Judicial
Mecafé, su esposa e hijas deben devolver más de $2 millones al Estado
El expresidente del Centro Internacional de Ferias y Convenciones (Cifco), Miguel Menéndez Avelar, “Mecafé”, se enriqueció ilícitamente y debe devolver al Estado $1,868,104.39, así lo han establecido los magistrados de la Cámara Primera de lo Civil de San Salvador.
En la resolución de la audiencia probatoria, que es la última diligencia del juicio civil, se confirma que Mecafé tuvo un incremento patrimonial no justificado y no pudo desvanecer 16 irregularidades ante la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
En las declaraciones juradas que presentó en Probidad se encontró indicios de enriquecimiento ilícito lo cual abrió el camino para seguirle el juicio civil, primero administrativamente y luego se llevó ante la Cámara donde tres fiscales de la Unidad Anticorrupción probaron que el empresario y amigo cercano al expresidente Mauricio Funes, adquirió bienes, vehículos, pago tarjetas de crédito y abrió cuentas bancarias con fondos de origen desconocido.
La Cámara Primera de lo Civil ha confirmado en su resolución “Mecafé” en las 16 irregularidades consistentes en depósitos pormedio de cheques y efectivo, inversiones, adquisición de cuatro vehículos, pago de tarjetas de crédito, adquisición de inmuebles y pago de préstamos, tuvo ese incremento patrimonial ya que sus gastos no están en consonancia con sus ingresos.
Prácticamente han confirmado la tesis fiscal de que gastaba más de lo que ganaba y que sus ingresos no eran suficientes para cubrir su estilo de vida, pese a que tuvo la oportunidad de desvirtuar los señalamientos planteados en la demanda, sus abogados no aportaron elementos probatorios para mantener ese principio de presunción de inocencia que la normativa civil y mercantil le confiere.
Cuando la Fiscalía General de la República presentó la demanda el 7 de enero de 2020, de forma preliminar dijo que Menéndez Avelar y su grupo familiar se habían enriquecido ilícitamente con un monto de $2,366,950.18, pero una análisis financiero contable presentado terminó incrementando la cantidad en $3,035,337.18, pero los magistrados han determinado que el aumento patrimonial sin causa es de $2,084,742.96.
Según la resolución Fátima Yanira Henríquez de Menéndez, esposa de “Mecafé” tuvo un incremento patrimonial de $59,760.95, por tres irregularidades, consistentes en pago de préstamos, depósitos bancarios en cheques y afectivo, así como adquisición de inmueble; a las hijas del empresario la pericia también les encontró incrementos no justificados en sus patrimonios, Fátima Yanira Menéndez de Baires, apareció con $133,415.70, mientras que Andrea Vanessa Menéndez Henríquez, $23,461.92.
Las tres, también deben reintegrar esas cantidades de dinero al Estado, según la sentencia de responsabilidad civil que la Cámara Primera de lo Civil ha emitido.
Los alcances de la Ley de Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos, que data desde 1959, también se han aplicado para los cuatro demandados, como fue solicitado por el ministerio público.
La normativa establece un régimen sancionatorio de multas para que se restituya al Estado lo adquirido indebidamente, así dice el artículo 20 de la ley, los magistrados también han aplicado el artículo 21 de la normativa que ordena una inhabilitación durante 10 años para ejercer un cargo público.
Walter Alexander Martínez Mendoza y Rubén Alexander Mendoza Luna, perfilados como terroristas de la pandilla Barrio 18, fueron condenados a 100 años de prisión por el homicidio de dos personas en Santa Ana.
La Fiscalía General de la República explicó que ambos fueron condenados por homicidio (35 años por cada víctima) y por agrupaciones ilícitas (30 años).
El crimen se cometió específicamente en el distrito de Chalchuapa en febrero del 2019. La investigación fiscal reveló que los imputados llegaron armados con escopetas a la casa de las víctimas, luego de entrar por la fuerza y tener una discusión les dispararon.
Algunos vecinos intentaron auxiliar a las víctimas; sin embargo, habían fallecido por el ataque.
Martínez fue capturado en octubre de 2024. El anuncio del arresto fue dado por el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, quien dijo: «un homicida menos en nuestras calles, que pagará con décadas en prisión por sus crímenes».
En esa ocasión, el funcionario aprovechó a reiterar que se utilizarán «todos los recursos del Estado para que ningún hecho de sangre quede en la impunidad y todo aquel que atente contra la vida de otro salvadoreño será sometido a la justicia».
Las autoridades de Seguridad de la administración de Nayib Bukele han sobresalido al bajar los índices de impunidad desde 2019.
En 2019, cuando se cerró con más de 2,300 homicidios, la tasa de impunidad aún alcanzaba el 97%, sin embargo, poco a poco fue disminuyendo, al cierre del 2022 se registraron 496 homicidios y la impunidad bajo a un 35%. Para el 2023 descendió a un 5% y a la fecha se mantiene a 0%. Para el 2025, cuando se reportaron 82 homicidios, todos fueron resueltos con la captura de los responsables.
«La capacidad de salir librado se ha ido reduciendo [para los homicidas] año tras año», asegura el titular de Seguridad y es que «el modelo Bukele va de la mano con la aplicación de la justicia», reiteró.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
Penas de hasta 314 años de prisión fueron impuestas a integrantes de una estructura criminal por 26 casos de robo y asesinar a cuatro usuarios de agencias bancarias, entre ellos a un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) y una profesora.
De los 38 condenados por el juez tres del Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, la mayor cantidad de años fue impuesta a Marvin Geovany García Sosa, cabecilla de la organización, quien recibió 314 años de cárcel por los delitos de homicidio agravado, robo agravado y agrupaciones ilícitas.
