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Esfuerzos articulados permiten que más de 42,800 terroristas capturados en régimen de excepción sigan en la cárcel
Foto: Secretaría de Prensa de la Presidencia
Los avances en proveer seguridad ciudadana requieren el trabajo coordinado de todas las instituciones, incluso aquellas que tienen autonomía en sus procesos. Esta es la eficiencia que los salvadoreños necesitan para solucionar sus necesidades.
Dentro del régimen de excepción que promovió el Presidente Nayib Bukele hay disposiciones para garantizar que los terroristas capturados permanezcan encerrados mientras el sistema de justicia resuelve sus procesos. En esta parte, el papel de Fiscalía General de la República (FGR) es fundamental, pues construye los casos para presentarlos a tribunales.
“Llegamos a más de 36 mil detenciones provisionales. Los equipos fiscales han presentado 767 requerimientos. Ganaremos esta batalla”, compartió el titular del FGR, Rodolfo Delgado, refiriéndose a los que han sido capturados en el contexto del régimen de excepción.
En otras palabras, ocho de cada 10 pandilleros que la Policía Nacional Civil (PNC) ha detenido, esperan el desarrollo de su proceso penal en la cárcel, es la ruta que seguirán todos. Esto es una muestra de la efectividad de las autoridades para encontrar a los criminales y recolectar las pruebas de los ilícitos cometidos.
Los diputados de la Asamblea Legislativa dieron sus votos para extender el régimen otros 30 días, un periodo que ampliará el margen para entregar más logros a favor de la población salvadoreña en la guerra contra las pandillas, tanto en sacarlos de las calles como en hacerlos cumplir las respectivas condenas.
La Fuerza Armada mantiene su apoyo a las tareas de seguridad pública que organiza la PNC para terminar con el flagelo de las organizaciones terroristas. El apoyo que han provisto ha facilitado llegar a sitios remotos o de difícil acceso, e incluso han posibilitado encontrar a delincuentes que habían escalado en la jerarquía de sus grupos.
En total, El Salvador continúa viviendo el periodo más seguro de la posguerra, con índices históricamente bajos en la tasa de homicidios. Las actividades gubernamentales de prevención de la violencia siguen activas en todo el territorio, para romper el ciclo vicioso y seguir transformando al país, respaldados por fondos públicos y con apoyo de la cooperación internacional.
Como ha dicho el Presidente Bukele, “digan lo que digan, hagan lo que hagan, escriban lo que escriban, ataquen una y otra vez, les digo: No nos van a detener. Tenemos a Dios, y al pueblo salvadoreño, de nuestro lado”.
Una menor perdió la vida por asfixia por inmersión en la playa La Periquera, Jucuarán, departamento de Usulután.
Se trata de Génesis Monserrat Argueta de 11 años quien había venido con su familia desde Intibucá, Honduras a pasar las vacaciones.
De acuerdo con la información, el fuerte oleaje arrastró a tres miembros de la familia: dos adultos y la niña.
Socorristas acudieron al llamado y lograron sacar a las tres personas y trasladados a la unidad de salud de Chirilagua.
La niña murió mientras era trasladada, los dos adultos lograron llegar con vida al centro de salud donde ya se recuperaron.
Coo regresaron al lugar donde un incendio redujo a cenizas al menos cinco negocios. Entre los escombros, intentaban recuperar herramientas, artículos y pertenencias que el fuego no logró consumir.
Una clínica dental, que también fue alcanzada por las llamas, sufrió pérdidas considerables. Personal del establecimiento acudió con la esperanza de rescatar parte del equipo.
Aunque la emergencia ya fue controlada, el impacto persiste entre quienes vieron su fuente de ingresos destruida en cuestión de minutos.merciantes del mercado de Soyapang
Principal
Corte Suprema de Justicia invierte $1.8 millones en tecnología para agilizar procesos judiciales
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) de El Salvador invertirá $1,855,743 en la modernización de sistemas de audio y videoconferencia en centros judiciales de San Salvador.
El objetivo es facilitar audiencias virtuales y optimizar la gestión de procesos judiciales, adaptándose a las demandas tecnológicas actuales.Según la Bolsa de Productos y Servicios de El Salvador (Bolpros), se adquirirán 364 equipos electrónicos: 244 para videoconferencias y 120 para soluciones de audio.
Estos se instalarán en sedes como el Centro Judicial Isidro Menéndez, el Centro Judicial de Segunda Instancia, el Centro Judicial de Derecho Privado y Social, el Edificio Cardona y el Centro Integrado de Soyapango, con 314 unidades destinadas al Almacén General DCPI de la CSJ. La inversión será cubierta con fondos públicos.
Los sistemas de videoconferencia incluirán pantallas de 85 pulgadas con procesadores de ocho núcleos, 12 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento.
Los costos unitarios oscilan entre $2,170 y $13,400 para equipos de video, y $1,858 para los de audio.Paralelamente, la CSJ impulsa dos licitaciones adicionales: una de $828,243.59 para instalar cámaras de videovigilancia en centros judiciales de Metapán, Soyapango, Ciudad Delgado, el Instituto de Medicina Legal en San Vicente y el Centro Judicial de Derecho Privado y Social; y otra de $118,818.67 para un sistema eléctrico en el Centro Integrado de Soyapango.
Un hito reciente es la transformación del Centro Integrado de Soyapango en un Centro Judicial especializado contra el Crimen Organizado, aprobada por la Corte Plena en abril de 2025.
Esta decisión, publicada con retraso a finales de junio debido a la demora en las actas de la CSJ, refuerza la estrategia de modernización judicial.Con estas acciones, el Órgano Judicial busca fortalecer la eficiencia y seguridad de sus operaciones, integrando tecnología de vanguardia al sistema de justicia.
Fuente: Derechos y Negocios
