Judicial
Caso #SaqueoAlEstado FGR: Funes desvió más de $351 millones dejando solo $0.68 centavos en el banco
Después de dos días de hermetismo por las capturas de varios implicados en el caso del expresidente Mauricio Funes, la Fiscalía General de la Republica (FGR) dio a conocer la forma en que el exgobernante desvió de fondos públicos por más de $351 millones, para lo cual habría formado una “estructura sofistificada” que involucra al estatal Banco Hipotecario.
«Lamento informarle al pueblo salvadoreño que en el Gobierno de Mauricio Funes se dieron indignantes casos de corrupción donde se extrajeron fondos públicos por un orden aproximado a los $351 millones», sostuvo el fiscal general Douglas Meléndez, al mediodía de este viernes.
El fiscal confirmó que se ha girado orden de captura contra Funes y una treintena de personas más vinculadas a su gestión, entre ellas figuran su actual pareja Ada Mitchelle Guzmán Gutiérrez, “Michi”, sus exesposas Regina Cañas “Tía Bubu” y Elvi Paz Gutiérrez.
En las ordenes de captura también se encuentran sus hijos Diego Roberto Funes, Mauricio Funes Velasco, los padres de su actual pareja y exfuncionarios de confianza en su gestión.
Según el fiscal, después de Funes el principal implicado en la estructura criminal es Miguel Menéndez, más conocido como Mecafé, quien fungió como presidente del Centro de Ferias y Convenciones (CIFCO) en la administración Funes.
Por más de dos horas, el fiscal general y el fiscal de la Unidad de Investigación Financiera, Jorge Cortez, brindaron detalles sobre la forma en que operó la supuesta estructura encabezada por Funes, para lo cual se habrían utilizado ocho cuentas bancarias por donde se desviaron los fondos.
A Diego Funes le entregaron $279 mil. Además, se pagaron $499 mil en impuestos de Polistepeque, la expresa de comunicaciones que trabajó con el expresidente.
A Roberto Funes Avelar le llegaron depósitos por $163 mil y a los padres de Ada Mitchell Guzmán les ayudó a gestionar créditos, además de costearles viajes de places y comprar vehículos.
Según el fiscal «el señor Funes creo una red sofisticada para pasarse por encima de las sentencias de la Sala de lo Constitucional», esto se refiere a que desde el 2010 los magistrados invalidaron la figura de gastos reservados (o partida secreta), sin embargo, durante su gobierno Funes y sus exfuncionarios habrían seguido con esta práctica.
La investigación fiscal señala que los fondos provenían en su mayoría de refuerzos presupuestarios aprobados en la Asamblea Legislativa.
Personal del Banco Hipotecario revelaron que el personal de Casa Presidencial (CAPRES) retiraba en bolsas negras para basura el dinero en efectivo y que al final dejaron solo $0.68 centavos en las cuentas.
En este caso también se encuentran involucrados exempleados de Capres que ya se encuentran en prisión por el proceso judicial en contra del expresidente Antonio Saca.
Según la FGR, el exsecretario de comunicaciones de la Presidencia, David Rivas, tiene más de un millón de dólares sin justificación.
«De las 8 cuentas personales de Rodríguez y Gómez se liberaron 5,858 cheques por más de 292 millones de dólares», dijo el fiscal Jorge Cortez.
«Los viajes de placer del expresidente Funes fueron pagados con 4 millones de dólares de fondos del Estado. Viajes que no habían sido encontrados por funcionarios actuales del gobierno o por la sección de probidad de la Corte Suprema, porque fueron pagados en efectivo», añadió el fiscal.
Hugo Barrientos, dueño de “Arquitectos S.A. de C.V.”, recibió más de 2 millones de dólares para remodelar casas compradas por “testaferros” de Mauricio Funes.
Al exsecretario privado de la presidencia, Francisco José Cáceres, se le han encontrado 1.5 millones de dólares “sin justificación alguna”.
Cortez aseguró que «armas de fuego del expresidente, fueron compradas por empleados del Batallón Presidencial por un total de 218,000 dólares en efectivo y luego fueron traspasadas a Funes por medio de donaciones a 1 dólar».
En el caso de la exprimera dama, Vanda Pignato, se le pagaron préstamos, tarjetas de crédito y compra de vehículos de lujo, todo con dinero en efectivo.
Sobre Miguel Menéndez Avelar, “Mecafé”, se dijo que tiene más de 9 millones de dólares que fueron depositados por exempleados de Casa Presidencial “qué no tienen que ver con contratos del Estado».
Ada Michelle Guzmán Sigüenza, actual pareja de Funes, habría utilizado parte del dinero del Estado en cirugías estéticas en Beverly Hill’s, California.
«Cómo es posible que el pueblo esté tirado en el suelo de los hospitales nacionales y ella gastando Miles de dólares es cirugías plásticas, es indignante», comentó el fiscal general durante la extensa conferencia informativa.
Obed Abraham Ruiz Campos fue condenado a 23 años de prisión por los delitos de suicidio feminicida por inducción o ayuda y violación agravada en perjuicio de una mujer en La Libertad. La sentencia fue emitida por el Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador.
De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de la República, los hechos ocurrieron el 10 de diciembre de 2024 en una vivienda ubicada en Lourdes, Colón, La Libertad Oeste. El ministerio público estableció que la víctima y el imputado mantenían una relación de pareja marcada por episodios de violencia psicológica, emocional y física.
La investigación también determinó que, en reiteradas ocasiones, Ruiz Campos coaccionó a la víctima mediante amenazas cuando consumía bebidas alcohólicas, llegando incluso a utilizar un arma blanca para obligarla a ingerir alcohol.
Según la Fiscalía, el día de los hechos el condenado consumió bebidas alcohólicas y forzó a la mujer a beber hasta que perdió el conocimiento. Posteriormente, habría abusado sexualmente de ella.
Las investigaciones señalan que la víctima presentó convulsiones y sangrado en diferentes partes del cuerpo. La Fiscalía indicó que el imputado abandonó el lugar y dejó el cuerpo durante un día. Posteriormente, presuntamente intentó alterar la escena al cambiar y lavar la ropa de la víctima antes de informar a las autoridades que la había encontrado sin vida.
Al llegar al inmueble, las autoridades observaron indicios de limpieza reciente y encontraron el cuerpo con señales de violencia física.
Durante el juicio, un informe forense concluyó que la causa de muerte fue una intoxicación alcohólica aguda. Asimismo, otras pericias determinaron la existencia de lesiones genitales compatibles con abuso sexual.
La Fiscalía presentó pruebas relacionadas con el vínculo entre el imputado y la víctima, los antecedentes de violencia y el contexto de coacción constante al que, según la investigación, fue sometida la mujer. Con base en estos elementos, la jueza impuso una pena de siete años de prisión por suicidio feminicida por inducción o ayuda y 16 años por violación agravada.
Las estrategias de seguridad impulsadas por el Gobierno continúan produciendo resultados positivos a corto plazo con la ventilación de los procesos judiciales contra los cabecillas de los grupos criminales que por años sembraron terror y creyeron tener el control del país.
Este lunes continuó la audiencia única abierta contra 485 cabecillas de la MS-13 con la participación de la representación fiscal en los alegatos finales en un proceso amplio debido a la cantidad de acusaciones contra los involucrados.
«Estos alegatos, por tratarse de un caso bastante complejo y por la cantidad de las imputaciones que superan las 47,400, se han dividido, empezando primero a explicar la teoría para responsabilizar a todos estos cabecillas de la Mara Salvatrucha, que es la autoría de los aparatos organizados de poder», explicó el fiscal adjunto contra el Crimen Organizado, Max Muñoz.
Muñoz agregó que, en la evolución que tuvieron estos grupos criminales lograron extenderse con el paso del tiempo hasta abarcar sus operaciones criminales en todo el territorio. “En su evolución, fueron formándose las clicas territoriales, pero posteriormente fue creciendo tanto la organización criminal, a lo largo de los años, que surgieron los programas, que es la unión de varias clicas y está conformada por 32 programas a nivel nacional”, ahondó.
A partir de ello, dijo, hay más de 230 causas abiertas en contra de esta organización criminal, que son las detenciones que se han realizado en el marco del régimen de excepción. En los alegatos, se planteará el desarrollo de esta organización criminal, empezando por la ranfla histórica, pasando por los ranfleros en los penales que tuvieron poder durante la época de la tregua 2012-2015.
“Obviamente, pues estando en una supuesta tregua con el gobierno, pues en las cárceles prácticamente no había controles”, indicó el fiscal adjunto contra el Crimen Organizado.
La ranfla histórica estaba conformada por 24 miembros. Entre ellos, había dos personas muy influyentes: El Diablito de Hollywood y El 13 de Teclas. Estas dos personas eran las más influyentes de la ranfla, pero tenían grandes diferencias”, agregó el fiscal.
A los pandilleros se les atribuye el uso de niños para movilizar la droga, cobrar la extorsión, mover las armas de fuego para evitar cualquier tipo de sospecha por parte de la policía en esos momentos.
Kevin Enrique Henríquez Laínez deberá permanecer en detención por orden del Juzgado Décimo de Paz, luego de ser procesado por el delito de tráfico ilícito, según informó la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con la acusación fiscal, el imputado fue capturado el 21 de mayo de 2026 por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) durante un patrullaje realizado en la 49.ª Avenida Sur y Pasaje Los Héroes, en San Salvador.
Según el acta policial, los agentes observaron que Henríquez Laínez conducía una motocicleta de forma indebida y que, al notar la presencia policial, realizó maniobras en zigzag con el aparente propósito de evadirlos.
Tras ordenarle que detuviera la marcha para efectuar un registro, los policías encontraron cuatro porciones medianas de marihuana dentro de bolsas plásticas transparentes ocultas bajo el asiento de la motocicleta. Además, le decomisaron $210 en efectivo.
La Fiscalía sostiene que el imputado presuntamente se dedicaba a la venta de droga en San Salvador, por lo que fue acusado del delito de tráfico ilícito, contemplado en la Ley Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas, en perjuicio de la salud pública.
Una prueba de campo realizada por expertos antinarcóticos determinó que la sustancia incautada correspondía a 38.8 gramos de marihuana.
Al concluir la audiencia inicial, la jueza resolvió que los indicios presentados permitían establecer la existencia del delito y la probable participación de Henríquez Laínez, por lo que ordenó que continúe en detención mientras avanza el proceso penal.
