Nacionales
Sindicato de Trabajadores y Centro Nacional de Registros firmaron Contrato Colectivo de Trabajo
Firmaron un Contrato Colectivo de Trabajo el Sindicato de Trabajadores del Centro Nacional de Registros (STCNR) y los titulares de dicha entidad, teniendo como testigos a otros funcionarios.
Dicho contrato conllevó un proceso amplio y extenso de negociación a favor de los empleados, quienes aseguraron que han buscado la defensa de los derechos humanos y laborales de los beneficiados, quienes también se comprometen hacer cumplir con sus deberes laborales.
Es importante destacar que este Contrato se ha negociado bajo un ambiente de armonía y en un corto tiempo, manteniendo una alta disposición por parte de las autoridades de la institución y de los miembros del Sindicato, en donde el resultado se ha dado con mucha transparencia, buscando la defensa de los derechos humanos y laborales, de los deberes de los trabajadores y trabajadoras de la institución y de la Administración Superior, siendo de mucha trascendencia por la connotación nacional que representa en el fortalecimiento de las relaciones laborales entre ambas partes.
Con esta firma, se espera que las futuras administraciones mantengan el firme compromiso de respetar los derechos humanos y laborales, hacerlos valer con justicia, ética y responsabilidad, asó como regular obligaciones de ambas partes, comprometiéndose a dar fiel cumplimiento a las cláusulas que contiene el mismo, a velar por el estricto cumplimiento de la Constitución de la República, Código de Trabajo, leyes laborales vigentes, leyes administrativas aplicables, Reglamento Interno de Trabajo y demás fuentes de Derecho Laboral.
Los trabajadores y trabajadoras de la institución, con este Contrato Colectivo de Trabajo, gozarán de mejoras en la estabilidad laboral, promociones dentro de la institución, garantías salariales, formación y capacitaciones para todo el talento humano, becas de estudio, mejoramiento del clima laboral y de las condiciones físicas del trabajo, modernización de la infraestructura que permita al personal desempeñarse en condiciones dignas; de igual forma se obtendrán condiciones favorables para la maternidad y la lactancia, centro de atención a niñas y niños hijos de los trabajadores, atención en salud, seguro médico hospitalario con sentido democrático y de equidad para todos, entre otros beneficios.
La actual administración ha realizado una gestión de puertas abiertas en donde se han respetado los derechos laborales, desarrollando una administración en pro del sindicalismo, en pro de los trabajadores y trabajadoras, tratando a todos por igual, sin discriminación alguna y bajo una misma condición, dialogando y buscando las mejores decisiones institucionales; por ello, se muestra muy satisfecha con el resultado del presente Contrato y espera que los trabajadores y trabajadoras de la institución brinden, como hasta este día, servicios con calidad y calidez en beneficio de la población salvadoreña.
Este importante evento fue presidido por el Director Ejecutivo del CNR, Rogelio Canales Chávez; y el Secretario General de STCNR, Pablo Armando Ramos Argueta; y contó con la presencia de la Ministra de Economía y Presidenta del Consejo Directivo del CNR, Dra. Luz Estrella Rodríguez; la Ministra de Trabajo, Licda. Sandra Edibel Guevara; así como también Directores, Gerentes, Jefes de Uniddes de Staff, miembros de la Junta Directiva de STCNR, delegados sindicales de las oficinas departamentales y representación de los empleados y empleadas de la institución.
El Contrato Colectivo de Trabajo entrará en vigencia a partir del 1° de enero de 2019 y su plazo será de tres años.
Fotografías Cortesía de: Walter Santos
La Fiscalía General de la República (FGR) ha solicitado al Juzgado Especializado de Extinción de Dominio que 17 inmuebles, 7 vehículos y más de $63,000 decomisados a miembros de la pandilla Barrio 18 Sureños sean transferidos a favor del Estado salvadoreño.
Según las autoridades, los bienes estaban a nombre de colaboradores de la estructura criminal y fueron incautados en 2019 durante una operación en el departamento de La Libertad, que investigó a miembros de las clicas Tiny Locos Sureños y Hollywood Gangster. El procedimiento, conocido como Operación Tsunami, culminó con la captura de varios implicados y la posterior imposición de penas de prisión.
La audiencia preparatoria sobre el caso inició el pasado lunes y continuará este miércoles 21 de mayo.
En los últimos años, y de forma intensificada durante la vigencia del régimen de excepción, las autoridades han enfocado esfuerzos en desmantelar las estructuras financieras de las pandillas. Hasta inicios de mayo, el Estado ha incautado a estas organizaciones 4,776 armas de fuego, 11,045 vehículos, más de $5.2 millones en efectivo y 22,387 celulares, como parte de la ofensiva contra el crimen organizado.
En una acción reciente, el Juzgado Especializado en Extinción de Dominio también ordenó que dos vehículos utilizados en el tráfico de cocaína pasen a manos del Estado. Dichos automotores fueron decomisados el 30 de noviembre de 2021 por la Unidad Táctica Antinarcóticos de la Policía Nacional Civil, durante un operativo realizado en Hacienda Condadillo, a la altura del kilómetro 180 de la carretera Litoral, donde se frustró una transacción de droga entre dos salvadoreños y dos guatemaltecos.
Judicial
Testigos confirman actos de corrupción en juicio contra exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano
Durante la vista pública contra la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano, y otros cuatro imputados, varios testigos presentados por la Fiscalía General de la República han respaldado la acusación por delitos de corrupción cometidos durante su gestión.
En casi un mes de juicio, interrumpido en diversas ocasiones y con jornadas parciales, han comparecido empleados municipales que denunciaron afectaciones por el impago de salarios durante periodos de hasta tres meses, así como la retención de cuotas laborales. Esta última situación les impidió recibir atención médica en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS).
Con estos testimonios, el Ministerio Público busca demostrar los delitos de apropiación o retención de cuotas laborales e infracción de las condiciones laborales o de seguridad social.
También declaró una perito que elaboró un informe técnico confirmando que, aunque se descontaron las cuotas laborales a los empleados, los fondos no fueron trasladados a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). El peritaje establece un perjuicio a la administración pública por más de $387,042.71.
Otro experto técnico relató que, mediante un análisis forense digital, extrajo información de los dispositivos electrónicos incautados a los imputados —entre ellos teléfonos celulares—, hallando datos que vinculan a los procesados con actividades ilícitas.
Además, una auditoría financiera reveló que durante la gestión de Montano, la alcaldía pagó $1.2 millones en comisiones a una empresa por recuperación de mora, cifra superior a los $867,499 realmente recuperados. Según el informe, no se realizó un estudio previo para definir el porcentaje de comisión, y la empresa representada por el imputado Ricardo Arturo Roque Baires cobró un 9.97% más que otras contratadas en administraciones anteriores.
Con este conjunto de pruebas, la Fiscalía busca sustentar las acusaciones de malversación e incumplimiento de deberes contra los exfuncionarios municipales.
Judicial
Juzgado programará audiencia inicial para 12 transportistas detenidos por suspensión del servicio
El Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador ha programado para este viernes la audiencia inicial en contra de 12 empresarios del transporte público, quienes fueron capturados entre el 5 y el 7 de mayo de 2025 por presuntamente haber suspendido de forma irregular el servicio, a pesar de ser un servicio público subsidiado por el Estado.
Las detenciones fueron ordenadas luego de que los transportistas no operaran con normalidad sus unidades, lo cual, según las autoridades, constituye una falta grave al tratarse de un servicio esencial para la ciudadanía y financiado parcialmente con fondos públicos.
El pasado lunes, la Fiscalía General de la República presentó el requerimiento ante el juzgado, solicitando que el caso avance a la etapa de instrucción formal. Además, pidió que se otorguen medidas alternas a la detención provisional, lo que permitiría que los imputados continúen el proceso judicial en libertad.
A los acusados se les atribuyen los delitos de peculado e incumplimiento de deberes, según consta en el expediente promovido por el Ministerio Público.
