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Ex director del Medicina Legal considera a Mario Huezo como «un sociópata”
El crimen de la periodista Karla Turcios no fue un hecho fortuito o un ataque producto del impulso de una discusión marital. Tras el homicidio se oculta una acción premeditada, efectuada con barbarie, con saña.
Las características del hecho dan los insumos para considerar que el supuesto hecho, Mario Huezo, es una persona con tendencias de un sociópata.
Bajo un análisis con elementos generales, el médico psiquiatra Miguel Fortín Magaña cree que en el hechor hay rasgos que definen a un sociópata, es decir, una persona altamente peligrosa porque no demuestra lo temible que en verdad puede ser, porque se adapta en la sociedad, donde actúa con normalidad.
El exdirector del Instituto de Medicina Legal (IML) comenzó diciendo que no conoce a Mario Huezo, el esposo de Turcios a quien se le imputa el asesinato, pero tras analizar videos y declaraciones del imputado, hizo un análisis general de su comportamiento.
Para Fortín, si Huezo es el responsable de los hechos y basado en la definición de sociópata, el hombre debería ser investigado psiquiátricamente. “Yo no lo conozco, pero si es culpable del asesinato de la periodista, entonces él es un canalla, porque matarla por asfixia es un acto cruel”, comentó el médico a El Salvador Times.
“Esto fue un acto barbárico y muy fuera del tema de pandillas”, agregó.
El psiquiatra explicó que el homicidio cometido contra Turcios no fue un acto impulsivo, debido a que hubo saña y agresividad. Para ello, el responsable actuó con predeterminación, por lo que los hechos llegaron a una segunda etapa: el cometimiento de un acto meditado.
Si Huezo es el asesino, hay elementos para determinar que actuó para ejecutar a la víctima y utilizó el encubrimiento de los hechos, lo que refuerza la teoría que se trató de un crimen premeditado y no de un hecho impulsivo.
De acuerdo a la definición del término que manejan los médicos, sociópatas son aquellas personas que no muestran empatía por otros ni remordimientos por sus acciones.
Basado en ese concepto, por las actitudes y comportamientos de quien fuera la pareja de la periodista, finalmente se llega a uno de los últimos peldaños para identificar una conducta sociópata: no mostrar ningún arrepentimiento.
En unas declaraciones de Huezo luego de ser capturado por la Policía dio muestras de esa actitud, cuando dijo en un tono casi altanero frente a los medios de comunicación que “cualquiera que nos conoce de cerca sabe que es ilógico que yo le haya hecho algo a ella”.
Tras ser increpado por los periodistas, el hombre no mostró señales externas de remordimiento. Es más, en sus redes sociales publicó un post en el que relataba lo que aparentemente fue un episodio con su hijo tras la muerte de Karla Turcios; muchas personas comentaron que esa no era la actitud que se puede esperar de un marido doliente, sino más bien de alguien que intenta ocultar un hecho.
¿Qué dicen las leyes?
De acuerdo al Código Penal salvadoreño, cuando un imputado posee un cuadro clínico que le ocasiona una grave perturbación; todos los hechos o acciones -incluidos los abyectos o fútiles- se subsume en dicha perturbación. En otras palabras, una persona con problemas mentales puede apelar a su condición para no ser castigado de acuerdo a lo que manda la ley.
Según el artículo 27 del Código Penal, de las causas que excluyen de la responsabilidad penal por el inciso número cuatro explica que “quien en el momento de ejecutar el hecho no estuviere en situación de comprender lo ilícito de su acción u omisión o de determinarse de acuerdo a esa comprensión, por cualquiera de los motivos siguientes: a) enajenación mental; b) grave perturbación de la conciencia; y, c) desarrollo psíquico retardado o incompleto”.
Si el abogado defensor de Huezo presenta un adecuado planteamiento clínico de su estado/psiquis, entonces será la Fiscalía General de la República quien tendría que determinar una evaluación psicológica y psiquiátrica del sujeto.
Por: El Salvador Times.
A menos de un año de la fiesta democrática que se celebrará en El Salvador, el 28 de febrero de 2027, cuando los ciudadanos elegirán al presidente y vicepresidente de la república, 60 diputados de la Asamblea Legislativa y a los miembros de los 44 concejos municipales, algunos partidos políticos han comenzado a organizarse.
Están habilitados a la fecha, según el portal web del Tribunal Supremo Electoral (TSE), 11 institutos políticos; los representantes de algunos de esos, como el caso del presidente del Coena, Carlos García Saade, y el secretario general del FMLN, Manuel Flores, han confirmado que participarán en las tres competencias para cargos públicos.
A estos se suma GANA que, de acuerdo a su vicepresidente, Guillermo Gallegos, estaría dispuesto a apoyar la eventual candidatura de Nayib Bukele, de Nuevas Ideas; sin embargo, aseguró que el instituto naranja participarán en la presidencial «con o sin coalisión».
El 6 de marzo anterior los partidos políticos se reunieron con las autoridades del TSE, con el objetivo de conocer los detalles de la convocatoria y desarrollo de las elecciones internas; pero algunos han expresado no tener aún claridad de en cuáles elecciones participarán.
Para el caso del PDC, ha expresado que participará solo en las elecciones legislativas y municipales, descartando cualquier aspiración con una fórmula presidencial para el sexenio 2027-2033.
Manuel Rodríguez, secretario general del PCN, aseguró a «Diario El Salvador» que de momento han determinado participar en las legislativas y municipales, y están analizando si es conveniente competir en la presidencial.
Rodríguez indicó que actualmente el PCN es la cuarta fuerza política dentro de la Asamblea Legislativa, por lo que deben ser parte de los próximos comicios, y según lo que establece el capítulo V del Código Electoral todos los partidos contendientes tienen el derecho a la vigilancia de todo el proceso, desde la inscripción de candidatos en adelante.
«Sabemos que si participamos en todos los departamentos y si participamos en todo lo que es mesa y todo eso, nosotros necesitamos 11,784 personas para ese evento, entre vigilantes propietarios, supervisores propietarios, jefes de centros propietarios», detalló.
Agregó que para conformar los organismos de las Juntas Receptoras de Votos (JRV), las Juntas Electorales Departamentales (JED), las Juntas Electorales Municipales (JEM) y las Juntas Electorales Distritales, necesitan otras 8,900 personas.
Por ello, aseguró que el trabajo es bastante, pero «lo primero que hemos hecho es mandado ya al tribunal la conformación de la CEN, o sea, la Comisión Electoral Nacional, que es la que maneja la parte de los de las elecciones internas».
Las autoridades del partido Democracia Salvadoreña aún no han determinado si van a participar en la elección presidencial. Su secretario general, Ezequiel Mendoza, expresó que debido a que no participaron en las elecciones anteriores ahora están «obligados a concursar», a fin de que el TSE no inicie un proceso de cancelación, de acuerdo con la normativa electoral.
Una situación similar es la de PAIS, que no tiene dirigencia, desde que su fundador Roy García fue implicado en un caso judicial; actualmente algunos afiliados quieren retomar el control.
Principal
Vicepresidente Ulloa asiste a la investidura de José Antonio Kast como presidente de Chile
El Vicepresidente Félix Ulloa, viajó a la República de Chile para participar en la Transmisión del Mando Presidencial de José Antonio Kast, con quien sostuvo una primera reunión con el propósito de reafirmar la voluntad de ambos países de fortalecer sus vínculos de amistad y cooperación.
Durante el encuentro, ambas autoridades intercambiaron impresiones sobre las oportunidades para consolidar una asociación estratégica en áreas de interés común, particularmente en materia de seguridad, destacando la importancia de continuar promoviendo nuevas experiencias entre ambas naciones.
Expresaron su interés en fortalecer una agenda de cooperación bilateral orientada a la definición de proyectos clave para el período 2026-2028, en ámbitos como primera infancia, educación, geotermia, tecnología, innovación, agroindustria y otros sectores estratégicos para el desarrollo. De igual manera destacaron el interés en promover una agenda económica en comercio, inversiones y turismo, incluyendo la posibilidad de una misión empresarial chilena a El Salvador, como parte de los esfuerzos para dinamizar las relaciones económicas.
Finalmente, dialogaron sobre la visita del Presidente Kast a El Salvador, durante la cual pudo constatar la realidad de paz que vive el país. Asimismo, el Vicemandatario se refirió a la posible visita del Presidente de la República de El Salvador, Nayib Bukele, a Chile en mayo, como una muestra de reciprocidad, cercanía política y visión compartida de futuro.
Este acercamiento reafirma el compromiso de El Salvador con el fortalecimiento de sus relaciones bilaterales con Chile, sobre la base del diálogo político, la cooperación estratégica y la construcción de una agenda económica común.
El ecosistema de activos digitales en El Salvador mantiene un enfoque regulatorio estricto que busca garantizar transparencia, protección al consumidor y solidez en los proyectos que ingresan al mercado, según datos del Informe Estadístico del Ecosistema Regulado 2023–2026 presentado por la Comisión Nacional de Activos Digitales (CNAD).
De acuerdo con el informe, durante ese período se gestionaron 388 procesos regulatorios, lo que evidencia la creciente actividad en el sector. El año con mayor dinamismo fue 2025, cuando se registraron 193 procesos, equivalentes al 50 % del total analizado.
Uno de los indicadores más relevantes es el proceso de autorización para operar como proveedor de servicios de activos digitales (PSAD) bajo la Ley de Emisión de Activos Digitales. Entre 2023 y 2026 se presentaron 277 solicitudes para este tipo de licencia. Sin embargo, solo el 26 % fueron aprobadas.
El resto de las solicitudes refleja el nivel de revisión aplicado por el regulador: 56 % fueron archivadas o rechazadas, 1 % canceladas y 17 % aún se encuentran en proceso de evaluación.
Estas cifras evidencian que el país mantiene criterios estrictos para permitir la operación de entidades dentro del ecosistema digital. «Aquí no se aprueban productos especulativos. Solo productos con respaldo, transparencia y visión de largo plazo», afirmó el presidente de la CNAD, Juan Carlos Reyes.
El informe también detalla que 267 entidades aplicaron para distintos servicios regulados durante el período analizado. De ese total, 190 correspondieron a proveedores de servicios de activos digitales, lo que representa 71 % de las solicitudes.
El resto se distribuye entre emisores públicos (15 %), emisores privados (7 %), certificadores (5 %) y emisores de monedas estables (2 %), lo que refleja la diversidad de actores interesados en participar en el ecosistema regulado del país.
Actualmente, la CNAD mantiene 108 entidades activas bajo supervisión, siendo los proveedores de servicios de activos digitales el segmento más numeroso, seguido por los emisores públicos.
En cuanto a la actividad del mercado, el ecosistema ha habilitado 53 emisiones financieras con un volumen total aproximado de $200,000 millones, concentrándose principalmente en monedas estables, lo que evidencia la relevancia de estos instrumentos dentro de la infraestructura financiera digital.
Para las autoridades salvadoreñas, estos datos muestran que el país ha logrado construir un modelo regulatorio que combina apertura a la innovación con altos estándares de supervisión.
«Lo que hemos logrado hacer en El Salvador con la protección del consumidor, la trazabilidad y toda la transparencia que existe en nuestra industria es algo único a escala mundial», subrayó Reyes.
Este avance regulatorio será uno de los temas centrales de El Salvador Digital Assets Summit 2026, que se celebrará el próximo 15 de abril y reunirá a líderes del sector público y privado para analizar los principales retos y oportunidades de la industria.
El evento se organiza tras el éxito del Digital Assets Summit 2025, que reunió en el país a alrededor de 450 líderes nacionales e internacionales de al menos 20 países, entre reguladores financieros, legisladores, abogados, empresas tecnológicas y organismos multilaterales.
