un enfoque propio, distinto al modelo integral adoptado por El Salvador, pero con avances concretos en la supervisión del mercado y el reconocimiento del liderazgo regional del país centroamericano.
Así lo explicó Roberto E. Silva, presidente de la Comisión Nacional de Valores (CNV) de Argentina, quien subrayó que ambas jurisdicciones han seguido caminos diferentes para abordar un fenómeno en crecimiento, condicionado por sus contextos económicos y regulatorios.
En el caso argentino, el impulso hacia la regulación ha estado marcado por el compromiso de promover la innovación y la modernización del sistema financiero, en línea con los más altos estándares internacionales e incorporando, además, las recomendaciones del GAFI.
«Teníamos una adopción muy grande de criptomonedas en la población local, no solo por las virtudes de los activos virtuales, sino también por razones como los controles de cambios y la inflación», explicó Silva.
Frente a este escenario, Argentina optó por desarrollar un marco enfocado en la regulación de los participantes del mercado, en lugar de establecer una ley integral sobre los activos digitales. Esto incluyó la creación de un registro y la supervisión de los proveedores de servicios de activos virtuales, bajo la órbita de la CNV.
«No tenemos una ley de activos virtuales. Regulamos a los sujetos, no al objeto», detalló el funcionario, al marcar una diferencia clave con el modelo salvadoreño, que cuenta con una legislación específica para este tipo de activos.
Este enfoque ha buscado mantener un equilibrio entre fomentar la innovación y garantizar la protección de los inversionistas. Según Silva, el proceso incluyó consultas públicas y un trabajo cercano con el sector privado para diseñar una regulación que no limite el desarrollo del ecosistema.
Además, Argentina ha comenzado a incorporar la tokenización dentro de su marco regulatorio, tratándola desde la lógica de los valores negociables tradicionales pero con una tecnología diferente. En este esquema, los activos tokenizados deben cumplir con requisitos de transparencia, incluyendo la divulgación completa de riesgos e información relevante para los inversionistas.
«Lo único que decimos es que hay que contarle todo al inversor para que tome la decisión de invertir o no», afirmó Silva al referirse al principio central de su regulación.
En paralelo, el regulador reconoció el papel que ha jugado El Salvador en el desarrollo de esta industria a nivel global. «Sin duda que lo que El Salvador ha hecho es extraordinario, se ha convertido en un líder en la materia», señaló y destacó el liderazgo del presidente de la CNAD, Juan Carlos Reyes.
No obstante, también enfatizó que el modelo salvadoreño responde a una estrategia particular orientada a posicionar al país como un hub internacional de activos digitales, algo que no necesariamente se ajusta a las prioridades actuales de Argentina.
A futuro, Silva no descartó que el país pueda avanzar hacia una legislación más amplia. «En el futuro nunca cerraría esa puerta», indicó, aunque aclaró que, por ahora, el foco está en fortalecer las capacidades de supervisión y acompañar la evolución del sector.
En este contexto, también anticipó que el desarrollo de la industria estará vinculado a una mayor integración con el sistema financiero tradicional, incluyendo iniciativas como la tokenización de depósitos tokenizados.
Con un ecosistema que describió como «muy dinámico y vibrante», Argentina avanza en la construcción de su propio camino en el mercado de activos digitales, mientras observa de cerca experiencias como la de El Salvador, que continúa posicionándose como referente en la región y a nivel global.
Con el lanzamiento de la fase 2 de DoctorSV, realizado por el presidente Nayib Bukele, se deja de lado la «utopía» de convertirse en el país con uno de los mejores sistemas de salud del mundo, pues ya se encamina a lograrlo, consideró ayer el sociólogo René Martínez.
Al ampliar la atención de DoctorSV con pacientes que padecen enfermedades crónicas, el gobierno reafirmó su compromiso de cuidar la salud de la población salvadoreña.
En ese sentido, durante la Entrevista AM de Canal 10, Martínez explicó que la transformación del sistema de salud que Bukele está ejecutando, con la implementación de la inteligencia artificial y nuevas tecnologías, coloca al país a la vanguardia de la salud pública.
«Cuando se revisa lo que está sucediendo en otros países, realmente te das cuenta que El Salvador está dando pasos para tener el sistema de salud pública mejor del mundo. Si lo hubiéramos dicho hace seis años, nos hubieran tildado de locos. Los pasos que estamos viendo son tan grandes y rápidos que ya dejó de ser una utopía que se esté pensando en tener el mejor sistema de salud del mundo, o ser uno de los mejores», dijo Martínez.
Agregó que el registro de 1.1 millones de usuarios en los primeros cinco meses de funcionamiento de DoctorSV tiene una variante política: la confianza de la población en las acciones del mandatario.
Por su parte, el politólogo Óscar Martínez Peñate expresó en la entrevista Panorama que las acciones del presidente Bukele han colocado al país como pionero no solo en el tema de seguridad, sino también de salud pública.
Estos resultados han permitido, según Martínez Peñate, que la población no solo respalde sino que se apropie del denominado «modelo Bukele», y lo defienda porque siente la diferencia respecto del Estado ausente que tuvo en el abandono a la ciudadanía.
«La segunda fase de DoctorSV va a venir a mejorar al ciudadano. Cuando se hacen encuestas y se dice que el 95 % apoya al gobierno y al presidente Nayib Bukele, ¿cuál es la causa fundamental?, es que cada ciudadano se siente beneficiado de las políticas públicas», subrayó.
