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Douglas Meléndez, con nepotismo garantizó en FGR un nicho de corrupción e impunidad
Douglas Meléndez regresó al ostracismo de su cuestionada vida profesional y que solamente abandonó durante los años “mediáticos” como Fiscal General.
El 5 de enero de 2016, se conoció por la Sociedad Civil que la búsqueda del nuevo Fiscal General por parte de la Asamblea Legislativa había culminado con la formulación de un Dictamen favorable de la Comisión Política que recomendaba nombrar en el cargo al abogado Douglas Arquímides Meléndez Ruiz. Finalmente, Meléndez resultó electo de una forma abrumadora con 83 votos y la única oposición del ahora diputado por el partido Nuestro Tiempo, Johnny Wright Sol, cuyo padre (Juan Tennant Wright) curiosamente fue beneficiado por el Exfiscal Meléndez, al dejar que prescribiera la acción penal sobre el delito de lavado de dinero, cometido en el manejo de los fondos provenientes del gobierno de Taiwán.
Las crónicas periodísticas de aquel momento destacaban que: “Meléndez (de 49 años), en 2006, durante el último gobierno de ARENA, dejó la Fiscalía y pasó a ser jefe de Dirección General de Aduanas. Un año más tarde ingresó a trabajar en la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) bajo el mando de Hugo Barrera. Actualmente trabajaba en esa institución desempeñando el cargo de gerente legal.”
Pese a los intentos por destacar hojas de “éxito” en las actuaciones que Douglas Meléndez tuvo durante su etapa como Fiscal Auxiliar, en el fondo se ocultaba la realidad de un personaje que de acuerdo a un Excompañero fiscal de la primera etapa de aquel en la institución y quien habló bajo reserva de anonimato que: “El Exfiscal General, Douglas Meléndez, alias “pollo crudo”, siempre fue un tipo opaco, de pocas luces, pero que aprovechaba toda oportunidad para demostrar a sus superiores que podía cumplir cualquier orden, sin importar a quien o qué se debiera atropellar o qué normas legales se tenían que vulnerar y esa actitud le valió continuos ascensos, pese a sus escasos conocimientos de derecho y lo cuestionado de su título académico, obtenido en la Universidad de Las Américas, que fue clausurada por las prácticas irregulares en los procesos educativos y de acreditación profesional.”
La misma fuente, recuerda algunos de los casos donde se extendía contra Douglas Meléndez la sombra de fraudes procesales y de ocultamiento de hechos para evitar que los verdaderos responsables fueran alcanzados por la justicia. Entre estos citó que algunos de los casos que le fueron asignados al que después llegaría a ser Fiscal General, tales como: El caso de la millonaria Estafa piramidal conocida como FOMIEXPORT, en la que solamente se obtuvieron condenas nominativas contra Burkhard Norberf Fromme, Jorge Alberto Flores Herrador, Joel Ernesto García Gutiérrez y otros, penas que nadie cumplió y las víctimas no recuperaron nada; El caso García-Prieto, donde se desaparecieron documentos que vinculaban a detenidos con unidades militares, pero al perderse la prueba no pudieron realizarse pericias grafotécnicas; el caso de los títulos irregulares, en el que Meléndez fue “Juez y Parte”; y el caso “BFA” donde, de acuerdo al apoderado legal de Enrique Rais, se utilizaron negocios mercantiles para crear una “criminalización” que no pudo sostenerse en los tribunales y que tenía como objetivo ocultar la verdadera corrupción en la que se extraviaron miles de sacos de abono de las bodegas del Banco de Fomento Agropecuarion, que habían sido donados por el gobierno de Japón.
- El Clan Meléndez-Ruiz Ponce y la cooptación de la FGR.
El 25 de enero de 2016 el entonces nuevo Fiscal, Douglas Meléndez, denunció públicamente que en la FGR había asignación de “decenas” de familiares, parientes y amigos de extitulares y Jefes de Fiscalía en puestos que deberían ser ocupados por fiscales con experiencia en la investigación del delito. (Fuente: https://historico.eldiariodehoy.com/historico-edh/9473/fiscal-general-denuncia-decenas-de-casos-de-nepotismo-en-la-fiscalia.html)
Al contrario de sus palabras, lo que Meléndez realizó fue precisamente lo que criticaba, al colocar a sus parientes y personas con las que tenía un alto grado de amistad o vínculos especiales de hermandad (compadrazgos en sentido religioso). De esta manera, el Fiscal General se agenciaba la total lealtad de los ejecutores materiales de sus actuaciones ilegales, brindando una justicia no solamente “selectiva”, sino fabricando casos por encargos políticos y/o económicos. Una fuente consultada que laboró en la FGR durante los años en que Douglas Meléndez lo describe de la siguiente manera:
“(Douglas) Meléndez, en virtud de su experiencia previa como subalterno en la FGR, conocía la necesidad de los Fiscales Generales bajo cuya subordinación trabajó, consistente en agenciarse principalmente a personas leales y capaces de hacer todas las acciones “sucias” que fueran necesarias para cumplir los intereses políticos y económicos que dictaban la agenda de la Fiscalía.”
Es así que el Exfiscal General, se rodeó de algunos de sus familiares quienes ya estaban dentro de la institución y a quienes ascendió o mejoró en sus condiciones brindándoles poder, como a su primo hermano, Wil Walter Ruiz, a quien designó como Jefe de la Unidad de Crimen Organizado y quien se encuentra acusado por los abogados del empresario Suizo-Salvadoreño, por haber fabricado un caso penal con escuchas telefónicas ilegales contra su cliente; en igual situación está la técnica de la Unidad de Análisis, Ena Maricela Granados Ponce, quien es prima de Wil Walter Ruiz y se comprobó en juicio que adulteró prueba para aparentar unas llamadas telefónicas atribuidas a Rais, que en realidad había realizado el abogado Ernesto Gutiérrez con una mujer.
La Red Familiar que se convirtió en Crimen Organizado
Estas son las pruebas de la corrupción del Clan Meléndez y la forma en que utilizaron la FGR para vender justicia.
El Ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro; el Ministro de la Defensa Nacional, René Francis Merino Monroy; y el Fiscal General de la República, Rodolfo Delgado, brindaron detalles sobre la incautación de droga más grande registrada en la historia de El Salvador.
De acuerdo con la información oficial, fueron decomisadas 6.6 toneladas de cocaína, con un valor estimado de 165 millones de dólares, distribuidas en 330 bultos. La operación fue ejecutada a 380 millas náuticas al suroeste de las costas nacionales, como parte de acciones de vigilancia y control en aguas internacionales.
El ministro Villatoro destacó que, más allá del valor económico, la cantidad incautada representa aproximadamente 19.8 millones de dosis que, según explicó, estaban destinadas a ser distribuidas en distintas ciudades.
Las autoridades resaltaron el trabajo coordinado de las instituciones de seguridad y defensa, subrayando que este tipo de resultados reflejan la capacidad operativa del país en el combate al narcotráfico.
En el procedimiento fueron detenidas las siguientes personas de distintas nacionalidades:
José Martín Cerda Cea, 60 años (Nicaragua)
Roberto Adolfo Díaz, 64 años (Nicaragua)
Francisco Javier García Duval, 63 años (Nicaragua)
José Ramiro Valencia Fox, 59 años (Ecuador)
Luis Enrique Rodelo Osorio, 59 años (Colombia)
Antonio José Angulo Narváez, 59 años (Colombia)
Mario Alonso Pérez Hernández, 58 años (Colombia)
Miguel Antonio Galeano Ariza, 71 años (Colombia)
Yareth Samir Carr Garcés, 29 años (Panamá)
Vicente Ramos, 60 años (Panamá)
Los detenidos serán puestos a disposición de las autoridades competentes para enfrentar el proceso judicial correspondiente.
El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador llevó a cabo la vista pública en contra de José René Ventura Alvarado, acusado del delito de estafa agravada.
De acuerdo con la investigación, entre diciembre de 2018 y enero de 2019, el imputado se reunió con la víctima, presentándose como propietario de una sociedad importante de talleres y negoció la adquisición de una cantidad masiva de llantas.
José Ventura propuso recibir la mercadería y efectuar el pago en un tiempo estipulado. La víctima, confiando en la supuesta reputación de la sociedad, cumplió lo acordado y entregó cuatro pedidos en diversas sucursales de los talleres, cuyo valor total ascendió a $375,360.04.
Transcurrido el tiempo pactado, el imputado no realizó el pago. Tras varios intentos fallidos por recuperar el dinero y ante múltiples excusas por parte del procesado, la víctima interpuso la denuncia correspondiente.
Durante el desfile probatorio, el tribunal determinó que el imputado solicitó la entrega de las llantas haciéndose pasar por un empresario confiable y afirmando poseer dos sociedades; sin embargo, dichas sociedades ni siquiera estaban constituidas legalmente.
Asimismo, se estableció que no tenía intención de cumplir con el pago de la mercadería. Por estos hechos, el tribunal le impuso una pena de cinco años de prisión, que podrían aumentar si Ventura Alvarado no cumple con el pago de $375,360.04 en concepto de responsabilidad civil.
El Ministerio de Obras Públicas informó sobre la transformación de 8 kilómetros de la calle que conecta desde El Ceibillo hacia San José El Naranjo, en el departamento de Ahuachapán. La obra busca mejorar la conectividad y garantizar un tránsito más seguro para las comunidades de la zona.
Con la pavimentación de esta vía, niños, jóvenes y adultos podrán movilizarse en condiciones óptimas, facilitando el acceso a centros educativos, comercios y servicios básicos. La intervención forma parte de los proyectos de infraestructura impulsados para fortalecer el desarrollo local.
Más de 28,000 habitantes son beneficiados directamente con la mejora de la calle que conduce a San José El Naranjo, en Jujutla, Ahuachapán Sur, impactando positivamente en la calidad de vida y dinamizando la economía del sector.
