Judicial
Mecafé, su esposa e hijas deben devolver más de $2 millones al Estado
El expresidente del Centro Internacional de Ferias y Convenciones (Cifco), Miguel Menéndez Avelar, “Mecafé”, se enriqueció ilícitamente y debe devolver al Estado $1,868,104.39, así lo han establecido los magistrados de la Cámara Primera de lo Civil de San Salvador.
En la resolución de la audiencia probatoria, que es la última diligencia del juicio civil, se confirma que Mecafé tuvo un incremento patrimonial no justificado y no pudo desvanecer 16 irregularidades ante la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
En las declaraciones juradas que presentó en Probidad se encontró indicios de enriquecimiento ilícito lo cual abrió el camino para seguirle el juicio civil, primero administrativamente y luego se llevó ante la Cámara donde tres fiscales de la Unidad Anticorrupción probaron que el empresario y amigo cercano al expresidente Mauricio Funes, adquirió bienes, vehículos, pago tarjetas de crédito y abrió cuentas bancarias con fondos de origen desconocido.
La Cámara Primera de lo Civil ha confirmado en su resolución “Mecafé” en las 16 irregularidades consistentes en depósitos pormedio de cheques y efectivo, inversiones, adquisición de cuatro vehículos, pago de tarjetas de crédito, adquisición de inmuebles y pago de préstamos, tuvo ese incremento patrimonial ya que sus gastos no están en consonancia con sus ingresos.
Prácticamente han confirmado la tesis fiscal de que gastaba más de lo que ganaba y que sus ingresos no eran suficientes para cubrir su estilo de vida, pese a que tuvo la oportunidad de desvirtuar los señalamientos planteados en la demanda, sus abogados no aportaron elementos probatorios para mantener ese principio de presunción de inocencia que la normativa civil y mercantil le confiere.
Cuando la Fiscalía General de la República presentó la demanda el 7 de enero de 2020, de forma preliminar dijo que Menéndez Avelar y su grupo familiar se habían enriquecido ilícitamente con un monto de $2,366,950.18, pero una análisis financiero contable presentado terminó incrementando la cantidad en $3,035,337.18, pero los magistrados han determinado que el aumento patrimonial sin causa es de $2,084,742.96.
Según la resolución Fátima Yanira Henríquez de Menéndez, esposa de “Mecafé” tuvo un incremento patrimonial de $59,760.95, por tres irregularidades, consistentes en pago de préstamos, depósitos bancarios en cheques y afectivo, así como adquisición de inmueble; a las hijas del empresario la pericia también les encontró incrementos no justificados en sus patrimonios, Fátima Yanira Menéndez de Baires, apareció con $133,415.70, mientras que Andrea Vanessa Menéndez Henríquez, $23,461.92.
Las tres, también deben reintegrar esas cantidades de dinero al Estado, según la sentencia de responsabilidad civil que la Cámara Primera de lo Civil ha emitido.
Los alcances de la Ley de Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos, que data desde 1959, también se han aplicado para los cuatro demandados, como fue solicitado por el ministerio público.
La normativa establece un régimen sancionatorio de multas para que se restituya al Estado lo adquirido indebidamente, así dice el artículo 20 de la ley, los magistrados también han aplicado el artículo 21 de la normativa que ordena una inhabilitación durante 10 años para ejercer un cargo público.
Cuatro personas identificadas como José Eliseo Mejía, Juan Rodolfo Mejía Hernández, Inmer Alexis Méndez Consuegra, y Oswaldo Eliseo Ávalos Hernández fueron encontrados responsables de haberle robado a una persona una fuerte cantidad de dinero en efectivo el pasado cinco de agosto del año 2024.
El fiscal del caso dijo que los cuatro sujetos interceptaron a la víctima cuando caminaba sobre la calle principal en cantón Pacun, del municipio de Santa Ana Centro.
Según la investigación los sujetos le dijeron que no lo quieren ver en la zona y le dieron 24 horas para irse o le quitarían la vida, luego lo lesionaron en diferentes partes de su cuerpo y le quitaron una fuerte cantidad y un celular.
Los sujetos huyen al escuchar que por la zona se acercaba un vehículo.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana impuso la condena por el delito de robo agravado. Dichos sujetos no pertenecen a alguna mara o pandilla.
Judicial
Ordenan captura de red de jóvenes acusados de extorsionar a empresarios de la en La Libertad
En un esfuerzo conjunto entre la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil, se capturó a un grupo de jóvenes que, durante el año 2025, extorsionaron a un empresario del departamento de La Libertad.
La estructura estaba conformada por un menor de edad y Ana Gladis Lemus, Javier Alexander Zepeda Morales, Nayeli Yasenia Mejía Flores y Nelson David Inocente Leonor, quienes fueron capturados durante el operativo.
De acuerdo a las investigaciones, el menor de edad contactaba a la víctima vía telefónica para amenazar y exigir el pago de efectivo; las otras cuatro personas eran las encargadas de retirar el dinero exigido el quince de cada mes y dar seguridad en ese momento.
Posteriormente, el dinero recibido lo depositaban a cuentas bancarias y lo enviaban por remesas a través de farmacias y supermercados.
Los imputados fueron perfilados bajo entregadas controladas con cobertura policial.
A los imputados se les procesará por los delitos de agrupaciones ilícitas y extorsión agravada.
El operativo se desarrolló en los distritos de Jayaque y Colón en el departamento de La Libertad y de igual manera en San Antonio del Monte, jurisdicción de Sonsonate y se incautó abundante evidencia que fortalecerá el caso y la acusación contra los imputados.
Entre el 1 de enero y el 27 de marzo de 2026, un total de 27 criminales fueron condenados por feminicidio y tentativa de feminicidio, según informes de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con las autoridades, los Juzgados Especializados de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres impusieron penas de hasta 30 años por feminicidio y 50 años por feminicidio agravado, conforme a lo establecido en la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV).
En uno de los casos, el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 11 pandilleros de la 18 por el asesinato de tres mujeres. Los jueces aplicaron los artículos 45 y 46 de la LEIV, que establecen penas de entre 20 y 35 años, y de 30 a 50 años, respectivamente.
Las investigaciones fueron desarrolladas por diversas unidades fiscales con enfoque de género, garantizando la persecución penal de los delitos. Los procesos iniciaron en juzgados de paz y avanzaron hacia tribunales especializados, bajo reserva conforme lo establece la ley.
Durante los juicios, la Fiscalía presentó peritajes, pruebas documentales, testimonios, así como informes técnicos de geolocalización, registros de llamadas y evidencia dactilar que vinculan a los imputados con los hechos. Los jueces valoraron estos elementos para emitir las condenas.
Las autoridades señalaron que en varios casos se comprobó la existencia de violencia psicológica, verbal y física, así como contextos de vulnerabilidad en las víctimas. En crímenes vinculados a estructuras criminales, se determinó que los responsables ejercieron distintos tipos de violencia contra las mujeres.
Uno de los fallos más severos fue contra 11 pandilleros de la 18, quienes recibieron condenas de 50 años por cada feminicidio, acumulando penas superiores a los 400 años por múltiples delitos. Según la Fiscalía, los hechos corresponden a un triple feminicidio ocurrido en 2010 en Ilopango.
Entre los condenados se encuentran Alejandro Ernesto Rodríguez, sentenciado a 408 años de prisión; Juan Antonio Marroquín Portillo, a 205 años; Celestino Vásquez Benítez, a 195 años; y Douglas Alirio Alfaro Amaya, a 105 años. Asimismo, fue condenado Erick Saúl Villalobos, cabecilla nacional de la pandilla 18, a 144 años de cárcel.
En otros casos, un ciudadano nicaragüense fue condenado a 50 años de prisión por asesinar a su compañera de vida en San Miguel, mientras que en San Salvador, un hombre recibió 37 años de cárcel por intentar asesinar a su pareja, a quien le causó graves lesiones con arma blanca.
Además, en Ahuachapán, un hombre fue condenado a 50 años por el feminicidio agravado de su expareja, y en Santa Ana, otro imputado recibió 50 años por intentar asesinar a su excompañera de vida y a su hija de dos años.
