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Judicial

Sujeto va a juicio por sembrar y cultivar marihuana

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Un hombre fue enviado a juicio por sembrar y cultivar marihuana, informó Centros Judiciales El Salvador, la tarde del jueves.

El imputado responde al nombre de Alejandro Enrique A. Ch., de 48 años de edad, quien en primera instancia alegó que dicha planta la sembraba y cultivaba para usos con fines medicinales.

Según el reporte, el Juzgado Segundo de Instrucción de Soyapango ordenó la apertura a juicio por el delito de siembra y cultivo considerando la existencia de suficientes elementos de prueba, a la vez ratificó la medida cautelar de la detención provisional en contra de Enrique.

Según el reporte de Centros Judiciales, Enrique fue detenido tras el aviso a la Fiscalía General de la República (FGR) de manera anónima a través de una llamada telefónica.

“A principios de abril pasado, la Policía Nacional Civil (PNC) allanó una vivienda en el reparto Morazán, de Soyapango, ya que una persona anónima informó -vía teléfono- a la FGR que en ese lugar se estaba comercializando droga”, precisó Centros Judiciales.

Tras las denuncia, al ser verificada la vivienda, la Policía halló en el techo 17 macetas en las que había sembrado marihuana.

De igual manera, en las habitaciones habían botes de vidrio con un total de 82.9 gramos y varias ramas, que en total pesaban más de 59.00 gramos, todo esto pertenecía a Enrique, por lo que fue arrestado, dando así inició a su proceso.

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Judicial

Juzgado rechaza petición de liberación de depósitos a plazo a nombre del exministro David Munguía Payés

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Foto: Cortesía

El Juzgado Especializado en Extinción de Dominio, rechazó liberar $113,213.88 que el exministro de Defensa David Munguía Payés tiene a su nombre en tres depósitos a plazo fijo en instituciones bancarias.

Los abogados del exfuncionario plantearon al juzgado que emitiera una resolución anticipada para que su representado pudiera disponer de ese dinero, pero se denegó la petición porque es un punto que se va a conocer hasta que se haga la audiencia preparatoria que es la primera del proceso donde se deben plantear ese tipo de peticiones y donde se conocen nulidades y excepciones.

En esa diligencia también el juzgado debe resolver sobre la admisión o rechazo de las pruebas y luego convocar a la audiencia de sentencia si el expediente pasa a la siguiente etapa.

En la audiencia especial fiscales de la Unidad Especializada de Extinción de Dominio se opusieron a la pretensión de los abogados del exministro. «El resultado se difiere para la audiencia preparatoria y cuando exista una inmediación con el elenco probatorio que es lo que viene sosteniendo representación fiscal respetar el debido proceso, son puntos que deben resolverse en la audiencia preparatoria y en el momento procesal oportuno», dijo una fiscal.

La Unidad Especializada de Extinción de Dominio de la Fiscalía busca que 10 cuentas bancarias, entre de ahorro y de plazo fijo, dos vehículos y dos inmuebles en San Salvador y La Libertad, por un monto $4,638,164.91 pasen al Estado.

El 20 de diciembre del año 2021, el Juzgado Especializado de Instrucción A de San Salvador, envió a la cárcel a Munguía Payés, tras una petición de la Fiscalía General de la República, el juez le revocó el arresto domiciliar que tenía y ordenó que lo trasladaran a un penal.

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El exfuncionario en los gobiernos del FMLN está pendiente enfrentar la vista pública por el delito de agrupaciones ilícitas, incumplimiento de deberes y actos arbitrarios, supuestamente facilitó y avaló la tregua entre pandillas.

El exministro tiene otra causa penal en el Juzgado Quinto de Instrucción de San Salvador, es el caso conocido como Centrum, donde también era procesado el expresidente de ARENA, Gustavo López Davidson, quien se suicidó el pasado 21 de julio.

Este caso tiene que ver con una permuta de armas donde se favoreció a Centrum entregando pistolas en buen estado a cambio de dos obuses (cañones antiaéreos) que no funcionaban.

Por: Diario El Salvador

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Judicial

Por tráfico ilegal de personas, sujeto irá a prisión

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Foto: FGR

Por tratar de sacar del país a dos personas adultas y tres menores de edad, a través de un punto fronterizo ilícito en el departamento de Ahuachapán, José Isaías Roque Ramírez fue sentenciado a una pena de prisión de seis años.

Fiscales de la Unidad Especializada Delitos de Tráfico Ilegal y Trata de Personas explicaron que el incriminado, junto a las víctimas, fue detenido en flagrancia por elementos militares el 19 de abril del año 2021, cuando trataban de burlar a las autoridades.

En las investigaciones se estableció que las víctimas emprendían la travesía con rumbo a Chiapas, México, para luego buscar, por sus medios, llegar hacia Los Estados Unidos de Norteamérica.

La prueba en su conjunto presentada, demostró que el imputado había cobrado por el traslado, $500 dólares por cada una de las víctimas.

Por sus acciones ilícitas, el Juzgado de Sentencia de Ahuachapán emitió un fallo condenatorio por el delito de Tráfico Ilegal de Personas.  

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Dura condena para mareros que extorsionaban en Sonsonate

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Imagen de referencia

El cinco de enero de este año un vendedor ambulante fue interceptado por tres sujetos que se identificaron como miembros de la pandilla MS y que le exigieron $25 dólares cada mes para dejarlo trabajar y no atentar contra su vida y la vida de su familia. Haciendo justicia para esa víctima, la Oficina Fiscal de Sonsonate logró que se impusiera una condena de 15 años y seis meses a los delincuentes.

Lo pandilleros que deberán cumplir la condena son: Wilber Antonio Rivera Díaz, Josué Enrique Rivera Villalta y José Roberto Fuentes Portillo.

Según la investigación, la víctima con mucho sacrificio realizó tres entregas del dinero exigido.

El fiscal de la oficina de Sonsonate informó que los tres delincuentes en una ocasión incluso amenazaron con un arma de fuego al vendedor ambulante que distribuía su producto en la colonia Santa Lucía, cantón Agua Shuca, del municipio de San Julián, departamento de Sonsonate.

El Tribunal Primero de Sentencia de Sonsonate consideró que la prueba presentada por la representación fiscal fue contundente para demostrar la culpabilidad de los sujetos, a quienes se les juzgó por el delito de extorsión agravada.

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