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El FMLN cree que decisión de abrir un nuevo juicio por la masacre de los jesuitas es una resolución política
Para la diputada del FMLN, Anabel Belloso, la aceptación del amparo interpuesto por el fiscal general de la República, Rodolfo Delgado, ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) es una acción política, por lo que el partido de izquierda no respalda la oportunidad que se abre para buscar justicia en el caso de la masacre de los jesuitas de la UCA, pese a que en el pasado abogada por llevar a juicio a los implicados en el hecho.
Belloso calificó la medida de la Sala como una acción orientada a fines políticos y alejada de la búsqueda de justicia, pese a que, con su decisión, la Sala de lo Constitucional reconoce el derecho de toda persona y la sociedad en general a conocer la verdad íntegra, completa y pública sobre los hechos ocurridos, sus circunstancias específicas y quiénes participaron en ellos.
“Lo que vemos ahora de parte del régimen de Bukele no es un compromiso real con la reparación o la resarcición de los derechos de las víctimas, sino que es el manejo malintencionado, siempre desde el punto de vista comunicacional, para generar cortinas de humo, desviar los temas que la gente está demandando con este tipo de situaciones”, dijo Belloso.
“En esto, creo que, como lo vimos hace unos días en el pleno, alrededor de un indulto que se había solicitado por alguien relacionado al caso de los jesuitas, el manejo fue más para genera la percepción en la población de que ellos tienen un compromiso en este tema, pero ellos no lo tienen”, agregó.
En estos días se ha dado a conocer que la Sala admitió la demanda presentada por el fiscal general contra la resolución que la Sala de lo Penal emitió el 8 de septiembre de 2020, mediante la cual declaró la nulidad absoluta del proceso penal instruido en el caso de la masacre de los sacerdotes jesuitas.
La Sala de lo Constitucional consideró que, con la resolución de la Corte Plena, se habría obstaculizado el acceso a la justicia de las víctimas y el derecho a conocer la verdad, generando un obstáculo al desarrollo del proceso penal correspondiente. El presidente de la CSJ, Óscar López Jerez, confirmó la resolución de la Sala y la notificación que se ha hecho a todas las partes.
Con esta acción, la Sala abre un camino a la búsqueda de la verdad y la justicia en uno de los casos más emblemáticos de la historia del período de la guerra civil en El Salvador. Esta acción llega luego que, pese a ejercer el poder del Órgano Ejecutivo durante 10 años, el FMLN no realizó acciones concretas para garantizar la reparación y justicia a víctimas del conflicto armado.
Tres mujeres se desmayaron al interior del cementerio Santa Isabel, en el distrito de Santa Ana, según informaron voceros de Cruz Azul Salvadoreña.
De acuerdo con la institución de socorro, una de las afectadas es una menor de 17 años, mientras que las otras dos mujeres tienen 18 y 65 años de edad.
Socorristas de Cruz Azul Salvadoreña brindaron primeros auxilios a las tres mujeres en el lugar y posteriormente las trasladaron al hospital más cercano para recibir atención médica.
Los voceros añadieron que dos de las víctimas fueron llevadas al centro asistencial aún en estado inconsciente.
Nacionales
Atención: ANDA prevé interrupciones temporales en el servicio de agua potable en Usulután Este
La Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) informó que el servicio de agua potable se verá afectado temporalmente en varios sectores del distrito de Concepción Batres, municipio de Usulután Este, debido a labores de mantenimiento programadas por la distribuidora eléctrica.
La interrupción está prevista para mañana, domingo 21 de junio, en el horario comprendido entre las 6:00 de la mañana y las 3:00 de la tarde. Durante ese período, el sistema de distribución de agua potable podría presentar afectaciones mientras se ejecutan los trabajos en la red eléctrica.
Las zonas que podrían experimentar inconvenientes en el suministro son los barrios El Calvario, Candelaria, El Centro, La Parroquia y San Antonio. Asimismo, la medida afectará al caserío Santa Lucía, la colonia El Progreso y la lotificación El Paraisal II.
ANDA explicó que la afectación está vinculada directamente a la suspensión temporal del servicio eléctrico, indispensable para el funcionamiento de los sistemas de bombeo y distribución de agua potable.
La institución indicó que, una vez sea restablecido el suministro de energía eléctrica, los sistemas retomarán su operación habitual.
El ministro de Trabajo, Rolando Castro, afirmó que la empresa donde ocurrió el accidente laboral que dejó un trabajador fallecido ya había sido inspeccionada previamente por la institución debido a incumplimientos en materia de seguridad ocupacional.
Según el funcionario, durante visitas anteriores se detectó que la compañía no contaba con un comité de seguridad y que las observaciones realizadas por los técnicos del Ministerio de Trabajo no fueron atendidas. “Además de las recomendaciones que brindamos con nuestros técnicos, ninguna cumplieron”, señaló.
Castro lamentó la muerte del trabajador y advirtió que la empresa deberá responder por las irregularidades encontradas. “Hoy lamentamos la pérdida de vidas humanas. Van a tener que indemnizar a sus familias y también tendrán que responder todos los hallazgos encontrados”, sostuvo.
El accidente ocurrió en una obra de construcción ubicada en la colonia Villas de San Rafael, sector del puente El Trébol, en Santa Ana, donde un derrumbe de tierra dejó soterrados a dos trabajadores.
Equipos de socorro lograron rescatar con vida a uno de ellos, quien fue trasladado a un centro asistencial. Sin embargo, la segunda víctima fue encontrada sin signos vitales durante las labores de búsqueda.
Las autoridades iniciaron una investigación para determinar responsabilidades y esclarecer las causas del colapso. La obra está vinculada a la empresa AYM Ingenieros, la cual formará parte de las investigaciones para establecer si existieron incumplimientos en las medidas de seguridad ocupacional que pudieron influir en el accidente.
Las autoridades buscan determinar las responsabilidades correspondientes tras la muerte del trabajador.
