Judicial
EX FISCAL DIEGO ESCOBAR, SE DEFIENDE EN CASO “ROS”; INVOLUCRANDO A MARIO ACOSTA OERTEL POR LLAMADAS TELEFÓNICAS CON EX FISCAL LUIS MARTÍNEZ
De acuerdo a una fuente relacionada con el Jefe de la Unidad de Comunicaciones del Centro Judicial Isidro Menéndez: Ulises Marinero, que habló con reserva de identidad por temor a señalamientos y represalias, el Juez 7º de Instrucción de San Salvador: Miguel Ángel García Argüello, que está a cargo del juzgamiento del caso mediáticamente conocido como “Venta del ROS (Reporte de Operaciones Sospechosas)” libró a fines de julio del presente año un oficio dirigido a la Jueza que está en funciones en el Juzgado 4º de instrucción, con el objetivo que le sea enviada la información obtenida en una Pericia de vaciado de datos del teléfono celular incautado al Ex Fiscal General Luis Martínez, particularmente de las comunicaciones entre Martínez y el Ex dirigente del Partido ARENA: Mario Acosta Oertel.
La solicitud surge de una petición como parte de su defensa, efectuada por el Ex Agente Fiscal: Diego Balmore Escobar, quien junto al Ex Presidente de la República: Mauricio Funes y el periodista costarricense-salvadoreño: Lafitte Fernández Rojas, han sido acusados por la Fiscalía por el delito de “Revelación de Hechos, actuaciones o documentos secretos por empleado oficial“ El proceso penal tiene reserva parcial.
El caso fue judicializado por medio de Requerimiento Fiscal librado por orden del Ex Fiscal General: Douglas Meléndez, a solo unos días que este dejara el cargo. Y se basó principalmente en una publicación efectuada por la Revista Factum, en la que se incluían audios, de una supuesta reunión suscitada entre los Ex Presidentes: Mauricio Funes y Tony Saca, durante el mes de octubre de 2013, en que habrían discutido la forma de contactar al entonces Fiscal: Diego Balmore, para obtener por su medio una copia del ROS. Con ese objetivo según la nota de prensa que fue utilizada como “nota criminal” contactaron a Lafitte Fernández quien se encargó de gestionar y obtenerlo.
Los acusados, han cuestionado la legitimidad y forma en que se filtraron los audios públicamente por medio del artículo elaborado por la Revista Factum, sobre todo por los señalamientos de distintos ex funcionarios y empleados de la Fiscalía que en su momento hicieron advertencias de posible manipulación de los procedimientos de intervención de telecomunicaciones y realización de escuchas sin autorización judicial, promovidas por el Ex Fiscal Meléndez y ejecutadas por el Ex Dirertor del Centro de Ecuchas: Froilán Coto y el Ex Jefe de Crimen Organizado: Wil Walter Ruiz. Además, al conocer que se había librado orden de detención en su contra, el periodista Lafitte Fernández, se pronunció a través de su cuenta de Facebook, manifestando que conocía quién y para qué fin se había creado la Revista Factum.
La divulgación pública del ROS, que la Fiscalía atribuye al Ex Presidente Funes, trajo repercuciones internacionales a El Salvador, especialmente por las sanciones que implicaron la exclusión del país de los beneficios que otorga pertenecer al GAFIC.
En una entrevista brindada por el Sr. Mario Acosta Oertel en el Programa Frente a Frente de TCS a fecha 2 de agosto de 2016, en réplica a señalamientos efectuados por el Ex Presidente Funes, que acusaba a Acosta Oertel de ser quien le había proporcionado el ROS, manifestó: “(…) está ya alguien que le está exigiendo al fiscal general que lo haga, ha presentado un juicio… Ha llegado el momento en que por el bien del país se aclare de una vez por todas… está la oportunidad histórica de revelar quien lo hizo (persona que filtró el ROS al Ex Presidente Funes) y meterlo preso”
Ahora, el imputado Diego Escobar pretende salvarse, a través de inculpar al Sr. Acosta Oertel, por medio de un Dictamen Pericial de una extracción telefónica, que según la fuente consultada no da garantías de legalidad en cuanto a su realización pues la prueba estuvo fuera del control judicial y bajo resguardo de los Fiscales de la Unidad de Crimen Organizado (a cargo de Wil Walter Ruiz) quienes no pudieron acreditar la cadena de custodia de la evidencia; y que han utilizado diversos subterfugios para reproducir la misma prueba con alteraciones y adiciones en distintos procesos penales, uno de ellos el conocido como “Caso Corruptela” que se tramita en el Juzgado 4º de Instrucción, donde se ha solicitado la certificación.
De acuerdo a la fuente de información, en los pasillos judiciales se rumora que la estrategia de la defensa de Diego Escobar la está preparando junto al abogado Mario Calderón Castillo, un profesional a quienes distintos litigantes, colaboradores judiciales y Jueces consideran un sujeto antiético y quien presuntamente al conocer de las manipulaciones que los fiscales han realizado con la prueba pericial, por estar en permanente contacto con el expediente del caso corruptela, donde aparece como víctima, recomendó a Escobar inculpar al Sr. Mario Acosta Oertel. Así, el imputado Diego Escobar, estaría preparando un fraude procesal para sorprender al Juez 7º de Instrucción, utilizando la prueba ilícita de la Pericia, para exculparse y tratando dolosamente de vincular al Sr. Acosta Oertel en actos de corrupción con el Ex Fiscal Martínez.
El 20 de junio de 2010, un ataque que estremeció al país reveló ser un «acto de venganza». Carlos Alberto Avendaño Dubon, junto a otros criminales ya condenados, buscaba venganza por la muerte de un miembro de su pandilla. Planeaban atacar a motoristas y cobradores de la ruta 32, alegando su colaboración con «una clica contraria».
Se ejecutaron dos atentados el mismo día: uno donde incendiaron un microbús con pasajeros adentro, y otro liderado por Carlos Avendaño, quien disparó hacia una unidad de transporte. En este segundo ataque, perdieron la vida un hombre y una niña de 11 años, además de herir a otros dos pasajeros.
Después de analizar las pruebas, el juez del Tribunal 5° Contra el Crimen Organizado condenó a Carlos Avendaño a 80 años de prisión: 50 años por los dos homicidios agravados y 30 por dos homicidios agravados tentados. Cabe destacar que Avendaño ya cumplía condena en La Esperanza por el delito de agrupaciones ilícitas.
El 22 de enero, Jova V. recibió mensajes de un familiar en Estados Unidos prometiendo una visita y enviando maletas.
Para recibirlas, le pidieron depositar $3,000 a la cuenta de Katherine Estefany M. J. Jova transfirió el dinero y esperó las maletas.
Al día siguiente, otro número le informó que las maletas contenían dinero en efectivo, exigiendo más dinero para enviarlas. Jova, sospechando, consultó a su familiar, quien negó haber enviado algo.
Descubrieron que era una estafa. Jova denunció y Katherine Estefany fue detenida.
En la audiencia inicial, el Juzgado Segundo de Paz de Soyapango autorizó la conciliación. Katherine Estefany M. pagó $3,300 para resarcir los daños.
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FGR pide obligar a exsecretario particular de Saca pagar más de $309,000 producto de una condena
Fiscales de la Unidad Anticorrupción presentaron hoy un escrito pidiendo a la Cámara Segunda de lo Civil de la Primera Sección del Centro de San Salvador, que obligue a Carlos Antonio Rosales Franco, exsecretario particular del expresidente Elías Antonio Saca a pagar $309,305.18.
El ministerio público acudió al tribunal superior, ante la negativa de Rosales para pagar el monto ordenado en una condena civil por enriquecimiento ilícito emitida el 23 de marzo de 2022.
Rosales Franco, fue secretario particular del expresidente Elías Antonio Saca, en el período 2004-2009. Las magistradas resolvieron que está en la obligación de regresar el monto con el cual se le probó que tuvo un incremento patrimonial no justificado producto de 10 irregularidades.
Rosales Franco no presentó pruebas para justificar el incremento patrimonial detectado por la Sección de Probidad en el período del 1 de junio 2004 al 31 de mayo 2009.
«Las investigaciones contra Rosales iniciaron a raíz de un informe de la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia, en donde no pudo justificar el origen legal del aumento de su patrimonio», publicó la Fiscalía.
En la audiencia probatoria, los abogados de Rosales Franco argumentaron ante la Cámara que en su calidad de secretario particular manejó fondos y de ahí ese reflejo de incremento de dinero, pero una magistrada al leer el fallo dijo: «No es necesario que el funcionario maneje fondos del Estado para enriquecerse ilícitamente, sino que puede aprovecharse de su cargo para hacerlo».
El exfuncionario también manifestó que como secretario particular recibió montos compensatorios provenientes de gastos reservados de la Presidencia de la República para inteligencia y otros rubros como emolumentos, mejor conocidos como sobresueldos, pero la Cámara ha dicho que no se acreditó esos fondos y cantidades concretas recibidas.
