Judicial
Hombre lleva a juicio a su hermano por acoso sexual
“Él está obsesionado conmigo y me tiene amenazado con las pandillas”, dijo Ernesto A., un joven de 28 años de edad que acusó en dos ocasiones a su hermano mayor, Edgardo A., de 30 años, de cometer el delito de acoso sexual en contra de él.
Según lo relatado por el afectado, el principal escenario en donde su hermano lo ha atacado constantemente es en su vivienda, un departamento situado en la colonia Zacamil, en Mejicanos, en el departamento de San Salvador.
En ese hogar, la víctima vive con el que se convirtió en el supuesto atacante desde el año 2012 y el progenitor de ambos, don Porfirio, un hombre pensionado de 67 años. La madre y esposa, respectivamente, de los tres sujetos murió hace 12 años. Cuando la mujer falleció la edad de Ernesto era de 14 y la de Edgardo 16.
El ambiente en el departamento se tornó hostil desde que –según los relatos de la víctima- iniciaron acciones de contenido sexual por parte de Edgardo hacia Ernesto.
“Cuando me baño, él se sube a una escalera para verme. Me toca el trasero y me dice: ‘esto es mío’”, comentó el afectado.
Las actitudes y comentarios negativos hechos por su hermano llevaron a Ernesto a amenazar con interponer una denuncia en el 2012 ante la Fiscalía General de la República (FGR). En ese momento, no las cumplió, pero un año debido a la indignación que sintió hizo realidad la advertencia.
En el 2013, bajo un procedimiento abreviado, Edgardo fue sancionado por un Juzgado de Paz de San Salvador, por lo que debía presentarse a firmar por tres años y, a la vez, le ordenaron que debía alejarse de la víctima, por ende abandonar la vivienda.
Durante dos años, la víctima convivió solo con su padre, pues en enero de 2015 el imputado retornó al apartamento y con ello regresó el hostigamiento, según dijo Ernesto.
La víctima explicó que en varias ocasiones, mientras desayunaba, su hermano le colocó los genitales en uno de sus brazos. Además, dijo se masturbaba frente a él y la de su padre.
“¡Mirá qué rico! Esto va por vos”, “Mirá de lo que te perdés”, eran las frases que la víctima escuchó cada vez que su hermano se autocomplacía.
El 8 de abril de 2015 el ofendido llegó por segunda ocasión a la FGR y presentó nuevamente el requerimiento ante un juzgado bajo el mismo delito de la primera acusación: acoso sexual.
“Él me quiere sacar de la casa”
El Tribunal 1° de Sentencia desarrolló la audiencia de vista pública para resolver el caso. Ante el juez a cargo, Edgardo –el acusado- expuso que él no es de pandillas como estaba diciendo su hermano y que además no cometía tal delito.
“Él me quiere sacar de la casa y es por eso que me está haciendo esas acusaciones”, explicó.
Esas palabras fueron confirmadas por el mismo acusador: “Quiero que Edgardo se vaya de la casa y me pague $500 por los daños que me ha causado”.
El abogado defensor indicó en sus alegatos que la víctima fue muy ambigua al momento de brindar sus declaraciones, pues no determinó fechas específicas. Además, explicó que la FGR no presentó a un supuesto testigo que podía ser clave en el hecho: el padre de ambos hermanos.
Luego de escuchar a ambas partes, tanto defensora como acusadora, el juez determinó absolver a Edgardo penal y civilmente al tomar en cuenta diversos detalles que indicaban que no era culpable del delito, entre ellos el peritaje psicológico hecho a la víctima.
Erotomanía, el trastorno sexual de Ernesto
Ante el juez del tribunal fueron presentadas diversas pruebas, entre ellas, un peritaje psicológico. En él se reflejaba que la víctima, Ernesto, padece de erotomanía, un trastorno mental inusual en el que una persona mantiene la creencia ilusoria de que otra está enamorada de ella.
Unas de las evaluaciones forenses indicó que se le detectaron ideas referenciales, básicamente de contexto sexual y que presenta una alteración mental.
Por otro lado, el evaluado no muestra afectaciones emocionales por la denuncia interpuesta en contra de su hermano mayor.
Además, el peritaje social determinó que Ernesto emerge de una familia nuclear con la figura de ambos padres hasta la edad de 14 años, debido a la muerte de su madre.
Esto originó que el joven desarrollara una baja autoestima, rechazo y resentimiento hacia su padre y hacia el denunciado.
Los dos hijos dependen económicamente de la pensión que recibe su padre, por lo que el mayor de ellos (el acusado) no puede mudarse a otra vivienda por estar desempleado desde hace tres años.
Gran parte de estas conclusiones fueron las que ayudaron a que el juez emitiera su veredicto a favor del imputado.
Por: El Salvador Times.
Imagen de referencia
El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de cárcel a Julio Adalberto Ramírez Pérez del delito de limitación ilegal a la libertad de circulación. Además, el Tribunal ordenó a Ramírez Pérez pagar una indemnización a la víctima como reparación por el daño emocional causado.
La víctima relató que el 12 de julio de 2020, mientras caminaba por la calle principal del cantón Los Pajales en Panchimalco, fue interceptado por cuatro sujetos pertenecientes a la Mara Salvatrucha. Bajo amenazas de muerte, los terroristas le exigieron a él y a su familia que abandonaran su vivienda, acusándolo de colaborar con la Policía Nacional Civil.
Todos los sujetos portaban armas de fuego. Ramírez Pérez, en particular, apuntó con su arma a la cabeza de la víctima y la amenazó de muerte, diciéndole que no sería el primero en morir si no obedecía. Aterrorizado por las amenazas y temiendo por la seguridad de su familia, la víctima se vio obligado a abandonar su hogar.
El reporte detalla que uno de los cuatro pandilleros involucrados en el hecho falleció, por lo que el proceso en su contra fue sobreseído definitivamente. Los otros dos pandilleros ya fueron condenados por este mismo delito en juicios separados.
El pandillero de la 18 José Abel Aguirre Hernández, es enjuiciado por haber asesinado a dos mujeres, a cuatro miembros de una familia y a un jornalero, en San Luis La Herradura, departamento de La Paz.
Los dos feminicidios los consumó en el 2015, y con respecto a la masacre de la familia, las pesquisas que la Fiscalía General de la República realizó determinaron que un cabecilla de la pandilla ordenó el múltiple crimen.
El móvil fue porque un miembro de la familia había sido testigo de un caso en contra del cabecilla de la pandilla 18 y por eso pidió que lo asesinaran junto a su familia.
«Fiscalía cuenta en esta oportunidad con suficientes elementos de prueba, tanto testimonial, documental y pericial que sustentan la acusación en contra de esta persona y se está solicitando una sentencia condenatoria y que se le imponga a esta persona las penas más gravosas por cada uno de los delitos cometidos», manifestó un fiscal.
El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador, revisará toda la prueba y escuchará la declaración de testigos que la Fiscalía ha ofrecido en contra del pandillero de la facción revolucionaria de la 18.
Aguirre Hernández se había dedicado a cometer una serie de delitos en contra de la integridad y afectar patrimonialmente a personas de varios distritos del departamento de La Paz, según las indagaciones efectuadas por policías bajo la dirección de la Fiscalía.
El Tribunal 3.º de Sentencia de San Salvador instaló hoy la vista pública en contra de Fidel Antonio Zavala Pérez, procesado por el delito de estafa en perjuicio de cuatro víctimas, a quienes adeuda un monto total aproximado a los $50,000.
La audiencia se declaró por interrumpida, dado que el imputado promete pagar lo estafado el próximo 18 de diciembre, fecha en que se instalará de nuevo el juicio. El fallo del juez dependerá del cumplimento de dicho pago.
Fidel Antonio Zavala Pérez es acusado por la Fiscalía General de la República, tras la denuncia presentada por cuatro personas que lo relacionaron con una promesa de inversión de capital en el extranjero y en la bolsa de valores. A cambio de realizar depósitos mensuales, les garantizaba utilidades y mayores ganancias, en función del monto invertido. Las víctimas aportaron sumas que oscilan entre los $10,000 y $15,000, alcanzando un total de lo estafado que sobrepasa los $50,000. No obstante, con el tiempo, lo único que recibieron fueron evasivas, lo que motivó la denuncia antes las autoridades.
