Judicial
Juzgado mantiene condena para Coronel Benavides en caso Jesuitas
El Juzgado 4° de Vigilancia Penitenciaria y Ejecución de la Pena realizó audiencia de incidentes a favor del condenado, Guillermo Alfredo Benavides Moreno, coronel del Ejército Nacional e involucrado en el homicidio agravado de seis sacerdotes jesuitas y dos de sus colaboradoras.
El interno está condenado a la pena de 30 años de cárcel por el delito de asesinato, según el Código Penal derogado el 20 de abril de 1998, y por proposición y conspiración en el delito de actos terroristas.
Según datos del proceso, Benavides fue enviado al mencionado penal el 13 de enero de 1990, luego de ser condenado por un tribunal de conciencia por parte del Juzgado 4° de lo Penal (hoy de Instrucción) y liberado el 1 de abril del mismo año, después que la Asamblea Legislativa decretara una Ley de Amnistía. Sin embargo, al ser declarada ilegal por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, fue recapturado por el 5 de febrero de 2016, para ser extraditado hacia España.
Durante la audiencia, la jueza leyó una misiva por parte del padre José María Tojeira, jefe del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA), en la que solicitaba que se le otorgara una libertad anticipada, ya que por parte de la Compañía de Jesús y los familiares de los seis sacerdotes y dos colaboradoras “no había nada que perdonar”. Además, por razones humanitarias, ya que su edad es de 75 años y que padece de una enfermedad crónica y degenerativa.
Sin embargo, la defensa argumentaba que su representado ya había cumplido con la tercera parte de la pena (10 años de cárcel), no obstante, el condenado no cumple con los requisitos establecidos por los artículos 85 y 87 del actual Código Penal, en los que se establece sobre los programas a cumplir dentro del penal.
Según un informe de 2020, el condenado demuestra desinterés en participar en los programas de reinserción, además, de presentar agresividad en el trato con los demás internos y las autoridades del penal.
La jueza declaró no hay lugar a la aplicación del artículo 39 de dicho código, en el que se refiere al principio de retroactividad, ya que “es de correspondencia a Centros Penales elegir quiénes pueden ser beneficiados con una libertad anticipada u otra por el estilo”, menciona el apartado ya referido.
Actualmente lleva un total de ocho años, cuatro meses y tres días, para optar por un beneficio.
Los abogados del interno van a presentar un recurso de apelación a más tardar, el próximo martes 15 de junio ante el mencionado juzgado. El caso sería del conocimiento de la Cámara Mixta de Tránsito y Vigilancia Penitenciaria.
Fuente: Centros Judiciales de El Salvador
El Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Tecla condenó a seis años de prisión a Elizabeth Durán Campos por el delito de estafa agravada, en perjuicio del patrimonio de una víctima.
Según las investigaciones, en 2023 la víctima contrató a Durán Campos para la construcción de una piscina en el municipio de La Libertad Costa. Para realizar el trabajo, la imputada recibió un anticipo de $8,150, de un total de $16,000 acordado por la terminación de la obra.
Sin embargo, Durán Campos abandonó los trabajos al segundo día de haberlos iniciado y se negó a devolver el dinero recibido. Además de la pena de prisión, deberá devolver el monto estafado.
Judicial
PNC captura a tres personas con marihuana en residencial Terranova de San Miguel; una de ellas había sido reportada como desaparecida
La Policía Nacional Civil capturó a dos hombres y una mujer durante un procedimiento en una vivienda de la residencial Terranova, en San Miguel, donde se localizó marihuana y objetos presuntamente vinculados a su distribución. Los detenidos son Lindsay Michelle Aguilar Fuentes, de 19 años; José Luis Méndez Argueta, de 21, y Dixma Alexander Amador Torres, de 23. Aguilar Fuentes había sido reportada como desaparecida en redes sociales antes de ser localizada en el operativo.
Durante el registro, las autoridades incautaron marihuana (sin especificar cantidad), una balanza electrónica, una picadora para droga, seis teléfonos celulares, una motocicleta, una pipa y dinero en efectivo. Los tres quedaron bajo custodia y serán remitidos por el delito de posesión y tenencia de droga.
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La PNC no ha detallado las circunstancias exactas que llevaron al operativo ni el rol específico atribuido a cada uno de los capturados. Las investigaciones continúan para determinar responsabilidades individuales.
El caso se suma a los operativos que la institución realiza de forma permanente contra el tráfico y posesión de sustancias ilícitas en el oriente del país.
Las autoridades instan a la población a denunciar cualquier actividad sospechosa a través de los canales oficiales.
Capturamos a dos hombres y una mujer durante un procedimiento realizado en una vivienda de la residencial Terranova, en San Miguel, donde nuestros equipos localizaron marihuana y otros objetos relacionados con su distribución.
Entre los detenidos se encuentra Lindsay Michelle… pic.twitter.com/3TxG3ijoPX
— PNC El Salvador (@PNCSV) August 22, 2026
Judicial
Condenan a cinco años de cárcel a un hombre que amenazó de muerte a su propia madre en Santa Ana
El Juzgado Tercero de Paz de Santa Ana condenó a cinco años de prisión a José Andrés Ábrego Coto, de 31 años, por los delitos de amenazas en perjuicio de su madre y resistencia. Los hechos ocurrieron el 7 de marzo de 2026 en una vivienda de la colonia Gerardo Barrios, distrito de Santa Ana.
Ábrego Coto llegó al domicilio de su madre y la amenazó con quitarle la vida. Ante el temor de que cumpliera la amenaza, la víctima pidió auxilio a la Policía Nacional Civil. Cuando los agentes llegaron al lugar lo encontraron en el exterior de la vivienda y le ordenaron someterse a una requisa personal, pero el imputado se negó y debió ser neutralizado.
Durante el proceso, la madre del condenado manifestó que su hijo ya había sido procesado anteriormente por causarle lesiones y que cumplió una condena por ese delito. El caso se tramitó por la vía de juicio sumario.
La sentencia confirma la detención del imputado y cierra el proceso por estos hechos específicos. Las autoridades no han informado sobre medidas adicionales de protección para la víctima.
Este tipo de casos de violencia intrafamiliar reiterada pone de relieve la importancia de la denuncia oportuna y la actuación policial inmediata.
