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El Salvador registró 103,029 nuevos empleos formales durante 2022
El Salvador demostró en 2022 que es una de las principales economías de la región y que las estrategias implementadas por el Gobierno del presidente Nayib Bukele continúan favoreciendo a los salvadoreños con la generación de nuevos empleos.
Según el último informe de coyuntura del Instituto Salvadoreño de Seguro Social (ISSS), entre enero y diciembre de 2022, se inscribieron 103,029 nuevos trabajadores, de los cuales 94,650 pertenecen al sector privado y 8,379 al sector público.
Asimismo, el informe resalta que de la nueva masa laboral registrada durante el año pasado, el 94 % corresponde al sector privado, mientras que el 8 % por el público. Además, del total de trabajadores inscritos el 55 % son hombres y el 45 % mujeres.
Las estadísticas de la institución indican también que a lo largo de 2022, las nuevas inscripciones crecieron un 5 % con respecto al año anterior, siendo el sector privado el mayor impulsor del crecimiento con un 8 % con relación al mismo período de 2021, lo que confirma que las acciones tomadas por el Gobierno han beneficiado la solidez de las empresas que operan en el país. Sin embargo, el sector público reflejó una reducción.
El reporte refleja que las actividades que presentan una mayor dinámica de crecimiento son: la industria manufacturera; el sector servicios; el comercio restaurantes y hoteles; y construcción, que reporta un incremento del 74 %.
Además, el ISSS indicó que, entre enero y diciembre del año pasado, la industria manufacturera generó 19,719 nuevos empleos; la construcción 7,195; comercio, restaurantes, hoteles y transporte totalizó 30,689 contrataciones; y las actividades profesionales y servicios administrativos a las empresas emplearon a 28,229 personas.
«Se trata de trabajadores que ingresan por primera vez al mercado de trabajo, a ocupar una plaza nueva o una vacante», indica el instituto en su informe coyuntural.
Por otra parte, según el registro de planillas presentadas por los empleadores, hasta noviembre de 2022, el número de trabajadores alcanzó los 970,242 (sector privado 774,267 y en el público 195,975).
Los datos del ISSS confirman el buen desempeño de la economía salvadoreña y la tendencia creciente de personas que trabajan, una tendencia que viene en aumento desde junio de 2020 en el punto más bajo ocasionado por la pandemia.
El ISSS también confirmó que, hasta noviembre, cerca de 38,195 empleadores presentaron planilla al ISSS, de los cuales 2,791 no la pagaron oportunamente, afectando a 25,067 trabajadores, a quienes se les descontó la aportación de su salario. El retraso en el pago generó una mora (temporal o permanente) de cerca de $1.1 millón.
Los datos sobre empleo generados por el ISSS son respaldados por el ministro de Trabajo y Previsión Social (MTPS), Rolando Castro, quien en ocasiones anteriores ha afirmado que con las estrategias gubernamentales se han recuperado los empleos que se perdieron por la pandemia de COVID-19.
«En El Salvador estamos generando nuevos empleos, a pesar de la inflación, los conflictos que han surgido en el mundo y a pesar de la pandemia, hemos logrado generar más y mejores empleos. Estamos superando la creación de empleos de años anteriores, es un repunte genérico», destacó Castro en conferencia de prensa de meses atrás.
Elementos de la Fuerza Armada ubicaron a un menor de 16 años durante un patrullaje preventivo realizado en la urbanización Tikal Norte, en Apopa.
De acuerdo con el informe de los militares, en el teléfono del adolescente fueron encontrados videos que presuntamente lo vinculan con la estructura criminal 18 Revolucionarios.
Tras el procedimiento, el ministro de la Defensa, René Francis Merino Monroy, destacó la labor de los efectivos y reiteró el llamado a los jóvenes para que se alejen de las pandillas.
“Cualquier intento de seguir el camino de las pandillas tendrá consecuencias. No permitiremos que se repitan las conductas que tanto daño causaron en el pasado”, expresó el funcionario.
El Tribunal contra el Crimen Organizado recibió la acusación presentada por la Fiscalía General de la República contra 563 pandilleros del Barrio 18, a quienes se les vincula con 14,488 delitos cometidos entre 2012 y 2022.
Los imputados son señalados por delitos como rebelión, pertenencia a estructura criminal, homicidio agravado, extorsión agravada, tráfico ilícito y actos de terrorismo. De acuerdo con la Fiscalía, 275 de los acusados pertenecen a la fracción sureña y 288 a la fracción revolucionaria.
Según el fiscal adjunto contra el Crimen Organizado, Max Muñoz, a los cabecillas se les atribuyen los delitos de pertenecer a una estructura criminal y rebelión, por presuntamente intentar imponer un Estado criminal, además de estar vinculados a otros 269 casos.
La Fiscalía detalló que entre los hechos que se les imputan figura la masacre de 11 trabajadores en San Juan Opico y otra masacre ocurrida en el centro penal de Quezaltepeque.
Asimismo, se les atribuyen ocho casos de terrorismo cometidos en 2015, entre ellos atentados contra la delegación policial de Quezaltepeque y contra el Centro Judicial Isidro Menéndez, hecho en el que murió un agente de seguridad.
Entre los casos señalados también se encuentran atentados con explosivos contra el Ministerio de Seguridad y Justicia y contra una sede de la Fiscalía General de la República en Santa Tecla.
De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, entre los imputados figuran presuntos miembros históricos de esa estructura criminal, entre ellos César Daniel Renderos Díaz, alias “Muerto de las Palmas”, y Carlos Alberto Rivas Barahona, alias “Chino Tres Colas”, identificados como fundadores de las facciones revolucionaria y sureña, respectivamente.
La prueba pericial reveló el grado de violencia extrema al que la víctima fue sometida por su padre.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó a 50 años de prisión a Roberto Martínez Guzmán por el homicidio agravado de su hijo de cinco meses.
Los hechos ocurrieron en la vivienda de la familia de la víctima, ubicada en el cantón y calle Palo Grande, en el distrito de Rosario de Mora, San Salvador Sur.
Según la información acreditada en el juicio, la víctima nació de forma prematura y con condiciones críticas de salud. Tras permanecer un tiempo hospitalizado, recibió el alta médica el 26 de septiembre de 2024. El personal médico instruyó a los padres para llevar al recién nacido al Hospital Nacional Saldaña para sus controles de seguimiento y mantener cuidados especiales en el hogar, indicaciones que no fueron atendidas.
De acuerdo con las investigaciones, las agresiones ocurrieron luego de que la madre se ausentara de la vivienda durante un día y dejara a su hijo bajo el cuidado de Martínez Guzmán. Horas más tarde, el procesado se comunicó con ella para informarle que el menor tenía la cabeza inflamada. Al regresar a la casa, la mujer trasladó a su hijo de inmediato a un centro médico.
En la Unidad de Salud de Rosario de Mora, el personal médico detectó que la víctima presentaba, entre otros signos, abombamiento de la fontanela (mollera), una fractura en el brazo izquierdo y un shock hipovolémico. Debido a la gravedad de las lesiones, fue trasladado de urgencia al Hospital Nacional Saldaña, donde falleció el 20 de noviembre de 2024.
El peritaje médico-legal confirmó que la causa de muerte se debió a múltiples complicaciones derivadas de agresiones físicas, entre ellas hemorragias cerebrales, hematomas internos y externos, así como traumatismos craneoencefálicos contusos. Tras determinarse que la víctima estaba bajo la custodia del padre, las autoridades procedieron con la captura de Roberto Martínez Guzmán.
En su fallo, el juez a cargo del caso concluyó que el maltrato físico sufrido por la víctima inició meses antes de su muerte y fue cometido inequívocamente por Roberto Martínez Guzmán en calidad de autor directo. Asimismo, estableció que los hechos fueron ejecutados con alevosía, mediante el uso de violencia extrema y abuso de superioridad, aprovechando la vulnerabilidad y las condiciones de salud del menor.
