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Judicial

Juez de Instrucción, confirma que el caso Corruptela está basado en prueba ilegal y es una doble persecución contra Enrique Rais.

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El Juzgado 4o de Instrucción, pronunció recientemente resolución judicial en la que reconoce las graves ilegalidades que fueron cometidas por la Fiscalía en perjuicio del empresario Enrique Rais y que han producido la acusación en su contra en el conocido como Caso “corruptela” mismo que estaría basado en escuchas telefónicas ilegales y de las que no existe garantía de su legitimidad, además de no constar que se haya autorizado judicialmente intervenir ningún aparato telefónico o en uso por parte de Rais.

Precisamente el Juez de Instrucción, al mismo tiempo que se excusa para seguir conociendo de la causa penal, por el motivo de haber conocido de los mismos hechos que se imputan a Rais, en el caso “corruptela” en la tramitación de otras causas penales tanto en el Juzgado 5o de instrucción, como en el 8o de instrucción, ambos de la ciudad de San Salvador, reconoce ampliamente que los procesos penales contra el empresario, tienen su origen en una intervención telefónica promovida contra otras personas distintas al empresario ya que éste no estaba siendo objeto de investigación, que nunca existió autorización judicial para escuchar conversaciones de Rais y que la información ha sido manipulada por la fiscalía y policía, no existiendo certeza sobre la cadena de custodia de la prueba y sobre el contenido de los audios.

También destacó que la prueba con la cual fiscalía montó el caso, fueron unas escuchas que el Ex Director del Centro de Intervención a las Telecomunicaciones ocultó su existencia al entonces Fiscal General de la República, en las que además de no aparecer Enrique Rais, sino otras personas investigadas por distintos hechos, tales escuchas cumplieron los seis meses que indica la ley de escuchas, para poder utilizaras como prueba y acusar penalmente a los intervenidos, caso contrario deben ser destruidas; sin embargo, en este caso, fueron utilizadas casi DIEZ MESES, después del periodo en que debían destruirse y por ende, DIECISÉIS MESES después de haber concluido la intervención telefónica de la que se obtuvieron.

Los abogados de Rais, han sostenido durante más de tres años que el empresario es víctima de una persecución arbitraria, por intereses económicos de competidores desleales y por razones políticas, que fueron potenciadas por las ilegalidades del Ex Fiscal General Douglas Meléndez, quien por medio de su primo hermano y Ex Jefe de la Unidad de Crimen Organizado, Wil Walter Ruiz y el Ex Jefe de la Unidad de Investigación Financiera, Jorge Cortez Díaz, fabricó los distintos procesos penales, que en realidad se tratan del mismo hecho, mismos delitos señalados y contra las mismas personas, en lo que ya no es ni siquiera una doble persecución, sino que se está en presencia de una triple persecución.

De manera que la Fiscalía monta en unas escuchas vencidas, donde no consta intervención judicial de Rais y sin certeza de legitimidad, el conocido como “Caso Rais Martínez”, acusándolo de beneficiarse por medio de la entrega de dádivas al Ex Fiscal General Luis Martínez, de procesos acomodados a los intereses del empresario; cuando se dan cuenta que son descubiertos en el fraude de haber alterado la información de unos Análisis de Bitácoras y está por realizarse la audiencia preliminar del caso, los fiscales fabrican el llamado caso “corruptela”, que precisamente tiene la misma base de hechos y la misma prueba. Y para tratar de darle otra orientación coaccionan a seis personas de la FGR, entre fiscales y empleados, para que declaren falsamente en contra de Enrique Rais, situación que está comprobada cuando renuncian de los criterios de oportunidad que les habían sido autorizados y por tanto sus declaraciones carecen de validez, por ser prueba prohibida.

Frente a todas estas ilegalidades que han sido advertidas por el Juzgado que lleva la causa, precisamente en la misma resolución se determina que la razón de excusarse es porque no quiere que quede la misma duda, sobre la falta de objetividad del Juez, pues es claro que lo que procede en el caso “corruptela” es declarar la nulidad del proceso seguido contra Rais, pero al haber conocido el juzgador, también de los otros procesos que son réplicas del “corruptela” opta porque sea el Tribunal de Segunda Instancia que confirme si debe o no seguir al frente de la tramitación de la acusación, ya que está en juego que se alcance la justicia sobre las violaciones a derechos fundamentales del empresario.

Según los abogados de Rais, al ser consultados, el ejercicio de transparencia del Juez Cuarto de instrucción, es un buen signo para el sistema judicial, que no ha tenido el valor de aceptar que los procesos penales que recibieron y en los que se acusa a Enrique Rais, están basados en pruebas ilegales, pruebas prohibidas y son tres veces el mismo caso. Ante la falta de pronunciamiento inclusive de la propia Corte Suprema de Justicia, donde están pendientes de resolverse peticiones constitucionales de trascendencia, se vieron obligados a demandar a la Fiscalía, la PDDH y el Sistema Judicial por no garantizar el acceso a una pronta y cumplida justicia para su defendido. Y confirman que ya preparan más acciones internacionales al quedar comprobado que Enrique Rais es víctima de una triple persecución penal, por los mismos hechos, lo que está prohibido por la ley nacional y los tratados internacionales.

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Motorista que condujo en sentido contrario y amenazó con un corvo es condenado a trabajo comunitario

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Hugo Antonio Flores Rivas, motorista de la ruta 106, fue condenado a un año de prisión por el delito de conducción peligrosa de vehículos automotores, luego de ser captado en video manejando en sentido contrario sobre una carretera en el departamento de La Libertad Oeste.

El hecho ocurrió el pasado 27 de abril en la vía que conduce hacia Quezaltepeque. En las imágenes que circularon en redes sociales, se observa a Flores Rivas conduciendo de forma temeraria. Al notar que estaba siendo grabado, el imputado sacó un arma blanca tipo corvo y amenazó al ciudadano que lo filmaba.

Tras la difusión del video, la Fiscalía General de la República (FGR) presentó una acusación formal ante el tribunal correspondiente. Durante la audiencia preliminar, el procesado aceptó los hechos y se sometió a un procedimiento abreviado, lo que permitió al juez imponer una pena alternativa.

En lugar de cumplir el año de cárcel, la pena fue sustituida por trabajo de utilidad pública, medida contemplada en la legislación salvadoreña para ciertos delitos y bajo condiciones específicas. Las autoridades no precisaron en qué consistirán las labores comunitarias que deberá realizar el condenado.

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Condenan a 20 años de prisión a dos extorsionistas en Cuscatlán

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El Tribunal de Sentencia de Cojutepeque condenó a Nefthaly Adonay Muñoz Pérez y Fredy Antonio Hidalgo Azucena a 20 años de cárcel por el delito de extorsión agravada contra un comerciante en el departamento de Cuscatlán.

Según informó la Fiscalía General de la República, los imputados amenazaban de muerte a la víctima para obligarla a entregar dinero de forma mensual, además de mercadería que comercializaba. “La coacción en la entrega de dinero y productos, así como la falta de utilidades en su negocio, obligaron a la víctima a cerrar su única fuente de ingresos”, explicó el fiscal del caso.

Los hechos ocurrieron en el distrito de Santa Cruz Michapa entre diciembre de 2022 y 2023. Las investigaciones establecieron que ambos sujetos exigían pagos regulares como parte de su actividad delictiva.

Esta es la segunda condena por extorsión que enfrentan los acusados. En febrero de este mismo año, ya habían sido sentenciados a 15 años de prisión por extorsionar a otra víctima.

Durante el juicio, el Ministerio Público presentó pruebas documentales, testimoniales y periciales que permitieron al tribunal declarar culpables a los dos acusados.

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Condenan a mujer por tráfico de marihuana en Soyapango

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El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador condenó a seis años de prisión a Isis Tamara Elena Mejía, tras ser hallada culpable del delito de posesión y tenencia de droga con fines de tráfico.

De acuerdo con el expediente judicial, la captura se efectuó el 16 de julio de 2024 durante un allanamiento en su vivienda, ubicada en la urbanización Sierra Morena II, en Soyapango, luego de una denuncia ciudadana que alertaba sobre la venta de estupefacientes en el lugar.

Durante la inspección, agentes de la Policía Nacional Civil encontraron una bolsa negra con 405 gramos de marihuana en el baño, así como otra bolsa con 445 gramos en una de las habitaciones de la casa. La imputada fue detenida en el sitio y posteriormente procesada penalmente.

Las autoridades estimaron el valor de la droga incautada en $1,494.24.

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