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El Salvador defiende su libertad monetaria ante resolución del Senado de Estados Unidos
El comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos (EE. UU.) aprobó el miércoles pasado el proyecto de ley de Responsabilidad por Criptomonedas en El Salvador (ACES, por sus siglas en inglés), por iniciativa de los senadores republicanos James Risch y Bill Cassidy, y el demócrata Bob Menéndez, en el cual exigen informes sobre la adopción del bitcóin como moneda de curso legal en el país.
En febrero pasado, los funcionarios estadounidenses presentaron la propuesta ante el Congreso y aludieron que temen que en El Salvador ya no se utilice el dólar como moneda oficial sino el bitcóin, y que esta situación genere riesgos que desfavorezcan su sistema financiero.
«Dado que El Salvador ha adoptado el bitcóin como moneda de curso legal, es importante que entendamos y mitiguemos los riesgos potenciales para el sistema financiero de EE. UU.», manifestó el comité en un comunicado de prensa tras conocerse que la iniciativa de ley ACES había sido aprobada.
Por medio de este proyecto, los senadores norteamericanos plantean que el bitcóin en El Salvador supone un riesgo para las finanzas de Estados Unidos.
Por ello, en la propuesta solicitan a la Secretaría de Estado que coordine con las cuentas de los departamentos y agencias federales de relevancia la evaluación de medidas ante este escenario, tales como «análisis de la adopción del bitcóin como moneda de curso legal en El Salvador y los riesgos para la seguridad cibernética, la estabilidad económica y la gobernabilidad democrática en El Salvador», así como «la elaboración de un plan para mitigar los riesgos potenciales para el sistema financiero estadounidense».
En respuesta al proyecto de ley, en Twitter el presidente de la república, Nayib Bukele, expresó: «Nunca hubiera pensado que el Gobierno de Estados Unidos tuviera miedo de lo que se está haciendo aquí». También manifestó que, a diferencia de ese país, El Salvador sí defenderá la libertad. «El Gobierno de Estados Unidos no defiende la libertad, eso es un hecho comprobado, así que defenderemos la libertad. ¡Juego encendido!», tuiteó ayer el mandatario salvadoreño.
En reiteradas ocasiones, el presidente Bukele le ha pedido al Gobierno de EE. UU. que respete la soberanía de El Salvador como una nación autónoma, libre y con la capacidad de adoptar las medidas que considere convenientes y necesarias para el desarrollo y en beneficio de los ciudadanos.
Sin embargo, el Senado estadounidense ha insistido en influir en la política monetaria salvadoreña; de hecho, en el proyecto de ley que se emitió el pasado miércoles también se plantearon las supervisiones al flujo de remesas que serán enviadas hacia el país por los compatriotas residentes en dicha nación.
Asimismo, pretende supervisar los resultados de usar la criptomoneda en la estabilidad macroeconómica y en las finanzas públicas salvadoreñas, incluidos los impuestos; además, el proyecto de ley contempla el estudio de la relación económica y comercial bilateral y la potencial reducción que tendría el uso del dólar en el territorio salvadoreño.
La iniciativa de ley ACES aprobada por el comité de relaciones exteriores del Senado estadounidense pasará a discusión en el pleno en los próximos días. En tanto, El Salvador avanza en la aplicación de la criptomoneda, incluyendo la atracción de inversiones.
Por: DES.
El Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado D de San Miguel condenó a 720 años de prisión a Juan José Castillo Arévalo, alias El Samurái, tras hallarlo culpable de 18 casos de homicidio agravado, entre consumados y tentados, además de los delitos de fraude procesal, amenazas agravadas y agrupaciones ilícitas.
Junto a él, también fueron condenados los exagentes José Onán Castillo Arévalo, a 410 años de cárcel; José Fermín Melgar Luna, a 290 años; y Félix Antonio Rodas Jurado, a 65 años de prisión.
De acuerdo con los hechos probados, los crímenes fueron cometidos entre 2015 y 2017 en distintos distritos de los departamentos de Usulután y San Miguel. Los ahora condenados aprovechaban su condición de agentes policiales y su capacidad operativa en la zona para ejecutar las acciones criminales, vinculándose además a estructuras de agrupaciones ilícitas durante 2017.
Durante la vista pública, la representación fiscal demostró que los imputados utilizaron recursos institucionales para cometer los homicidios y alterar escenas del delito, configurando el fraude procesal, lo que afectó gravemente la seguridad pública y la integridad de las instituciones.
En la misma resolución, el tribunal absolvió a Amílcar Antonio Mejía Rivera de los delitos de fraude procesal y agrupaciones ilícitas. Para el resto de los condenados, la sede judicial ratificó las órdenes de captura vigentes, a fin de que sean localizados y puestos a disposición de las autoridades para el cumplimiento de sus respectivas penas.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador emitió una condena de 12 años de prisión en contra de Andrés de Jesús Rodríguez, por extorsión agravada, en perjuicio de un comerciante del distrito de Cuscatancingo en San Salvador.
Según el expediente judicial, la víctima es un propietario de un negocio de productos varios, quien fue visitado por Rodríguez para exigirle dinero en concepto de renta.
En primera instancia, el comerciante denunció que, desde mediados de 2021, una mujer llegó a su negocio y se identificó como integrante de la pandilla MS13 y le exigió $75 mensuales a cambio de respetarle la vida.
Por temor a represalias, la víctima estuvo pagando la extorsión de forma mensual hasta que en diciembre de 2023 le exigieron $75 adicionales en concepto de aguinaldo. Fue así que el 27 de diciembre decidió interponer la denuncia ante la policía.
Como consecuencia, Rodríguez llegó con amenazas en contra de la víctima, advirtiendo que si no entregaba el dinero enfrentaría las consecuencias. Sin embargo, ante la denuncia, el sujeto fue capturado y procesado por el delito de extorsión.
Una estructura criminal de la pandilla MS13 enfrenta juicio en el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador por el delito de extorsión agravada en perjuicio de un empresario.
De acuerdo a la investigación fiscal, son tres pandilleros quienes comenzaron a cometer el delito desde el año 2014. Exigían sumas de dinero a cambio de no atentar contra la vida de la víctima.
En el año 2019, el empresario decidió interponer la denuncia y se inició el proceso de investigación con participación de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Policía Nacional Civil. De esta manera, mediante el mecanismo de entregas controladas de dinero, lograron identificar a los criminales que cobraban la extorsión.
«Los extorsionistas no recibían directamente el dinero, sino que obligaban a que la víctima lo dejara escondido en algún lugar. No era personal el recibimiento del dinero, sin embargo, con estrategias logramos las capturas. Ahora van a responder ante la justicia por estos hechos cometidos», explicó el fiscal que lleva el caso.
Los pandilleros involucrados en estos hechos fueron capturados a mediados de 2019. Para fundamentar la investigación, la Fiscalía cuenta con cinco testigos de cargo que rendirán sus declaraciones durante la vista pública
