Judicial
Caso #SaqueoAlEstado FGR: Funes desvió más de $351 millones dejando solo $0.68 centavos en el banco
Después de dos días de hermetismo por las capturas de varios implicados en el caso del expresidente Mauricio Funes, la Fiscalía General de la Republica (FGR) dio a conocer la forma en que el exgobernante desvió de fondos públicos por más de $351 millones, para lo cual habría formado una “estructura sofistificada” que involucra al estatal Banco Hipotecario.
«Lamento informarle al pueblo salvadoreño que en el Gobierno de Mauricio Funes se dieron indignantes casos de corrupción donde se extrajeron fondos públicos por un orden aproximado a los $351 millones», sostuvo el fiscal general Douglas Meléndez, al mediodía de este viernes.
El fiscal confirmó que se ha girado orden de captura contra Funes y una treintena de personas más vinculadas a su gestión, entre ellas figuran su actual pareja Ada Mitchelle Guzmán Gutiérrez, “Michi”, sus exesposas Regina Cañas “Tía Bubu” y Elvi Paz Gutiérrez.
En las ordenes de captura también se encuentran sus hijos Diego Roberto Funes, Mauricio Funes Velasco, los padres de su actual pareja y exfuncionarios de confianza en su gestión.
Según el fiscal, después de Funes el principal implicado en la estructura criminal es Miguel Menéndez, más conocido como Mecafé, quien fungió como presidente del Centro de Ferias y Convenciones (CIFCO) en la administración Funes.
Por más de dos horas, el fiscal general y el fiscal de la Unidad de Investigación Financiera, Jorge Cortez, brindaron detalles sobre la forma en que operó la supuesta estructura encabezada por Funes, para lo cual se habrían utilizado ocho cuentas bancarias por donde se desviaron los fondos.
A Diego Funes le entregaron $279 mil. Además, se pagaron $499 mil en impuestos de Polistepeque, la expresa de comunicaciones que trabajó con el expresidente.
A Roberto Funes Avelar le llegaron depósitos por $163 mil y a los padres de Ada Mitchell Guzmán les ayudó a gestionar créditos, además de costearles viajes de places y comprar vehículos.
Según el fiscal «el señor Funes creo una red sofisticada para pasarse por encima de las sentencias de la Sala de lo Constitucional», esto se refiere a que desde el 2010 los magistrados invalidaron la figura de gastos reservados (o partida secreta), sin embargo, durante su gobierno Funes y sus exfuncionarios habrían seguido con esta práctica.
La investigación fiscal señala que los fondos provenían en su mayoría de refuerzos presupuestarios aprobados en la Asamblea Legislativa.
Personal del Banco Hipotecario revelaron que el personal de Casa Presidencial (CAPRES) retiraba en bolsas negras para basura el dinero en efectivo y que al final dejaron solo $0.68 centavos en las cuentas.
En este caso también se encuentran involucrados exempleados de Capres que ya se encuentran en prisión por el proceso judicial en contra del expresidente Antonio Saca.
Según la FGR, el exsecretario de comunicaciones de la Presidencia, David Rivas, tiene más de un millón de dólares sin justificación.
«De las 8 cuentas personales de Rodríguez y Gómez se liberaron 5,858 cheques por más de 292 millones de dólares», dijo el fiscal Jorge Cortez.
«Los viajes de placer del expresidente Funes fueron pagados con 4 millones de dólares de fondos del Estado. Viajes que no habían sido encontrados por funcionarios actuales del gobierno o por la sección de probidad de la Corte Suprema, porque fueron pagados en efectivo», añadió el fiscal.
Hugo Barrientos, dueño de “Arquitectos S.A. de C.V.”, recibió más de 2 millones de dólares para remodelar casas compradas por “testaferros” de Mauricio Funes.
Al exsecretario privado de la presidencia, Francisco José Cáceres, se le han encontrado 1.5 millones de dólares “sin justificación alguna”.
Cortez aseguró que «armas de fuego del expresidente, fueron compradas por empleados del Batallón Presidencial por un total de 218,000 dólares en efectivo y luego fueron traspasadas a Funes por medio de donaciones a 1 dólar».
En el caso de la exprimera dama, Vanda Pignato, se le pagaron préstamos, tarjetas de crédito y compra de vehículos de lujo, todo con dinero en efectivo.
Sobre Miguel Menéndez Avelar, “Mecafé”, se dijo que tiene más de 9 millones de dólares que fueron depositados por exempleados de Casa Presidencial “qué no tienen que ver con contratos del Estado».
Ada Michelle Guzmán Sigüenza, actual pareja de Funes, habría utilizado parte del dinero del Estado en cirugías estéticas en Beverly Hill’s, California.
«Cómo es posible que el pueblo esté tirado en el suelo de los hospitales nacionales y ella gastando Miles de dólares es cirugías plásticas, es indignante», comentó el fiscal general durante la extensa conferencia informativa.
Imagen de referencia
El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de cárcel a Julio Adalberto Ramírez Pérez del delito de limitación ilegal a la libertad de circulación. Además, el Tribunal ordenó a Ramírez Pérez pagar una indemnización a la víctima como reparación por el daño emocional causado.
La víctima relató que el 12 de julio de 2020, mientras caminaba por la calle principal del cantón Los Pajales en Panchimalco, fue interceptado por cuatro sujetos pertenecientes a la Mara Salvatrucha. Bajo amenazas de muerte, los terroristas le exigieron a él y a su familia que abandonaran su vivienda, acusándolo de colaborar con la Policía Nacional Civil.
Todos los sujetos portaban armas de fuego. Ramírez Pérez, en particular, apuntó con su arma a la cabeza de la víctima y la amenazó de muerte, diciéndole que no sería el primero en morir si no obedecía. Aterrorizado por las amenazas y temiendo por la seguridad de su familia, la víctima se vio obligado a abandonar su hogar.
El reporte detalla que uno de los cuatro pandilleros involucrados en el hecho falleció, por lo que el proceso en su contra fue sobreseído definitivamente. Los otros dos pandilleros ya fueron condenados por este mismo delito en juicios separados.
El pandillero de la 18 José Abel Aguirre Hernández, es enjuiciado por haber asesinado a dos mujeres, a cuatro miembros de una familia y a un jornalero, en San Luis La Herradura, departamento de La Paz.
Los dos feminicidios los consumó en el 2015, y con respecto a la masacre de la familia, las pesquisas que la Fiscalía General de la República realizó determinaron que un cabecilla de la pandilla ordenó el múltiple crimen.
El móvil fue porque un miembro de la familia había sido testigo de un caso en contra del cabecilla de la pandilla 18 y por eso pidió que lo asesinaran junto a su familia.
«Fiscalía cuenta en esta oportunidad con suficientes elementos de prueba, tanto testimonial, documental y pericial que sustentan la acusación en contra de esta persona y se está solicitando una sentencia condenatoria y que se le imponga a esta persona las penas más gravosas por cada uno de los delitos cometidos», manifestó un fiscal.
El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador, revisará toda la prueba y escuchará la declaración de testigos que la Fiscalía ha ofrecido en contra del pandillero de la facción revolucionaria de la 18.
Aguirre Hernández se había dedicado a cometer una serie de delitos en contra de la integridad y afectar patrimonialmente a personas de varios distritos del departamento de La Paz, según las indagaciones efectuadas por policías bajo la dirección de la Fiscalía.
El Tribunal 3.º de Sentencia de San Salvador instaló hoy la vista pública en contra de Fidel Antonio Zavala Pérez, procesado por el delito de estafa en perjuicio de cuatro víctimas, a quienes adeuda un monto total aproximado a los $50,000.
La audiencia se declaró por interrumpida, dado que el imputado promete pagar lo estafado el próximo 18 de diciembre, fecha en que se instalará de nuevo el juicio. El fallo del juez dependerá del cumplimento de dicho pago.
Fidel Antonio Zavala Pérez es acusado por la Fiscalía General de la República, tras la denuncia presentada por cuatro personas que lo relacionaron con una promesa de inversión de capital en el extranjero y en la bolsa de valores. A cambio de realizar depósitos mensuales, les garantizaba utilidades y mayores ganancias, en función del monto invertido. Las víctimas aportaron sumas que oscilan entre los $10,000 y $15,000, alcanzando un total de lo estafado que sobrepasa los $50,000. No obstante, con el tiempo, lo único que recibieron fueron evasivas, lo que motivó la denuncia antes las autoridades.
