La Dirección General de Protección Civil pondrá hasta un total de 700 miembros para disposición de las acciones preventivas y de emergencias contempladas en el Plan Fin de Año 2023 en El Salvador.

Así lo confirmó el director de la institución, Luis Alonso Amaya, quien destacó también que Cuerpo de Bomberos pondrá hasta 800 efectivos para acciones como atención de emergencias e inspección de ventas y fábricas de pólvora en el país.

«Este día fue hecho público el Plan Fin de Año 2023, que habíamos venido trabajando desde principios de noviembre, en el cual se han considerado aspectos como la movilidad de parte de turistas, tanto hermanos salvadoreños que regresan al país como turistas extranjeros», dijo.

«El total de recursos humanos que van a estar empeñados en el Plan Fin de Año 2023 ronda las 100,000 personas. Solo la Dirección de Protección Civil pondrá a disposición más de 700 de sus miembros, entre personal de la Unidad de Guardavidas y del Equipo Táctico Operativo», agregó.

El funcionario también destacó que «el Cuerpo de Bomberos también pondrá a disposición a más de 800 miembros, entre bomberos operativos e inspectores, al servicio del Plan Fin de Año 2023».

«El Cuerpo de Bomberos, a través de sus inspectores, se encargan no solo de verificar que no se estén vendiendo productos prohibidos, sino también que el espacio físico para la venta de pirotécnicos reúna las condiciones adecuadas», agregó.

Finalmente, Amaya explicó que ara la formulación del Plan Fin de Año 2023 se han considerado variables como la accidentabilidad vial, las lesiones provocadas por estos accidentes u otro tipo de percances, y las restricciones en cuanto al uso de pólvora.

La Asamblea Legislativa prorrogó ayer (miércoles) por treinta días más en todo el territorio nacional la vigencia del régimen de excepción, una herramienta que tiene su asidero legal en la Constitución de la república y que ha servido para llevar seguridad a los salvadoreños que en gobiernos anteriores sufrieron el acecho de los pandilleros.

La prórroga del régimen de excepción por treinta días más inicia el 13 de diciembre y finaliza el 11 de enero de 2024.

El parlamento conoció con modificación de agenda la solicitud del Consejo de ministros que pide la vigésima primera prórroga del estado de excepción, tras su aprobación el 27 de marzo del año pasado.

El gobierno de El Salvador solicitó al congreso la aprobación del régimen de excepción luego de una ola de asesinatos cometidos por pandillas en doce de los catorce departamentos del país.

La medida, junto al Plan Control Territorial (PTC), ha permitido la captura de más de 70,000 pandilleros, la recuperación de territorios en poder de pandillas y ha bloqueado las finanzas y economía de estos grupos criminales.

Las autoridades de Justicia y Seguridad Pública han reiterado que el régimen de excepción terminará hasta que haya sido detenido el último pandillero en el territorio nacional.

Las encuestas de opinión pública, tanto nacionales como internacionales, destacan el abrumador respaldo de la población para con el régimen de excepción pues este les ha llevado tranquilidad a sus comunidades.

El presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, habló sobre el caso Corporación Argoz S.A. de C.V. entidad que fue denunciada y ahora investigada por vender inmuebles en la zona rural del país sin tener los permisos correspondientes o documentos que los acrediten como propietarios, lotificadores o para parcelar los terrenos.

Castro señaló que en dicho caso hay más personas implicadas y no solo los dos detenidos, quienes han sido identificados como Rodrigo Javier Gómez Farfán y Leticia Farfán de Gómez.

«Ayer lo que vimos fue el inicio del producto de la ley aprobada por esta Asamblea Legislativa, creo que esto solamente es la punta del iceberg aquí hay que seguir y hay que topar hasta donde se tenga que topar y tiene que irse quien se tenga que ir, porque aquí hay muchos involucrados, ayer lo que se vieron fueron dos personas capturadas, pero, no solamente son estas dos personas, aquí hay muchísimo más y tal como nosotros lo dijimos en la aprobación de esa ley cuando nos acompañaron muchísimos afectados sobre ese tema, nosotros les prometimos que ya no iban a haber esas injusticias, y el día de ayer ha iniciado con hechos concretos que esas injusticias van a parar», señaló el presidente del legislativo.

Castro, además, advirtió que los implicados en este tipo de estafas, gracias a la ley aprobada por los diputados, podrían purgar hasta 12 años de prisión. Solo en este caso son unas 116 lotificaciones las que estarían bajo escrutinio de la Fiscalía General.

«Con la ley, la pena podría ascender hasta los 12 años de cárcel para los estafadores en ese sentido», indicó el funcionario.

Destacó que antes de la aprobación de la ley, los diputados de las legislaturas anteriores solo se encargaron de encubrir a los estafadores. «El rol de los diputados de las asambleas anteriores era simplemente encubrir lo que estaba sucediendo, aquí era una empresa privada, en el caso de como lo vio el pueblo salvadoreño ayer de Argoz era engañar a la población, los estafaban, los engañaban completamente», señaló Castro.

La Fiscalía dio a conocer que hasta el martes eran 116 lotificaciones las denunciadas por las irregularidades cometidas por Argoz S.A. de C.V. y otras sociedades vinculadas a esta corporación, entre las cuales están: Fomento Rural Inmobiliario S.A. de C.V.; Protege S.A. de C.V.; Gómez Farfán S.A. de C.V.; Nido de Aguila SA. De C.V.; Katamarán S.A. de C.V.; Sociedad Fimento Inmobiliario S.A. de C.V.

La institución detalló que Argoz vendía los inmuebles a precios accesibles por montos de entre $1,000 y $5,000, para los cuales brindaba facilidades de pago a las víctimas, en algunos casos con cuotas de 50 dólares pero las personas nunca recibieron sus escrituras.