Nacionales
El TSE dirigido por Julio Olivo es enviado a juicio de cuentas por $143,032
Un examen especial de la Corte de Cuentas de la República (CCR) señaló irregularidades contractuales que suman $143,032.05 de fondos públicos que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) dirigido por el magistrado Julio Olivo, cuota del FMLN, administró como parte del presupuesto extraordinario para las elecciones presidenciales del 3 de febrero de 2019.
El examen —practicado por la Dirección de Auditoría Uno y cuya versión pública consta de 30 páginas— fue subido a su sitio web por el ente contralor y pasará a una de las cámaras como parte del proceso de juicio de cuentas para determinar la responsabilidad administrativa o patrimonial, o ambas, de los funcionarios involucrados.
El primer reparo está detallado en la página 3 del documento, que señala que el TSE adjudicó el contrato CD-01/ TSE/PEE-2019 por $101,710.35 a la empresa Lemusimun Publicidad, S. A. de C. V., para que proveyera el «servicio de agencia de publicidad para el desarrollo de la fase 1: campaña de consulta de verificación de datos en el registro electoral para el evento electoral 2019».
En la auditoría, el TSE es cuestionado por no haber dado el «seguimiento a la ejecución de las cláusulas contractuales», situación que provocó que no haya evidencia de que la empresa realmente cumplió —tal como se comprometió— con el desarrollo de una campaña de comunicación social (en los canales de televisión, prensa escrita, radio, publicidad exterior con pantallas digitales, hojas volantes y producción de materiales, spot, cuña e impresos) sobre la verificación ciudadana de los datos en el registro electoral para las elecciones de 2019.
Tampoco hay evidencia, según la CCR, de que la empresa dio cumplimiento al plan de medios, los productos realizados, la ejecución y alcances de la campaña publicitaria presentada inicialmente por la empresa Lemusimun Publicidad, S. A. de C.,V. El TSE trató de subsanar esos cuestionamientos y entregó información de los contratos a los auditores; sin embargo, señalaron que no lograron esclarecer los hechos.
«El administrador de contrato presenta dos documentos digitales con el mismo contenido: uno en PDF, denominado Informe Final, que se encuentra no visible completamente, y [un] documento en formato Power Point titulado Alcance Medios CONSULTA, sin firma y sello de la agencia publicitaria y fecha de elaboración y presentación de este, por lo que no existe un documento formal que compruebe la elaboración del informe», se lee en la página 11 del examen especial.
En el documento también es señalado que la información que entregó el TSE para aclarar los cuestionamientos de los auditores solo fue estadística; por lo tanto, no especificó cuáles fueron las emisoras ni dónde se instalaron las pantallas digitales que la empresa Lemusimun contrató para desarrollar la campaña de medios por la cual el organismo colegiado le pago $101,710.35.
«Respecto a la publicidad escrita, refleja cuántos fueron los anuncios; sin embargo, como parte de un seguimiento, no especifica las fechas en que fueron publicados, el alcance de la publicidad de spot televisivos, de cable, cuñas radiales, pantallas digitales, prensa, periódicos digitales y redes sociales. No deja claras las fechas en que se proporcionó el servicio; en ese sentido, al no evidenciarse la presentación formal del documento ante el Tribunal Supremo Electoral por parte de la agencia publicitaria al finalizar la campaña, tal como lo establece el contrato suscrito y con base en las inconsistencias antes detalladas, los auditores ratificamos la condición señalada», añade el examen especial en la página 11.
El segundo hallazgo es en relación con el contrato LG-60/TSE/PEE-2019, que el TSE suscribió para el «servicio de radiocomunicación portátil, necesario para el desarrollo de actividades propias del evento electoral 2019» por $41,321.70. Ese equipo sería utilizado por los miembros de la Dirección de Organización Electoral (DOE) e instalado en las bases de la DOE y en las bases vehiculares. Sin embargo, según los auditores, el TSE no tiene las actas de recepción, entrega o asignación del total de las radios de comunicación portátil contratadas y tampoco hay evidencia de que al finalizar el evento electoral fueron devueltas por el personal al que se le asignó.
A pesar de los argumentos presentados por el TSE para revertir los señalamientos, los auditores plantearon que la documentación solo fue parcial; por lo tanto, ratificaron las observaciones sobre ese contrato por $41,321.70.
En suma, en los reparos de la CCR por los contratos de $143,032.05 hubo vulneración al reglamento y la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (Lacap) —vigente en ese momento— porque hubo falta de controles por parte del TSE para garantizar el buen uso de los recursos públicos.
El tercer y último reparo está contemplado en la página 15 del examen especial y señala que el TSE vulneró el reglamento y la Ley de Administración Financiera del Estado al haber autorizado y nombrado al director financiero del organismo colegiado para las gestiones correspondientes a la programación de la ejecución presupuestaria del evento electoral 2019.
«Le asignó las gestiones para la apertura de cuentas bancarias para el manejo de recursos financieros, una para pago de remuneraciones y otra para bienes y servicios, y a la vez lo designó como encargado de pagos “ad honorem” de dicho presupuesto, generando incompatibilidad de funciones, ya que en una misma persona recaen las funciones de presupuesto, tesorería y contabilidad», cuestionó la CCR.
De acuerdo con el Observatorio de Seguridad Vial (Onasevi), 64 personas han sido detenidas por conducción peligrosa en los primeros 12 días del año. Esto representa un incremento del 7 % en comparación con el mismo periodo del 2025, que se registraron 60 detenidos.
Recientemente, la Policía Nacional Civil (PNC) reportó la captura de Jimmy Ronald Ochoa Lara, de 43 años, quien fue intervenido por los agentes conduciendo en estado de ebriedad en Chalatenango Norte.
El reporte policial indicó que Ochoa Lara ocasionó un accidente de tránsito sobre el kilómetro 88 de la carretera Troncal del Norte, en San Ignacio. La prueba de alcotest dio positiva con 255 grados de alcohol en aire espirado.
Por el delito de conducción peligrosa, también, fueron detenidos Sigfredo Josué Díaz Romero, con 118° de alcohol. La PNC indicó que manejaba sobre el kilómetro 185 de la carretera Ruta de Paz, en Osicala, Morazán.
Asimismo, Álvaro Ernesto Perdomo González, con 301° de alcohol, quien conducía sobre la 8ª calle poniente de la colonia Ciudad Pacífica 4, en San Miguel.
En promedio, cinco personas son detenidas por conducción peligrosa al día, según los registros del Onasevi. En ese sentido, la PNC, el Viceministerio de Transporte (VMT) y el Fondo para la Atención a las Víctimas de Accidentes de Tránsito (Fonat) desarrollan controles vehiculares a escala nacional para reducir los índices de siniestralidad y verificar que los conductores cumplan con la normativa de tránsito.
Una pareja de esposos de la tercera edad falleció luego de ser atropellada por un vehículo sobre el kilómetro 27 de la carretera hacia el Puerto de La Libertad, informaron cuerpos de socorro que atendieron la emergencia.
Elementos de Cruz Verde Seccional Majahual acudieron al lugar tras recibir el reporte de un accidente de tránsito en el que dos personas adultas mayores fueron embestidas por un automotor. A su llegada, los socorristas constataron que una de las víctimas, un hombre de aproximadamente 85 años de edad, ya no presentaba signos vitales.
La segunda víctima, una mujer de aproximadamente 80 años, fue encontrada con lesiones de gravedad. De inmediato, se le brindó atención prehospitalaria en coordinación con el Sistema de Emergencias Médicas 132. Pese a los esfuerzos realizados por los equipos de socorro, la mujer falleció en el lugar.
Las autoridades correspondientes realizaron el procedimiento respectivo para determinar las circunstancias del hecho y deducir responsabilidades. El caso se suma a los accidentes de tránsito registrados en arterias de alto flujo vehicular, reiterando el llamado a la precaución y respeto a las normas de tránsito, especialmente en zonas de circulación mixta.
El puerto de La Unión continúa impulsando el movimiento de carga marítima en el país. En ese sentido, recientemente, recibió el primer buque del año, proveniente de la República Popular China.
El buque Prosperity 105 atracó el viernes pasado y transportaba 21,000 toneladas de cemento. El desembarque se realizó el mismo día por la noche.
«El buque Prosperity 105 evidencia el crecimiento sostenido de la actividad portuaria en esa región», afirmó el Gobierno.
Además, destacó que la reactivación del puerto de La Unión no solo impulsa el comercio exterior, también genera empleo y oportunidades para las familias de la zona oriental.
Cada operación portuaria representa un paso más hacia la modernización logística nacional, fortaleciendo la competitividad de El Salvador en la región.
Recientemente, el presidente de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), Federico Anliker, aseguró que este es el primer buque de carga suelta que llega a dicha terminal marítima.
«Este día será histórico porque llega un buque de carga suelta, por primera vez. La Unión se volvió un hub de autos nuevos, pero también estamos manejando carga suelta», dijo Anliker.
Además, informó que en 2025 atendieron más de 75 buques en el puerto de La Unión, como parte del trabajo de la Unión Portuaria del Pacífico.
«Esta es una sociedad de economía mixta, entre el Gobierno del presidente Nayib Bukele y Yilport, la Unión Portuaria del Pacífico se encarga del manejo de los puertos marítimos de El Salvador. En 2025 atendimos más de 75 buques en el puerto de La Unión», remarcó.
