Judicial
Prisión para pandillero que obligó a familia de Panchimalco a abandonar su vivienda
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El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de cárcel a Julio Adalberto Ramírez Pérez del delito de limitación ilegal a la libertad de circulación. Además, el Tribunal ordenó a Ramírez Pérez pagar una indemnización a la víctima como reparación por el daño emocional causado.
La víctima relató que el 12 de julio de 2020, mientras caminaba por la calle principal del cantón Los Pajales en Panchimalco, fue interceptado por cuatro sujetos pertenecientes a la Mara Salvatrucha. Bajo amenazas de muerte, los terroristas le exigieron a él y a su familia que abandonaran su vivienda, acusándolo de colaborar con la Policía Nacional Civil.
Todos los sujetos portaban armas de fuego. Ramírez Pérez, en particular, apuntó con su arma a la cabeza de la víctima y la amenazó de muerte, diciéndole que no sería el primero en morir si no obedecía. Aterrorizado por las amenazas y temiendo por la seguridad de su familia, la víctima se vio obligado a abandonar su hogar.
El reporte detalla que uno de los cuatro pandilleros involucrados en el hecho falleció, por lo que el proceso en su contra fue sobreseído definitivamente. Los otros dos pandilleros ya fueron condenados por este mismo delito en juicios separados.
Sujetos que estafaron a más de 24 víctimas con más de $33,000 continuarán en prisión por requerimiento de la Fiscalía General de la República (FGR). El escrito se presentó en el Juzgado Primero de Paz de San Salvador.
Los 19 imputados continuarán en prisión mientras mientras avanza el proceso en su contra por el delito de estafa agravada, según informó la FGR.
La investigación determina que los acusados estafaron a 24 víctima a quienes les ofrecían paquetes turísticos y de salud que iban desde los $300 hasta los $4,000, sin embargo, nunca pudieron hacer uso del servicio adquirido. Se estima que se defraudó con al menos $33,000.
Los sujetos conformaban la sociedad Dreams Production S.A de C.V y, por la compra de los paquetes, ofrecían a las víctimas derechos a descuentos en hoteles, restaurantes y aseguradoras.
La sociedad fue conformada a inicios de este año de por salvadoreños, colombianos y venezolanos y continuaron operando hasta que los imputados fueron detenidos por orden de la Fiscalía el 20 de noviembre de este año.
La Cámara de lo Penal de la Cuarta Sección del Centro, con sede en Santa Tecla, ha declarado culpable al exfiscal General de la República, Luis Antonio Martínez González, por el delito de enriquecimiento ilícito durante su gestión entre 2012 y 2015. Según el fallo, se comprobó un aumento injustificado en su patrimonio, que asciende a $71,736.62, cifra que incluye depósitos bancarios y pagos de tarjetas de crédito, así como discrepancias entre su disponibilidad financiera y sus gastos.
Como resultado de esta condena, el exfiscal deberá restituir la suma mencionada al Estado de El Salvador y queda inhabilitado para ocupar cualquier cargo público por un período de diez años. La decisión de la Cámara resalta la importancia de la rendición de cuentas en el manejo de los recursos públicos.
La Fiscalía General de la República (FGR) giró 15 órdenes administrativas (de captura) en diferentes departamentos del país contra una estructura criminal integrada por falsos abogados y notarios que ofrecían servicios legales a los ciudadanos para estafarlos.
Según el reporte fiscal, entre los capturados está Juan Alberto Platero, de quien se informó es hijo de un notario que ya falleció; es señalado de utilizar el nombre y protocolo de actuación de su padre para elaborar documentación falsa.
Platero le hacía creer a las víctimas mediante las redes sociales que tenía más de 15 años de ejercer la profesión, sin embargo, las investigaciones fiscales determinaron hasta este año la Corte Suprema de Justicia lo había certificado como tal de acuerdo con los registros que la institución publica en su portal oficial.
«Ocupaba el nombre de su padre para crear documentos falsos, este sujeto no devuelve los sellos, su padre muere en 2013 y el centro nacional de registros se dio cuenta de que se estaban prestando instrumentos (legales), al parecer, firmados por este notario», explicó una de las fiscales de la Dirección para la Defensa de los Intereses del Estado.
La fuente fiscal detalló que se trata de un grupo criminal dedicado a estafar a personas que necesitan solventar problemas legales, para lo cual, contra a los señalados en calidad de abogados, cuyos instrumentos legales que presentaban a diferentes instituciones se determinó eran falsos.
Las víctimas contrataban a los abogados para efectuar trámites de escrituración de inmuebles y otros asuntos legales.
Los delitos que se le atribuyen al grupo criminal son: agrupaciones ilícitas, falsedad material, falsedad ideológica, estafa agravada, ejercicio ilegal de la profesión y fraude procesal.
Otros detenidos son Miguel Ramírez Moreno, Walter René Martínez Romero, Amanda María Bolaños Pacheco, José Ezequiel García, William Geovany Beltrán Romero, Haydee Guadalupe García Beltrán, Julián Enrique Galicia González y Coni Margarita Chachagua de Galicia.
En los próximos días serán presentados ante los tribunales correspondientes, informó el ministerio público.
