Judicial
Hombre lleva a juicio a su hermano por acoso sexual
“Él está obsesionado conmigo y me tiene amenazado con las pandillas”, dijo Ernesto A., un joven de 28 años de edad que acusó en dos ocasiones a su hermano mayor, Edgardo A., de 30 años, de cometer el delito de acoso sexual en contra de él.
Según lo relatado por el afectado, el principal escenario en donde su hermano lo ha atacado constantemente es en su vivienda, un departamento situado en la colonia Zacamil, en Mejicanos, en el departamento de San Salvador.
En ese hogar, la víctima vive con el que se convirtió en el supuesto atacante desde el año 2012 y el progenitor de ambos, don Porfirio, un hombre pensionado de 67 años. La madre y esposa, respectivamente, de los tres sujetos murió hace 12 años. Cuando la mujer falleció la edad de Ernesto era de 14 y la de Edgardo 16.
El ambiente en el departamento se tornó hostil desde que –según los relatos de la víctima- iniciaron acciones de contenido sexual por parte de Edgardo hacia Ernesto.
“Cuando me baño, él se sube a una escalera para verme. Me toca el trasero y me dice: ‘esto es mío’”, comentó el afectado.
Las actitudes y comentarios negativos hechos por su hermano llevaron a Ernesto a amenazar con interponer una denuncia en el 2012 ante la Fiscalía General de la República (FGR). En ese momento, no las cumplió, pero un año debido a la indignación que sintió hizo realidad la advertencia.
En el 2013, bajo un procedimiento abreviado, Edgardo fue sancionado por un Juzgado de Paz de San Salvador, por lo que debía presentarse a firmar por tres años y, a la vez, le ordenaron que debía alejarse de la víctima, por ende abandonar la vivienda.
Durante dos años, la víctima convivió solo con su padre, pues en enero de 2015 el imputado retornó al apartamento y con ello regresó el hostigamiento, según dijo Ernesto.
La víctima explicó que en varias ocasiones, mientras desayunaba, su hermano le colocó los genitales en uno de sus brazos. Además, dijo se masturbaba frente a él y la de su padre.
“¡Mirá qué rico! Esto va por vos”, “Mirá de lo que te perdés”, eran las frases que la víctima escuchó cada vez que su hermano se autocomplacía.
El 8 de abril de 2015 el ofendido llegó por segunda ocasión a la FGR y presentó nuevamente el requerimiento ante un juzgado bajo el mismo delito de la primera acusación: acoso sexual.
“Él me quiere sacar de la casa”
El Tribunal 1° de Sentencia desarrolló la audiencia de vista pública para resolver el caso. Ante el juez a cargo, Edgardo –el acusado- expuso que él no es de pandillas como estaba diciendo su hermano y que además no cometía tal delito.
“Él me quiere sacar de la casa y es por eso que me está haciendo esas acusaciones”, explicó.
Esas palabras fueron confirmadas por el mismo acusador: “Quiero que Edgardo se vaya de la casa y me pague $500 por los daños que me ha causado”.
El abogado defensor indicó en sus alegatos que la víctima fue muy ambigua al momento de brindar sus declaraciones, pues no determinó fechas específicas. Además, explicó que la FGR no presentó a un supuesto testigo que podía ser clave en el hecho: el padre de ambos hermanos.
Luego de escuchar a ambas partes, tanto defensora como acusadora, el juez determinó absolver a Edgardo penal y civilmente al tomar en cuenta diversos detalles que indicaban que no era culpable del delito, entre ellos el peritaje psicológico hecho a la víctima.
Erotomanía, el trastorno sexual de Ernesto
Ante el juez del tribunal fueron presentadas diversas pruebas, entre ellas, un peritaje psicológico. En él se reflejaba que la víctima, Ernesto, padece de erotomanía, un trastorno mental inusual en el que una persona mantiene la creencia ilusoria de que otra está enamorada de ella.
Unas de las evaluaciones forenses indicó que se le detectaron ideas referenciales, básicamente de contexto sexual y que presenta una alteración mental.
Por otro lado, el evaluado no muestra afectaciones emocionales por la denuncia interpuesta en contra de su hermano mayor.
Además, el peritaje social determinó que Ernesto emerge de una familia nuclear con la figura de ambos padres hasta la edad de 14 años, debido a la muerte de su madre.
Esto originó que el joven desarrollara una baja autoestima, rechazo y resentimiento hacia su padre y hacia el denunciado.
Los dos hijos dependen económicamente de la pensión que recibe su padre, por lo que el mayor de ellos (el acusado) no puede mudarse a otra vivienda por estar desempleado desde hace tres años.
Gran parte de estas conclusiones fueron las que ayudaron a que el juez emitiera su veredicto a favor del imputado.
Por: El Salvador Times.
Luis René Rivera González enfrenta cargos por feminicidio agravado, acusado de haber asesinado a su compañera de vida a golpes en la cabeza y posteriormente incinerar el cuerpo para intentar ocultar el crimen, según informó la Fiscalía General de la República (FGR).
El hecho ocurrió el pasado 13 de marzo en un terreno baldío ubicado sobre la carretera a Punta Mango, en el caserío La Vaca, cantón El Zope, distrito de Jucuarán, Usulután.
De acuerdo con las investigaciones fiscales, tras cometer el homicidio, Rivera González regresó a su vivienda en Chirilagua, San Miguel, y minutos más tarde volvió a la escena del crimen para prender fuego al cadáver.
La desaparición de la víctima fue reportada por familiares el 21 de abril. Gracias a las diligencias realizadas por la FGR, el cuerpo fue localizado el 30 de abril. La institución también señaló que la mujer había sido víctima de un ciclo de violencia por parte del acusado.
Rivera González fue capturado mediante orden administrativa el 15 de mayo. La FGR ha solicitado al Juzgado de Paz de Chirilagua que el proceso avance a la etapa de instrucción con régimen de detención provisional mientras continúan las investigaciones.
Judicial
Mujer es acusada de homicidio agravado por la muerte de su pareja y otro hombre en San Miguel
La Fiscalía General de la República (FGR) presentó un requerimiento ante el Juzgado Tercero de Paz de San Miguel en contra de Dilcia Alejandra Navarro Umaña, acusada del delito de homicidio agravado en perjuicio de dos hombres, entre ellos su compañero de vida.
Según el informe fiscal, los hechos ocurrieron luego de una reunión en la que Navarro Umaña, su pareja sentimental, de 39 años, y un amigo de ambos, compartían bebidas alcohólicas. Durante el encuentro surgió una discusión que continuó cuando los tres se trasladaron a la vivienda de la pareja.
“Al llegar a la casa, los dos hombres comenzaron a pelear. En ese momento, la mujer tomó un cuchillo e hirió de gravedad a ambos. Una tercera persona que intentó intervenir resultó con lesiones leves”, detalló la FGR en su comunicado oficial.
La pareja de Navarro Umaña falleció en el lugar a causa de dos heridas en el tórax y una en el cuello, mientras que el otro hombre fue trasladado al Hospital San Juan de Dios, donde murió la mañana del 19 de mayo mientras recibía atención médica.
El Ministerio Público ha solicitado al juzgado que se decrete detención provisional contra la acusada y que el caso pase a la fase de instrucción, mientras se desarrollan las investigaciones correspondientes.
El Tribunal Cuarto Contra el Crimen Organizado condenó a seis años de prisión a Rebeca Saraí Ponce Peñalba, tras encontrarla culpable del delito de actos preparatorios, proposición y conspiración en organizaciones terroristas.
Según el expediente fiscal, los hechos ocurrieron el 14 de julio de 2022 en el cantón Hacienda Nueva, municipio de Colón, en la zona de Nuevo Lourdes. Ese día, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) detuvieron a Ponce Peñalba junto a otras dos personas durante un control preventivo. Testigos del lugar señalaron a los detenidos como presuntos integrantes de estructuras criminales.
Durante el procedimiento, los agentes incautaron un teléfono celular a la ahora condenada. En el dispositivo se encontraron fotografías y videos en los que aparecía junto a miembros activos de la pandilla 18 Revolucionarios, e incluso se observaba a la imputada grabándolos.
El tribunal valoró las pruebas periciales y concluyó que Ponce Peñalba mantenía vínculos directos con la estructura terrorista, por lo que impuso la pena de prisión correspondiente.
