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Ex procuradora Raquel Caballero, intenta volver al cargo, a pesar de tener condena del Tribunal de Ética y Corte de Cuentas
El 27 de julio recién pasado la Asamblea Legislativa dio inicio al procedimiento de selección del nuevo Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, en virtud que el próximo 15 de octubre de 2022 concluye el periodo para el cual fue electo en el cargo Apolonio Tobar. De acuerdo a la convocatoria efectuada por el primer órgano del Estado, las personas interesadas en asumir el cargo debían presentar sus atestados para comprobar su capacidad, competencia y moralidad notoria antes del 15 de agosto del presente año.
Al cierre del plazo de inscripción se hizo público que nueve candidatos formularon su expresión de interés y presentaron sus atestados para postularse al cargo de procurador para la defensa de los derechos humanos en el periodo 2022-2025. Una vez finalizada esta etapa el expediente conteniendo la información de todos los postulantes será remitida a la Comisión Política en su próxima reunión programada para este día, donde se definirá la agenda de entrevistas a los aspirantes del cargo.
Dentro de los nueve postulantes se encuentra la abogada Raquel Caballero de Guevara, quien ya ejerció como Procuradora de Derechos Humanos en el periodo 2016-2019, y quien a consideración del abogado Sergio Portillo Toruño no cumple con los requisitos de competencia y moralidad notorias requeridos por la Constitución y por la Ley de la Procuraduría. Además de no poder comprobar “su trayectoria en la promoción, educación y defensa de los derechos humanos, pues la evidencia durante el tiempo que ejerció el cargo es de una total incapacidad para cumplir ese mandato, al grado que ha sido condenada por faltas a la ética y al manejo de los fondos públicos; asimismo se tiene conocimiento que cuenta con denuncias activas ante la Fiscalía General de la República (FGR).” Apuntó el profesional del derecho consultado.
- Historial de sanciones y denuncias contra Raquel Caballero.
Las razones por las que Raquel Caballero de Guevara no cumple con los requisitos exigidos para ser nombrada en el cargo y a las que alude el abogado entrevistado se deben principalmente al historial de condenas y a las denuncias activas que la antes mencionada cosechó como resultado de sus actuaciones como titular de la PDDH, entre las que destacan:
Fue condenada por el Tribunal de Ética Gubernamental en enero 2018 por prácticas de nepotismo, al haber ascendido a su hijastra a un cargo de mayor jerarquía institucional y con notable mejora salaria en contravención de los deberes éticos impuestos por la Ley de Ética Gubernamental.
Fue condenada por la Corte de Cuentas de la República, por el manejo indebido de fondos de la PDDH por la suma de US $180,415 dólares, cometidos por la Ex procuradora durante el año 2017 al no haber cumplido con las leyes y reglamentos de la institución en la asignación y contratación de personal administrativo, compra de cámaras de videovigilancia con fondos no autorizados, pago en exceso de viáticos
Se mantuvo en una confrontación permanente del Sindicator de Trabajadores de la PDDH quienes la acusaro de actos de hostigamiento, nepotismo y arbitrariedad para con los empleados de la institución.
Y existen al menos dos denuncias interpuestas en su contra en Fiscalía, por los delitos de incumplimientos de deberes y actos arbitrarios. Una de estas denuncias fue formulada por su parte ante la total neglicencia de Raquel Caballero para defender los derechos humanos de Hilda Trigueros quien fue injustamente acusada y guarda actualmente prisión a causa de un proceso penal fabricado con pruebas falsas por el Exfiscal general Douglas Meléndez y su primo y ex jefe de crimen organizado Wil Walter Ruiz. Además dijo que creía que también los abogados del empresario Enrique Rais, la habían denunciado por omitir gravemente su deber de proteger los derechos humanos de las víctimas de abuso de poder.
Este medio tuvo acceso a una resolución emitida por el actual Procurador de Derechos Humanos Apolonio Tobar, el 28 de junio de 2021, en que determinó que Enrique Rais fue víctima de violaciones de derechos humanos ocasionados por funcionarios de la FGR, bajo titularidad de Douglas Meléndez y certificó que las órdenes de detención en contra del empresario suizo salvadoreño son ilegales por ser contrarias al debido proceso e infringir la ley de escuchas, al haber utilizado el Director del Centro de Escuchas para fundar las acusaciones una serie de intervenciones telefónicas ilícitas, pero que además no tenían relación con Rais, sino que carecen de autenticidad por haber sido editadas.
En esa resolución el Procurador se refiere a las acciones deliberadas de su predecesora (Raquel Caballero de Guevara) para evitar que se resolviera conforme a derecho el caso de Rais, al expresar:
“(…) Cuando los abogados de los señores denunciantes comenzaron a presentar escritos solicitando el pronto despacho de esta investigación instruí de manera verbal que se ubicara el expediente, pero el mismo no se encontró en el trámite normal dentro del Sistema de Protección de Derechos Humanos; sino que con el tiempo fue encontrado en un mueble ubicado en una oficina que no está destinada al resguardo de expedientes.”
Se hizo la consulta vía telefónica con el abogado Carlos Miranda, defensor de Rais, quien efectivamente confirmó que su cliente desde el año 2019 ha denunciado a la Ex procuradora y que cuentan con pruebas que el Ex fiscal general Raúl Melara omitió la investigación penal como una continuidad de las arbitrariedades cometidas en Fiscalía.
- Falta de independencia y nexos con el Exfiscal Douglas Meléndez.
Para el abogado Portillo Toruño resulta además de vital importancia tomar en cuenta las actitudes erráticas y evasivas que la Ex procuradora mostró cuando fue cuestionada por las condenas y denuncias en su contra. Citó por ejemplo una entrevista realizada en el programa “Diálogo 21” con Ernesto López del 25 de julio 2019 (mientras se promovía para la reelección al cargo) en la que abordada por la situación de la condena impuesta por la contraloría de la República y que había sido divulgada en una nota de La Prensa Gráfica afirmó:
“Han mezclado varias cosas. Yo creo que ahí (La Prensa Gráfica) han tergiversado la noticia. Yo realmente lamento sino han tenido datos fidedignos (…) Eso no me lo han notificado a mí. No tengo ese informe.” Fue en aquel momento la postura de la entonces Procuradora, a pesar que los señalamientos de Corte de Cuentas son sobre acciones directamente efectuadas por la condenada y no por algún subalterno.
Al mismo tiempo recordó que públicamente Raquel Caballero reconoció no haber procedido en contra de Douglas Meléndez y el Ex Director del Centro de Escuchas, a pesar que violentaron la Constitución y la ley de escuchas, al realizar intervenciones telefónicas ilegales y editar información para realizar acusaciones en contra de Enrique Rais. La Ex procuradora utilizó el mismo argumento falso de las acusaciones de Meléndez contra el Sr. Rais y que también alcanzaron a mi defendia (Hilda Trigueros) que formaban para de una red de crimen organizado. Eso quedó desmentido, lamentablemente para mi cliente no ha habido justicia y sigue detenida, destacó Toruño.
En lo que parece ser un nuevo episodio de maniobras legales para ganar más tiempo en los tribunales, el Juzgado Tercero de Instrucción de San Salvador se vio obligado a reprogramar diligencias clave en el proceso penal contra una estructura acusada de administración fraudulenta conformadas por los imputados Juan Ignacio Berger Jiménez, Marisabel Umaña Velásquez y Carol Odette Echeverria Cabrera.
Los señalados están implicados en el desfalcos contras las empresas Maintenance and Services S.A. de C.V. y Tierras Nacionales, LTDA DE C.V. Un proceso donde Jorge Alberto Gaitán Castro es uno de los principales procesados en calidad de autor directo del delito.
Este proceso está caso conectado a la disputa internacional entre Terra Towers y la estadounidense TPG Pepertree por el control de Continental Towers, y a un expediente criminal abierto en otro tribunal salvadoreño en el cual se la ha decretado orden de detención a tres ejecutivos estadounidenses de la empresa de ese país: Ryan David Lepene, E. Howard Mandel y John Joseph Ranieri
Este último movimiento de la defensa hizo que ganaran por lo menos tres semanas. La decisión surge tras un cambio repentino en el equipo de defensa de cuatro de los principales procesados, una táctica que, aunque legal, suele ser señalada como una herramienta típica para dilatar el avance de la justicia.
El pasado 14 de abril, la sede judicial recibió un escrito donde nuevos abogados solicitaron ser nombrados como defensores particulares en sustitución de cualquier abogado nombrado anteriormente. Esta movida dejó fuera del tablero a siete abogados que ya venían ejerciendo la representación técnica de los imputados.
Bajo el argumento de «desconocer el proceso penal» y haber recibido el poder apenas el 8 de abril en la Ciudad de Guatemala, la nueva defensa pidió suspender la audiencia especial programada originalmente para el 16 y 17 de abril.
Audiencias al congelador.
La jueza a cargo, tras valorar el derecho irrenunciable a la defensa técnica, cedió ante las peticiones, provocando un retraso en el calendario judicial:
• Audiencia de Revisión de Medidas: Estaba prevista para el 17 de abril de 2026. Ahora, los imputados ganaron tres semanas, pues la cita se movió al 7 de mayo.
• Juramentación de Peritos: Esta etapa crucial, donde se entregan los puntos de pericia para analizar el posible fraude, fue movida de inicios de mayo hasta los días 8 y 9 de junio de 2026.
Un caso de millones y empresas
El proceso, que se instruye bajo la referencia 166-2025-11/AC, gira en torno al delito de administración fraudulenta tipificado en el Art. 218 del Código Penal. Las víctimas son las sociedades Maintenance and Services S.A. de C.V. y Tierras Nacionales, LTDA DE C.V.
Entre los procesados figuran Jorge Alberto Gaitán Castro, señalado como autor directo, junto a otros cómplices necesarios que ahora cuentan con nuevos defensores y más tiempo para preparar su estrategia antes de enfrentar al juez.
Mientras la defensa técnica argumenta la necesidad de un «plazo prudencial» para revisar los folios del expediente, el sistema de justicia salvadoreño vuelve a enfrentar el reto de balancear las garantías procesales con la celeridad que exigen las víctimas de delitos financieros. Por ahora, los informes al Ministerio de Hacienda y la entrega de copias del expediente son los únicos pasos que avanzan con firmeza en esta causa.
No es la primera vez que se reprograma una audiencia en este caso en beneficios de los sospechosos.
Durante la sesión plenaria 106, la Asamblea ratificó ayer —con 56 votos— la suscripción de un préstamo por $501.2 millones entre el Ejecutivo y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) para financiar el Programa Acelerar el Aprendizaje en El Salvador con Innovación Digital.
Este proyecto lo ejecutará el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (Mineducyt), y se fundamenta en el uso eficiente de la innovación educativa mediante plataformas digitales y herramientas emergentes basadas en la inteligencia artificial, para optimizar el proceso de enseñanza y aprendizaje al integrar tecnología y el acompañamiento de los docentes.
La petición del Ejecutivo a la Asamblea detalla que el programa será financiado con la modalidad de resultados específicos y medibles, es decir, los desembolsos que se efectúen dependerán de los avances en el aprendizaje, uso responsable y efectivo de la tecnología y el fortalecimiento institucional.
«En el programa se han identificado tres áreas de resultados que en un período de cinco años el BIRF estará monitoreando mediante un equipo de expertos», explicó en la comisión esta semana Marlon Herrera, director de Inversión y Crédito Público del Ministerio de Hacienda.
La primera área de resultados a las que se refirió el funcionario se relaciona con mejorar el aprendizaje en los salones de clases, especialmente en la lectura y el desarrollo de matemáticas a través de una enseñanza estructurada, el empleo de recursos digitales y programas de refuerzo para estudiantes desde segundo grado hasta segundo año de bachillerato.
En este apartado se ha integrado a los directores de los centros educativos para fortalecer su rol en el acompañamiento a los maestros.
La segunda área comprende fortalecer el sistema educativo mediante evaluaciones de aprendizaje, así como un mejor monitoreo y toma de decisiones, apoyadas por sistemas de información más robustos.
Mientras que la tercera promueve el uso de la tecnología, garantiza la conectividad, la entrega de dispositivos y plataformas digitales que apoyen el aprendizaje y el desarrollo de habilidades relevantes para la vida laboral.
«Para el logro de estos indicadores se requiere de insumos tecnológicos, materiales y recurso humano que el banco va a reconocer dentro del financiamiento», afirmó Herrera.
El Vicepresidente Félix Ulloa, sostuvo un acercamiento con el Vicepresidente de la Cámara de Diputados de la República Italiana, Sr. Giorgio Mulé, en el marco de una agenda orientada al fortalecimiento de los lazos de cooperación y diálogo político entre El Salvador e Italia.
Durante el encuentro, el Vicepresidente Ulloa expuso el proceso de transformación que impulsa El Salvador bajo el liderazgo del Presidente Nayib Bukele, haciendo referencia al contexto de crisis en materia de seguridad, economía y control territorial que enfrentó el país, así como a la implementación de una estrategia integral conformada por siete etapas, que ha permitido recuperar el orden, fortalecer la presencia del Estado en los territorios y avanzar en procesos de reinserción social en las comunidades.
Asimismo, destacó que las reformas adoptadas en materia penal y procesal penal han sido herramientas necesarias para fortalecer la capacidad de investigación de las instituciones y salvaguardar el bienestar de la población, en estricto apego al respeto de los derechos humanos. El Vicemandatario, extendió una invitación a Italia para participar como observador en los comicios electorales de 2027.
Por su parte, el Vicepresidente Giorgio Mulé expresó su interés en conocer con mayor profundidad las reformas impulsadas en El Salvador, particularmente en lo relativo a la legislación penal juvenil y al Código Penal, reconociendo además la transformación que el país ha experimentado en materia de seguridad y su impacto en la estabilidad del entorno regional.
En un ambiente de cordialidad y apertura, ambas autoridades coincidieron en la importancia de continuar promoviendo espacios de intercambio de experiencias y cooperación entre ambas naciones.
