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Gobierno del Presidente Nayib Bukele ha logrado la disminución de más 10,000 homicidios
La reducción en el índice de criminalidad en el país es el resultado de las acciones implementadas con la estrategia de seguridad impulsada por el Gobierno del Presidente Nayib Bukele. Muestra de esa efectividad es la caída en la cifra de los homicidios.
Basta comparar las estadísticas en el número de asesinatos en los primeros años de la actual administración con las del anterior gobierno, cuando el promedio de homicidios era de 15 cada día.
Entre 2019, 2020 y 2021 suman 4,879 asesinatos. La cifra está muy por debajo de los 15,857 homicidios contabilizados entre 2014, 2015 y 2016.
La diferencia entre ambos períodos es más que evidente. En los últimos dos años y medio se contabiliza una baja de 10,978 crímenes con relación al anterior periodo. Esa disminución generó que El Salvador saliera de la lista de los países más peligrosos del mundo.
En los primeros dos días de este año se ha tenido una reducción de 12 asesinatos en comparación con 2020.
La Policía confirmó que el pasado 2 de enero hubo cero asesinatos, sumando otro día sin crímenes en El Salvador. El Presidente Bukele ha reiterado que aún falta mucho trabajo por hacer, pero nadie puede negar que El Salvador recorre el camino correcto.
Las autoridades del Gabinete de Seguridad también han evidenciado cómo la tendencia en la reducción de homicidios es producto del Plan Control Territorial, que incluye el esfuerzo del personal de la Policía y de la Fuerza Armada de El Salvador por proteger la vida de los salvadoreños.
El ministro de Seguridad de El Salvador, Gustavo Villatoro, informó sobre la captura de un integrante de la organización criminal Barrio 18, quien intentó ingresar al país en un vuelo federal sin presentar alertas migratorias previas.
El detenido fue identificado como Edwin Alejandro Castro Hernández, alias «Street boy», quien, según las autoridades, quedó al descubierto durante los controles especializados realizados en el aeropuerto.
De acuerdo con la información oficial, Castro Hernández es señalado de pertenecer a la estructura «Tayni Wayniss Sureños», vinculada al control criminal de sectores del distrito de Ilopango.
Villatoro aseguró que el capturado enfrentará el proceso penal correspondiente por su presunta participación en actividades relacionadas con organizaciones terroristas.
En un pronunciamiento oficial, el ministro sostuvo que mantendrá las acciones de seguridad para evitar que estructuras criminales vuelvan a operar en el país. «Actuamos con inteligencia, decisión y con el compromiso de no volver jamás al pasado», señaló.
También afirmó que continuará reforzando los controles migratorios y de seguridad para impedir el ingreso de miembros de pandillas o estructuras criminales al territorio nacional.
El Tribunal Sancionador de la Defensoría del Consumidor ordenó a la Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito de Profesionales en Administración de Empresas y Carreras Afines (Coaspae de R.L.) que devuelva a un grupo de 25 socios la cantidad de $462 mil 914.53, al considerar que la institución financiera ha cometido una falta grave al no permitirles retirar sus ahorros y sus depósitos a plazos fijos ya vencidos.
La resolución del Tribunal es de diciembre de 2025, pero varios de los afectados han sido notificados a lo largo del primer trimestre de 2026. Además, la devolución no se ha hecho aún efectiva porque COASPAE contrarrestó con una demanda ante un Juzgado de lo Cotencioso Administrativo, lo cual pone en pausa el proceso hasta que exista una sentencia definitiva.
Los 25 socios antes citados presentaron sus reclamos ante la Defensoría del Consumidor a finales de 2024, después que COASPAE se negara a devolverles el dinero que tenían en la institución. Durante el proceso de conciliación, según la resolución, la cooperativa no se presentó a dos citatorios, pero sí lo hizo en la fase sancionatoria, donde argumentó que la entidad tenía falta de liquidez y que por esa razón no podía reintegrar el dinero a los ahorrantes.
El Tribunal sostutvo que el argumento de COASPAE era insuficiente y determinó que la cooperativa había cometido una infracción grave, según el artículo 43 literal e de la Ley de Protección al Consumidor, que consiste en “No entregar los bienes o prestar los servicios en los términos contratados”.
La resolución dicta que debe devolver $462 mil 914.53 a los 25 socios afectados, más una multa de poco más de $200 mil que también debe ser repartida entre los socios.
A 10 años de prisión fue condenado Lucio Antonio Castellanos, por el delito de tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego.
La pena se la impuso el Juzgado Sexto de Paz de San Salvador en un juicio sumario [proceso judicial corto] que definió la situación jurídica del imputado de forma ágil.
Fue capturado el 7 de noviembre de 2025, en la Avenida Isidro Menéndez y 10a. Calle Poniente, en San Salvador, tras una denuncia que recibió la Policía Nacional Civil (PNC), en la que se alertaba que un hombre se desplazaba a pie portando un arma de fuego en la cintura.
Los agentes verificaron que no portaba licencia, y además estaba ebrio, con 255 grados de alcohol.
Condenan a diez años de cárcel a hombre por tenencia ilegal de arma de fuego
