Judicial
Caso #SaqueoAlEstado FGR: Funes desvió más de $351 millones dejando solo $0.68 centavos en el banco
Después de dos días de hermetismo por las capturas de varios implicados en el caso del expresidente Mauricio Funes, la Fiscalía General de la Republica (FGR) dio a conocer la forma en que el exgobernante desvió de fondos públicos por más de $351 millones, para lo cual habría formado una “estructura sofistificada” que involucra al estatal Banco Hipotecario.
«Lamento informarle al pueblo salvadoreño que en el Gobierno de Mauricio Funes se dieron indignantes casos de corrupción donde se extrajeron fondos públicos por un orden aproximado a los $351 millones», sostuvo el fiscal general Douglas Meléndez, al mediodía de este viernes.
El fiscal confirmó que se ha girado orden de captura contra Funes y una treintena de personas más vinculadas a su gestión, entre ellas figuran su actual pareja Ada Mitchelle Guzmán Gutiérrez, “Michi”, sus exesposas Regina Cañas “Tía Bubu” y Elvi Paz Gutiérrez.
En las ordenes de captura también se encuentran sus hijos Diego Roberto Funes, Mauricio Funes Velasco, los padres de su actual pareja y exfuncionarios de confianza en su gestión.
Según el fiscal, después de Funes el principal implicado en la estructura criminal es Miguel Menéndez, más conocido como Mecafé, quien fungió como presidente del Centro de Ferias y Convenciones (CIFCO) en la administración Funes.
Por más de dos horas, el fiscal general y el fiscal de la Unidad de Investigación Financiera, Jorge Cortez, brindaron detalles sobre la forma en que operó la supuesta estructura encabezada por Funes, para lo cual se habrían utilizado ocho cuentas bancarias por donde se desviaron los fondos.
A Diego Funes le entregaron $279 mil. Además, se pagaron $499 mil en impuestos de Polistepeque, la expresa de comunicaciones que trabajó con el expresidente.
A Roberto Funes Avelar le llegaron depósitos por $163 mil y a los padres de Ada Mitchell Guzmán les ayudó a gestionar créditos, además de costearles viajes de places y comprar vehículos.
Según el fiscal «el señor Funes creo una red sofisticada para pasarse por encima de las sentencias de la Sala de lo Constitucional», esto se refiere a que desde el 2010 los magistrados invalidaron la figura de gastos reservados (o partida secreta), sin embargo, durante su gobierno Funes y sus exfuncionarios habrían seguido con esta práctica.
La investigación fiscal señala que los fondos provenían en su mayoría de refuerzos presupuestarios aprobados en la Asamblea Legislativa.
Personal del Banco Hipotecario revelaron que el personal de Casa Presidencial (CAPRES) retiraba en bolsas negras para basura el dinero en efectivo y que al final dejaron solo $0.68 centavos en las cuentas.
En este caso también se encuentran involucrados exempleados de Capres que ya se encuentran en prisión por el proceso judicial en contra del expresidente Antonio Saca.
Según la FGR, el exsecretario de comunicaciones de la Presidencia, David Rivas, tiene más de un millón de dólares sin justificación.
«De las 8 cuentas personales de Rodríguez y Gómez se liberaron 5,858 cheques por más de 292 millones de dólares», dijo el fiscal Jorge Cortez.
«Los viajes de placer del expresidente Funes fueron pagados con 4 millones de dólares de fondos del Estado. Viajes que no habían sido encontrados por funcionarios actuales del gobierno o por la sección de probidad de la Corte Suprema, porque fueron pagados en efectivo», añadió el fiscal.
Hugo Barrientos, dueño de “Arquitectos S.A. de C.V.”, recibió más de 2 millones de dólares para remodelar casas compradas por “testaferros” de Mauricio Funes.
Al exsecretario privado de la presidencia, Francisco José Cáceres, se le han encontrado 1.5 millones de dólares “sin justificación alguna”.
Cortez aseguró que «armas de fuego del expresidente, fueron compradas por empleados del Batallón Presidencial por un total de 218,000 dólares en efectivo y luego fueron traspasadas a Funes por medio de donaciones a 1 dólar».
En el caso de la exprimera dama, Vanda Pignato, se le pagaron préstamos, tarjetas de crédito y compra de vehículos de lujo, todo con dinero en efectivo.
Sobre Miguel Menéndez Avelar, “Mecafé”, se dijo que tiene más de 9 millones de dólares que fueron depositados por exempleados de Casa Presidencial “qué no tienen que ver con contratos del Estado».
Ada Michelle Guzmán Sigüenza, actual pareja de Funes, habría utilizado parte del dinero del Estado en cirugías estéticas en Beverly Hill’s, California.
«Cómo es posible que el pueblo esté tirado en el suelo de los hospitales nacionales y ella gastando Miles de dólares es cirugías plásticas, es indignante», comentó el fiscal general durante la extensa conferencia informativa.
Cuatro personas identificadas como José Eliseo Mejía, Juan Rodolfo Mejía Hernández, Inmer Alexis Méndez Consuegra, y Oswaldo Eliseo Ávalos Hernández fueron encontrados responsables de haberle robado a una persona una fuerte cantidad de dinero en efectivo el pasado cinco de agosto del año 2024.
El fiscal del caso dijo que los cuatro sujetos interceptaron a la víctima cuando caminaba sobre la calle principal en cantón Pacun, del municipio de Santa Ana Centro.
Según la investigación los sujetos le dijeron que no lo quieren ver en la zona y le dieron 24 horas para irse o le quitarían la vida, luego lo lesionaron en diferentes partes de su cuerpo y le quitaron una fuerte cantidad y un celular.
Los sujetos huyen al escuchar que por la zona se acercaba un vehículo.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana impuso la condena por el delito de robo agravado. Dichos sujetos no pertenecen a alguna mara o pandilla.
Judicial
Ordenan captura de red de jóvenes acusados de extorsionar a empresarios de la en La Libertad
En un esfuerzo conjunto entre la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil, se capturó a un grupo de jóvenes que, durante el año 2025, extorsionaron a un empresario del departamento de La Libertad.
La estructura estaba conformada por un menor de edad y Ana Gladis Lemus, Javier Alexander Zepeda Morales, Nayeli Yasenia Mejía Flores y Nelson David Inocente Leonor, quienes fueron capturados durante el operativo.
De acuerdo a las investigaciones, el menor de edad contactaba a la víctima vía telefónica para amenazar y exigir el pago de efectivo; las otras cuatro personas eran las encargadas de retirar el dinero exigido el quince de cada mes y dar seguridad en ese momento.
Posteriormente, el dinero recibido lo depositaban a cuentas bancarias y lo enviaban por remesas a través de farmacias y supermercados.
Los imputados fueron perfilados bajo entregadas controladas con cobertura policial.
A los imputados se les procesará por los delitos de agrupaciones ilícitas y extorsión agravada.
El operativo se desarrolló en los distritos de Jayaque y Colón en el departamento de La Libertad y de igual manera en San Antonio del Monte, jurisdicción de Sonsonate y se incautó abundante evidencia que fortalecerá el caso y la acusación contra los imputados.
Entre el 1 de enero y el 27 de marzo de 2026, un total de 27 criminales fueron condenados por feminicidio y tentativa de feminicidio, según informes de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con las autoridades, los Juzgados Especializados de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres impusieron penas de hasta 30 años por feminicidio y 50 años por feminicidio agravado, conforme a lo establecido en la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV).
En uno de los casos, el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 11 pandilleros de la 18 por el asesinato de tres mujeres. Los jueces aplicaron los artículos 45 y 46 de la LEIV, que establecen penas de entre 20 y 35 años, y de 30 a 50 años, respectivamente.
Las investigaciones fueron desarrolladas por diversas unidades fiscales con enfoque de género, garantizando la persecución penal de los delitos. Los procesos iniciaron en juzgados de paz y avanzaron hacia tribunales especializados, bajo reserva conforme lo establece la ley.
Durante los juicios, la Fiscalía presentó peritajes, pruebas documentales, testimonios, así como informes técnicos de geolocalización, registros de llamadas y evidencia dactilar que vinculan a los imputados con los hechos. Los jueces valoraron estos elementos para emitir las condenas.
Las autoridades señalaron que en varios casos se comprobó la existencia de violencia psicológica, verbal y física, así como contextos de vulnerabilidad en las víctimas. En crímenes vinculados a estructuras criminales, se determinó que los responsables ejercieron distintos tipos de violencia contra las mujeres.
Uno de los fallos más severos fue contra 11 pandilleros de la 18, quienes recibieron condenas de 50 años por cada feminicidio, acumulando penas superiores a los 400 años por múltiples delitos. Según la Fiscalía, los hechos corresponden a un triple feminicidio ocurrido en 2010 en Ilopango.
Entre los condenados se encuentran Alejandro Ernesto Rodríguez, sentenciado a 408 años de prisión; Juan Antonio Marroquín Portillo, a 205 años; Celestino Vásquez Benítez, a 195 años; y Douglas Alirio Alfaro Amaya, a 105 años. Asimismo, fue condenado Erick Saúl Villalobos, cabecilla nacional de la pandilla 18, a 144 años de cárcel.
En otros casos, un ciudadano nicaragüense fue condenado a 50 años de prisión por asesinar a su compañera de vida en San Miguel, mientras que en San Salvador, un hombre recibió 37 años de cárcel por intentar asesinar a su pareja, a quien le causó graves lesiones con arma blanca.
Además, en Ahuachapán, un hombre fue condenado a 50 años por el feminicidio agravado de su expareja, y en Santa Ana, otro imputado recibió 50 años por intentar asesinar a su excompañera de vida y a su hija de dos años.
