Tras dos suspensiones, el Tribunal 4° de Sentencia de San Salvador se prepara para instalar la vista pública contra el exdiputado Roberto Silva Pereira.

El exparlamentario está siendo acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) por los delitos de cohecho activo y lavado de dinero.

Este juicio debió iniciar la semana anterior, pero fue suspendido en dos ocasiones, la primera por la ausencia de abogados particulares y la segunda por una petición para cambiar a los defensores de Silva Pereira.

Entre octubre de 2004 y el 2006, Silva Pereira buscó “acercamientos al margen de la ley con los alcaldes de diferentes municipios” a los que les ofrecía sobornos, precisa el fiscal del caso.

El acusado ofreció sobornos a alcaldes para que le adjudicaran la ejecución de proyectos municipales, según la tesis fiscal.

“A cambio de que estos contratos le fueran adjudicados, él iba a otorgar una comisión que oscilaba alrededor del 10% por cada proyecto”, agrega la FGR.

El fiscal del caso resalta que hay pruebas de que alcaldes pagaron del 100% de la obra a Silva Pereira, antes que le adjudicaran el contrato.

Hay casos en los que inclusive se pagó el 100% de la obra al acusado, cuando ni siquiera se había iniciado la licitación de la misma.

El Juzgado Cuarto de Sentencia dejó en libertad a los cuatro imputados por los delitos de desaparición de personas y robo agravado, en contra de cuatro pandilleros acusados por este delito cometido en octubre de 2020 en la colonia San Antonio, en Soyapango, San Salvador.

“La prueba no ha sido suficiente para acreditar la participación de los procesados en el hecho, si bien, se puede acreditar que existe una persona de quien se desconoce a este momento su ubicación” expresó la jueza.

Luego procedió a dejar en libertad por el delito de desaparición de personas a los procesados Neri Vladimir Castillo Rivas, Héctor Vladimir Cruz Morales, Rafael Obdulio Hernández Ramos y José Ramírez Montoya, según la acusación fiscal todos integrantes de la padilla 18 Sureños.

La jueza agregó que tampoco se puede atribuir la participación de los acusados en el robo agravado, debido a que la Fiscalía únicamente hizo referencia a que la víctima se conducía en una motocicleta, pero no presentó ningún documento que acreditara la existencia de la misma. Es decir que no se presentó ningún documento que demostrara que la moto fuera de la familia o de la empresa donde laboraba.

El Estado le volvió a fallar a Dennis. La Policía Nacional Civil no fue capaz de auxiliarlo cuando un grupo de pandilleros lo raptaron el 6 de octubre de 2020 en la colonia San Antonio, en Soyapango y ayer la Fiscalía General no logró probar la participación de cuatro acusados en la desaparición del repartidor de pizzas.

Denis Alexander Menjívar Pineda fue privado de libertad y desaparecido hace más de un año cuando hacía la entrega de una pizza.

El joven de 23 años residía en Apopa y trabajaba para una pizzería de la zona. Un día antes de desaparecer fue trasladado a la sucursal de Soyapango.

Según la investigación fiscal cuando el repartidor realizaba una entrega fue interceptado por un grupo de pandilleros que lo despojaron de su teléfono celular, la moto, la mochila en que transportaba la pizza y todas sus pertenencias.

Denis logró escapar, corrió por unos pasajes hasta refugiarse en una casa desde donde llamó a sus familiares y a la Policía.

El trabajador también logró enviar su ubicación al gerente de la sucursal de la pizzería donde estaba asignado y realizó al menos tres llamadas al 911, pero no obtuvo respuesta.

La empresa envió dos servicios de Uber al lugar para tratar de sacar al joven, pero no lo encontraron.

Después de una hora de estar en la casa donde logró esconderse, los pandilleros llegaron armados a buscarlo, el dijo a las personas que le estaban ayudando que no quería meterlos en problemas y se saltó un muro en la parte de atrás de la propiedad para huir.

Luego residentes llamaron al sistema 911 para alertar que los pandilleros llevaban a un joven y lo iban golpeando; sin embargo, según consta en el relato, fue hasta las 8:00 de la noche, cuando las autoridades instalaron una mesa de crisis para atender la denuncia. Nunca más se supo de su paradero.

Tres estructuras de pandilleros que operaban en diferentes municipios del departamento de La Paz y que están ligados al cometimiento de varios delitos, fueron desarticuladas la madrugada de este viernes en un procedimiento de captura coordinado por la Fiscalía General de República (FGR) y la Policía Nacional Civil (PNC).

Se trata de un total de 43 pandilleros pertenecientes a las clicas Esperanza Locos Salvatruchos, Texas Little Sycos Salvatruchos y Santo Tomás Locos Salvatruchos.

A todos ellos se les acusa de cometer los delitos de Proposición y Conspiración en el delito de Homicidio Agravado, Extorsión Agravada, Tráfico Ilícito, Actos Preparatorios, Proposición, Conspiración y Asociaciones Delictivas Conspiraciones de Homicidios, Homicidio Agravado en grado de Tentativa y Agrupaciones Ilícitas.

Al cierre de esta nota ya se contabilizaban unas 14 detenciones a las cuales se unirán 15 intimaciones que se estarían realizando en las próximas horas en diferentes penales del país.

El jefe fiscal de la oficina de Zacatecoluca, Daniel Domínguez, dijo que con estas detenciones se busca resolver al menos 128 casos de los delitos que se les imputan a los detenidos.

Domínguez informó además que dentro de las investigaciones en este caso -que llevó más de 6 meses- se logró salvarle la vida a un total de 46 persona de quienes se captó información de que serían víctimas de asesinato por parte de estas estructuras.

“Mediante la herramienta de investigación científica y tecnológica que usamos se logró detectar que existía una planificación para eliminar a pandilleros contrarios, ex compañeros de clica o personas civiles que consideraban colaboraban con las autoridades brindándoles información sobre sus movimientos”, dijo el jefe fiscal.