Judicial
FGR presenta demanda contra el exviceministro de la Defensa del FMLN, Atilio Benítez y su esposa por enriquecimiento ilícito
Este jueves 14 de octubre, la Fiscalía General de la República (FGR) presentó una demanda ante la Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla contra el exministro de la Defensa en el gobierno del FMLN, José Atilio Benítez, por el delito de enriquecimiento ilícito, el proceso también incluye a su esposa, Emma Isaura Muñoz de Benítez.
De acuerdo a las investigaciones del ministerio público el monto de lo enriquecido ilegalmente por el exministro Benítez es de $113,344; y su cónyuge Muñoz de Benítez, por $56,613.35, haciendo un total de US$169,957.35.
El demandado estuvo en el cargo durante el gobierno del expresidente prófugo, Mauricio Funes de 2009 a 2011.
Uno de los fiscales del caso explicó que la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) encontró una irregularidad contra el exviceministro por el referido monto en 40 depósitos realizados en efectivo y de los cuales se desconoce su origen.
«Probidad determina cinco irregularidades que encontró y no pudo justificar en el caso de Benítez solo encontró por los $113,344 en 40 depósitos realizados en efectivo desconociendo su origen, y su esposa encontró cuatro irregularidades en depósitos en efectivo en cuentas corrientes y de ahorro realizados en efectivo y pagos en tarjeta de crédito por $$56,613.35 de los cuales se desconoce su origen», manifestó el representante fiscal.
La FGR explicó que la investigación surgió luego de el exfuncionario presentó sus declaraciones de patrimonio ante la referida sección de la CSJ, agregan que solicitan que se reintegre ese dinero al Estado pues se desconoce de donde provinieron esos fondos.
El ministerio público asegura que cuenta con suficiente prueba que sustenta la demanda, prueba de ellos son los documentos de los depósitos bancarios realizados por los demandados, además pedirán la realización de un peritaje financiero contable.
Procesado por peculado, actos arbitrarios y falsedad documental
En agosto de 2020 Benítez Parada junto con el exministro de la Defensa, David Munguía Payés fueron capturados por los delitos de peculado, actos arbitrarios y falsedad documental en perjuicio del Ministerio de la Defensa Nacional.
En la acusación están procesados: Carlos Gustavo López Davidson, Héctor Abel Herrera Mejía, acusados de Peculado, en su calidad de cómplices necesarios. Además, giraron orden de captura en contra de Manuel de Jesús Romero, señalado por el delito de Peculado, en su calidad de cómplice necesario y por falsedad documental agravada.
Las investigaciones indican que el general Atilio Benítez firmó contrato de permuta de armas obsoletas y en mal estado con la empresa CENTRUM S.A. representada legalmente por López Davidson.
El contrato consistía en que el Ministerio de la Defensa le daría en calidad de permuta 14,930 armas de fuego, 27,721 cargadores, 2,706,472 cartuchos calibre 7.62 y 9,800 repuestos para fusil G-3, en mal estado, valorado el lote en US$2,051,893.00. A cambio, la sociedad CENTRUM dos Obuses M-71 calibre 155 milímetros, un sistema de control de tiro, un sistema de adquisición de blancos, equipo de medición, un Jack de 20 toneladas, una engrasadora automática a presión.
No obstante, lo establecido en el contrato, el ministerio de Defensa entregó armas nuevas. 2,670 pistolas ametralladoras marca FMK-TRES, calibre 9 milímetros, así como diversas armas en buen estado, como fusiles G-3.
El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 43 integrantes de la clica Dalmacia Criminal Locos Salvatruchos a penas de hasta 85 años de prisión por diversos delitos.
De acuerdo con la información del proceso, todos los condenados fueron capturados el 27 de marzo de 2022, cuando inició el régimen de excepción, luego de años de delinquir en Ciudad Dolores y Sensuntepeque, en el departamento de Cabañas.
El principal cabecilla de la estructura, identificado como Edwin Ricardo Guzmán Segovia, alias «Scrappy», quien ostentaba el rango de corredor, fue sentenciado a un total de 85 años de prisión. La condena comprende 15 años por tenencia ilegal de arma de fuego, 10 años por posesión y tenencia de droga y 60 años por el delito de agrupaciones ilícitas.
Asimismo, el juez impuso condenas de 75 años de prisión a los corredores de clica Carlos Pineda y José Amaya, quienes recibieron 60 años por agrupaciones ilícitas y 15 años por tenencia ilegal de armas.
El tribunal también condenó a otros nueve homeboys, quienes desempeñaban funciones de cabecillas de la célula territorial, a 35 años de prisión. Además, dos chequeos recibieron penas de 40 años, mientras que nueve paros y 20 colaboradores fueron sentenciados a 25 años de cárcel.
Según el proceso judicial, este grupo forma parte de una estructura criminal más amplia que ha comenzado a ser procesada por delitos de crimen organizado mediante una audiencia única abierta, la cual permanecerá activa durante los próximos dos años.
La Ley contra el Crimen Organizado faculta a la Fiscalía General de la República para solicitar al juez de los expedientes únicos el procesamiento de integrantes de estructuras criminales cuando existan suficientes pruebas para instalar la audiencia única.
En el caso de estos 43 imputados, la Fiscalía delimitó las pruebas presentadas para su enjuiciamiento, permitiendo al tribunal aplicar las herramientas legales contempladas en el régimen de excepción, entre ellas la posibilidad de condenar por el delito de agrupaciones ilícitas derivado de su pertenencia a una estructura pandilleril.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de prisión a Mario Rigoberto Pineda Arias por el delito de extorsión agravada en perjuicio de un comerciante del distrito de Mejicanos.
De acuerdo con la resolución judicial, Pineda Arias, identificado como integrante de la pandilla 18, permanece prófugo. Tras declararlo responsable del delito, el tribunal giró una orden de captura en su contra. Las autoridades informaron que otro de los implicados en el caso ya fue condenado y cumple una pena de prisión.
Durante la vista pública, la Fiscalía General de la República expuso que el 22 de abril de 2019 un grupo de extorsionistas llegó al negocio de la víctima, quien declaró bajo régimen de protección. Los sujetos se identificaron con sus alias y le manifestaron que pertenecían a la pandilla 18, indicándole que a partir de ese momento debía pagar una cuota periódica.
Según la acusación fiscal, los pandilleros afirmaron que controlaban varias colonias de Mejicanos y exigieron al comerciante el pago de 400 dólares. Además, le advirtieron que, si no entregaba el dinero, lo asesinarían junto con sus empleados.
La víctima explicó que no tenía la capacidad económica para pagar esa cantidad, por lo que los extorsionistas redujeron la exigencia a 200 dólares y le informaron que regresarían al día siguiente para retirar el primer pago.
Posteriormente, el comerciante denunció los hechos ante las autoridades, lo que permitió iniciar las investigaciones que llevaron a la captura de Mario Rigoberto Pineda Arias. Sin embargo, el imputado recibió inicialmente medidas alternas a la detención y posteriormente se dio a la fuga.
Durante el juicio, la Fiscalía General de la República demostró que Pineda Arias fue quien recibió los 200 dólares entregados por la víctima, siendo ese el único pago realizado. Asimismo, se estableció que el comerciante cerró su negocio por temor, luego de que sus empleados dejaran de asistir a trabajar tras ser amenazados de muerte por los pandilleros si residían en territorios contrarios.
El Juzgado Primero de Paz de San Salvador decretó instrucción formal con detención provisional contra Silvia Cecilia Orellana, de 41 años, quien es acusada por dos personas de lanzar piedras a los parabrisas de sus vehículos mientras circulaban por distintos puntos de San Salvador. La imputada es procesada por el delito de daños en perjuicio patrimonial.
De acuerdo con la investigación fiscal, Orellana fue detenida el pasado 21 de junio de 2026 en San Salvador, luego de ser denunciada por presentar un comportamiento agresivo.
Según el expediente judicial, el primer hecho ocurrió cerca del puente de la colonia El Bosque, donde la mujer lanzó una piedra que impactó el vehículo de una de las víctimas, provocando rayones en el capó y daños en el parabrisas delantero, el cual quedó astillado.
El segundo caso se registró cuando otra víctima transitaba por la avenida Cuscatancingo, en la intersección con la calle Buenos Aires. En ese lugar, Orellana también lanzó piedras contra el automóvil, ocasionando que el parabrisas delantero quedara totalmente destruido.
Durante la audiencia inicial, el tribunal determinó que los indicios presentados acreditan la existencia del delito y la probable participación de la imputada, por lo que el proceso continuará en la fase de instrucción con la acusada en detención provisional.
