Judicial
Hombre lleva a juicio a su hermano por acoso sexual
“Él está obsesionado conmigo y me tiene amenazado con las pandillas”, dijo Ernesto A., un joven de 28 años de edad que acusó en dos ocasiones a su hermano mayor, Edgardo A., de 30 años, de cometer el delito de acoso sexual en contra de él.
Según lo relatado por el afectado, el principal escenario en donde su hermano lo ha atacado constantemente es en su vivienda, un departamento situado en la colonia Zacamil, en Mejicanos, en el departamento de San Salvador.
En ese hogar, la víctima vive con el que se convirtió en el supuesto atacante desde el año 2012 y el progenitor de ambos, don Porfirio, un hombre pensionado de 67 años. La madre y esposa, respectivamente, de los tres sujetos murió hace 12 años. Cuando la mujer falleció la edad de Ernesto era de 14 y la de Edgardo 16.
El ambiente en el departamento se tornó hostil desde que –según los relatos de la víctima- iniciaron acciones de contenido sexual por parte de Edgardo hacia Ernesto.
“Cuando me baño, él se sube a una escalera para verme. Me toca el trasero y me dice: ‘esto es mío’”, comentó el afectado.
Las actitudes y comentarios negativos hechos por su hermano llevaron a Ernesto a amenazar con interponer una denuncia en el 2012 ante la Fiscalía General de la República (FGR). En ese momento, no las cumplió, pero un año debido a la indignación que sintió hizo realidad la advertencia.
En el 2013, bajo un procedimiento abreviado, Edgardo fue sancionado por un Juzgado de Paz de San Salvador, por lo que debía presentarse a firmar por tres años y, a la vez, le ordenaron que debía alejarse de la víctima, por ende abandonar la vivienda.
Durante dos años, la víctima convivió solo con su padre, pues en enero de 2015 el imputado retornó al apartamento y con ello regresó el hostigamiento, según dijo Ernesto.
La víctima explicó que en varias ocasiones, mientras desayunaba, su hermano le colocó los genitales en uno de sus brazos. Además, dijo se masturbaba frente a él y la de su padre.
“¡Mirá qué rico! Esto va por vos”, “Mirá de lo que te perdés”, eran las frases que la víctima escuchó cada vez que su hermano se autocomplacía.
El 8 de abril de 2015 el ofendido llegó por segunda ocasión a la FGR y presentó nuevamente el requerimiento ante un juzgado bajo el mismo delito de la primera acusación: acoso sexual.
“Él me quiere sacar de la casa”
El Tribunal 1° de Sentencia desarrolló la audiencia de vista pública para resolver el caso. Ante el juez a cargo, Edgardo –el acusado- expuso que él no es de pandillas como estaba diciendo su hermano y que además no cometía tal delito.
“Él me quiere sacar de la casa y es por eso que me está haciendo esas acusaciones”, explicó.
Esas palabras fueron confirmadas por el mismo acusador: “Quiero que Edgardo se vaya de la casa y me pague $500 por los daños que me ha causado”.
El abogado defensor indicó en sus alegatos que la víctima fue muy ambigua al momento de brindar sus declaraciones, pues no determinó fechas específicas. Además, explicó que la FGR no presentó a un supuesto testigo que podía ser clave en el hecho: el padre de ambos hermanos.
Luego de escuchar a ambas partes, tanto defensora como acusadora, el juez determinó absolver a Edgardo penal y civilmente al tomar en cuenta diversos detalles que indicaban que no era culpable del delito, entre ellos el peritaje psicológico hecho a la víctima.
Erotomanía, el trastorno sexual de Ernesto
Ante el juez del tribunal fueron presentadas diversas pruebas, entre ellas, un peritaje psicológico. En él se reflejaba que la víctima, Ernesto, padece de erotomanía, un trastorno mental inusual en el que una persona mantiene la creencia ilusoria de que otra está enamorada de ella.
Unas de las evaluaciones forenses indicó que se le detectaron ideas referenciales, básicamente de contexto sexual y que presenta una alteración mental.
Por otro lado, el evaluado no muestra afectaciones emocionales por la denuncia interpuesta en contra de su hermano mayor.
Además, el peritaje social determinó que Ernesto emerge de una familia nuclear con la figura de ambos padres hasta la edad de 14 años, debido a la muerte de su madre.
Esto originó que el joven desarrollara una baja autoestima, rechazo y resentimiento hacia su padre y hacia el denunciado.
Los dos hijos dependen económicamente de la pensión que recibe su padre, por lo que el mayor de ellos (el acusado) no puede mudarse a otra vivienda por estar desempleado desde hace tres años.
Gran parte de estas conclusiones fueron las que ayudaron a que el juez emitiera su veredicto a favor del imputado.
Por: El Salvador Times.
El Juzgado Segundo de Paz de Soyapango ordenó que el caso contra Roxana Yaneth A. de G., de 50 años, acusada del delito de amenazas, continúe en la etapa de instrucción con la aplicación de medidas alternas a la detención.
Según la Fiscalía, los hechos ocurrieron de forma reiterada entre agosto de 2023 y abril de 2025, en un mesón de la colonia San Antonio I, en Soyapango. La acusada habría exigido a una pareja desalojar el espacio que habitaban, advirtiéndoles que, si no lo hacían, “hablaría con los pandilleros”.
Ante el temor, las víctimas abandonaron el lugar con la ayuda de un motorista de plataforma; sin embargo, al transitar por la carretera de Oro fueron interceptados por desconocidos. Uno de ellos fue bajado del vehículo y agredido físicamente. Tras recibir atención médica, ambos regresaron al mesón, donde las amenazas continuaron, por lo que interpusieron una denuncia este año.
Durante la audiencia inicial, la jueza impuso a la imputada medidas como abandonar el inmueble en un plazo de 72 horas, no intentar salir del país y presentarse a firmar al juzgado los días 15 y 30 de cada mes.
El proceso será remitido al Juzgado de Instrucción de Ciudad Delgado para continuar con la investigación.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que cinco exdirectivos de la Corporación Argoz, S. A. de C. V. enfrentarán un nuevo proceso penal por el delito de estafa agravada, tras haber defraudado a 18 víctimas con un monto total de $67,687.
Durante la audiencia inicial, el Tribunal Tercero Contra el Crimen Organizado de San Salvador ordenó la detención provisional de Rodrigo Javier Gómez Farfán, Leticia Farfán de Gómez, Mónica Ivette Sanabria Duarte, Javier Orlando Martínez Henríquez y Edwin Omar Rivera López.
De acuerdo con la acusación fiscal, la empresa Argoz promovía proyectos de lotificación en distintas zonas del país, especialmente en áreas rurales, sin contar con los permisos legales requeridos ni estar supervisada por autoridades competentes.
Según la investigación, los terrenos eran comercializados con la promesa de entregar escrituras públicas una vez cancelado el valor total de la parcela. Sin embargo, la sociedad nunca cumplió con dicho compromiso, dejando a los compradores sin respaldo legal sobre sus propiedades.
#Audiencia I La @FGR_SV responde a otras 18 víctimas en el #CasoARGOZ, quienes fueron estafadas por exdirectivos de la Corporación ARGOZ, S.A. de C.V. con un monto de $67,687.00.
Este día, se lleva a cabo la audiencia inicial en el Tribunal 3° contra el Crimen Organizado de San… pic.twitter.com/XKxCEW0LPc
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) July 21, 2025
El caso específico involucra la lotificación Santa Cecilia, ubicada en el cantón Los Zacatillos, municipio de San Juan Nonualco, en el departamento de La Paz, donde se realizaron las ventas desde el año 2016.
La Fiscalía continúa con la recopilación de pruebas documentales y testimoniales que refuercen la acusación, mientras las víctimas esperan que se les restituya su patrimonio y se haga justicia.
Judicial
Juzgado ordena detención provisional para guatemalteco acusado de atropellar a niña en Ahuachapán
El Juzgado Segundo de Paz de Ahuachapán decretó la detención provisional del ciudadano guatemalteco Jasson José Herrera Orozco, acusado de atropellar a una niña de 9 años cuando se dirigía a su centro escolar. El imputado enfrentará el proceso judicial desde prisión, según lo resolvió la instancia judicial en audiencia inicial.
La Fiscalía General de la República (FGR) acusa a Herrera Orozco de los delitos de lesiones culposas y conducción peligrosa de vehículos automotores, tras embestir a la menor Ivania en el kilómetro 114 de la carretera que conduce hacia la frontera Las Chinamas, el pasado 4 de julio.
De acuerdo con el requerimiento fiscal, el conductor se dio a la fuga tras el incidente, sin brindar asistencia a la víctima. El atropello fue captado por cámaras de videovigilancia de la zona, además de ser registrado por testigos que se encontraban en el lugar.
Debido a la gravedad de las heridas, la niña fue trasladada en helicóptero hacia el Hospital Benjamín Bloom, en San Salvador, donde continúa recibiendo atención médica especializada.
Herrera Orozco fue detenido días después en el cantón San Jerónimo, distrito de Metapán, Santa Ana, en un punto fronterizo, cuando presuntamente intentaba salir del país para evadir la acción de la justicia salvadoreña.
El Ministerio Público presentó las pruebas iniciales ante el juzgado, incluyendo los registros audiovisuales y testimonios, que evidencian la conducta del imputado al momento del incidente.
La defensa solicitó medidas sustitutivas a la detención, pero el juzgado consideró que existía riesgo de fuga, por lo que ordenó que Herrera Orozco continúe en prisión preventiva mientras se desarrolla la fase de instrucción del caso.
La FGR indicó que continuará recabando pruebas técnicas y periciales para fortalecer la acusación en la siguiente etapa del proceso.
El caso ha generado indignación en la comunidad local, donde vecinos y familiares de la víctima exigen justicia y una sanción ejemplar para el responsable del hecho.
