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El Salvador defiende su libertad monetaria ante resolución del Senado de Estados Unidos
El comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos (EE. UU.) aprobó el miércoles pasado el proyecto de ley de Responsabilidad por Criptomonedas en El Salvador (ACES, por sus siglas en inglés), por iniciativa de los senadores republicanos James Risch y Bill Cassidy, y el demócrata Bob Menéndez, en el cual exigen informes sobre la adopción del bitcóin como moneda de curso legal en el país.
En febrero pasado, los funcionarios estadounidenses presentaron la propuesta ante el Congreso y aludieron que temen que en El Salvador ya no se utilice el dólar como moneda oficial sino el bitcóin, y que esta situación genere riesgos que desfavorezcan su sistema financiero.
«Dado que El Salvador ha adoptado el bitcóin como moneda de curso legal, es importante que entendamos y mitiguemos los riesgos potenciales para el sistema financiero de EE. UU.», manifestó el comité en un comunicado de prensa tras conocerse que la iniciativa de ley ACES había sido aprobada.
Por medio de este proyecto, los senadores norteamericanos plantean que el bitcóin en El Salvador supone un riesgo para las finanzas de Estados Unidos.
Por ello, en la propuesta solicitan a la Secretaría de Estado que coordine con las cuentas de los departamentos y agencias federales de relevancia la evaluación de medidas ante este escenario, tales como «análisis de la adopción del bitcóin como moneda de curso legal en El Salvador y los riesgos para la seguridad cibernética, la estabilidad económica y la gobernabilidad democrática en El Salvador», así como «la elaboración de un plan para mitigar los riesgos potenciales para el sistema financiero estadounidense».
En respuesta al proyecto de ley, en Twitter el presidente de la república, Nayib Bukele, expresó: «Nunca hubiera pensado que el Gobierno de Estados Unidos tuviera miedo de lo que se está haciendo aquí». También manifestó que, a diferencia de ese país, El Salvador sí defenderá la libertad. «El Gobierno de Estados Unidos no defiende la libertad, eso es un hecho comprobado, así que defenderemos la libertad. ¡Juego encendido!», tuiteó ayer el mandatario salvadoreño.
En reiteradas ocasiones, el presidente Bukele le ha pedido al Gobierno de EE. UU. que respete la soberanía de El Salvador como una nación autónoma, libre y con la capacidad de adoptar las medidas que considere convenientes y necesarias para el desarrollo y en beneficio de los ciudadanos.
Sin embargo, el Senado estadounidense ha insistido en influir en la política monetaria salvadoreña; de hecho, en el proyecto de ley que se emitió el pasado miércoles también se plantearon las supervisiones al flujo de remesas que serán enviadas hacia el país por los compatriotas residentes en dicha nación.
Asimismo, pretende supervisar los resultados de usar la criptomoneda en la estabilidad macroeconómica y en las finanzas públicas salvadoreñas, incluidos los impuestos; además, el proyecto de ley contempla el estudio de la relación económica y comercial bilateral y la potencial reducción que tendría el uso del dólar en el territorio salvadoreño.
La iniciativa de ley ACES aprobada por el comité de relaciones exteriores del Senado estadounidense pasará a discusión en el pleno en los próximos días. En tanto, El Salvador avanza en la aplicación de la criptomoneda, incluyendo la atracción de inversiones.
Por: DES.
En el marco de la conmemoración del 188 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre México y El Salvador, la Embajada de México en El Salvador desarrolló ayer un conversatorio para reflexionar sobre la importancia de fortalecer estos lazos de cooperación entre los dos países. Ricardo Cantú Garza, embajador de México en El Salvador, comentó que este tipo de eventos sirve «para reconocer cuál ha sido su historia, sus orígenes y con base a eso actuar en el presente con mayor acierto para que las relaciones sigan mejorando».
La conferencia magistral estuvo a cargo de Mario Vásquez, secretario académico del Centro de Investigaciones de América Latina y el Caribe de la Universidad Nacional Autónoma de México y Roberto Turcios, miembro de la Academia Salvadoreña de la Historia, quienes dieron detalles de las relaciones diplomáticas entre ambas naciones, desde sus primeros años.
Cristian Armando Jacobo Galdámez y José Manuel Calles Menjívar fueron condenados a 40 y 22 años de prisión, respectivamente, por delitos sexuales cometidos en Chalatenango Sur. Los abusos sucedieron durante los años 2017 al 2021.
«De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía, Jacobo Galdámez era el vecino de la víctima y desde que ella tenía 10 años la abusó sexualmente. Las agresiones terminaron cuatro años después», explicó la fiscal del caso.
El imputado utilizaba la fuerza y mediante amenazas introducía a la menor a su casa para violarla.
«En cambio, Calles Menjívar era la pareja de un familiar cercano de la niña y aprovechaba de tocarla y violarla cuando visitaba a su abuela», dijo la fiscal.
A Jacobo Galdámez se le condenó a 20 años de prisión por el delito de violación en menor o incapaz continuada y otros 20 por el de agresión sexual en menor o incapaz continuada. Y a Calles Menjívar se le impuso 14 años por violación y ocho más por agresión sexual.
La pandillera Odaly Aracely Pineda Ochoa fue condenada a 16 años de prisión por haber extorsionado durante tres años a una víctima.
«En 2021, la imputada llegó al negocio de la víctima para exigirle el pago mensual de la extorsión a cambio de no atentar contra su vida ni la de sus familiares. Además, se identificó como integrante de la estructura criminal MS-13 para intimidarla y obligarla a entregar el dinero», señaló el fiscal del caso.
Los hechos ocurrieron en el distrito de Cuscatancingo, municipio de San Salvador Centro, departamento de San Salvador. A causa del temor y las constantes amenazas, la víctima realizó los pagos de 2021 a 2024.
«Sin embargo, en este último año decidió denunciar los hechos ante las autoridades, lo que permitió iniciar las investigaciones y emitir una orden administrativa de detención contra la imputada», detalló el fiscal.
Añadió que «durante la vista pública, la representación fiscal presentó abundante prueba testimonial, documental y pericial que demostró la responsabilidad de la acusada. El testimonio de la víctima fue clave para acreditar los hechos».
La condena fue determinada por el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador.
