Judicial
Mecafé, su esposa e hijas deben devolver más de $2 millones al Estado
El expresidente del Centro Internacional de Ferias y Convenciones (Cifco), Miguel Menéndez Avelar, “Mecafé”, se enriqueció ilícitamente y debe devolver al Estado $1,868,104.39, así lo han establecido los magistrados de la Cámara Primera de lo Civil de San Salvador.
En la resolución de la audiencia probatoria, que es la última diligencia del juicio civil, se confirma que Mecafé tuvo un incremento patrimonial no justificado y no pudo desvanecer 16 irregularidades ante la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
En las declaraciones juradas que presentó en Probidad se encontró indicios de enriquecimiento ilícito lo cual abrió el camino para seguirle el juicio civil, primero administrativamente y luego se llevó ante la Cámara donde tres fiscales de la Unidad Anticorrupción probaron que el empresario y amigo cercano al expresidente Mauricio Funes, adquirió bienes, vehículos, pago tarjetas de crédito y abrió cuentas bancarias con fondos de origen desconocido.
La Cámara Primera de lo Civil ha confirmado en su resolución “Mecafé” en las 16 irregularidades consistentes en depósitos pormedio de cheques y efectivo, inversiones, adquisición de cuatro vehículos, pago de tarjetas de crédito, adquisición de inmuebles y pago de préstamos, tuvo ese incremento patrimonial ya que sus gastos no están en consonancia con sus ingresos.
Prácticamente han confirmado la tesis fiscal de que gastaba más de lo que ganaba y que sus ingresos no eran suficientes para cubrir su estilo de vida, pese a que tuvo la oportunidad de desvirtuar los señalamientos planteados en la demanda, sus abogados no aportaron elementos probatorios para mantener ese principio de presunción de inocencia que la normativa civil y mercantil le confiere.
Cuando la Fiscalía General de la República presentó la demanda el 7 de enero de 2020, de forma preliminar dijo que Menéndez Avelar y su grupo familiar se habían enriquecido ilícitamente con un monto de $2,366,950.18, pero una análisis financiero contable presentado terminó incrementando la cantidad en $3,035,337.18, pero los magistrados han determinado que el aumento patrimonial sin causa es de $2,084,742.96.
Según la resolución Fátima Yanira Henríquez de Menéndez, esposa de “Mecafé” tuvo un incremento patrimonial de $59,760.95, por tres irregularidades, consistentes en pago de préstamos, depósitos bancarios en cheques y afectivo, así como adquisición de inmueble; a las hijas del empresario la pericia también les encontró incrementos no justificados en sus patrimonios, Fátima Yanira Menéndez de Baires, apareció con $133,415.70, mientras que Andrea Vanessa Menéndez Henríquez, $23,461.92.
Las tres, también deben reintegrar esas cantidades de dinero al Estado, según la sentencia de responsabilidad civil que la Cámara Primera de lo Civil ha emitido.
Los alcances de la Ley de Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos, que data desde 1959, también se han aplicado para los cuatro demandados, como fue solicitado por el ministerio público.
La normativa establece un régimen sancionatorio de multas para que se restituya al Estado lo adquirido indebidamente, así dice el artículo 20 de la ley, los magistrados también han aplicado el artículo 21 de la normativa que ordena una inhabilitación durante 10 años para ejercer un cargo público.
El Juzgado Primero de Sentencia de Santa Tecla condenó a 17 años de cárcel a Josué Eduardo Platero Mina, acusado de asesinar a su pareja, José Antonio Hernández Paz, en medio de una discusión por supuestas infidelidades.
El crimen ocurrió a inicios de enero de 2024 en el cantón El Matazano, distrito de San Juan Opico, en el departamento de La Libertad. Platero Mina, quien tenía 20 años al momento de los hechos, atacó a la víctima con golpes y un arma blanca, según determinó la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR).
Las autoridades señalaron que la noche del 31 de diciembre de 2023, Platero Mina llegó a la vivienda de Hernández Paz alrededor de las 11:00 p. m., pero se retiró sin previo aviso. Luego, Hernández Paz le comunicó que llegaría a su casa más tarde. Testigos afirmaron que ambos discutieron en al menos dos ocasiones antes del homicidio.
Según la FGR, Platero Mina golpeó e hirió con arma blanca a Hernández Paz y posteriormente arrojó su cuerpo cerca de la quebrada conocida como cuesta Los Conacastes, en el mismo cantón. El cadáver fue localizado el 2 de enero por un ciudadano que recolectaba leña en la zona.
Tras ser identificado como principal sospechoso, Platero Mina fue detenido por el delito de resistencia, mientras las investigaciones continuaban. Durante un registro en su vivienda, las autoridades encontraron en una fosa séptica el teléfono, la cartera y los documentos personales de la víctima, además del arma utilizada en el crimen.
Con base en estas evidencias, la Fiscalía formalizó la acusación por homicidio simple. El tribunal validó los elementos presentados y emitió la condena contra el imputado.
Judicial
Motorista que condujo en sentido contrario y amenazó con un corvo es condenado a trabajo comunitario
Hugo Antonio Flores Rivas, motorista de la ruta 106, fue condenado a un año de prisión por el delito de conducción peligrosa de vehículos automotores, luego de ser captado en video manejando en sentido contrario sobre una carretera en el departamento de La Libertad Oeste.
El hecho ocurrió el pasado 27 de abril en la vía que conduce hacia Quezaltepeque. En las imágenes que circularon en redes sociales, se observa a Flores Rivas conduciendo de forma temeraria. Al notar que estaba siendo grabado, el imputado sacó un arma blanca tipo corvo y amenazó al ciudadano que lo filmaba.
Tras la difusión del video, la Fiscalía General de la República (FGR) presentó una acusación formal ante el tribunal correspondiente. Durante la audiencia preliminar, el procesado aceptó los hechos y se sometió a un procedimiento abreviado, lo que permitió al juez imponer una pena alternativa.
En lugar de cumplir el año de cárcel, la pena fue sustituida por trabajo de utilidad pública, medida contemplada en la legislación salvadoreña para ciertos delitos y bajo condiciones específicas. Las autoridades no precisaron en qué consistirán las labores comunitarias que deberá realizar el condenado.
El Tribunal de Sentencia de Cojutepeque condenó a Nefthaly Adonay Muñoz Pérez y Fredy Antonio Hidalgo Azucena a 20 años de cárcel por el delito de extorsión agravada contra un comerciante en el departamento de Cuscatlán.
Según informó la Fiscalía General de la República, los imputados amenazaban de muerte a la víctima para obligarla a entregar dinero de forma mensual, además de mercadería que comercializaba. “La coacción en la entrega de dinero y productos, así como la falta de utilidades en su negocio, obligaron a la víctima a cerrar su única fuente de ingresos”, explicó el fiscal del caso.
Los hechos ocurrieron en el distrito de Santa Cruz Michapa entre diciembre de 2022 y 2023. Las investigaciones establecieron que ambos sujetos exigían pagos regulares como parte de su actividad delictiva.
Esta es la segunda condena por extorsión que enfrentan los acusados. En febrero de este mismo año, ya habían sido sentenciados a 15 años de prisión por extorsionar a otra víctima.
Durante el juicio, el Ministerio Público presentó pruebas documentales, testimoniales y periciales que permitieron al tribunal declarar culpables a los dos acusados.
