Judicial
Juzgado mantiene condena para Coronel Benavides en caso Jesuitas
El Juzgado 4° de Vigilancia Penitenciaria y Ejecución de la Pena realizó audiencia de incidentes a favor del condenado, Guillermo Alfredo Benavides Moreno, coronel del Ejército Nacional e involucrado en el homicidio agravado de seis sacerdotes jesuitas y dos de sus colaboradoras.
El interno está condenado a la pena de 30 años de cárcel por el delito de asesinato, según el Código Penal derogado el 20 de abril de 1998, y por proposición y conspiración en el delito de actos terroristas.
Según datos del proceso, Benavides fue enviado al mencionado penal el 13 de enero de 1990, luego de ser condenado por un tribunal de conciencia por parte del Juzgado 4° de lo Penal (hoy de Instrucción) y liberado el 1 de abril del mismo año, después que la Asamblea Legislativa decretara una Ley de Amnistía. Sin embargo, al ser declarada ilegal por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, fue recapturado por el 5 de febrero de 2016, para ser extraditado hacia España.
Durante la audiencia, la jueza leyó una misiva por parte del padre José María Tojeira, jefe del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA), en la que solicitaba que se le otorgara una libertad anticipada, ya que por parte de la Compañía de Jesús y los familiares de los seis sacerdotes y dos colaboradoras “no había nada que perdonar”. Además, por razones humanitarias, ya que su edad es de 75 años y que padece de una enfermedad crónica y degenerativa.
Sin embargo, la defensa argumentaba que su representado ya había cumplido con la tercera parte de la pena (10 años de cárcel), no obstante, el condenado no cumple con los requisitos establecidos por los artículos 85 y 87 del actual Código Penal, en los que se establece sobre los programas a cumplir dentro del penal.
Según un informe de 2020, el condenado demuestra desinterés en participar en los programas de reinserción, además, de presentar agresividad en el trato con los demás internos y las autoridades del penal.
La jueza declaró no hay lugar a la aplicación del artículo 39 de dicho código, en el que se refiere al principio de retroactividad, ya que “es de correspondencia a Centros Penales elegir quiénes pueden ser beneficiados con una libertad anticipada u otra por el estilo”, menciona el apartado ya referido.
Actualmente lleva un total de ocho años, cuatro meses y tres días, para optar por un beneficio.
Los abogados del interno van a presentar un recurso de apelación a más tardar, el próximo martes 15 de junio ante el mencionado juzgado. El caso sería del conocimiento de la Cámara Mixta de Tránsito y Vigilancia Penitenciaria.
Fuente: Centros Judiciales de El Salvador
Un total de 428 miembros de estructuras criminales han sido condenados a penas que en algunos casos superan los 800 años de cárcel, como resultado de investigaciones conjuntas entre la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fiscalía General de la República (FGR). Las sentencias fueron emitidas por los Tribunales Contra el Crimen Organizado entre el 28 de abril y el 25 de julio.
Las autoridades detallaron que las pruebas presentadas lograron demostrar la participación de estos individuos en delitos como homicidio, extorsión, desaparición de personas, violaciones y otros crímenes cometidos en distintos puntos del país.
Uno de los casos más relevantes es el de Herbert Luis Sánchez Cruz, alias Cuchara, quien fue condenado a 807 años de prisión por 20 homicidios cometidos como parte de la clica Saylor Locos Salvatruchos de la MS-13. Otros pandilleros de la misma estructura recibieron penas similares: Gerber López Mejía (Aliens), 727 años; y Melquisidec Jiménez Zavala (Yaspers), 663 años, por crímenes cometidos entre 2017 y 2019 en San Miguel.
En total, 66 pandilleros de esa estructura fueron sentenciados. A ellos se suman otros 23 terroristas que operaban en San Miguel, La Unión y La Libertad, incluyendo a Douglas Isaac Urías Hernández, condenado a 230 años de prisión.
En el occidente del país, 56 pandilleros más fueron condenados a penas de hasta 180 años por delitos cometidos en municipios como Tamanique, Chiltiupán y Teotepeque. La mayor sentencia fue para Henry Giovanni Lobos Pérez.
Finalmente, 15 mareros que delinquían en Usulután, Morazán y La Unión también recibieron penas de hasta 155 años. Entre ellos figura Éver Wilfredo Herrera Gómez, alias Satánico, señalado por múltiples homicidios cometidos entre 2015 y 2018.
Las autoridades sostienen que estos resultados son parte del combate frontal al crimen organizado en el marco del régimen de excepción y las estrategias de seguridad impulsadas en el país.
El Juzgado Segundo de Paz de Soyapango ordenó que el caso contra Roxana Yaneth A. de G., de 50 años, acusada del delito de amenazas, continúe en la etapa de instrucción con la aplicación de medidas alternas a la detención.
Según la Fiscalía, los hechos ocurrieron de forma reiterada entre agosto de 2023 y abril de 2025, en un mesón de la colonia San Antonio I, en Soyapango. La acusada habría exigido a una pareja desalojar el espacio que habitaban, advirtiéndoles que, si no lo hacían, “hablaría con los pandilleros”.
Ante el temor, las víctimas abandonaron el lugar con la ayuda de un motorista de plataforma; sin embargo, al transitar por la carretera de Oro fueron interceptados por desconocidos. Uno de ellos fue bajado del vehículo y agredido físicamente. Tras recibir atención médica, ambos regresaron al mesón, donde las amenazas continuaron, por lo que interpusieron una denuncia este año.
Durante la audiencia inicial, la jueza impuso a la imputada medidas como abandonar el inmueble en un plazo de 72 horas, no intentar salir del país y presentarse a firmar al juzgado los días 15 y 30 de cada mes.
El proceso será remitido al Juzgado de Instrucción de Ciudad Delgado para continuar con la investigación.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que cinco exdirectivos de la Corporación Argoz, S. A. de C. V. enfrentarán un nuevo proceso penal por el delito de estafa agravada, tras haber defraudado a 18 víctimas con un monto total de $67,687.
Durante la audiencia inicial, el Tribunal Tercero Contra el Crimen Organizado de San Salvador ordenó la detención provisional de Rodrigo Javier Gómez Farfán, Leticia Farfán de Gómez, Mónica Ivette Sanabria Duarte, Javier Orlando Martínez Henríquez y Edwin Omar Rivera López.
De acuerdo con la acusación fiscal, la empresa Argoz promovía proyectos de lotificación en distintas zonas del país, especialmente en áreas rurales, sin contar con los permisos legales requeridos ni estar supervisada por autoridades competentes.
Según la investigación, los terrenos eran comercializados con la promesa de entregar escrituras públicas una vez cancelado el valor total de la parcela. Sin embargo, la sociedad nunca cumplió con dicho compromiso, dejando a los compradores sin respaldo legal sobre sus propiedades.
#Audiencia I La @FGR_SV responde a otras 18 víctimas en el #CasoARGOZ, quienes fueron estafadas por exdirectivos de la Corporación ARGOZ, S.A. de C.V. con un monto de $67,687.00.
Este día, se lleva a cabo la audiencia inicial en el Tribunal 3° contra el Crimen Organizado de San… pic.twitter.com/XKxCEW0LPc
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) July 21, 2025
El caso específico involucra la lotificación Santa Cecilia, ubicada en el cantón Los Zacatillos, municipio de San Juan Nonualco, en el departamento de La Paz, donde se realizaron las ventas desde el año 2016.
La Fiscalía continúa con la recopilación de pruebas documentales y testimoniales que refuercen la acusación, mientras las víctimas esperan que se les restituya su patrimonio y se haga justicia.
