Judicial
FGR presenta demanda contra el exviceministro de la Defensa del FMLN, Atilio Benítez y su esposa por enriquecimiento ilícito
Este jueves 14 de octubre, la Fiscalía General de la República (FGR) presentó una demanda ante la Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla contra el exministro de la Defensa en el gobierno del FMLN, José Atilio Benítez, por el delito de enriquecimiento ilícito, el proceso también incluye a su esposa, Emma Isaura Muñoz de Benítez.
De acuerdo a las investigaciones del ministerio público el monto de lo enriquecido ilegalmente por el exministro Benítez es de $113,344; y su cónyuge Muñoz de Benítez, por $56,613.35, haciendo un total de US$169,957.35.
El demandado estuvo en el cargo durante el gobierno del expresidente prófugo, Mauricio Funes de 2009 a 2011.
Uno de los fiscales del caso explicó que la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) encontró una irregularidad contra el exviceministro por el referido monto en 40 depósitos realizados en efectivo y de los cuales se desconoce su origen.
“Probidad determina cinco irregularidades que encontró y no pudo justificar en el caso de Benítez solo encontró por los $113,344 en 40 depósitos realizados en efectivo desconociendo su origen, y su esposa encontró cuatro irregularidades en depósitos en efectivo en cuentas corrientes y de ahorro realizados en efectivo y pagos en tarjeta de crédito por $$56,613.35 de los cuales se desconoce su origen”, manifestó el representante fiscal.
La FGR explicó que la investigación surgió luego de el exfuncionario presentó sus declaraciones de patrimonio ante la referida sección de la CSJ, agregan que solicitan que se reintegre ese dinero al Estado pues se desconoce de donde provinieron esos fondos.
El ministerio público asegura que cuenta con suficiente prueba que sustenta la demanda, prueba de ellos son los documentos de los depósitos bancarios realizados por los demandados, además pedirán la realización de un peritaje financiero contable.
Procesado por peculado, actos arbitrarios y falsedad documental
En agosto de 2020 Benítez Parada junto con el exministro de la Defensa, David Munguía Payés fueron capturados por los delitos de peculado, actos arbitrarios y falsedad documental en perjuicio del Ministerio de la Defensa Nacional.
En la acusación están procesados: Carlos Gustavo López Davidson, Héctor Abel Herrera Mejía, acusados de Peculado, en su calidad de cómplices necesarios. Además, giraron orden de captura en contra de Manuel de Jesús Romero, señalado por el delito de Peculado, en su calidad de cómplice necesario y por falsedad documental agravada.
Las investigaciones indican que el general Atilio Benítez firmó contrato de permuta de armas obsoletas y en mal estado con la empresa CENTRUM S.A. representada legalmente por López Davidson.
El contrato consistía en que el Ministerio de la Defensa le daría en calidad de permuta 14,930 armas de fuego, 27,721 cargadores, 2,706,472 cartuchos calibre 7.62 y 9,800 repuestos para fusil G-3, en mal estado, valorado el lote en US$2,051,893.00. A cambio, la sociedad CENTRUM dos Obuses M-71 calibre 155 milímetros, un sistema de control de tiro, un sistema de adquisición de blancos, equipo de medición, un Jack de 20 toneladas, una engrasadora automática a presión.
No obstante, lo establecido en el contrato, el ministerio de Defensa entregó armas nuevas. 2,670 pistolas ametralladoras marca FMK-TRES, calibre 9 milímetros, así como diversas armas en buen estado, como fusiles G-3.
Un total de 50 años de prisión deberá cumplir un miembro de estructura criminal luego de haber sido declarado culpable por el asesinato de un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) y el intento de homicidio en otra persona. Los hechos sucedieron el año pasado en Ahuachapán.
Fiscales de la Unidad Especializada Antipandillas y Delitos de Homicidio lograron que se impusiera la pena máxima en contra de Francisco Terán Pérez, quien fue declarado culpable de homicidio agravado en perjuicio de Salvador Alexander Ramírez Martínez, agente de la PNC y el delito de homicidio agravado tentado, en contra de otra víctima.
El Tribunal de Sentencia de Ahuachapán, a cargo de la vista pública, admitió toda la prueba expuesta en audiencia por la FGR y validó la investigación por lo que pronunció el fallo condenatorio.
Los hechos sucedieron el 28 de enero del año 2020 cuando las víctimas transitaban por la noche sobre la Carretera Panamericana que de Ahuachapán conduce hacia San Salvador en jurisdicción del cantón Izcanquillo, municipio de Atiquizaya.
Este lunes 18 de octubre, el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador desarrolló la audiencia preliminar en contra del exembajador de El Salvador en Honduras (2005-2009), Sigfredo Ochoa Pérez, quien junto al exministro consejero Walter Alfredo Anaya Escalante, es acusado de peculado (apropiación de fondos públicos).
Según la acusación de la Fiscalía General de la República (FGR), Ochoa Pérez es señalado de apropiarse $41,040 los cuales fueron erogados por el Ministerio de Relaciones Exteriores; mientras que en el caso de Anaya Escalante la suma fue de $59,840.
Una tercera persona de nacionalidad hondureña también resultó involucrada en estos hechos, ella es Soledad Funes de Ramírez señalada de apropiarse $6,000. En total, el monto por el cual son acusados suman más de $106,000 en concepto de arrendamiento.
De acuerdo con las investigaciones, las circunstancias bajo las cuales incurrió en el delito fue durante una suscripción de dos contratos de arrendamiento de los locales donde funcionaban las oficinas diplomáticas de El Salvador en Honduras, en 2005, cuando Ochoa Pérez era embajador.
Estas irregularidades fueron denunciadas en 2018 ante la Fiscalía por el embajador que sucedió a Ochoa Pérez y Anaya Escalante en 2016.
Estos señalamientos han sido negados por Ochoa Pérez, quien también fuera diputado del partido ARENA en el período 201-2015.
Judicial
Peligrosos pandilleros de la MS son condenados a 104 años de prisión por homicidios en Santa Ana
El Tribunal Especializado de Sentencia de Santa Ana condenó con penas de hasta 104 años a pandilleros de la Mara Salvatrucha implicados en 13 casos de homicidio gravado y tres casos de intento de homicidio agravado y agrupaciones ilícitas.
Los sentenciados delinquían en los municipios de Atiquizaya, Ahuachapán, El Refugio y Concepción de Ataco, en el departamento de Ahuachapán.
La Fiscalía General de la República (FGR) detalló que entre los casos destacan tres dobles homicidios cometidos en los años 2013, 2015, 2017 y 2019.
Uno de los fiscales explicó que la pena de 104 años de cárcel fue impuesta a William Alexander López Estupinian y a Romel Josué Alfaro Escobar quienes fueron condenados por dos casos de doble homicidio; el primero, en perjuicio de Cristian Bladimir Velásquez Estrada y Bernardo Antonio Campos; ocurrido el 30 de julio de 2017, en la colonia El Ángel, del municipio El Refugio; y el segundo en contra de los hermanos Héctor Antonio Cauto Morán y Hugo Javier Cauto Morán, registrado el 12 de agosto de 2017, en colonia Terrón Blanco, de la jurisdicción de Atiquizaya; además, del delito de agrupaciones ilícitas.
Por el tercer caso de doble homicidio fue condenado a 60 años de prisión Juan Antonio García Escobar cabecilla de una de la estructura PVLS, responsable del crimen de los hermanos Héctor Antonio Calito Morán y Hugo Javier Calito Morán, sucedido el 12 de agosto de 2017, en la colonia Terrón Blanco, del municipio Atiquizaya, y por el delito de agrupaciones ilícitas.
Otra de las condenas es la de Jorge Antonio González Culgua, quien recibió una pena de 54 años de prisión por dos homicidios agravados, el primer crimen en perjuicio de José Geovany Pineda Juárez, ocurrico el 04 de mayo de 2015, en la colonia Zacamil; y el segundo en contra de Dagoberto Gómez (pandilla 18), en mayo de 2015, en la colonia San Miguel, ambas del municipio Ahuachapán y por el delito de agrupaciones ilícitas.
También fueron condenados a 50 años de cárcel Jairo Leonel Caishpal Corleto, Ángel Elías Esteban Contreras, Carlos Mauricio Chachagua España, Kevin Alexander Cruz Galán, por el delito de homicidio agravado, en perjuicio de los hermanos Andrés Alonso y Saúl Isaías Santos Duran, ocurrido el 12 de agosto de 2017, en el cantón Ashapuco, del municipio Ahuachapán.
Otros que recibieron pena de 50 años de prisión son Denis Elisandro Loarca López y José Manuel Godoy, por el delito de homicidio agravado, en perjuicio de Cristian Bladimir Velásquez Estrada y Bernardo Antonio Campos, hecho sucedido el 30 de julio de 2017, en colonia El Ángel, municipio El Refugio.
Juan Francisco Lemus Morán, cabecilla de clica PVLS, condenado a 43 años ocho meses de cárcel, por el homicidio agravado, en perjuicio de Nelson Alexander López López. El caso ocurrió el 7 de marzo de2015, en la colonia El Ángel, del municipio El Refugio, por el intento de homicidio agravado en perjuicio de víctima protegida y por el delito de agrupaciones ilícitas.
Miguel Ángel Martínez Álvarez fue condenado a 37 años cuatro meses de cárcel, por el homicidio agravado, en perjuicio de Nelson Alexander López López, hecho sucedido el 7 de marzo de 2015, en la colonia El Ángel, del municipio El Refugio, por el intento de homicidio agravado en perjuicio de una víctima protegida y por el delito de agrupaciones Ilícitas; por estos mismos delitos fue condenado a 25 años de prisión Eduardo Alexander Castillo Romero.
Mario Enrique Rosales Rivas, (hermano de la víctima) fue condenado a 30 años de prisión por el delito de homicidio agravado, en perjuicio de Rafaela Guadalupe Borja Rivas, hecho sucedido el 10 de julio de 2013, en el cantón Ashapuco, del municipio Ahuachapán; por este homicidio también fue sentenciado Jaime Antonio Morales Olmos, a 24 años de cárcel, a quien también se le incluye agrupaciones ilícitas.
Por su parte, Roberto Armando Martínez Jiménez y Rubén Alberto Morazán García, fueron condenados a 29 años de prisión, por el delito de homicidio agravado de Israel Antonio López Vásquez, hecho sucedido el 7 de junio de 2017 en el cantón El Tigre, del municipio Ahuachapán, y por el delito de agrupaciones lícitas; por estos mismos delitos fue condenado a 20 años ocho meses de cárcel Alex Eduardo García García.
Miguel Ángel Aquino Galicia fue condenado a 29 años de prisión por el delito de homicidio agravado en perjuicio de Dagoberto Gómez (pandilla 18), hecho sucedido el 4 de mayo de 2015 en la calle principal de la colonia San Miguel, del municipio Ahuachapán, y por el delito de agrupaciones Ilícitas.
Francisco Alberto Artiga Ramírez, sentenciado a 29 años de prisión por el delito de homicidio agravado en perjuicio de Obed Jonatan Escobar Servellón, hecho sucedió el 2 de febrero de 2017, entre 7ª Calle Poniente y 2ª Avenida Sur, del municipio Ahuachapán, y por el delito de agrupaciones ilícitas; por este homicidio también recibió una pena de 25 años de cárcel Salvador Enrique Durán Aguirre.
Mientras que los cabecillas de la clica PVLS David Giovany Rivera Martínez y Francisco Emilio González Reyes recibieron la pena de 10 años de cárcel por el delito de agrupaciones ilícitas; por este mismo ilícito fue condena a 8 años de prisión Omar Alexander Menco Mendoza
