Judicial
Caso #SaqueoAlEstado FGR: Funes desvió más de $351 millones dejando solo $0.68 centavos en el banco
Después de dos días de hermetismo por las capturas de varios implicados en el caso del expresidente Mauricio Funes, la Fiscalía General de la Republica (FGR) dio a conocer la forma en que el exgobernante desvió de fondos públicos por más de $351 millones, para lo cual habría formado una “estructura sofistificada” que involucra al estatal Banco Hipotecario.
«Lamento informarle al pueblo salvadoreño que en el Gobierno de Mauricio Funes se dieron indignantes casos de corrupción donde se extrajeron fondos públicos por un orden aproximado a los $351 millones», sostuvo el fiscal general Douglas Meléndez, al mediodía de este viernes.
El fiscal confirmó que se ha girado orden de captura contra Funes y una treintena de personas más vinculadas a su gestión, entre ellas figuran su actual pareja Ada Mitchelle Guzmán Gutiérrez, “Michi”, sus exesposas Regina Cañas “Tía Bubu” y Elvi Paz Gutiérrez.
En las ordenes de captura también se encuentran sus hijos Diego Roberto Funes, Mauricio Funes Velasco, los padres de su actual pareja y exfuncionarios de confianza en su gestión.
Según el fiscal, después de Funes el principal implicado en la estructura criminal es Miguel Menéndez, más conocido como Mecafé, quien fungió como presidente del Centro de Ferias y Convenciones (CIFCO) en la administración Funes.
Por más de dos horas, el fiscal general y el fiscal de la Unidad de Investigación Financiera, Jorge Cortez, brindaron detalles sobre la forma en que operó la supuesta estructura encabezada por Funes, para lo cual se habrían utilizado ocho cuentas bancarias por donde se desviaron los fondos.
A Diego Funes le entregaron $279 mil. Además, se pagaron $499 mil en impuestos de Polistepeque, la expresa de comunicaciones que trabajó con el expresidente.
A Roberto Funes Avelar le llegaron depósitos por $163 mil y a los padres de Ada Mitchell Guzmán les ayudó a gestionar créditos, además de costearles viajes de places y comprar vehículos.
Según el fiscal «el señor Funes creo una red sofisticada para pasarse por encima de las sentencias de la Sala de lo Constitucional», esto se refiere a que desde el 2010 los magistrados invalidaron la figura de gastos reservados (o partida secreta), sin embargo, durante su gobierno Funes y sus exfuncionarios habrían seguido con esta práctica.
La investigación fiscal señala que los fondos provenían en su mayoría de refuerzos presupuestarios aprobados en la Asamblea Legislativa.
Personal del Banco Hipotecario revelaron que el personal de Casa Presidencial (CAPRES) retiraba en bolsas negras para basura el dinero en efectivo y que al final dejaron solo $0.68 centavos en las cuentas.
En este caso también se encuentran involucrados exempleados de Capres que ya se encuentran en prisión por el proceso judicial en contra del expresidente Antonio Saca.
Según la FGR, el exsecretario de comunicaciones de la Presidencia, David Rivas, tiene más de un millón de dólares sin justificación.
«De las 8 cuentas personales de Rodríguez y Gómez se liberaron 5,858 cheques por más de 292 millones de dólares», dijo el fiscal Jorge Cortez.
«Los viajes de placer del expresidente Funes fueron pagados con 4 millones de dólares de fondos del Estado. Viajes que no habían sido encontrados por funcionarios actuales del gobierno o por la sección de probidad de la Corte Suprema, porque fueron pagados en efectivo», añadió el fiscal.
Hugo Barrientos, dueño de “Arquitectos S.A. de C.V.”, recibió más de 2 millones de dólares para remodelar casas compradas por “testaferros” de Mauricio Funes.
Al exsecretario privado de la presidencia, Francisco José Cáceres, se le han encontrado 1.5 millones de dólares “sin justificación alguna”.
Cortez aseguró que «armas de fuego del expresidente, fueron compradas por empleados del Batallón Presidencial por un total de 218,000 dólares en efectivo y luego fueron traspasadas a Funes por medio de donaciones a 1 dólar».
En el caso de la exprimera dama, Vanda Pignato, se le pagaron préstamos, tarjetas de crédito y compra de vehículos de lujo, todo con dinero en efectivo.
Sobre Miguel Menéndez Avelar, “Mecafé”, se dijo que tiene más de 9 millones de dólares que fueron depositados por exempleados de Casa Presidencial “qué no tienen que ver con contratos del Estado».
Ada Michelle Guzmán Sigüenza, actual pareja de Funes, habría utilizado parte del dinero del Estado en cirugías estéticas en Beverly Hill’s, California.
«Cómo es posible que el pueblo esté tirado en el suelo de los hospitales nacionales y ella gastando Miles de dólares es cirugías plásticas, es indignante», comentó el fiscal general durante la extensa conferencia informativa.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a 15 años de prisión a Julio César Durán Ramos por el delito de extorsión agravada, en perjuicio de un comerciante del distrito de Apopa, municipio de San Salvador Oeste.
De acuerdo con las investigaciones, el 28 de noviembre de 2015 el imputado llegó al negocio de la víctima y se identificó como palabrero de la pandilla 18 que operaba en el sector donde el comerciante desarrollaba su actividad.
Según la investigación, posteriormente Durán Ramos exigió el pago de una renta mensual de 150 dólares y amenazó a la víctima con quitarle la vida si no entregaba el dinero.
Ante las amenazas, el comerciante accedió a pagar la cuota al finalizar cada mes para poder continuar con su actividad laboral.
La Fiscalía informó que eran diferentes personas las que se acercaban a reclamar el dinero de la extorsión y señaló que varios de esos extorsionistas ya han sido procesados y juzgados por separado.
Irvin Iván Quintanilla Méndez y Ovidio Samuel Gutiérrez Lazo fueron condenados a 44 años de prisión por ofrecer servicios de transporte a mujeres para luego privarlas de libertad, agredirlas sexualmente y despojarlas de sus pertenencias.
La condena fue impuesta por el Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador, que los declaró responsables de los delitos de robo agravado, privación de libertad y otras agresiones sexuales, en perjuicio de dos víctimas, cuyas identidades permanecen bajo régimen de protección.
Durante la vista pública, la Fiscalía General de la República expuso que los condenados habían adoptado un modus operandi para planificar y ejecutar los ataques sexuales, utilizando como fachada un servicio de transporte privado.
Según la investigación presentada por la Fiscalía, las víctimas solicitaban los viajes desde sus lugares de trabajo, ubicados en la zona del Paseo General Escalón, en el distrito de San Salvador, con destino a distintos puntos del área metropolitana.
Mientras se encontraban en el trayecto, los imputados simulaban desperfectos mecánicos en el vehículo. Al detenerse, un delincuente armado salía del baúl para someter y amenazar a la pasajera, con lo que facilitaban la comisión de los delitos.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a 40 años de prisión a Klaus Fernando Orantes Ramírez por el delito de homicidio agravado en perjuicio de su madre, Eneyda Ramírez, crimen cometido en febrero de 2021.
El homicidio ocurrió en una vivienda ubicada en la colonia Escalón, en San Salvador. De acuerdo con las investigaciones, la víctima y el imputado regresaban de un viaje a la playa y, bajo los efectos del alcohol, Orantes Ramírez la asfixió utilizando una cadena metálica.
Tras cometer el crimen, el condenado se infligió varios golpes y desordenó la vivienda para simular un robo e intentar despistar a las autoridades.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que las investigaciones determinaron que Klaus Fernando Orantes Ramírez planificó el homicidio junto con su primo, Pedro Antonio Gálvez, quien fue detenido anteriormente. Según la acusación, ambos pretendían vender un inmueble y apropiarse del dinero de la venta, así como de los recursos obtenidos por la administración de los demás inmuebles propiedad de la víctima.
«Los imputados, para desvirtuar su participación, simularon que personas desconocidas se metieron a su casa a robar, y se golpearon entre sí para despistar que ellos cometieron el homicidio», detalló la Fiscalía.
En este caso también fue capturada Fernanda Nicole Orantes Ramírez. Sin embargo, en enero de 2023, el Juzgado Cuarto de Paz de San Salvador resolvió que continuara el proceso penal con medidas sustitutivas a la detención, tras pagar una fianza de $5,000.
En esa ocasión, el juzgador señaló que la decisión obedecía a que la violencia psicológica que recibió Fernanda Orantes Ramírez no le permitía ser considerada cómplice, sino víctima. Hasta la fecha, se desconoce el estado actual de su proceso judicial.
Crimen planificado
Al momento de las capturas, la Policía Nacional Civil (PNC) informó que los imputados planearon el asesinato de Eneyda Ramírez, a quien acusaban de «ser tacaña y no darles dinero», pese a que poseía varias viviendas en alquiler.
Según la corporación policial, con el pretexto de celebrar el Día de San Valentín, llevaron a la víctima a la playa, donde le suministraron abundantes bebidas alcohólicas. Al regresar a su vivienda en la colonia Escalón, continuaron dándole alcohol hasta dejarla inconsciente y posteriormente la asfixiaron con una cadena metálica.
La PNC agregó que, para evitar ser descubiertos, los dos hermanos y el primo simularon haber sido víctimas de un robo. «Los 2 hermanos y el primo se dieron varios golpes entre ellos, fingiendo que los supuestos ladrones los habían atacado y desordenaron toda la casa para hacer creíble su historia», detalló la institución.
