Judicial
Hombre lleva a juicio a su hermano por acoso sexual
“Él está obsesionado conmigo y me tiene amenazado con las pandillas”, dijo Ernesto A., un joven de 28 años de edad que acusó en dos ocasiones a su hermano mayor, Edgardo A., de 30 años, de cometer el delito de acoso sexual en contra de él.
Según lo relatado por el afectado, el principal escenario en donde su hermano lo ha atacado constantemente es en su vivienda, un departamento situado en la colonia Zacamil, en Mejicanos, en el departamento de San Salvador.
En ese hogar, la víctima vive con el que se convirtió en el supuesto atacante desde el año 2012 y el progenitor de ambos, don Porfirio, un hombre pensionado de 67 años. La madre y esposa, respectivamente, de los tres sujetos murió hace 12 años. Cuando la mujer falleció la edad de Ernesto era de 14 y la de Edgardo 16.
El ambiente en el departamento se tornó hostil desde que –según los relatos de la víctima- iniciaron acciones de contenido sexual por parte de Edgardo hacia Ernesto.
“Cuando me baño, él se sube a una escalera para verme. Me toca el trasero y me dice: ‘esto es mío’”, comentó el afectado.
Las actitudes y comentarios negativos hechos por su hermano llevaron a Ernesto a amenazar con interponer una denuncia en el 2012 ante la Fiscalía General de la República (FGR). En ese momento, no las cumplió, pero un año debido a la indignación que sintió hizo realidad la advertencia.
En el 2013, bajo un procedimiento abreviado, Edgardo fue sancionado por un Juzgado de Paz de San Salvador, por lo que debía presentarse a firmar por tres años y, a la vez, le ordenaron que debía alejarse de la víctima, por ende abandonar la vivienda.
Durante dos años, la víctima convivió solo con su padre, pues en enero de 2015 el imputado retornó al apartamento y con ello regresó el hostigamiento, según dijo Ernesto.
La víctima explicó que en varias ocasiones, mientras desayunaba, su hermano le colocó los genitales en uno de sus brazos. Además, dijo se masturbaba frente a él y la de su padre.
“¡Mirá qué rico! Esto va por vos”, “Mirá de lo que te perdés”, eran las frases que la víctima escuchó cada vez que su hermano se autocomplacía.
El 8 de abril de 2015 el ofendido llegó por segunda ocasión a la FGR y presentó nuevamente el requerimiento ante un juzgado bajo el mismo delito de la primera acusación: acoso sexual.
“Él me quiere sacar de la casa”
El Tribunal 1° de Sentencia desarrolló la audiencia de vista pública para resolver el caso. Ante el juez a cargo, Edgardo –el acusado- expuso que él no es de pandillas como estaba diciendo su hermano y que además no cometía tal delito.
“Él me quiere sacar de la casa y es por eso que me está haciendo esas acusaciones”, explicó.
Esas palabras fueron confirmadas por el mismo acusador: “Quiero que Edgardo se vaya de la casa y me pague $500 por los daños que me ha causado”.
El abogado defensor indicó en sus alegatos que la víctima fue muy ambigua al momento de brindar sus declaraciones, pues no determinó fechas específicas. Además, explicó que la FGR no presentó a un supuesto testigo que podía ser clave en el hecho: el padre de ambos hermanos.
Luego de escuchar a ambas partes, tanto defensora como acusadora, el juez determinó absolver a Edgardo penal y civilmente al tomar en cuenta diversos detalles que indicaban que no era culpable del delito, entre ellos el peritaje psicológico hecho a la víctima.
Erotomanía, el trastorno sexual de Ernesto
Ante el juez del tribunal fueron presentadas diversas pruebas, entre ellas, un peritaje psicológico. En él se reflejaba que la víctima, Ernesto, padece de erotomanía, un trastorno mental inusual en el que una persona mantiene la creencia ilusoria de que otra está enamorada de ella.
Unas de las evaluaciones forenses indicó que se le detectaron ideas referenciales, básicamente de contexto sexual y que presenta una alteración mental.
Por otro lado, el evaluado no muestra afectaciones emocionales por la denuncia interpuesta en contra de su hermano mayor.
Además, el peritaje social determinó que Ernesto emerge de una familia nuclear con la figura de ambos padres hasta la edad de 14 años, debido a la muerte de su madre.
Esto originó que el joven desarrollara una baja autoestima, rechazo y resentimiento hacia su padre y hacia el denunciado.
Los dos hijos dependen económicamente de la pensión que recibe su padre, por lo que el mayor de ellos (el acusado) no puede mudarse a otra vivienda por estar desempleado desde hace tres años.
Gran parte de estas conclusiones fueron las que ayudaron a que el juez emitiera su veredicto a favor del imputado.
Por: El Salvador Times.
Walter Alexander Martínez Mendoza y Rubén Alexander Mendoza Luna, perfilados como terroristas de la pandilla Barrio 18, fueron condenados a 100 años de prisión por el homicidio de dos personas en Santa Ana.
La Fiscalía General de la República explicó que ambos fueron condenados por homicidio (35 años por cada víctima) y por agrupaciones ilícitas (30 años).
El crimen se cometió específicamente en el distrito de Chalchuapa en febrero del 2019. La investigación fiscal reveló que los imputados llegaron armados con escopetas a la casa de las víctimas, luego de entrar por la fuerza y tener una discusión les dispararon.
Algunos vecinos intentaron auxiliar a las víctimas; sin embargo, habían fallecido por el ataque.
Martínez fue capturado en octubre de 2024. El anuncio del arresto fue dado por el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, quien dijo: «un homicida menos en nuestras calles, que pagará con décadas en prisión por sus crímenes».
En esa ocasión, el funcionario aprovechó a reiterar que se utilizarán «todos los recursos del Estado para que ningún hecho de sangre quede en la impunidad y todo aquel que atente contra la vida de otro salvadoreño será sometido a la justicia».
Las autoridades de Seguridad de la administración de Nayib Bukele han sobresalido al bajar los índices de impunidad desde 2019.
En 2019, cuando se cerró con más de 2,300 homicidios, la tasa de impunidad aún alcanzaba el 97%, sin embargo, poco a poco fue disminuyendo, al cierre del 2022 se registraron 496 homicidios y la impunidad bajo a un 35%. Para el 2023 descendió a un 5% y a la fecha se mantiene a 0%. Para el 2025, cuando se reportaron 82 homicidios, todos fueron resueltos con la captura de los responsables.
«La capacidad de salir librado se ha ido reduciendo [para los homicidas] año tras año», asegura el titular de Seguridad y es que «el modelo Bukele va de la mano con la aplicación de la justicia», reiteró.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
Penas de hasta 314 años de prisión fueron impuestas a integrantes de una estructura criminal por 26 casos de robo y asesinar a cuatro usuarios de agencias bancarias, entre ellos a un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) y una profesora.
De los 38 condenados por el juez tres del Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, la mayor cantidad de años fue impuesta a Marvin Geovany García Sosa, cabecilla de la organización, quien recibió 314 años de cárcel por los delitos de homicidio agravado, robo agravado y agrupaciones ilícitas.
