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Judicial

Extorsionista es condenado a 8 años de cárcel en San Miguel

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Ángel Josué Peña Coreas recibió una condena de 8 años de prisión al aceptar voluntariamente que participó en el delito de Extorsión. Su confesión fue corroborada por Fiscales de la Unidad Antiextorsiones de San Miguel ya que con diferentes pruebas también demostraron su responsabilidad penal.

El imputado, en horas de la mañana del 31 de marzo del año 2021 llegó al negocio de la víctima a bordo de una bicicleta, exigiéndole bajo amenazas de muerte, y a nombre de la MS, la entrega de US$20.00.

Peña Coreas recibió el dinero en horas de la tarde, y momentos después fue capturado en flagrancia.

La condena fue impuesta a través de un procedimiento abreviado por el Juzgado Segundo de Instrucción de San Miguel.

Joven condenada en La Unión
En otro proceso penal, Paula Verónica Ríos Rovira, también recibió una sentencia de 8 años y 6 meses de cárcel por recibir US$100.00 exigidos con amenazas.

La víctima comenzó a ser extorsionada a través de llamadas telefónicas, en el departamento de La Unión, en el mes de mayo del 2019.

En los meses de septiembre y noviembre del 2019 se hicieron las respectivas entregas del dinero. En la última, Ríos Rivera fue la que recibió el efectivo.

La condena fue emitida por el Juzgado de Sentencia de La Unión, después que la imputada confesó haber cometido el delito.

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Judicial

Pandilleros de la MS acusados de lavado de dinero enfrentan juicio en San Salvador

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En el Tribunal Especializado de Sentencia “A” de San Salvador se lleva a cabo la continuación del juicio contra 14 pandilleros de la MS, acusados de Lavado de Dinero y Activos, informó la Fiscalía General de la República (FGR).

De acuerdo con la investigación, los pandilleros utilizaban el dinero que recogían de la extorsión en la compra de carros, instalar negocios u otras actividades para el lavado del dinero.

De acuerdo a la fiscal del caso, los delincuentes además se captaban fondos provenientes de contrabando, además de la venta y distribución de drogas.

Así mismo, los imputados utilizaban a prestanombres o testaferros para  realizar esta actividad ilícita, indicó la representación del Ministerio Público.

De ser encontrados culpables, los pandilleros podrían recibir condenas que van de los 8 a 15 años de prisión, de acuerdo al código penal.

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Judicial

Asesino de un agente policial ha sido condenado a 50 años de prisión en Ahuachapán

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Un total de 50 años de prisión deberá cumplir un miembro de estructura criminal luego de haber sido declarado culpable por el asesinato de un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) y el intento de homicidio en otra persona. Los hechos sucedieron el año pasado en Ahuachapán.

Fiscales de la Unidad Especializada Antipandillas y Delitos de Homicidio lograron que se impusiera la pena máxima en contra de Francisco Terán Pérez, quien fue declarado culpable de homicidio agravado en perjuicio de Salvador Alexander Ramírez Martínez, agente de la PNC y el delito de homicidio agravado tentado, en contra de otra víctima.

El Tribunal de Sentencia de Ahuachapán, a cargo de la vista pública, admitió toda la prueba expuesta en audiencia por la FGR y validó la investigación por lo que pronunció el fallo condenatorio.

Los hechos sucedieron el 28 de enero del año 2020 cuando las víctimas transitaban por la noche sobre la Carretera Panamericana que de Ahuachapán conduce hacia San Salvador en jurisdicción del cantón Izcanquillo, municipio de Atiquizaya.

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Judicial

Sigfredo Ochoa Pérez, exembajador en Honduras, acusado de apropiarse de más de $41 mil

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Este lunes 18 de octubre, el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador desarrolló la audiencia preliminar en contra del exembajador de El Salvador en Honduras (2005-2009), Sigfredo Ochoa Pérez, quien junto al exministro consejero Walter Alfredo Anaya Escalante, es acusado de peculado (apropiación de fondos públicos).

Según la acusación de la Fiscalía General de la República (FGR), Ochoa Pérez es señalado de apropiarse $41,040 los cuales fueron erogados por el Ministerio de Relaciones Exteriores; mientras que en el caso de Anaya Escalante la suma fue de $59,840.

Una tercera persona de nacionalidad hondureña también resultó involucrada en estos hechos, ella es Soledad Funes de Ramírez señalada de apropiarse $6,000. En total, el monto por el cual son acusados suman más de $106,000 en concepto de arrendamiento.

De acuerdo con las investigaciones, las circunstancias bajo las cuales incurrió en el delito fue durante una suscripción de dos contratos de arrendamiento de los locales donde funcionaban las oficinas diplomáticas de El Salvador en Honduras, en 2005, cuando Ochoa Pérez era embajador.

Estas irregularidades fueron denunciadas en 2018 ante la Fiscalía por el embajador que sucedió a Ochoa Pérez y Anaya Escalante en 2016.

Estos señalamientos han sido negados por Ochoa Pérez, quien también fuera diputado del partido ARENA en el período 201-2015.

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