Nacionales
El Salvador registró 103,029 nuevos empleos formales durante 2022
El Salvador demostró en 2022 que es una de las principales economías de la región y que las estrategias implementadas por el Gobierno del presidente Nayib Bukele continúan favoreciendo a los salvadoreños con la generación de nuevos empleos.
Según el último informe de coyuntura del Instituto Salvadoreño de Seguro Social (ISSS), entre enero y diciembre de 2022, se inscribieron 103,029 nuevos trabajadores, de los cuales 94,650 pertenecen al sector privado y 8,379 al sector público.
Asimismo, el informe resalta que de la nueva masa laboral registrada durante el año pasado, el 94 % corresponde al sector privado, mientras que el 8 % por el público. Además, del total de trabajadores inscritos el 55 % son hombres y el 45 % mujeres.
Las estadísticas de la institución indican también que a lo largo de 2022, las nuevas inscripciones crecieron un 5 % con respecto al año anterior, siendo el sector privado el mayor impulsor del crecimiento con un 8 % con relación al mismo período de 2021, lo que confirma que las acciones tomadas por el Gobierno han beneficiado la solidez de las empresas que operan en el país. Sin embargo, el sector público reflejó una reducción.
El reporte refleja que las actividades que presentan una mayor dinámica de crecimiento son: la industria manufacturera; el sector servicios; el comercio restaurantes y hoteles; y construcción, que reporta un incremento del 74 %.
Además, el ISSS indicó que, entre enero y diciembre del año pasado, la industria manufacturera generó 19,719 nuevos empleos; la construcción 7,195; comercio, restaurantes, hoteles y transporte totalizó 30,689 contrataciones; y las actividades profesionales y servicios administrativos a las empresas emplearon a 28,229 personas.
«Se trata de trabajadores que ingresan por primera vez al mercado de trabajo, a ocupar una plaza nueva o una vacante», indica el instituto en su informe coyuntural.
Por otra parte, según el registro de planillas presentadas por los empleadores, hasta noviembre de 2022, el número de trabajadores alcanzó los 970,242 (sector privado 774,267 y en el público 195,975).
Los datos del ISSS confirman el buen desempeño de la economía salvadoreña y la tendencia creciente de personas que trabajan, una tendencia que viene en aumento desde junio de 2020 en el punto más bajo ocasionado por la pandemia.
El ISSS también confirmó que, hasta noviembre, cerca de 38,195 empleadores presentaron planilla al ISSS, de los cuales 2,791 no la pagaron oportunamente, afectando a 25,067 trabajadores, a quienes se les descontó la aportación de su salario. El retraso en el pago generó una mora (temporal o permanente) de cerca de $1.1 millón.
Los datos sobre empleo generados por el ISSS son respaldados por el ministro de Trabajo y Previsión Social (MTPS), Rolando Castro, quien en ocasiones anteriores ha afirmado que con las estrategias gubernamentales se han recuperado los empleos que se perdieron por la pandemia de COVID-19.
«En El Salvador estamos generando nuevos empleos, a pesar de la inflación, los conflictos que han surgido en el mundo y a pesar de la pandemia, hemos logrado generar más y mejores empleos. Estamos superando la creación de empleos de años anteriores, es un repunte genérico», destacó Castro en conferencia de prensa de meses atrás.
Judicial
¡ESCÁNDALO DE CORRUPCIÓN! Revelan dádivas por $1.5 millones, viajes en jets privados y vehículos de lujo en el caso Corruptela
El caso Corruptela vuelve a poner bajo la lupa uno de los mayores escándalos de corrupción dentro de la Fiscalía General de la República (FGR). El Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador reanudó la audiencia preliminar contra una presunta estructura integrada por 30 personas, entre exfuncionarios, exempleados de la institución y empresarios, señalados de participar en una serie de irregularidades que habrían permitido el desvío de fondos públicos, la manipulación de investigaciones y la entrega de beneficios económicos a cambio de favores.
Uno de los datos más relevantes expuestos en el proceso es la entrega de dádivas valoradas en aproximadamente $1.5 millones, que, según las investigaciones, incluían dinero en efectivo, vehículos de lujo y viajes en aviones privados. Estos beneficios habrían sido utilizados para obtener decisiones favorables dentro del Ministerio Público, entre ellas el archivo irregular de expedientes, la apertura de investigaciones falsas, la manipulación de acusaciones y la ejecución de detenciones ilegales.
Las investigaciones también establecieron un presunto desvío de $735,866.14 procedentes de cuentas especiales y del patrimonio de la Fiscalía. De acuerdo con la acusación, estos recursos habrían sido utilizados para financiar consultorías ficticias, contrataciones ilegales, remodelaciones de viviendas particulares, mantenimiento de vehículos privados, pago de servicios de telefonía personal y viáticos que no correspondían a las funciones institucionales.
La investigación comprende 22 hechos de presunta corrupción relacionados con 30 personas, entre quienes figura el exfiscal general de la República, Luis Antonio Martínez González, señalado como uno de los principales involucrados en el caso. También aparece el exfiscal general adjunto Edgar Isaías Márquez, quien no se presentó a la audiencia preliminar y fue declarado rebelde por la jueza encargada del proceso.
Entre los demás procesados se encuentran Julio Adalberto Arriaza González, José Francisco Paredes Valladares, Mauricio Antonio Yanes Morales y José Dolores Zelaya Mendoza, quienes ocuparon diferentes cargos dentro de la Fiscalía. La investigación también incluye al fallecido expresidente de la República, Carlos Mauricio Funes, así como a empresarios y particulares presuntamente vinculados con las operaciones investigadas.
En el expediente también figuran los empresarios José Aquiles Enrique Rais, Hugo Ernesto Blanco Rais, Aldo Vinicio Parducci, Moisés Torres Polanco y Jorge Moisés Nájera Aguilar. Según la investigación, la presunta red habría utilizado recursos, cargos y facultades de la Fiscalía para favorecer intereses particulares, mediante decisiones que comprometían el funcionamiento de la institución encargada de investigar los delitos en El Salvador.
La audiencia preliminar se desarrolla a puerta cerrada debido a una reserva parcial decretada para proteger la identidad de testigos criteriados. No obstante, durante el desarrollo de las diligencias se han conocido algunas decisiones judiciales relacionadas con los imputados y las solicitudes presentadas por las partes.
Entre estas decisiones destaca que cinco imputados considerados de menor participación recibieron autorización para someterse a un procedimiento abreviado, mediante el cual admitirían los hechos delictivos que se les atribuyen a cambio de penas reducidas, conforme a las condiciones establecidas por la legislación. Sin embargo, a Blanca Rosa Rais, hermana del empresario Enrique Rais, le fue denegada la posibilidad de acogerse a ese procedimiento.
Otro punto importante de la audiencia es la petición de la Fiscalía para modificar la calificación de la participación del exfiscal Luis Martínez y de Julio Arriaza. El Ministerio Público busca que ambos dejen de ser considerados instigadores y sean procesados como autores directos de los delitos que se les atribuyen. Martínez enfrenta acusaciones por siete delitos, mientras que Arriaza está vinculado a tres ilícitos.
Los delitos investigados dentro del caso Corruptela incluyen cohecho propio, cohecho activo, peculado, negociaciones ilícitas, falsedad ideológica, falsedad documental agravada, omisión de la investigación y lavado de dinero y de activos. La diversidad de acusaciones refleja la dimensión de un proceso que abarca tanto el presunto uso indebido de recursos institucionales como posibles actuaciones ilegales dentro de investigaciones penales.
El caso continúa en una etapa judicial decisiva, en la que deberá determinarse si existen suficientes elementos para enviar a juicio a los acusados. Las cifras millonarias, los beneficios de lujo y las presuntas irregularidades cometidas desde el interior de la Fiscalía constituyen el eje de una investigación que busca establecer las responsabilidades individuales de los involucrados, respetando el debido proceso y la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia firme.
Como parte de la Semana de la Reducción de Riesgos de Desastres, la Dirección General de Protección Civil desarrolla este miércoles 14 de octubre el Simulacro Nacional de Preparación y Respuesta ante Terremoto 2026, con la participación de instituciones públicas y privadas de todo el país.
El ejercicio contempla el escenario de un terremoto de ocho grados con impacto a escala nacional, que ha provocado daños en edificios y viviendas, interrupciones de servicios básicos, conatos de incendios y personas lesionadas.
La actividad tiene como objetivo evaluar la efectividad de los planes de emergencia y evacuación, el desempeño de las brigadas institucionales y comunitarias, así como la coordinación y comunicación entre las instituciones que integran el Sistema Nacional de Protección Civil.
Además, busca fomentar la cultura de prevención, garantizar la inclusión de personas con discapacidad y en condición de vulnerabilidad, identificar oportunidades de mejora en la respuesta ante emergencias y recopilar datos técnicos y estadísticos que permitan fortalecer la preparación y la mejora continua en los ámbitos local, municipal y nacional.
Las autoridades también destacaron que el simulacro busca conmemorar a las víctimas del terremoto de 1986, que dejó al menos 1,500 personas fallecidas.
«No será solo un día para conmemorar a las víctimas del terremoto de 1986, sino también para realizar actividades de prevención», explicó Luis Amaya, director general de Protección Civil, durante una entrevista el lunes.
El funcionario señaló, además, que este martes comienza la Semana de la Reducción de Riesgos de Desastres, bajo el lema «La resiliencia empieza en casa y en las comunidades».
Como parte de las actividades, también se desarrolla una feria en el parque Simón Bolívar, ubicado en el Centro Histórico de San Salvador. En el lugar se instalarán exposiciones y se brindará información sobre el trabajo que realizan las diferentes instituciones en materia de prevención.
Por su parte, la Secretaría de Prensa indicó en su cuenta de X que «el gobierno del presidente Nayib Bukele impulsa la preparación del Sistema Nacional de Protección Civil ante posibles emergencias ocasionadas por sismos y desastres naturales, con el objetivo de resguardar la vida de los salvadoreños a escala nacional».
Un nuevo accidente de tránsito se reportó este día en la carretera que conduce de Sonsonate hacia San Salvador, donde un vehículo volcó en el sector de Copapayo.
Por razones que aún se desconocen, el conductor perdió el control del vehículo, lo que provocó que terminara volcado.
Según reportes ciudadanos, el percance dejó a una mujer lesionada y ocasionó fuertes daños materiales.
Personal policial acudió a la escena para inspeccionar lo ocurrido, mientras las causas del accidente continúan bajo investigación.
