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Nacionales

Ex procuradora Raquel Caballero, intenta volver al cargo, a pesar de tener condena del Tribunal de Ética y Corte de Cuentas

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El 27 de julio recién pasado la Asamblea Legislativa dio inicio al procedimiento de selección del nuevo Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, en virtud que el próximo 15 de octubre de 2022 concluye el periodo para el cual fue electo en el cargo Apolonio Tobar. De acuerdo a la convocatoria efectuada por el primer órgano del Estado, las personas interesadas en asumir el cargo debían presentar sus atestados para comprobar su capacidad, competencia y moralidad notoria antes del 15 de agosto del presente año.

Al cierre del plazo de inscripción se hizo público que nueve candidatos formularon su expresión de interés y presentaron sus atestados para postularse al cargo de procurador para la defensa de los derechos humanos en el periodo 2022-2025. Una vez finalizada esta etapa el expediente conteniendo la información de todos los postulantes será remitida a la Comisión Política en su próxima reunión programada para este día, donde se definirá la agenda de entrevistas a los aspirantes del cargo.

Dentro de los nueve postulantes se encuentra la abogada Raquel Caballero de Guevara, quien ya ejerció como Procuradora de Derechos Humanos en el periodo 2016-2019, y quien a consideración del abogado Sergio Portillo Toruño no cumple con los requisitos de competencia y moralidad notorias requeridos por la Constitución y por la Ley de la Procuraduría. Además de no poder comprobar “su trayectoria en la promoción, educación y defensa de los derechos humanos, pues la evidencia durante el tiempo que ejerció el cargo es de una total incapacidad para cumplir ese mandato, al grado que ha sido condenada por faltas a la ética y al manejo de los fondos públicos; asimismo se tiene conocimiento que cuenta con denuncias activas ante la Fiscalía General de la República (FGR).” Apuntó el profesional del derecho consultado.

  • Historial de sanciones y denuncias contra Raquel Caballero.

Las razones por las que Raquel Caballero de Guevara no cumple con los requisitos exigidos para ser nombrada en el cargo y a las que alude el abogado entrevistado se deben principalmente al historial de condenas y a las denuncias activas que la antes mencionada cosechó como resultado de sus actuaciones como titular de la PDDH, entre las que destacan:

Fue condenada por el Tribunal de Ética Gubernamental en enero 2018 por prácticas de nepotismo, al haber ascendido a su hijastra a un cargo de mayor jerarquía institucional y con notable mejora salaria en contravención de los deberes éticos impuestos por la Ley de Ética Gubernamental.

Fue condenada por la Corte de Cuentas de la República, por el manejo indebido de fondos de la PDDH por la suma de US $180,415 dólares, cometidos por la Ex procuradora durante el año 2017 al no haber cumplido con las leyes y reglamentos de la institución en la asignación y contratación de personal administrativo, compra de cámaras de videovigilancia con fondos no autorizados, pago en exceso de viáticos

Se mantuvo en una confrontación permanente del Sindicator de Trabajadores de la PDDH quienes la acusaro de actos de hostigamiento, nepotismo y arbitrariedad para con los empleados de la institución.

Y existen al menos dos denuncias interpuestas en su contra en Fiscalía, por los delitos de incumplimientos de deberes y actos arbitrarios. Una de estas denuncias fue formulada por su parte ante la total neglicencia de Raquel Caballero para defender los derechos humanos de Hilda Trigueros quien fue injustamente acusada y guarda actualmente prisión a causa de un proceso penal fabricado con pruebas falsas por el Exfiscal general Douglas Meléndez y su primo y ex jefe de crimen organizado Wil Walter Ruiz. Además dijo que creía que también los abogados del empresario Enrique Rais, la habían denunciado por omitir gravemente su deber de proteger los derechos humanos de las víctimas de abuso de poder.

Este medio tuvo acceso a una resolución emitida por el actual Procurador de Derechos Humanos Apolonio Tobar, el 28 de junio de 2021, en que determinó que Enrique Rais fue víctima de violaciones de derechos humanos ocasionados por funcionarios de la FGR, bajo titularidad de Douglas Meléndez y certificó que las órdenes de detención en contra del empresario suizo salvadoreño son ilegales por ser contrarias al debido proceso e infringir la ley de escuchas, al haber utilizado el Director del Centro de Escuchas para fundar las acusaciones una serie de intervenciones telefónicas ilícitas, pero que además no tenían relación con Rais, sino que carecen de autenticidad por haber sido editadas.

En esa resolución el Procurador se refiere a las acciones deliberadas de su predecesora (Raquel Caballero de Guevara) para evitar que se resolviera conforme a derecho el caso de Rais, al expresar:

“(…) Cuando los abogados de los señores denunciantes comenzaron a presentar escritos solicitando el pronto despacho de esta investigación instruí de manera verbal que se ubicara el expediente, pero el mismo no se encontró en el trámite normal dentro del Sistema de Protección de Derechos Humanos; sino que con el tiempo fue encontrado en un mueble ubicado en una oficina que no está destinada al resguardo de expedientes.”

Se hizo la consulta vía telefónica con el abogado Carlos Miranda, defensor de Rais, quien efectivamente confirmó que su cliente desde el año 2019 ha denunciado a la Ex procuradora y que cuentan con pruebas que el Ex fiscal general Raúl Melara omitió la investigación penal como una continuidad de las arbitrariedades cometidas en Fiscalía.

  • Falta de independencia y nexos con el Exfiscal Douglas Meléndez.

Para el abogado Portillo Toruño resulta además de vital importancia tomar en cuenta las actitudes erráticas y evasivas que la Ex procuradora mostró cuando fue cuestionada por las condenas y denuncias en su contra. Citó por ejemplo una entrevista realizada en el programa “Diálogo 21” con Ernesto López del 25 de julio 2019 (mientras se promovía para la reelección al cargo) en la que abordada por la situación de la condena impuesta por la contraloría de la República y que había sido divulgada en una nota de La Prensa Gráfica afirmó:

“Han mezclado varias cosas. Yo creo que ahí (La Prensa Gráfica) han tergiversado la noticia. Yo realmente lamento sino han tenido datos fidedignos (…) Eso no me lo han notificado a mí. No tengo ese informe.” Fue en aquel momento la postura de la entonces Procuradora, a pesar que los señalamientos de Corte de Cuentas son sobre acciones directamente efectuadas por la condenada y no por algún subalterno.

Al mismo tiempo recordó que públicamente Raquel Caballero reconoció no haber procedido en contra de Douglas Meléndez y el Ex Director del Centro de Escuchas, a pesar que violentaron la Constitución y la ley de escuchas, al realizar intervenciones telefónicas ilegales y editar información para realizar acusaciones en contra de Enrique Rais.  La Ex procuradora utilizó el mismo argumento falso de las acusaciones de Meléndez contra el Sr. Rais y que también alcanzaron a mi defendia (Hilda Trigueros) que formaban para de una red de crimen organizado. Eso quedó desmentido, lamentablemente para mi cliente no ha habido justicia y sigue detenida, destacó Toruño.

Judicial

El Salvador impone condenas históricas: más de 10 pandilleros sentenciados a 100 años o más de prisión

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En el marco de la política de combate frontal a las estructuras criminales, autoridades salvadoreñas han logrado en el último año la condena ejemplar de al menos diez pandilleros y criminales a penas que superan los 100 años de prisión. Los delitos incluyen homicidios, feminicidios, extorsión, privación de libertad y tráfico ilícito, según informes del sistema judicial y la Fiscalía General de la República.

Entre los casos más destacados en los primeros cuatro meses de 2025 se encuentran tres miembros de la pandilla MS-13: Gerardo Josué García, condenado a 1,071 años; Exequiel Anastasio Maradiaga Flores, con una pena de 600 años; y José Aníbal Moreira Bernal, sentenciado a 524 años. Los tres delinquieron entre 2014 y 2018 en la zona oriental del país, siendo encontrados culpables de 28 homicidios agravados, un feminicidio, 50 conspiraciones para cometer asesinatos, 38 extorsiones y otros cargos relacionados con crimen organizado.

Otros casos recientes incluyen a Pablo Edgar López y David Antonio Martínez, condenados a 155 y 120 años respectivamente, por su participación en varios homicidios y delitos cometidos en conjunto con otros miembros de la MS-13.

También se reporta la condena de Cristian Giovanni Miranda Muller, sentenciado a 100 años de cárcel por el asesinato de su excompañera de vida y su hija en Tonacatepeque, en mayo de 2021. Ronald Antonio Hernández Gómez, cómplice en el crimen, recibió 60 años de prisión.

En Ahuachapán, Jonathan Alexander Armas Patriz fue condenado a 110 años tras ser hallado culpable de feminicidio agravado, homicidio agravado y aborto sin consentimiento. El sujeto asesinó a su expareja embarazada y a un menor.

Por su parte, Jonathan Barrera Ruano, alias «Sangriento», líder de una red criminal, recibió 218 años de cárcel por diversos delitos, entre ellos el asesinato de Ruth Nohemy A. S. y su hijo de seis meses en Ciudad Delgado en noviembre de 2020. En esa misma estructura delictiva participaba Luis Alonso Zelada Ramírez, alias «Silent», quien fue sentenciado a 236 años.

En octubre del año pasado, Marvin Alberto Maldonado Arias fue condenado a 100 años por el asesinato de cuatro mujeres entre 2014 y 2017 en San José Villanueva. Dos de las víctimas fueron ejecutadas por sospechas de ser informantes, y las otras dos por haber presenciado el homicidio de un agente policial.

Finalmente, seis integrantes de la pandilla 18 fueron condenados el año pasado a penas de entre 75 y 100 años de prisión por su responsabilidad en tres homicidios y una desaparición forzada ocurridos en Ciudad Delgado entre 2021 y 2022.

Estas condenas forman parte de la ofensiva penal y judicial contra las estructuras criminales, impulsada por el Gobierno bajo el régimen de excepción. La Fiscalía ha reiterado su compromiso de llevar ante la justicia a los responsables de crímenes atroces, con el objetivo de consolidar un país libre de violencia.

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Nacionales

PNC reporta un nuevo día sin homicidios

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El Salvador continúa registrando jornadas sin homicidios durante mayo de 2025. De acuerdo con datos oficiales compartidos por la Policía Nacional Civil (PNC), el país suma ya 13 días sin muertes violentas en lo que va del mes, incluyendo el miércoles 14 de mayo.

La información fue publicada por la institución policial a través de su cuenta oficial en la red social X (antes Twitter), donde se detalló que no se reportaron asesinatos en ningún punto del territorio nacional durante la jornada del miércoles.

Los días sin homicidios durante mayo, según el registro oficial, corresponden al 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 y 14. Además, el país acumula cinco días consecutivos sin hechos violentos letales.

Las autoridades atribuyen estos resultados a los patrullajes permanentes y las acciones coordinadas entre la PNC y la Fuerza Armada, como parte de la estrategia de seguridad implementada en el marco del régimen de excepción. El gobierno ha reiterado que estas medidas han posicionado a El Salvador como el país más seguro del hemisferio occidental.

Las cifras forman parte de los reportes diarios que publica la Policía Nacional Civil, como parte del monitoreo del impacto de sus políticas de seguridad y control territorial.

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Internacionales

Pandillero de la MS-13 es detenido en Maryland tras ser buscado por la justicia salvadoreña

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Joel Armando Mejía Benítez, identificado como integrante de la pandilla MS-13, fue arrestado recientemente por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Baltimore, Maryland. El salvadoreño tenía una notificación roja de Interpol y enfrenta cargos por múltiples delitos cometidos con armas de fuego en El Salvador, además de haber ingresado ilegalmente en varias ocasiones a Estados Unidos.

El arresto de este violento pandillero de la MS-13 es un paso crucial en nuestra misión continua de proteger a nuestras comunidades”, expresó Nikita Baker, directora interina de la Oficina de Campo de ICE en Baltimore.

La trayectoria de Mejía Benítez en territorio estadounidense se remonta a noviembre de 2004, cuando fue detenido por primera vez por la Patrulla Fronteriza en Sullivan City, Texas. Un año después, en diciembre de 2005, un juez de inmigración ordenó su deportación en ausencia. Fue capturado nuevamente en 2006 en el condado de Prince George y deportado a El Salvador el 13 de diciembre de ese año.

Pese a ello, el pandillero regresó a Estados Unidos de forma irregular en una fecha no determinada. El 20 de marzo de 2014, agentes migratorios volvieron a detenerlo en Baltimore y le notificaron la reactivación de la orden de expulsión previamente emitida.

El más reciente arresto se realizó a inicios de este mes. Las autoridades estadounidenses han confirmado que Mejía Benítez no contaba con admisión legal ni permiso de ingreso, por lo que ahora está a la espera de su extradición a El Salvador, donde sería trasladado al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), como parte del acuerdo bilateral de repatriación de criminales.

En el marco de una ofensiva migratoria, durante los primeros 100 días del gobierno del expresidente Donald Trump, ICE reportó más de 65,000 detenciones de inmigrantes indocumentados, entre ellos más de 2,000 miembros de estructuras criminales como la MS-13, la pandilla 18 y el grupo venezolano Tren de Aragua.

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