Judicial
«Hay un video de Norman Quijano reunido con pandillas» confirmó el Fiscal General Raúl Melara
La noche del jueves 14 de noviembre, el Fiscal General de la República, Raúl Melara, confirmó en un programa de televisión nacional que Norman Quijano se reunió con pandilleros. Melara fue contundente al recordar que esto ya lo había echo público la fiscal del caso durante una audiencia en la que se presentó dicha prueba.
El jefe de la FGR dijo que no podía revelar, por el momento, la intención de la reunión entre el expresidente de la Asamblea Legislativa y los pandilleros, sin embargo sí se podía confirmar la veracidad de dicha reunión.
Además, el Fiscal General dijo que la percepción de la opinión pública era que la FGR estaba ocultando los contenidos, sin embargo fue la misma fiscal del caso la que describió el contenido de dichos videos frente al tribunal para hacer más contundente la prueba. En otro material audiovisual también se pueden ver a otros actores políticos, como Arístides Valencia, exdiputado del FMLN y ministro de Gobernación de la administración de Salvador Sánchez Cerén, quien no llegó al citatorio de la Fiscalía a declarar en torno a este sonado caso que deja muy mal parados a los políticos de varios partidos por sus supuestas negociaciones con estos grupos terroristas.
Melara no quiso revelar más detalles hasta el momento ya que afirma que la investigación está en proceso y no puede entorpecerla. Además aclaró que en si las investigaciones revelan que hay sometimiento de algún delito, van a procesar a la gente involucrada.
Melara fue contundente al afirmar que «Yo trabajo para la gente. Sabemos que las personas no son un número ni una estadística. La gente sufre su realidad y espera efectividad de la Institución.»
Quijano en el ojo del huracán
En el marco de un juicio contra 426 pandilleros ligados al caso «Operación Cuscatlán», un pandillero que figura como testigo protegido por la Fiscalía bajo el nombre de «Noé» declaró que en una reunión le solicitaron a Quijano un millón de dólares a cambió brindarle su voto en el balotaje.
El expresidente de la Asamblea Legislativa de El Salvador, Norman Quijano, negó en días atrás haber ofrecido dinero a las pandillas en una supuesta reunión cuando fue candidato presidencial en 2014 como lo declaró un testigo «Noé.
«Jamás me he reunido con pandilleros para negociar absolutamente nada, mucho menos ofrecido dinero. Jamás he tenido en mis cuentas las cantidades que se me adjudican y nunca manejé dinero en la campaña presidencial», declaró Quijano a la prensa.
«Reafirmo con toda convicción que estoy siendo víctima de una infamia, que tiene a su base el interés del gobierno de callar las voces que, con argumentos, cuestionan o critican una gestión plagada de errores», señaló Quijano.
Insistió que «jamás» se ha «reunido con criminales, mucho menos para pactar y menos para ofrecer dinero».
Videos serían la prueba que políticos pactaron con pandilleros
La investigación surgió luego de las declaraciones y una serie de evidencias que presentó el testigo criteriado “Noe”, sobre las reuniones que sostuvieron algunos miembros de partidos políticos con pandilleros a cambio de favores electorales.
Este 14 de noviembre, el Fiscal General Raúl Melara confirmó de una vez por todas, con nombre y apellido que sí hubo tal reunión en el caso de Norman Quijano. Esto, sin duda alguna, deja muy mal parado al parlamentario arenero ya que durante estas últimas semanas ha negado tal reunión y mucho menos cualquier negociación con estos delincuentes, sin embargo, el Melara fue claro: «Hay un video de Norman Quijano reunido con pandillas».
Según lo relatado por la Fiscalía en el juicio Operación Cuscatlán, en el que solicitó que no se reprodujeran los videos, en las pruebas aparecen Norman Quijano, actual diputado de ARENA en la Asamblea Legislativa, y el exdiputado Ernesto Angulo. La reunión tenía como objetivo solicitar apoyo a la MS-13 para ganar la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 2014 en las que Quijano era candidato. Además, la Fiscalía sostiene que hay un video del actual alcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt, reunido con pandilleros y se ven “fajos de billetes con cinchas”.
También hay videos del exministro de Gobernación Arístides Valencia, del FMLN, negociando el ingreso de su partido en territorios como San Luis La Herradura (La Paz).
Los implicados podrían cumplir condenas de hasta 30 años según la Ley Especial Contra Actos de Terrorismo (LECAT).
Imagen de referencia
El Juzgado de Paz de Ilopango realizó este martes la audiencia inicial contra Mirna Elizabeth P., acusada del delito de amenazas en perjuicio de Dalila Abigail S., tras un altercado ocurrido en una unidad de transporte público.
Según el expediente fiscal, los hechos ocurrieron a bordo de un autobús de la ruta 29-C, cuando la imputada, aparentemente sin causa justificada, comenzó a insultar y amenazar de muerte a la víctima.
Tras el incidente, la víctima interpuso la denuncia ante agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), quienes realizaron un rastreo en la zona y lograron detener a la sospechosa.
Durante la audiencia, la jueza del caso avaló una conciliación entre ambas partes e impuso medidas que deberán cumplirse durante un periodo de seis meses.
Entre las condiciones figuran la prohibición de acercamiento o comunicación con la víctima y el pago de una compensación económica en concepto de responsabilidad civil.
En el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador inició la audiencia preliminar contra el expresidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, y otras 13 personas acusadas de lavar $5.6 millones.
A la diligencia han comparecido la mayoría de los acusados, entre ellos Byron Enrique Larrazábal Arévalo, su esposa e hijo, Sonia Inés Morales Rivas y Kevin Mauricio Larrazábal Morales.
Otros procesados son René Antonio Díaz Argueta, Delmy Beatriz Vela Jiménez y Jeny Elizabeth Guadalupe Medina de Ramírez, exgerente y exempleadas del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA).
También están acusados exempleados de la Corte de Cuentas de la República: Noemí Candelaria Rodríguez de Carrillo, Atilio Castro Guevara y Rosa Yanira Ruiz Hernández. Asimismo, Manuel Antonio Bercián Castro, hermano del pandillero Moris Alexander Bercián Machón, alias «Barney», y Karla Beatriz Recinos Ramírez, exasistente de Sigfrido Reyes.
La causa penal incluye los delitos de peculado, estafa agravada, incumplimiento de deberes y casos especiales de lavado de dinero. La Fiscalía General de la República ha solicitado que, para algunos acusados, la estafa agravada se modifique al delito de peculado; sin embargo, la defensa se opone, argumentando que no todos los procesados eran funcionarios ni tenían vínculos con entidades estatales.
El ministerio público pretende que se admitan al menos 115 testigos y diversas pericias, previamente autorizadas por el Juzgado Sexto de Instrucción de San Salvador.
Algunos peritajes están relacionados con la valoración de inmuebles a nombre de los procesados y con la extracción de información de aparatos electrónicos decomisados.
Judicial
«El Torta», extraditado de EE. UU., enfrentará juicio en El Salvador por dos homicidios y agrupaciones ilícitas
José Daniel Matamoros Andrade, alias «El Torta», fue enviado a juicio por delitos de agrupaciones ilícitas y homicidio agravado, tras su extradición de Estados Unidos en febrero de 2024.
El Tribunal Primero Contra el Crimen Organizado de San Salvador resolvió en audiencia preliminar que el proceso contra Matamoros Andrade continúe en vista pública, como solicitó la Fiscalía General de la República.
Según las investigaciones, en 2016 el imputado participó en el asesinato de una mujer que fue vapuleada y asfixiada por pandilleros, cuyo cuerpo abandonaron en la entrada de Nejapa Power. También se le atribuye el homicidio de otra persona, acusada por los pandilleros de colaborar con la Policía Nacional Civil (PNC), a quien mataron tras golpearla y causarle traumatismos con una piedra.
Matamoros Andrade, miembro de la facción revolucionaria de la pandilla 18, huyó a Estados Unidos y residía en Alexandria, Virginia, donde fue capturado y posteriormente extraditado a El Salvador a petición de las autoridades.
De ser hallado culpable, podría enfrentar una pena de hasta 90 años de prisión. El juicio lo enfrentará junto a Loida Berenice Barraza, procesada por agrupaciones ilícitas y robo agravado, señalada como colaboradora de la misma estructura criminal.
