Judicial
FGR denuncia que «Tía Bubu» solo asiste dos días por semana a trabajos de utilidad pública
La exesposa de Mauricio Funes, Regina Cañas, conocida como “Tía Bubu”, solamente asiste dos días a la semana a una Adesco, de El Zonte, La Libertad, para cumplir con las jornadas de trabajo de utilidad pública que se le ha establecido como parte de la condena.
Sin embargo, a la Fiscalía General de la República (FGR) no le parece la forma en que las realiza, ya que debe cumplir con 144 horas, por lo que ha pedido al Juzgado Quinto de Vigilancia Penitenciaria que intervenga.
Además, la FGR afirma que otra irregularidad del caso es que Cañas, hasta la fecha no ha cumplido con el pago de $62,780 al que se comprometió cuando negoció el procedimiento abreviado.
La procesada se comprometió hacerlo a través de un inmueble ubicado en la lotificación Shalpa, ubicado en el kilómetro 61 y medio carretera Litoral, jurisdicción de Jicalapa, departamento de La Libertad.
El pasado 23 de marzo, el Juzgado Séptimo de Instrucción de San Salvador la condenó a tres años de cárcel por casos especiales de encubrimiento de lavado de dinero y activos, pero la pena fue reemplazada por trabajo de utilidad público y el pago de $95,000, de los cuales solo ha cancelado $32,220.
Debido a la denuncia hecha por la FGR, el juzgado ha convocado para este jueves a las 9:00 de la mañana a una audiencia y abordar posible modificación de fechas para el cumplimiento o mantenerlas.
La «Tía Bubu» según el informe realiza dos jornadas a la semana en el local de la Asociación de Desarrollo Comunal El Progreso Cantón El Zonte (Adecop), ubicada en la Playa El Zonte, jurisdicción de Chiltiupán.
Dicha Adesco envió un informe al Departamento de Prueba y Libertad Asistida (DEPLA) de la Corte Suprema de que podían recibir a Regina Cañas los lunes y martes de 8 de la mañana a 5 de la tarde para que ejecutora dos jornadas a la semana y así fue autorizado.
Judicial
Mujer recibe 30 años de cárcel por no auxiliar a su recién nacido tras caer en fosa séptica en Cuscatlán
El Juzgado de Sentencia de Cojutepeque condenó a 30 años de cárcel a María Antonia Preza Hernández por el delito de homicidio agravado bajo la figura de comisión por omisión, luego de no auxiliar a su recién nacido tras caer en una fosa séptica.
Según la investigación fiscal, los hechos ocurrieron el 30 de marzo de 2024 en Monte San Juan, Cuscatlán Sur. La mujer, que estaba en labor de parto, no solicitó ayuda a sus familiares y tras el nacimiento de la bebé, no intentó salvarla, sino que limpió la escena y se retiró.
El cuerpo de la recién nacida fue descubierto tres días después por familiares. La autopsia del Instituto de Medicina Legal confirmó que la bebé nació con vida y que la causa de su muerte fue asfixia por obstrucción de vías respiratorias.
El tribunal consideró que Hernández incumplió con su deber de auxilio, tipificando su conducta como comisión por omisión, lo que derivó en la condena máxima impuesta por el Juzgado de Sentencia de Cojutepeque.
Rafael Antonio Gómez Castillo fue condenado a 12 años de prisión por agredir sexualmente a una niña de ocho años durante el 2024 en Sacacoyo, departamento de La Libertad.
Según las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), la víctima sufrió maltratos físicos y psicológicos de su madre, al punto que la dejaba varios días encerrada en la vivienda o abandonada en la calle.
«La menor buscaba refugio y comida en la casa de Rafael Gómez, por el lazo familiar; sin embargo, él se aprovechó de la situación y del vínculo que tenía con la niña para abusar de ella en reiteradas ocasiones», señaló la institución.
Ambos se desempeñaban como líderes religiosos de una iglesia de donde fueron expulsados tras darse a conocer los maltratados que ejercían contra la niña.
Los abusos a los que la víctima era sometida fueron denunciados ante las autoridades por otro familiar cercano.
«Gracias a los elementos de prueba documental, pericial y testimonial que presentó la FGR ante el Tribunal Segundo de Sentencia de Sonsonate, se logró demostrar la participación de los imputados en los hechos antes mencionados», informó el ministerio público.
Es así como como Gómez Castillo fue sentenciado por el delito de agresión sexual o menor o incapaz agravada en modalidad continuada.
La Fiscalía General de la República (FGR) consiguió que María Antonia Preza fuera condenada a 30 años de cárcel por el homicidio agravado de una bebé recién nacida.
Según las investigaciones, en marzo de 2024, Preza dio a luz en una fosa séptica y no informó a nadie sobre el parto, procediendo a limpiar la escena para eliminar evidencias.
Tres días después, familiares hallaron el cuerpo de la bebé y notificaron a las autoridades. La autopsia reveló que la menor respiró al nacer y murió posteriormente por asfixia debido a la aspiración de heces.
