Judicial
Juzgado mantiene condena para Coronel Benavides en caso Jesuitas
El Juzgado 4° de Vigilancia Penitenciaria y Ejecución de la Pena realizó audiencia de incidentes a favor del condenado, Guillermo Alfredo Benavides Moreno, coronel del Ejército Nacional e involucrado en el homicidio agravado de seis sacerdotes jesuitas y dos de sus colaboradoras.
El interno está condenado a la pena de 30 años de cárcel por el delito de asesinato, según el Código Penal derogado el 20 de abril de 1998, y por proposición y conspiración en el delito de actos terroristas.
Según datos del proceso, Benavides fue enviado al mencionado penal el 13 de enero de 1990, luego de ser condenado por un tribunal de conciencia por parte del Juzgado 4° de lo Penal (hoy de Instrucción) y liberado el 1 de abril del mismo año, después que la Asamblea Legislativa decretara una Ley de Amnistía. Sin embargo, al ser declarada ilegal por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, fue recapturado por el 5 de febrero de 2016, para ser extraditado hacia España.
Durante la audiencia, la jueza leyó una misiva por parte del padre José María Tojeira, jefe del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA), en la que solicitaba que se le otorgara una libertad anticipada, ya que por parte de la Compañía de Jesús y los familiares de los seis sacerdotes y dos colaboradoras “no había nada que perdonar”. Además, por razones humanitarias, ya que su edad es de 75 años y que padece de una enfermedad crónica y degenerativa.
Sin embargo, la defensa argumentaba que su representado ya había cumplido con la tercera parte de la pena (10 años de cárcel), no obstante, el condenado no cumple con los requisitos establecidos por los artículos 85 y 87 del actual Código Penal, en los que se establece sobre los programas a cumplir dentro del penal.
Según un informe de 2020, el condenado demuestra desinterés en participar en los programas de reinserción, además, de presentar agresividad en el trato con los demás internos y las autoridades del penal.
La jueza declaró no hay lugar a la aplicación del artículo 39 de dicho código, en el que se refiere al principio de retroactividad, ya que “es de correspondencia a Centros Penales elegir quiénes pueden ser beneficiados con una libertad anticipada u otra por el estilo”, menciona el apartado ya referido.
Actualmente lleva un total de ocho años, cuatro meses y tres días, para optar por un beneficio.
Los abogados del interno van a presentar un recurso de apelación a más tardar, el próximo martes 15 de junio ante el mencionado juzgado. El caso sería del conocimiento de la Cámara Mixta de Tránsito y Vigilancia Penitenciaria.
Fuente: Centros Judiciales de El Salvador
Luis René Rivera González enfrenta cargos por feminicidio agravado, acusado de haber asesinado a su compañera de vida a golpes en la cabeza y posteriormente incinerar el cuerpo para intentar ocultar el crimen, según informó la Fiscalía General de la República (FGR).
El hecho ocurrió el pasado 13 de marzo en un terreno baldío ubicado sobre la carretera a Punta Mango, en el caserío La Vaca, cantón El Zope, distrito de Jucuarán, Usulután.
De acuerdo con las investigaciones fiscales, tras cometer el homicidio, Rivera González regresó a su vivienda en Chirilagua, San Miguel, y minutos más tarde volvió a la escena del crimen para prender fuego al cadáver.
La desaparición de la víctima fue reportada por familiares el 21 de abril. Gracias a las diligencias realizadas por la FGR, el cuerpo fue localizado el 30 de abril. La institución también señaló que la mujer había sido víctima de un ciclo de violencia por parte del acusado.
Rivera González fue capturado mediante orden administrativa el 15 de mayo. La FGR ha solicitado al Juzgado de Paz de Chirilagua que el proceso avance a la etapa de instrucción con régimen de detención provisional mientras continúan las investigaciones.
Judicial
Mujer es acusada de homicidio agravado por la muerte de su pareja y otro hombre en San Miguel
La Fiscalía General de la República (FGR) presentó un requerimiento ante el Juzgado Tercero de Paz de San Miguel en contra de Dilcia Alejandra Navarro Umaña, acusada del delito de homicidio agravado en perjuicio de dos hombres, entre ellos su compañero de vida.
Según el informe fiscal, los hechos ocurrieron luego de una reunión en la que Navarro Umaña, su pareja sentimental, de 39 años, y un amigo de ambos, compartían bebidas alcohólicas. Durante el encuentro surgió una discusión que continuó cuando los tres se trasladaron a la vivienda de la pareja.
“Al llegar a la casa, los dos hombres comenzaron a pelear. En ese momento, la mujer tomó un cuchillo e hirió de gravedad a ambos. Una tercera persona que intentó intervenir resultó con lesiones leves”, detalló la FGR en su comunicado oficial.
La pareja de Navarro Umaña falleció en el lugar a causa de dos heridas en el tórax y una en el cuello, mientras que el otro hombre fue trasladado al Hospital San Juan de Dios, donde murió la mañana del 19 de mayo mientras recibía atención médica.
El Ministerio Público ha solicitado al juzgado que se decrete detención provisional contra la acusada y que el caso pase a la fase de instrucción, mientras se desarrollan las investigaciones correspondientes.
El Tribunal Cuarto Contra el Crimen Organizado condenó a seis años de prisión a Rebeca Saraí Ponce Peñalba, tras encontrarla culpable del delito de actos preparatorios, proposición y conspiración en organizaciones terroristas.
Según el expediente fiscal, los hechos ocurrieron el 14 de julio de 2022 en el cantón Hacienda Nueva, municipio de Colón, en la zona de Nuevo Lourdes. Ese día, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) detuvieron a Ponce Peñalba junto a otras dos personas durante un control preventivo. Testigos del lugar señalaron a los detenidos como presuntos integrantes de estructuras criminales.
Durante el procedimiento, los agentes incautaron un teléfono celular a la ahora condenada. En el dispositivo se encontraron fotografías y videos en los que aparecía junto a miembros activos de la pandilla 18 Revolucionarios, e incluso se observaba a la imputada grabándolos.
El tribunal valoró las pruebas periciales y concluyó que Ponce Peñalba mantenía vínculos directos con la estructura terrorista, por lo que impuso la pena de prisión correspondiente.
