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El Salvador registró 103,029 nuevos empleos formales durante 2022
El Salvador demostró en 2022 que es una de las principales economías de la región y que las estrategias implementadas por el Gobierno del presidente Nayib Bukele continúan favoreciendo a los salvadoreños con la generación de nuevos empleos.
Según el último informe de coyuntura del Instituto Salvadoreño de Seguro Social (ISSS), entre enero y diciembre de 2022, se inscribieron 103,029 nuevos trabajadores, de los cuales 94,650 pertenecen al sector privado y 8,379 al sector público.
Asimismo, el informe resalta que de la nueva masa laboral registrada durante el año pasado, el 94 % corresponde al sector privado, mientras que el 8 % por el público. Además, del total de trabajadores inscritos el 55 % son hombres y el 45 % mujeres.
Las estadísticas de la institución indican también que a lo largo de 2022, las nuevas inscripciones crecieron un 5 % con respecto al año anterior, siendo el sector privado el mayor impulsor del crecimiento con un 8 % con relación al mismo período de 2021, lo que confirma que las acciones tomadas por el Gobierno han beneficiado la solidez de las empresas que operan en el país. Sin embargo, el sector público reflejó una reducción.
El reporte refleja que las actividades que presentan una mayor dinámica de crecimiento son: la industria manufacturera; el sector servicios; el comercio restaurantes y hoteles; y construcción, que reporta un incremento del 74 %.
Además, el ISSS indicó que, entre enero y diciembre del año pasado, la industria manufacturera generó 19,719 nuevos empleos; la construcción 7,195; comercio, restaurantes, hoteles y transporte totalizó 30,689 contrataciones; y las actividades profesionales y servicios administrativos a las empresas emplearon a 28,229 personas.
«Se trata de trabajadores que ingresan por primera vez al mercado de trabajo, a ocupar una plaza nueva o una vacante», indica el instituto en su informe coyuntural.
Por otra parte, según el registro de planillas presentadas por los empleadores, hasta noviembre de 2022, el número de trabajadores alcanzó los 970,242 (sector privado 774,267 y en el público 195,975).
Los datos del ISSS confirman el buen desempeño de la economía salvadoreña y la tendencia creciente de personas que trabajan, una tendencia que viene en aumento desde junio de 2020 en el punto más bajo ocasionado por la pandemia.
El ISSS también confirmó que, hasta noviembre, cerca de 38,195 empleadores presentaron planilla al ISSS, de los cuales 2,791 no la pagaron oportunamente, afectando a 25,067 trabajadores, a quienes se les descontó la aportación de su salario. El retraso en el pago generó una mora (temporal o permanente) de cerca de $1.1 millón.
Los datos sobre empleo generados por el ISSS son respaldados por el ministro de Trabajo y Previsión Social (MTPS), Rolando Castro, quien en ocasiones anteriores ha afirmado que con las estrategias gubernamentales se han recuperado los empleos que se perdieron por la pandemia de COVID-19.
«En El Salvador estamos generando nuevos empleos, a pesar de la inflación, los conflictos que han surgido en el mundo y a pesar de la pandemia, hemos logrado generar más y mejores empleos. Estamos superando la creación de empleos de años anteriores, es un repunte genérico», destacó Castro en conferencia de prensa de meses atrás.
Un vehículo decomisado por Inteligencia Policial con droga y armas de fuego, pasó al Estado, según una resolución que emitió el Juzgado Especializado en Extinción de Dominio con sede en San Salvador.
El automotor, propiedad de Marcelo Rolando Rivas Bonilla, fue incautado en la Avenida Cuba, del barrio San Jacinto, San Salvador, a German Stanley Martínez Aguilar, Héctor Geovanny Mayora Rosales y Jocelyn Rosario Arévalo Martínez.
Les decomisaron dos armas de fuego tipo micro UZI, calibre 9 milímetros, 453 porciones pequeñas y una porción grande de marihuana.
En la audiencia de sentencia, quedó establecido que el propietario del vehículo fue negligente al no cumplir con la debida diligencia que exige la ley y respaldarse con un contrato de arrendamiento, ya que cuatro días antes del hecho lo prestó a German Stanley Martínez Aguilar.
El extorsionista de la pandilla 18, Víctor Alejandro Valle Zelaya, fue condenado a 15 años de prisión por el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador.
En la vista pública quedó establecido que entre enero del 2021 a marzo del 2022, junto a un grupo de pandilleros llegó al negocio de una víctima con régimen de protección en Apopa, para exigirle $125 mensuales a cambio de dejarlo trabajar y no asesinarlo junto a su familia.
Valle Zelaya, como miembro activo de la pandilla 18, las fuerzas de seguridad lo detuvieron en octubre de 2025 en el marco del régimen de excepción.
El caso comenzó a ser investigado luego que el comerciante interpusiera la denuncia ante las autoridades. Mencionó que fue coaccionado por el imputado y los demás terroristas para pagar la cuota de dinero mensual
En el fallo judicial se mencionó que la principal prueba y que resultó clave para emitir la sentencia condenatoria, fue el testimonio de la persona afectada. La víctima lo identificó plenamente ante el tribunal, dijo que fue uno de los chantajistas que llegaba a retirar el dinero y que lo mantenía amenazado a muerte, la colaboración del denunciante sirvió para emitir el veredicto condenatorio por extorsión agravada.
Penas de 25 a 45 años de cárcel fueron impuestas a 60 terroristas de la Mara Salvatrucha que delinquían en tres distritos del departamento de Cuscatlán.
En la audiencia única abierta, el Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado de San Salvador, los encontró responsables por el delito de agrupaciones ilícitas.
La Fiscalía General de la República, acreditó que son integrantes de la clica Walter Locos Salvatruchos y determinó los rangos de cada uno de los pandilleros.
A Luis Alonso Díaz Fernández, alias Lunático, el juez lo sentenció a 45 años de prisión, el ministerio público probó que tenía el rango de encargado de base del programa Cuscatlán, una estructura superior de donde dependía la célula territorial Walter.
Esta agrupación tenía un perímetro de cobertura que comenzaba desde la entrada a Cojutepeque, próximo a Instituto Nacional Walter Thilo Deininger y se extendía hacia los distritos de Monte San Juan y Santa Cruz Michapa.
Al momento de emitir el fallo, el tribunal también condenó a 24 imputados a 30 años de prisión. Se detalló que 16 tenían el rango de homeboy, cinco el de chequeo y tres el de observación.
Otros 35 pandilleros con el rango de colaboradores activos recibieron 25 años de cárcel y deberán permanecer en diversos centros penales donde han permanecido desde que fueron detenidos por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y miembros de la Fuerza Armada.
Los representantes del ministerio público presentaron en la audiencia prueba que vinculó a los procesados a la Mara Salvatrucha y la participación en una serie de actividades delincuenciales que estuvieron ejecutando en la zona norponiente de Cojutepeque.
Esta estructura extorsionó y asesinó durante varios años, pero con la entrada en vigencia del régimen de excepción, las fuerzas de seguridad arrestaron a cada uno de sus miembros a través de las incursiones realizadas entre el 2022 y 2025.
Cuando los detuvieron fueron acusados en varios expedientes, pero tras la reforma a la Ley contra el Crimen Organizado, la Fiscalía General de la República los agrupó en un solo expediente para asignarles una causa y enjuiciarlos como estructura, solicitando al tribunal que les aplicara las penas máximas por el delito de agrupaciones ilícitas, por su pertenencia a la Mara Salvatrucha
