Judicial
Juzgado mantiene condena para Coronel Benavides en caso Jesuitas
El Juzgado 4° de Vigilancia Penitenciaria y Ejecución de la Pena realizó audiencia de incidentes a favor del condenado, Guillermo Alfredo Benavides Moreno, coronel del Ejército Nacional e involucrado en el homicidio agravado de seis sacerdotes jesuitas y dos de sus colaboradoras.
El interno está condenado a la pena de 30 años de cárcel por el delito de asesinato, según el Código Penal derogado el 20 de abril de 1998, y por proposición y conspiración en el delito de actos terroristas.
Según datos del proceso, Benavides fue enviado al mencionado penal el 13 de enero de 1990, luego de ser condenado por un tribunal de conciencia por parte del Juzgado 4° de lo Penal (hoy de Instrucción) y liberado el 1 de abril del mismo año, después que la Asamblea Legislativa decretara una Ley de Amnistía. Sin embargo, al ser declarada ilegal por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, fue recapturado por el 5 de febrero de 2016, para ser extraditado hacia España.
Durante la audiencia, la jueza leyó una misiva por parte del padre José María Tojeira, jefe del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA), en la que solicitaba que se le otorgara una libertad anticipada, ya que por parte de la Compañía de Jesús y los familiares de los seis sacerdotes y dos colaboradoras “no había nada que perdonar”. Además, por razones humanitarias, ya que su edad es de 75 años y que padece de una enfermedad crónica y degenerativa.
Sin embargo, la defensa argumentaba que su representado ya había cumplido con la tercera parte de la pena (10 años de cárcel), no obstante, el condenado no cumple con los requisitos establecidos por los artículos 85 y 87 del actual Código Penal, en los que se establece sobre los programas a cumplir dentro del penal.
Según un informe de 2020, el condenado demuestra desinterés en participar en los programas de reinserción, además, de presentar agresividad en el trato con los demás internos y las autoridades del penal.
La jueza declaró no hay lugar a la aplicación del artículo 39 de dicho código, en el que se refiere al principio de retroactividad, ya que “es de correspondencia a Centros Penales elegir quiénes pueden ser beneficiados con una libertad anticipada u otra por el estilo”, menciona el apartado ya referido.
Actualmente lleva un total de ocho años, cuatro meses y tres días, para optar por un beneficio.
Los abogados del interno van a presentar un recurso de apelación a más tardar, el próximo martes 15 de junio ante el mencionado juzgado. El caso sería del conocimiento de la Cámara Mixta de Tránsito y Vigilancia Penitenciaria.
Fuente: Centros Judiciales de El Salvador
Judicial
Fuerza Armada captura en Apopa a presunto gatillero de la MS-13 con orden de apremio por arma de fuego
Soldados de la Fuerza Armada ubicaron este domingo en Apopa, San Salvador Oeste, a Brandon Alexander Hernández, alias “Seco” o “Terrible”, señalado como homeboy de la MS-13 con función de gatillero. El detenido fue entregado de inmediato a la Policía Nacional Civil para continuar el proceso.
Según el parte militar, Hernández tenía vigente una orden de apremio por tenencia, portación o conducción ilegal de arma de fuego y registra antecedentes por el delito de agrupaciones ilícitas. Las autoridades no detallaron la colonia exacta del procedimiento ni si en el momento de la captura le decomisaron armas u otros objetos.
Apopa fue durante años una de las plazas más disputadas por estructuras de la MS-13 y el Barrio 18. En 2023 el Gobierno desplegó miles de efectivos en urbanizaciones como Popotlán y Valle Verde. Capturas como esta se enmarcan en el Plan Control Territorial y en el régimen de excepción, que sigue vigente.
El señalado queda a la orden de la PNC. Corresponderá a la Fiscalía formalizar la imputación y a un juez determinar si enfrenta detención provisional. Hasta ahora, el único reporte oficial es el de la Fuerza Armada.
Judicial
Condenan a 10 años por estafa agravada en San Miguel: cobró $3,000 por dos Toyotas de EE. UU. y desapareció
El Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel condenó a diez años de prisión a José Ricardo Bado Rodríguez por estafa agravada contra dos hombres a los que prometió traer vehículos desde Estados Unidos. El fallo, informado por la Fiscalía y el centro judicial, se dictó en rebeldía: el procesado no compareció y hay orden de captura vigente para que cumpla la pena.
El modus operandi fue telefónico. Bado Rodríguez se presentó como importador, pidió $1,500 de anticipo a cada víctima —$3,000 en total— y se comprometió a exportar dos Toyota, años 2006 y 2012, con entrega aproximada en agosto de 2019. El dinero se lo entregaron el 2 y el 3 de mayo de ese año. Después cortó el contacto. Las víctimas denunciaron el 28 de agosto de 2019, cuando no hubo ni carros ni respuesta.
Entre la denuncia y la condena pasaron siete años. Eso no anula el delito: el tribunal valoró las pruebas en vista pública y calificó los hechos como estafa agravada, no como un simple incumplimiento comercial. En El Salvador este esquema —anticipo por un “carro de afuera” que nunca llega— se repite. La diferencia, en este caso, es que el expediente llegó a sentencia firme y a una pena de una década.
Mientras Bado Rodríguez no sea detenido, la condena queda en papel. La orden de captura sigue activa. Quien pague adelantos por importaciones debería exigir contrato, datos fiscales y rastro del trámite aduanal; sin eso, el riesgo no es solo perder $1,500: es entrar en un proceso que, como este, puede tardar años.
La Fiscalía General de la República (FGR) logró una condena de 13 años de prisión contra José David Villanueva, quien fue encontrado culpable de los delitos de robo y daños.
De acuerdo con la información proporcionada, Villanueva solicitó un viaje a través de una plataforma digital. Durante el trayecto, amenazó a la víctima con un arma blanca para despojarla de sus pertenencias y posteriormente robó el vehículo en el que se transportaban.
Tras el atraco, la víctima interpuso la denuncia de inmediato, lo que permitió a las autoridades localizar el vehículo. Este había sido chocado y posteriormente abandonado.
Villanueva fue identificado y posteriormente capturado.
La condena de 13 años de cárcel fue impuesta por el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla.
