Judicial
FGR denuncia que «Tía Bubu» solo asiste dos días por semana a trabajos de utilidad pública
La exesposa de Mauricio Funes, Regina Cañas, conocida como “Tía Bubu”, solamente asiste dos días a la semana a una Adesco, de El Zonte, La Libertad, para cumplir con las jornadas de trabajo de utilidad pública que se le ha establecido como parte de la condena.
Sin embargo, a la Fiscalía General de la República (FGR) no le parece la forma en que las realiza, ya que debe cumplir con 144 horas, por lo que ha pedido al Juzgado Quinto de Vigilancia Penitenciaria que intervenga.
Además, la FGR afirma que otra irregularidad del caso es que Cañas, hasta la fecha no ha cumplido con el pago de $62,780 al que se comprometió cuando negoció el procedimiento abreviado.
La procesada se comprometió hacerlo a través de un inmueble ubicado en la lotificación Shalpa, ubicado en el kilómetro 61 y medio carretera Litoral, jurisdicción de Jicalapa, departamento de La Libertad.
El pasado 23 de marzo, el Juzgado Séptimo de Instrucción de San Salvador la condenó a tres años de cárcel por casos especiales de encubrimiento de lavado de dinero y activos, pero la pena fue reemplazada por trabajo de utilidad público y el pago de $95,000, de los cuales solo ha cancelado $32,220.
Debido a la denuncia hecha por la FGR, el juzgado ha convocado para este jueves a las 9:00 de la mañana a una audiencia y abordar posible modificación de fechas para el cumplimiento o mantenerlas.
La «Tía Bubu» según el informe realiza dos jornadas a la semana en el local de la Asociación de Desarrollo Comunal El Progreso Cantón El Zonte (Adecop), ubicada en la Playa El Zonte, jurisdicción de Chiltiupán.
Dicha Adesco envió un informe al Departamento de Prueba y Libertad Asistida (DEPLA) de la Corte Suprema de que podían recibir a Regina Cañas los lunes y martes de 8 de la mañana a 5 de la tarde para que ejecutora dos jornadas a la semana y así fue autorizado.
Judicial
Testigos confirman actos de corrupción en juicio contra exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano
Durante la vista pública contra la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano, y otros cuatro imputados, varios testigos presentados por la Fiscalía General de la República han respaldado la acusación por delitos de corrupción cometidos durante su gestión.
En casi un mes de juicio, interrumpido en diversas ocasiones y con jornadas parciales, han comparecido empleados municipales que denunciaron afectaciones por el impago de salarios durante periodos de hasta tres meses, así como la retención de cuotas laborales. Esta última situación les impidió recibir atención médica en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS).
Con estos testimonios, el Ministerio Público busca demostrar los delitos de apropiación o retención de cuotas laborales e infracción de las condiciones laborales o de seguridad social.
También declaró una perito que elaboró un informe técnico confirmando que, aunque se descontaron las cuotas laborales a los empleados, los fondos no fueron trasladados a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). El peritaje establece un perjuicio a la administración pública por más de $387,042.71.
Otro experto técnico relató que, mediante un análisis forense digital, extrajo información de los dispositivos electrónicos incautados a los imputados —entre ellos teléfonos celulares—, hallando datos que vinculan a los procesados con actividades ilícitas.
Además, una auditoría financiera reveló que durante la gestión de Montano, la alcaldía pagó $1.2 millones en comisiones a una empresa por recuperación de mora, cifra superior a los $867,499 realmente recuperados. Según el informe, no se realizó un estudio previo para definir el porcentaje de comisión, y la empresa representada por el imputado Ricardo Arturo Roque Baires cobró un 9.97% más que otras contratadas en administraciones anteriores.
Con este conjunto de pruebas, la Fiscalía busca sustentar las acusaciones de malversación e incumplimiento de deberes contra los exfuncionarios municipales.
Judicial
Juzgado programará audiencia inicial para 12 transportistas detenidos por suspensión del servicio
El Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador ha programado para este viernes la audiencia inicial en contra de 12 empresarios del transporte público, quienes fueron capturados entre el 5 y el 7 de mayo de 2025 por presuntamente haber suspendido de forma irregular el servicio, a pesar de ser un servicio público subsidiado por el Estado.
Las detenciones fueron ordenadas luego de que los transportistas no operaran con normalidad sus unidades, lo cual, según las autoridades, constituye una falta grave al tratarse de un servicio esencial para la ciudadanía y financiado parcialmente con fondos públicos.
El pasado lunes, la Fiscalía General de la República presentó el requerimiento ante el juzgado, solicitando que el caso avance a la etapa de instrucción formal. Además, pidió que se otorguen medidas alternas a la detención provisional, lo que permitiría que los imputados continúen el proceso judicial en libertad.
A los acusados se les atribuyen los delitos de peculado e incumplimiento de deberes, según consta en el expediente promovido por el Ministerio Público.
La Fiscalía General de la República (FGR) presentó ayer (lunes) el requerimiento de acusación contra 12 empresarios del transporte colectivo, a quienes se les imputa la presunta comisión de los delitos de peculado e incumplimiento de deberes.
Según informó la institución, los señalados serán procesados en libertad, bajo medidas alternas a la detención.
Los imputados poseen concesiones y permisos provisionales para operar diferentes rutas del transporte público. De acuerdo con la FGR, fueron capturados los días 5, 6 y 7 de mayo de 2025, luego de que las autoridades detectaran que no prestaron el servicio de transporte a la población o lo hicieron con una reducción significativa de unidades, pese a que el Gobierno había entregado $12 millones en compensación para garantizar la gratuidad del servicio, debido al cierre temporal del tramo de Los Chorros en la carretera Panamericana.
“Se procedió a la detención en flagrancia, siendo este un servicio público y subsidiado con fondos del Estado”, indicó la Fiscalía.
El requerimiento fue presentado en el Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador.
