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El Salvador registró 103,029 nuevos empleos formales durante 2022
El Salvador demostró en 2022 que es una de las principales economías de la región y que las estrategias implementadas por el Gobierno del presidente Nayib Bukele continúan favoreciendo a los salvadoreños con la generación de nuevos empleos.
Según el último informe de coyuntura del Instituto Salvadoreño de Seguro Social (ISSS), entre enero y diciembre de 2022, se inscribieron 103,029 nuevos trabajadores, de los cuales 94,650 pertenecen al sector privado y 8,379 al sector público.
Asimismo, el informe resalta que de la nueva masa laboral registrada durante el año pasado, el 94 % corresponde al sector privado, mientras que el 8 % por el público. Además, del total de trabajadores inscritos el 55 % son hombres y el 45 % mujeres.
Las estadísticas de la institución indican también que a lo largo de 2022, las nuevas inscripciones crecieron un 5 % con respecto al año anterior, siendo el sector privado el mayor impulsor del crecimiento con un 8 % con relación al mismo período de 2021, lo que confirma que las acciones tomadas por el Gobierno han beneficiado la solidez de las empresas que operan en el país. Sin embargo, el sector público reflejó una reducción.
El reporte refleja que las actividades que presentan una mayor dinámica de crecimiento son: la industria manufacturera; el sector servicios; el comercio restaurantes y hoteles; y construcción, que reporta un incremento del 74 %.
Además, el ISSS indicó que, entre enero y diciembre del año pasado, la industria manufacturera generó 19,719 nuevos empleos; la construcción 7,195; comercio, restaurantes, hoteles y transporte totalizó 30,689 contrataciones; y las actividades profesionales y servicios administrativos a las empresas emplearon a 28,229 personas.
«Se trata de trabajadores que ingresan por primera vez al mercado de trabajo, a ocupar una plaza nueva o una vacante», indica el instituto en su informe coyuntural.
Por otra parte, según el registro de planillas presentadas por los empleadores, hasta noviembre de 2022, el número de trabajadores alcanzó los 970,242 (sector privado 774,267 y en el público 195,975).
Los datos del ISSS confirman el buen desempeño de la economía salvadoreña y la tendencia creciente de personas que trabajan, una tendencia que viene en aumento desde junio de 2020 en el punto más bajo ocasionado por la pandemia.
El ISSS también confirmó que, hasta noviembre, cerca de 38,195 empleadores presentaron planilla al ISSS, de los cuales 2,791 no la pagaron oportunamente, afectando a 25,067 trabajadores, a quienes se les descontó la aportación de su salario. El retraso en el pago generó una mora (temporal o permanente) de cerca de $1.1 millón.
Los datos sobre empleo generados por el ISSS son respaldados por el ministro de Trabajo y Previsión Social (MTPS), Rolando Castro, quien en ocasiones anteriores ha afirmado que con las estrategias gubernamentales se han recuperado los empleos que se perdieron por la pandemia de COVID-19.
«En El Salvador estamos generando nuevos empleos, a pesar de la inflación, los conflictos que han surgido en el mundo y a pesar de la pandemia, hemos logrado generar más y mejores empleos. Estamos superando la creación de empleos de años anteriores, es un repunte genérico», destacó Castro en conferencia de prensa de meses atrás.
El ministro de Seguridad de El Salvador, Gustavo Villatoro, informó sobre la captura de un integrante de la organización criminal Barrio 18, quien intentó ingresar al país en un vuelo federal sin presentar alertas migratorias previas.
El detenido fue identificado como Edwin Alejandro Castro Hernández, alias «Street boy», quien, según las autoridades, quedó al descubierto durante los controles especializados realizados en el aeropuerto.
De acuerdo con la información oficial, Castro Hernández es señalado de pertenecer a la estructura «Tayni Wayniss Sureños», vinculada al control criminal de sectores del distrito de Ilopango.
Villatoro aseguró que el capturado enfrentará el proceso penal correspondiente por su presunta participación en actividades relacionadas con organizaciones terroristas.
En un pronunciamiento oficial, el ministro sostuvo que mantendrá las acciones de seguridad para evitar que estructuras criminales vuelvan a operar en el país. «Actuamos con inteligencia, decisión y con el compromiso de no volver jamás al pasado», señaló.
También afirmó que continuará reforzando los controles migratorios y de seguridad para impedir el ingreso de miembros de pandillas o estructuras criminales al territorio nacional.
El Tribunal Sancionador de la Defensoría del Consumidor ordenó a la Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito de Profesionales en Administración de Empresas y Carreras Afines (Coaspae de R.L.) que devuelva a un grupo de 25 socios la cantidad de $462 mil 914.53, al considerar que la institución financiera ha cometido una falta grave al no permitirles retirar sus ahorros y sus depósitos a plazos fijos ya vencidos.
La resolución del Tribunal es de diciembre de 2025, pero varios de los afectados han sido notificados a lo largo del primer trimestre de 2026. Además, la devolución no se ha hecho aún efectiva porque COASPAE contrarrestó con una demanda ante un Juzgado de lo Cotencioso Administrativo, lo cual pone en pausa el proceso hasta que exista una sentencia definitiva.
Los 25 socios antes citados presentaron sus reclamos ante la Defensoría del Consumidor a finales de 2024, después que COASPAE se negara a devolverles el dinero que tenían en la institución. Durante el proceso de conciliación, según la resolución, la cooperativa no se presentó a dos citatorios, pero sí lo hizo en la fase sancionatoria, donde argumentó que la entidad tenía falta de liquidez y que por esa razón no podía reintegrar el dinero a los ahorrantes.
El Tribunal sostutvo que el argumento de COASPAE era insuficiente y determinó que la cooperativa había cometido una infracción grave, según el artículo 43 literal e de la Ley de Protección al Consumidor, que consiste en “No entregar los bienes o prestar los servicios en los términos contratados”.
La resolución dicta que debe devolver $462 mil 914.53 a los 25 socios afectados, más una multa de poco más de $200 mil que también debe ser repartida entre los socios.
A 10 años de prisión fue condenado Lucio Antonio Castellanos, por el delito de tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego.
La pena se la impuso el Juzgado Sexto de Paz de San Salvador en un juicio sumario [proceso judicial corto] que definió la situación jurídica del imputado de forma ágil.
Fue capturado el 7 de noviembre de 2025, en la Avenida Isidro Menéndez y 10a. Calle Poniente, en San Salvador, tras una denuncia que recibió la Policía Nacional Civil (PNC), en la que se alertaba que un hombre se desplazaba a pie portando un arma de fuego en la cintura.
Los agentes verificaron que no portaba licencia, y además estaba ebrio, con 255 grados de alcohol.
Condenan a diez años de cárcel a hombre por tenencia ilegal de arma de fuego
