Judicial
Mecafé, su esposa e hijas deben devolver más de $2 millones al Estado
El expresidente del Centro Internacional de Ferias y Convenciones (Cifco), Miguel Menéndez Avelar, “Mecafé”, se enriqueció ilícitamente y debe devolver al Estado $1,868,104.39, así lo han establecido los magistrados de la Cámara Primera de lo Civil de San Salvador.
En la resolución de la audiencia probatoria, que es la última diligencia del juicio civil, se confirma que Mecafé tuvo un incremento patrimonial no justificado y no pudo desvanecer 16 irregularidades ante la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
En las declaraciones juradas que presentó en Probidad se encontró indicios de enriquecimiento ilícito lo cual abrió el camino para seguirle el juicio civil, primero administrativamente y luego se llevó ante la Cámara donde tres fiscales de la Unidad Anticorrupción probaron que el empresario y amigo cercano al expresidente Mauricio Funes, adquirió bienes, vehículos, pago tarjetas de crédito y abrió cuentas bancarias con fondos de origen desconocido.
La Cámara Primera de lo Civil ha confirmado en su resolución “Mecafé” en las 16 irregularidades consistentes en depósitos pormedio de cheques y efectivo, inversiones, adquisición de cuatro vehículos, pago de tarjetas de crédito, adquisición de inmuebles y pago de préstamos, tuvo ese incremento patrimonial ya que sus gastos no están en consonancia con sus ingresos.
Prácticamente han confirmado la tesis fiscal de que gastaba más de lo que ganaba y que sus ingresos no eran suficientes para cubrir su estilo de vida, pese a que tuvo la oportunidad de desvirtuar los señalamientos planteados en la demanda, sus abogados no aportaron elementos probatorios para mantener ese principio de presunción de inocencia que la normativa civil y mercantil le confiere.
Cuando la Fiscalía General de la República presentó la demanda el 7 de enero de 2020, de forma preliminar dijo que Menéndez Avelar y su grupo familiar se habían enriquecido ilícitamente con un monto de $2,366,950.18, pero una análisis financiero contable presentado terminó incrementando la cantidad en $3,035,337.18, pero los magistrados han determinado que el aumento patrimonial sin causa es de $2,084,742.96.
Según la resolución Fátima Yanira Henríquez de Menéndez, esposa de “Mecafé” tuvo un incremento patrimonial de $59,760.95, por tres irregularidades, consistentes en pago de préstamos, depósitos bancarios en cheques y afectivo, así como adquisición de inmueble; a las hijas del empresario la pericia también les encontró incrementos no justificados en sus patrimonios, Fátima Yanira Menéndez de Baires, apareció con $133,415.70, mientras que Andrea Vanessa Menéndez Henríquez, $23,461.92.
Las tres, también deben reintegrar esas cantidades de dinero al Estado, según la sentencia de responsabilidad civil que la Cámara Primera de lo Civil ha emitido.
Los alcances de la Ley de Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos, que data desde 1959, también se han aplicado para los cuatro demandados, como fue solicitado por el ministerio público.
La normativa establece un régimen sancionatorio de multas para que se restituya al Estado lo adquirido indebidamente, así dice el artículo 20 de la ley, los magistrados también han aplicado el artículo 21 de la normativa que ordena una inhabilitación durante 10 años para ejercer un cargo público.
El Tribunal de Sentencia de Zacatecoluca, departamento de La Paz, enjuiciará durante cuatro semanas al exalcalde de Olocuilta, Marvin Ulises Rodríguez Álvarez y varios miembros de su exconcejo por delitos de corrupción.
A la vista pública que se realiza en la sede del centro judicial de Santa Tecla han comparecido siete de los acusados, otros cinco son procesados como ausentes, gracias a las reformas que aprobó la Asamblea Legislativa al Código Procesal Penal, las cuales facultan enjuiciar a imputados prófugos.
La Fiscalía General de la República les atribuye los delitos de peculado e incumplimiento de deberes en el período 2012 al 2015.
Una de las fiscales dijo que se les cuestiona por tres proyectos. El primero tiene que ver con la compra de un terreno para construir un cementerio municipal y un parque ecológico.
El inmueble fue adquirido en $236,000, y en la compraventa acordada se tenía una extensión determinada, pero en la escritura aparece una menor cantidad de terreno.
Para el cementerio se desembolsó $50,000, pero al final no se hizo nada de ese proyecto y para el parque ecológico se gastaron $260,000.
También se le acusa al prófugo exalcalde Marvin Ulises Rodríguez «de mover dinero de las cuentas del FODES que venían directamente para la alcaldía, para su cuenta personal y del tesorero municipal de ese entonces, Edwin León», manifestó la representante del ministerio público.
Documentos y pericias concluyen que Rodríguez transfirió entre $60,000 y $70,000 de los fondos FODES a su cuenta personal y lo hizo a través de transacciones bancarias.
Al comenzar la vista pública, la Fiscalía expuso al tribunal colegiado que durante el desarrollo de la diligencia presentará testimonios, pericias y documentos para acreditar los actos de corrupción consumados por los 12 acusados.
Un joven de 18 años enfrenta una detención provisional tras intentar vender una motocicleta robada, sin la documentación correspondiente, a su verdadero propietario.
De acuerdo con el requerimiento fiscal, César Iván H. adquirió la motocicleta el 23 de diciembre del año pasado por 600 dólares, sin realizar los trámites legales necesarios. Posteriormente, el 11 de enero, publicó el vehículo en la plataforma de Marketplace por 700 dólares.
El joven recibió el interés de un supuesto comprador y acordaron llevar a cabo la transacción en Soyapango. Sin embargo, durante la entrega, el comprador resultó ser el dueño legítimo de la motocicleta, quien había denunciado el robo y estaba trabajando con la Policía para recuperar su vehículo.
Como resultado de esta situación, César Iván H. fue detenido por las autoridades, quienes continúan investigando el caso.
La Fiscalía General de la República expuso al Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador los alegatos finales en el juicio del exalcalde de la capital Ernesto Muyshondt y tres exfuncionarios por retener $5,492,588.48 de cuotas laborales.
Los fiscales hicieron una síntesis de cada uno de los elementos de prueba que durante el juicio fueron presentados y que a su juicio establece la participación de cada uno de los imputados.
Para Muyshondt, los fiscales pidieron condena de 22 años por incumplimiento de deberes y apropiación indebida de retenciones o percepciones tributarias.
Mientras que, 14 años para el exdirector de Finanzas de la alcaldía, Santos Omar Muñoz González, a quien le atribuyen apropiación y retención de cuotas laborales en perjuicio 45 trabajadores de la municipalidad e incumplimiento de deberes.
La Fiscalía solicitó 20 años para el extesorero, Fernando Heriberto Portillo Linares, procesado de apropiación indebida de retenciones o percepciones tributarias, apropiación y retención de cuotas laborales e incumplimiento de deberes.
Mientras que para para Francisco José Rivera Chacón, señalado de apropiación indebida de retenciones tributarias, los fiscales pidieron 16 años.
La Fiscalía le expresó al tribunal que los testigos presentados fueron contundentes en manifestar la conducta dolosa de retener y apropiarse de los fondos.
Se mencionó que la directora de Finanzas y la pagadora de Desechos Sólidos, declararon que a través de correos electrónicos pidieron que se transfirieran los fondos para pagar las cuotas previsionales, pero Portillo Linares incumplió los procedimientos administrativos para el desembolso del dinero.
El ministerio público pidió a los jueces que se valore los documentos donde evidencia que a los empleados les hicieron las retenciones, pero nunca llegaron los desembolsos para pagar a diversas entidades, entre ellas las AFP e instituciones bancarias.
