Judicial
Pandilleros homicidas son condenados a penas de hasta 50 años de cárcel
Cristian Alfredo Contreras Cuellar, Francisco Efraín Flores Martínez y Miguel Ángel Corona Portillo, miembros de la MS-13 que operaba en el municipio de Chalchuapa, departamento de Santa Ana fueron condenados por comprobarles el delito de agrupaciones ilícitas, homicidio agravado y proposición y conspiración en el delito de homicidio agravado.
Dadas las pruebas presentadas por la representación fiscal, el Tribunal Especializado de Sentencia de Santa Ana impuso las siguientes penas: Cristian Alfredo Contreras Cuellar, 25 años de cárcel por Homicidio Agravado, más 20 años por planeación de dos homicidios, y cinco años adicional por el delito de agrupaciones ilícitas; haciendo un total 50 años de cárcel.
Mientras que para Francisco Efraín Flores Martínez se impuso una sentencia de 25 años por el delito de Homicidio Agravado, y para Miguel Ángel Corona Portillo, 5 años de cárcel por agrupaciones Ilícitas.
Uno de los casos más relevantes por el cual fueron condenados es el asesinato de Francisca de Jesús Samayoa; la víctima le vendía comida a miembros de la PNC y los pandilleros consideraban que ella les brindaba información.
Otro de los casos es el perpetrado contra Juan Carlos Ortíz Linares, a quien le quitaron la vida porque vendía pollo en una zona del mercado Colón de Chalchuapa, donde la estructura consideraba que era dominada por la pandilla
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Un peligroso pandillero sonrió al escuchar su condena a ocho años de cárcel por el delito de limitación ilegal a la libertad de circulación en perjuicio de una víctima protegida, informó Centros Judiciales El Salvador (CJES), en las últimas horas.
Se trata de Juan Carlos Salguero Sermeño, quien fue arrestado el año pasado por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).
El informe precisó que, el primero de abril de 2022, Sermeño se acercó a la víctima cuando esta llegaba del trabajo y le dijo que ya no querían verlo en la zona porque lo matarían. Sin embargo, la víctima ingresó rápidamente a su vivienda.
Instantes después, Sermeño y otros miembros de una estructura terrorista tocaron la puerta, exigiéndole que saliera. La víctima escuchó que los sujetos estaban en el techo de su vivienda, por lo que llamó al sistema de emergencia 911 de la PNC y cinco minutos después los sujetos huyeron.
Al llegar los agentes policiales, auxiliaron a la víctima, quien abandonó su vivienda dejando en ella sus pertenencias. El 22 de agosto de ese mismo año, Sermeño fue detenido mediante una orden administrativa después de que la víctima lo reconoció en fotografías.
Finalmente, tras el desfile de pruebas, el Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a Juan Carlos Salguero Sermeño a 08 años de prisión por el delito de limitación ilegal a la libertad de circulación.
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El Juzgado Especializado de Sentencia A de San Salvador condenó el jueves 25 de mayo a Aurelio Wilfredo Vásquez a 12 años de prisión por robar a clientes de bancos. Vásquez fue condenado a 10 años por robo agravado en perjuicio de dos víctimas y dos años más por agrupaciones ilícitas.
La Fiscalía determinó que Vásquez formaba parte de una estructura criminal dedicada al robo contra clientes de bancos. La banda delinquía en San Miguel, La Unión, Santa Ana y Chalatenango.
Los delincuentes visitaban las agencias bancarias para identificar a las personas que hacían retiros de grandes sumas de dinero. Luego las seguían y en la vía pública les robaban. En ocasiones las seguían hasta sus casas.
La estructura fue investigada desde el 2015 y se desarticuló en el 2018. Vásquez fue el líder de una célula de esa estructura y se encargaba de manejar los vehículos para seguir a las víctimas y después robarles.
Vásquez ya está purgando una pena de 10 años por violación, mientras que los otros miembros de la banda ya fueron condenados en otros juzgados.
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El Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador se desarrolla la audiencia de vista pública en contra de Sandra Jeaneth Monterrosa y Wilson Oswaldo Anaya acusados de los delitos de trata de personas agravada en modalidad de servidumbre, trabajo forzado y esclavitud.
Según las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), los hechos por los cuales Monterrosa y Anaya son señalados ocurrieron en Mejicanos entre los años 2013 hasta abril de 2021 cuando obligaron a cuatro víctimas a realizar trabajos domésticos sin remuneración. Las víctimas lograron escapar.
La institución reveló que las víctimas también eran obligadas por los imputados a vender mercadería en las calles y si no cumplían con lo ordenado por la pareja les aplicaban severos castigos físicos.
Según fuentes fiscales, las víctimas «trabajaban para los imputados, pero eran sometidas a trabajos forzados, es decir, sin ningún tipo de remuneración y los obligaban a ejecutar todo tipo de trabajos y si no los realizaban correcta a criterio de ellos los golpeaban y sometían, los maltrataban física y psicológicamente con golpes extremos».
La misma fuente agregó que las víctimas estaban «sometidas en la vivienda y no las dejaban salir».
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