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Ex procuradora Raquel Caballero, intenta volver al cargo, a pesar de tener condena del Tribunal de Ética y Corte de Cuentas
El 27 de julio recién pasado la Asamblea Legislativa dio inicio al procedimiento de selección del nuevo Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, en virtud que el próximo 15 de octubre de 2022 concluye el periodo para el cual fue electo en el cargo Apolonio Tobar. De acuerdo a la convocatoria efectuada por el primer órgano del Estado, las personas interesadas en asumir el cargo debían presentar sus atestados para comprobar su capacidad, competencia y moralidad notoria antes del 15 de agosto del presente año.
Al cierre del plazo de inscripción se hizo público que nueve candidatos formularon su expresión de interés y presentaron sus atestados para postularse al cargo de procurador para la defensa de los derechos humanos en el periodo 2022-2025. Una vez finalizada esta etapa el expediente conteniendo la información de todos los postulantes será remitida a la Comisión Política en su próxima reunión programada para este día, donde se definirá la agenda de entrevistas a los aspirantes del cargo.
Dentro de los nueve postulantes se encuentra la abogada Raquel Caballero de Guevara, quien ya ejerció como Procuradora de Derechos Humanos en el periodo 2016-2019, y quien a consideración del abogado Sergio Portillo Toruño no cumple con los requisitos de competencia y moralidad notorias requeridos por la Constitución y por la Ley de la Procuraduría. Además de no poder comprobar “su trayectoria en la promoción, educación y defensa de los derechos humanos, pues la evidencia durante el tiempo que ejerció el cargo es de una total incapacidad para cumplir ese mandato, al grado que ha sido condenada por faltas a la ética y al manejo de los fondos públicos; asimismo se tiene conocimiento que cuenta con denuncias activas ante la Fiscalía General de la República (FGR).” Apuntó el profesional del derecho consultado.
- Historial de sanciones y denuncias contra Raquel Caballero.
Las razones por las que Raquel Caballero de Guevara no cumple con los requisitos exigidos para ser nombrada en el cargo y a las que alude el abogado entrevistado se deben principalmente al historial de condenas y a las denuncias activas que la antes mencionada cosechó como resultado de sus actuaciones como titular de la PDDH, entre las que destacan:
Fue condenada por el Tribunal de Ética Gubernamental en enero 2018 por prácticas de nepotismo, al haber ascendido a su hijastra a un cargo de mayor jerarquía institucional y con notable mejora salaria en contravención de los deberes éticos impuestos por la Ley de Ética Gubernamental.
Fue condenada por la Corte de Cuentas de la República, por el manejo indebido de fondos de la PDDH por la suma de US $180,415 dólares, cometidos por la Ex procuradora durante el año 2017 al no haber cumplido con las leyes y reglamentos de la institución en la asignación y contratación de personal administrativo, compra de cámaras de videovigilancia con fondos no autorizados, pago en exceso de viáticos
Se mantuvo en una confrontación permanente del Sindicator de Trabajadores de la PDDH quienes la acusaro de actos de hostigamiento, nepotismo y arbitrariedad para con los empleados de la institución.
Y existen al menos dos denuncias interpuestas en su contra en Fiscalía, por los delitos de incumplimientos de deberes y actos arbitrarios. Una de estas denuncias fue formulada por su parte ante la total neglicencia de Raquel Caballero para defender los derechos humanos de Hilda Trigueros quien fue injustamente acusada y guarda actualmente prisión a causa de un proceso penal fabricado con pruebas falsas por el Exfiscal general Douglas Meléndez y su primo y ex jefe de crimen organizado Wil Walter Ruiz. Además dijo que creía que también los abogados del empresario Enrique Rais, la habían denunciado por omitir gravemente su deber de proteger los derechos humanos de las víctimas de abuso de poder.
Este medio tuvo acceso a una resolución emitida por el actual Procurador de Derechos Humanos Apolonio Tobar, el 28 de junio de 2021, en que determinó que Enrique Rais fue víctima de violaciones de derechos humanos ocasionados por funcionarios de la FGR, bajo titularidad de Douglas Meléndez y certificó que las órdenes de detención en contra del empresario suizo salvadoreño son ilegales por ser contrarias al debido proceso e infringir la ley de escuchas, al haber utilizado el Director del Centro de Escuchas para fundar las acusaciones una serie de intervenciones telefónicas ilícitas, pero que además no tenían relación con Rais, sino que carecen de autenticidad por haber sido editadas.
En esa resolución el Procurador se refiere a las acciones deliberadas de su predecesora (Raquel Caballero de Guevara) para evitar que se resolviera conforme a derecho el caso de Rais, al expresar:
“(…) Cuando los abogados de los señores denunciantes comenzaron a presentar escritos solicitando el pronto despacho de esta investigación instruí de manera verbal que se ubicara el expediente, pero el mismo no se encontró en el trámite normal dentro del Sistema de Protección de Derechos Humanos; sino que con el tiempo fue encontrado en un mueble ubicado en una oficina que no está destinada al resguardo de expedientes.”
Se hizo la consulta vía telefónica con el abogado Carlos Miranda, defensor de Rais, quien efectivamente confirmó que su cliente desde el año 2019 ha denunciado a la Ex procuradora y que cuentan con pruebas que el Ex fiscal general Raúl Melara omitió la investigación penal como una continuidad de las arbitrariedades cometidas en Fiscalía.
- Falta de independencia y nexos con el Exfiscal Douglas Meléndez.
Para el abogado Portillo Toruño resulta además de vital importancia tomar en cuenta las actitudes erráticas y evasivas que la Ex procuradora mostró cuando fue cuestionada por las condenas y denuncias en su contra. Citó por ejemplo una entrevista realizada en el programa “Diálogo 21” con Ernesto López del 25 de julio 2019 (mientras se promovía para la reelección al cargo) en la que abordada por la situación de la condena impuesta por la contraloría de la República y que había sido divulgada en una nota de La Prensa Gráfica afirmó:
“Han mezclado varias cosas. Yo creo que ahí (La Prensa Gráfica) han tergiversado la noticia. Yo realmente lamento sino han tenido datos fidedignos (…) Eso no me lo han notificado a mí. No tengo ese informe.” Fue en aquel momento la postura de la entonces Procuradora, a pesar que los señalamientos de Corte de Cuentas son sobre acciones directamente efectuadas por la condenada y no por algún subalterno.
Al mismo tiempo recordó que públicamente Raquel Caballero reconoció no haber procedido en contra de Douglas Meléndez y el Ex Director del Centro de Escuchas, a pesar que violentaron la Constitución y la ley de escuchas, al realizar intervenciones telefónicas ilegales y editar información para realizar acusaciones en contra de Enrique Rais. La Ex procuradora utilizó el mismo argumento falso de las acusaciones de Meléndez contra el Sr. Rais y que también alcanzaron a mi defendia (Hilda Trigueros) que formaban para de una red de crimen organizado. Eso quedó desmentido, lamentablemente para mi cliente no ha habido justicia y sigue detenida, destacó Toruño.
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Avanzan obras de reconstrucción de tres puentes en San Miguel
Este lunes, representantes del Ministerio de Obras Públicas (MOP) y el Fondo de Conservación Vial (Fovial) verificaron el avance de las obras de construcción del puente ubicado sobre la carretera Panamericana, en el cantón El Rebalse, distrito de San Miguel, San Miguel Centro.
En actualidad, en San Miguel también se están interviniendo los puentes La Gallina y el de San Antonio Silva, mediante una inversión de $6.8 millones, según informó el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez.
Por su parte, el director ejecutivo del Fovial explicó que se ha habilitado un desvío temporal mientras se realiza la demolición del antiguo puente El Rebalse. El funcionario recalcó que no se detendrá el tráfico gracias a los desvíos pavimentados que se han habilitado.
«Este mismo trabajo vamos a replicar en el puente La Gallina y en el puente de San Antonio Silva», detalló Alex Beltrán, director ejecutivo del Fovial.
El nuevo puente Rebalse tendrá dos carriles de 3.65 metros, a un hombro de 1.80 en cada lado, a un espacio para peatones de 1.20 mts y estructuras de seguridad
«Este es un tramo que se hizo únicamente para el paso vehicular mientras se desarrolla la reconstrucción del nuevo puente El Rebalse, que va a ser más amplio, más seguro para los vehículos, para los peatones y para todas las familias del oriente del país», subrayó el titular del MOP.
La reconstrucción de los puentes La Gallina, El Rebalse y el de San Antonio Silva mejorará el tránsito vehicular, la actividad comercial y garantizará un paso seguro para la población.
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Desarrollo de lujo Sentosa Residences 523 presenta avance del 42 %
premium.
Sentosa Residences 523, un desarrollo inmobiliario de alta gama de Inversiones Méndez Miller (IMM), que eleva los estándares de la vida residencial en El Salvador con dos torres de apartamentos de lujo de 25 y 16 niveles, presenta un avance total del 42 % y una colocación que supera el 85 %.
El proyecto, ubicado en la colonia San Benito, San Salvador, representa una inversión de $55 millones y cuenta con un área total de desarrollo de alrededor de 42,000 metros cuadrados (m2) y 72 apartamentos, consolidándose como uno de los complejos residenciales más relevantes y sofisticados de la capital.
Asimismo, durante la etapa de construcción de ambas torres se han generado más de 200 empleos directos y una cifra superior de indirectos.
Gracias a su escala, inversión, amplitud de espacios, amenidades exclusivas y calidad constructiva, Sentosa Residences 523 se posiciona como una de las propuestas residenciales más exclusivas de San Salvador, ideal tanto para vivienda permanente como para inversión inmobiliaria de alta plusvalía.
De acuerdo con Mario Méndez Miller, gerente general de IMM, la torre A ya alcanzó los 25 niveles de construcción y se encuentra en etapa de adecuación de acabados de mármol, ventanales, electricidad, hidráulica y otros detalles, mientras que la torre B alcanzó el cuarto nivel de 16.
«Somos el único proyecto que estamos llevando a la par dos torres al mismo tiempo, esto ha sido un reto que estamos superando. La torre A esperamos entregarla a finales de 2026 y la torre B en marzo de 2027», añadió.
Las residencias cuentan con áreas desde 188 m2 hasta 640 m2, superando ampliamente los estándares habitacionales del mercado de lujo en El Salvador y ofreciendo configuraciones generosas, funcionales y elegantes.
«Estamos en más de un 85 % de todo el proyecto ya vendido, la aceptación ha sido excelente porque los usuarios de este segmento están más informados. Tenemos ya en trámites un segundo proyecto en esta zona de San Benito, donde creemos que hay mucho potencial para el mercado de lujo triple A, que no se ha explotado», indicó Miller.
Por su parte, Luis Rodríguez, director ejecutivo de la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador (Opamss), afirmó que la institución ha dado seguimiento a este proyecto que forma parte de la oferta y parte de las 87 torres que se están edificando en el área metropolitana, desde antes de arrancar la construcción.
«Se sigue trabajando y el sector está más estimulado, se siguen trabajando cada vez más propuestas atrevidas en cuanto a diseño, altura y servicios que alimentan la base económica del país. Nuestro objetivo con todos los proyectos es ir viendo los avances que presentan, lo que necesitan, cambios que se pueden hacer y otros», dijo.
Rodríguez señaló que, como parte de su dinamismo, el sector construcción está cubriendo una demanda alta en general y a todo nivel de mercado, con propuestas como la de Sentosa y otros proyectos que llegan hasta vivienda de interés social.
«El objetivo es que tanto la inversión privada como la misma estrategia de Gobierno vayamos caminando juntos para poder ir impulsando el sector de la construcción», destacó Luis Rodríguez.
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Dos traficantes de cocaína en bares seguirán detenidos
El Juzgado Noveno de Paz ordenó que sigan en prisión, dos de cuatro detenidos el 18 de abril, mediante allanamientos realizados en bares y restaurantes utilizados para la venta de droga en diversas colonias de San Salvador.
El juzgado ordenó detención provisional a Jennifer Stephany Portillo Fogoaga y Alirio Antonio Renderos Torres, acusados del delito de tráfico ilícito, y medidas sustitutivas a la detención para Diego Alejandro Ramírez Anaya y Jairo Antonio Beltrán Hernández.
Portillo y Renderos son propietarios de G-Bar, un establecimiento que operaba desde hace tres años en la colonia Miramonte de San Salvador y donde encontraron droga, dijo el fiscal del caso.
En el G-Bar también fue detenido Jairo Antonio Beltrán Hernández, un cliente del local que minutos antes del allanamiento había comprado una porción de cocaína, el ministerio público lo acusa de por posesión y tenencia de drogas.
Mientras que Ramírez Anaya fue capturado en el bar Gato Negro, ubicado en el bulevar El Hipódromo, de la colonia San Benito, donde laboraba como bartender y donde encontraron droga.
En G-Bar fiscales y policías decomisaron 88 porciones de cocaína en el área de la caja, en los baños y en algunas habitaciones. Las autoridades informaron que además de la droga que ya estaba preparada para ser vendida, hallaron dinero en efectivo y teléfonos celulares.
Agentes Antinarcóticos realizaron experticias a la droga para confirmar que era cocaína y levantar actas que servirían para judicializar el expediente.
Al ser capturados de forma infraganti el juzgado resolvió que deben seguir presos porque la prueba inicial es contundente y para garantizar que sigan sometidos al proceso en un juzgado de instrucción de la capital, no era factible otorgarles algún tipo de medidas.
Droga incautada a los imputados
Otro elemento valorado por el juzgado es la prueba testimonial de agentes antinarcóticos que participaron en los dispositivos de captura, decomisado de los estupefacientes y las pruebas de campo de pureza de la cocaína.
Un informe presentado por la Fiscalía General de la República, detalla que la droga confiscada tiene un precio de $5,047. En los dos bares hallaron 200.7 gramos de cocaína. Los allanamientos fueron realizados tras información que recibió la PNC en la cual se alertaba que en esos negocios se vendía droga.




