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Judicial

Juzgado envía a juicio a empresario de buses Catalino Miranda y a su hijo

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El Juzgado 3.° de Instrucción de San Salvador ha resuelto enviar a juicio al empresario de buses, Catalino Ezequiel Miranda y a su hijo Adalberto Antonio Miranda Zepeda, por incremento no autorizado a la tarifa del pasaje en rutas 42 y 152.

De acuerdo con el registro de la Fiscalía General de la República (FGR), el empresario es acusado por los delitos de resistencia, desórdenes públicos y venta a precio superior.

Miranda fue detenido el 12 de marzo del presente año en la Colonia El Refugio, de San Salvador, por ocasionar, desórdenes en la vía pública utilizando sus unidades de transporte, resistirse al arresto, ya que presuntamente actuó de una forma agresiva contra dos agentes de la policía de tránsito y le arrebató una placa cuando las retiraban de uno de sus microbuses, confirman las autoridades judiciales.

Por estos hechos, el Juzgado 3° de Instrucción de San Salvador, ha resuelto enviarlo a juicio por los delitos de desórdenes públicos, resistencia y venta al precio superior. Su hijo Adalberto Antonio Miranda, que tiene calidad de ausente, enfrentará también vista pública por este último delito.

Con respecto a la medida cautelar, la jueza decidió ratificar la detención provisional contra Miranda, por considerar que prevalece el peligro de fuga, si se le otorgan medidas sustitutivas.

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Judicial

Cámara fija para el 3 de abril juicio contra Norman Quijano acusado de negociar con pandillas

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La Cámara Segunda de lo Penal de San Salvador ha señalado para el próximo 3 de abril la vista pública de Norman Quijano, diputado desaforado del Parlamento Centroamericano y excandidato a la presidencia del partido ARENA en el 2014.

El exfuncionario será enjuiciado como reo ausente ya que nunca se sometió al proceso penal y huyó del país antes de ser acusado por la Fiscalía General de la República.

Quijano, se expone a una condena de hasta 21 años de cárcel si es encontrado culpable de agrupaciones ilícitas y fraude electoral, que son los dos delitos que el ministerio público le atribuye.

La Fiscalía ha sostenido en la acusación, que Quijano se reunió con los cabecillas de las pandillas a principios de marzo de 2014 en la sede de la iglesia de una red de pastores, en la colonia Flor Blanca.

En ese encuentro, solicitó a la Mara Salvatrucha y a las dos facciones de la Pandilla 18 que votaran en segunda vuelta por ARENA y que a cambio invertiría $100 millones en las pandillas, si ganaba las elecciones.

Al excandidato a la presidencia por ARENA, en la audiencia preliminar se le procesó aplicando el artículo 345 no reformado ya que los hechos ocurrieron en el año 2014 y cuando el caso fue judicializado en enero de 2022, todavía no se habían enmendado la ley en lo relativo a agrupaciones ilícitas que ahora sanciona con penas de 20 a 30 años la permanencia a una pandilla y establece cárcel de 40 y 60 años a los creadores, organizadores, jefes, dirigentes, financistas o cabecillas. El artículo 345 fue reformado por la Asamblea Legislativa el 30 de marzo de 2022.

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Con respecto al fraude electoral, el artículo 295 del Código Penal señala que «el que pague dinero o especie o por medio de ofertas de beneficios particulares recibidas o prometidas, para inducir a un lector a votar por determinado partido o candidato o para abstenerse de votar o anular su voto» será castigado con prisión de cuatro a seis años.

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Se instala audiencia probatoria contra la exdiputada del FMLN, Lorena Peña por enriquecimiento ilícito

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Esta mañana se instaló la audiencia probatoria (juicio) contra la exdiputada del FMLN, Lorena Guadalupe Peña Mendoza y su hija, Ana Virginia Guardado Peña, por enriquecimiento ilícito por un monto de $277,482.54 dólares.

Se espera que la Cámara Primero de lo Civil de la Primera Sección del Centro de San Salvador brinde la resolución el próximo 5 de marzo a las 14:15 horas.

Los fiscales del caso pretenden que el total del dinero sea reintegrado al Estado y que la exdiputada sea inhabilitada para ejercer cargos públicos por un período de 10 años.

Durante la diligencia judicial, la representación fiscal presentó, entre otras pruebas, una pericia financiera contable con la que se establecen las 7 irregularidades que no ha podido justificar Lorena Peña en su calidad de exparlamentaria, en los períodos comprendidos entre el 1 de mayo del 2012 al 30 de abril del 2015, y del 1 de mayo del 2015 al 30 de abril del 2018, por un total de $140,521.60 dólares.

Las inconsistencias en su incremento patrimonial de forma injustificada o ilícita se reflejan en depósitos bancarios en efectivo, en la adquisición de dos inmuebles y el pago de tarjetas de créditos.

Mientras que, a la hija de la exdiputada, Ana Virginia Guardado Peña, se le ha demandado por 8 irregularidades consistentes en pagos bancarios en efectivo y en pago de tarjetas de crédito por un monto de $136,960. 94 dólares.

El expediente fiscal por enriquecimiento ilícito fue abierto después que la Corte de Suprema de Justicia (CSJ), en pleno, notificó de las irregularidades detectadas por la Sección de Probidad.

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Judicial

Mareras pasarán 35 años en la cárcel por secuestro en Soyapango

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Dos pandilleras, identificadas como Concepción Mercedes de Cañas y Tania Loreña Cañas, purgarán una condena de 35 años de prisión por ser cómplices en un secuestro, así lo decidió el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador.

De acuerdo con las investigaciones del ministerio público, la víctima fue secuestrada en Soyapango y un día después autoridades fiscales y policiales la ubicaron en una zona rural de Zacatecoluca en La Paz. El delito sucedió el 30 de noviembre del 2015.

La Fiscalía General de la República (FGR) detalló que las pandilleras solicitaron a los familiares del secuestrado $50,000 por su rescate, pero no se hicieron efectivos porque fue liberado por agentes policiales.

En el juicio, la Fiscalía demostró con prueba científica, documental y testimonial que ambas mujeres proveyeron de celulares, alquilaron vehículos y prestaron sus viviendas para mantener escondida a la víctima y exigieron una compensación por el rescate de la víctima secuestrada.

Además, el Tribunal condenó a las mujeres por los delitos de secuestro, agrupaciones ilícitas, y además, al pago de 150 días multas por el uso y tenencia de uniformes con colores policiales.

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