Judicial
Caso #SaqueoAlEstado FGR: Funes desvió más de $351 millones dejando solo $0.68 centavos en el banco
Después de dos días de hermetismo por las capturas de varios implicados en el caso del expresidente Mauricio Funes, la Fiscalía General de la Republica (FGR) dio a conocer la forma en que el exgobernante desvió de fondos públicos por más de $351 millones, para lo cual habría formado una “estructura sofistificada” que involucra al estatal Banco Hipotecario.
«Lamento informarle al pueblo salvadoreño que en el Gobierno de Mauricio Funes se dieron indignantes casos de corrupción donde se extrajeron fondos públicos por un orden aproximado a los $351 millones», sostuvo el fiscal general Douglas Meléndez, al mediodía de este viernes.
El fiscal confirmó que se ha girado orden de captura contra Funes y una treintena de personas más vinculadas a su gestión, entre ellas figuran su actual pareja Ada Mitchelle Guzmán Gutiérrez, “Michi”, sus exesposas Regina Cañas “Tía Bubu” y Elvi Paz Gutiérrez.
En las ordenes de captura también se encuentran sus hijos Diego Roberto Funes, Mauricio Funes Velasco, los padres de su actual pareja y exfuncionarios de confianza en su gestión.
Según el fiscal, después de Funes el principal implicado en la estructura criminal es Miguel Menéndez, más conocido como Mecafé, quien fungió como presidente del Centro de Ferias y Convenciones (CIFCO) en la administración Funes.
Por más de dos horas, el fiscal general y el fiscal de la Unidad de Investigación Financiera, Jorge Cortez, brindaron detalles sobre la forma en que operó la supuesta estructura encabezada por Funes, para lo cual se habrían utilizado ocho cuentas bancarias por donde se desviaron los fondos.
A Diego Funes le entregaron $279 mil. Además, se pagaron $499 mil en impuestos de Polistepeque, la expresa de comunicaciones que trabajó con el expresidente.
A Roberto Funes Avelar le llegaron depósitos por $163 mil y a los padres de Ada Mitchell Guzmán les ayudó a gestionar créditos, además de costearles viajes de places y comprar vehículos.
Según el fiscal «el señor Funes creo una red sofisticada para pasarse por encima de las sentencias de la Sala de lo Constitucional», esto se refiere a que desde el 2010 los magistrados invalidaron la figura de gastos reservados (o partida secreta), sin embargo, durante su gobierno Funes y sus exfuncionarios habrían seguido con esta práctica.
La investigación fiscal señala que los fondos provenían en su mayoría de refuerzos presupuestarios aprobados en la Asamblea Legislativa.
Personal del Banco Hipotecario revelaron que el personal de Casa Presidencial (CAPRES) retiraba en bolsas negras para basura el dinero en efectivo y que al final dejaron solo $0.68 centavos en las cuentas.
En este caso también se encuentran involucrados exempleados de Capres que ya se encuentran en prisión por el proceso judicial en contra del expresidente Antonio Saca.
Según la FGR, el exsecretario de comunicaciones de la Presidencia, David Rivas, tiene más de un millón de dólares sin justificación.
«De las 8 cuentas personales de Rodríguez y Gómez se liberaron 5,858 cheques por más de 292 millones de dólares», dijo el fiscal Jorge Cortez.
«Los viajes de placer del expresidente Funes fueron pagados con 4 millones de dólares de fondos del Estado. Viajes que no habían sido encontrados por funcionarios actuales del gobierno o por la sección de probidad de la Corte Suprema, porque fueron pagados en efectivo», añadió el fiscal.
Hugo Barrientos, dueño de “Arquitectos S.A. de C.V.”, recibió más de 2 millones de dólares para remodelar casas compradas por “testaferros” de Mauricio Funes.
Al exsecretario privado de la presidencia, Francisco José Cáceres, se le han encontrado 1.5 millones de dólares “sin justificación alguna”.
Cortez aseguró que «armas de fuego del expresidente, fueron compradas por empleados del Batallón Presidencial por un total de 218,000 dólares en efectivo y luego fueron traspasadas a Funes por medio de donaciones a 1 dólar».
En el caso de la exprimera dama, Vanda Pignato, se le pagaron préstamos, tarjetas de crédito y compra de vehículos de lujo, todo con dinero en efectivo.
Sobre Miguel Menéndez Avelar, “Mecafé”, se dijo que tiene más de 9 millones de dólares que fueron depositados por exempleados de Casa Presidencial “qué no tienen que ver con contratos del Estado».
Ada Michelle Guzmán Sigüenza, actual pareja de Funes, habría utilizado parte del dinero del Estado en cirugías estéticas en Beverly Hill’s, California.
«Cómo es posible que el pueblo esté tirado en el suelo de los hospitales nacionales y ella gastando Miles de dólares es cirugías plásticas, es indignante», comentó el fiscal general durante la extensa conferencia informativa.
En procesos judiciales separados, el Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel condenó a 15 años de prisión a dos mujeres pandilleras, integrantes de la estructura terrorista MS-13, quienes fueron pro cesadas y declaradas culpables del delito de extorsión agravada.
Claudia Yesenia Rodríguez Delgado y Ernestina Argueta Argueta recibieron una pena de 15 años de prisión cada una, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
En uno de los casos, Rodríguez Delgado, integrante activo de la Mara Salvatrucha, fue individualizada por las autoridades en una entrega controlada de dinero el 16 de diciembre de 2016. La víctima había denunciado a inicios de noviembre del mismo año ser extorsionada por la pandilla, que le exigió dinero bajo amenazas de muerte.
Argueta Argueta fue condenada por una extorsión cometida entre 2012 y 2015. Según las investigaciones, la víctima residía en Ciudad Barrios y entregó semanal mente el dinero a la pandilla MS-13, hasta que interpuso la denuncia ante la Policía Nacional Civil (PNC).
La Fiscalía General de la República (FGR) logró que 26 imputados, entre ellos exmiembros del concejo municipal de Coatepeque, enfrenten juicio por presuntos delitos de corrupción relacionados con el manejo de fondos públicos destinados a obras de infraestructura, informa el Ministerio Público en la red social X.
Según la investigación, los hechos habrían ocurrido entre 2012 y 2018, período en el que se habrían autorizado proyectos como pavimentación de calles, construcción de cordón cuneta y obras de concreto que, pese a ser pagadas con fondos estatales, nunca se ejecutaron. Casos previos vinculados a este expediente señalan irregularidades en al menos una decena de proyectos municipales que habrían sido cancelados sin comprobar su realización.
Los procesados enfrentan cargos por peculado y negociaciones ilícitas, delitos asociados al uso indebido de recursos públicos y a posibles acuerdos ilegales en la adjudicación de contratos. Investigaciones fiscales anteriores también apuntaron a montos que superaban los $400,000 en proyectos inexistentes dentro del mismo esquema municipal.
Coatepeque | 📣Juzgado de paz instala audiencia inicial en contra del alcalde de dicha localidad y su concejo municipal acusados de
⚠️Peculado y
⚠️Negociaciones Ilícitas. pic.twitter.com/fJLwq2zezu— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) September 28, 2019
El Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Ana admitió todas las pruebas presentadas por la Fiscalía, con las que el Ministerio Público busca demostrar la responsabilidad penal de los acusados y exigir la devolución del dinero al Estado salvadoreño.
El caso forma parte de los procesos judiciales impulsados por la FGR contra actos de corrupción municipal, en los que se investiga la adjudicación irregular de contratos y el uso indebido de recursos públicos destinados a obras comunitarias.
Juan José Díaz Salinas, integrante de la MS13, purgará 30 años de prisión por el homicidio de un agente de la Policía Nacional Civil. La condena fue impuesta por el Tribunal de Sentencia de Zacatecoluca.
De acuerdo con la Fiscalía, el homicidio ocurrió el 23 de septiembre de 2017 en un área rural del distrito de San Pedro Masahuat, en La Paz.
«El agente estaba de licencia y se transportaba en su bicicleta cuando Salinas y otros imputados le salieron al paso y, sin mayor discusión, comenzaron a dispararle hasta causarle la muerte en ese lugar», reveló la investigación.
En el fallo, el tribunal impuso también el pago de $2,500 en concepto de responsabilidad civil.
El ministerio público informó que el terrorista cumple otras penas de prisión por varios crímenes cometidos, entre estos, el homicidio de una mujer en el 2017; también por participar en el asesinato de un miembro de su estructura en el 2018, acciones que también fueron cometidas en La Paz.
Entre otros casos, el mismo tribunal condenó recientemente a los hermanos Santos Samuel y Cecilio Rafael Domínguez González, perfilados como integrantes de la pandilla 18. Estos sujetos permanecerán 30 años en prisión por haber asesinado a un hombre con un arma de fuego.
El crimen lo cometieron el 22 de junio de 2021, aproximadamente a la 1:30 del mediodía, cuando la víctima caminaba en la carretera Panorámica, por el caserío El Matazano, cantón San José La Montaña, San Francisco Chinameca, La Paz Oeste.
La investigación determinó que los hermanos interceptaron al hombre y a la fuerza lo condujeron hasta una cervecería. La víctima intentó huir, pero Rafael Domínguez lo golpeó en la cara y cayó al suelo. De inmediato, Santos Domínguez le disparó.
