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Douglas Meléndez, con nepotismo garantizó en FGR un nicho de corrupción e impunidad
Douglas Meléndez regresó al ostracismo de su cuestionada vida profesional y que solamente abandonó durante los años “mediáticos” como Fiscal General.
El 5 de enero de 2016, se conoció por la Sociedad Civil que la búsqueda del nuevo Fiscal General por parte de la Asamblea Legislativa había culminado con la formulación de un Dictamen favorable de la Comisión Política que recomendaba nombrar en el cargo al abogado Douglas Arquímides Meléndez Ruiz. Finalmente, Meléndez resultó electo de una forma abrumadora con 83 votos y la única oposición del ahora diputado por el partido Nuestro Tiempo, Johnny Wright Sol, cuyo padre (Juan Tennant Wright) curiosamente fue beneficiado por el Exfiscal Meléndez, al dejar que prescribiera la acción penal sobre el delito de lavado de dinero, cometido en el manejo de los fondos provenientes del gobierno de Taiwán.
Las crónicas periodísticas de aquel momento destacaban que: “Meléndez (de 49 años), en 2006, durante el último gobierno de ARENA, dejó la Fiscalía y pasó a ser jefe de Dirección General de Aduanas. Un año más tarde ingresó a trabajar en la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) bajo el mando de Hugo Barrera. Actualmente trabajaba en esa institución desempeñando el cargo de gerente legal.”
Pese a los intentos por destacar hojas de “éxito” en las actuaciones que Douglas Meléndez tuvo durante su etapa como Fiscal Auxiliar, en el fondo se ocultaba la realidad de un personaje que de acuerdo a un Excompañero fiscal de la primera etapa de aquel en la institución y quien habló bajo reserva de anonimato que: “El Exfiscal General, Douglas Meléndez, alias “pollo crudo”, siempre fue un tipo opaco, de pocas luces, pero que aprovechaba toda oportunidad para demostrar a sus superiores que podía cumplir cualquier orden, sin importar a quien o qué se debiera atropellar o qué normas legales se tenían que vulnerar y esa actitud le valió continuos ascensos, pese a sus escasos conocimientos de derecho y lo cuestionado de su título académico, obtenido en la Universidad de Las Américas, que fue clausurada por las prácticas irregulares en los procesos educativos y de acreditación profesional.”
La misma fuente, recuerda algunos de los casos donde se extendía contra Douglas Meléndez la sombra de fraudes procesales y de ocultamiento de hechos para evitar que los verdaderos responsables fueran alcanzados por la justicia. Entre estos citó que algunos de los casos que le fueron asignados al que después llegaría a ser Fiscal General, tales como: El caso de la millonaria Estafa piramidal conocida como FOMIEXPORT, en la que solamente se obtuvieron condenas nominativas contra Burkhard Norberf Fromme, Jorge Alberto Flores Herrador, Joel Ernesto García Gutiérrez y otros, penas que nadie cumplió y las víctimas no recuperaron nada; El caso García-Prieto, donde se desaparecieron documentos que vinculaban a detenidos con unidades militares, pero al perderse la prueba no pudieron realizarse pericias grafotécnicas; el caso de los títulos irregulares, en el que Meléndez fue “Juez y Parte”; y el caso “BFA” donde, de acuerdo al apoderado legal de Enrique Rais, se utilizaron negocios mercantiles para crear una “criminalización” que no pudo sostenerse en los tribunales y que tenía como objetivo ocultar la verdadera corrupción en la que se extraviaron miles de sacos de abono de las bodegas del Banco de Fomento Agropecuarion, que habían sido donados por el gobierno de Japón.
- El Clan Meléndez-Ruiz Ponce y la cooptación de la FGR.
El 25 de enero de 2016 el entonces nuevo Fiscal, Douglas Meléndez, denunció públicamente que en la FGR había asignación de “decenas” de familiares, parientes y amigos de extitulares y Jefes de Fiscalía en puestos que deberían ser ocupados por fiscales con experiencia en la investigación del delito. (Fuente: https://historico.eldiariodehoy.com/historico-edh/9473/fiscal-general-denuncia-decenas-de-casos-de-nepotismo-en-la-fiscalia.html)
Al contrario de sus palabras, lo que Meléndez realizó fue precisamente lo que criticaba, al colocar a sus parientes y personas con las que tenía un alto grado de amistad o vínculos especiales de hermandad (compadrazgos en sentido religioso). De esta manera, el Fiscal General se agenciaba la total lealtad de los ejecutores materiales de sus actuaciones ilegales, brindando una justicia no solamente “selectiva”, sino fabricando casos por encargos políticos y/o económicos. Una fuente consultada que laboró en la FGR durante los años en que Douglas Meléndez lo describe de la siguiente manera:
“(Douglas) Meléndez, en virtud de su experiencia previa como subalterno en la FGR, conocía la necesidad de los Fiscales Generales bajo cuya subordinación trabajó, consistente en agenciarse principalmente a personas leales y capaces de hacer todas las acciones “sucias” que fueran necesarias para cumplir los intereses políticos y económicos que dictaban la agenda de la Fiscalía.”
Es así que el Exfiscal General, se rodeó de algunos de sus familiares quienes ya estaban dentro de la institución y a quienes ascendió o mejoró en sus condiciones brindándoles poder, como a su primo hermano, Wil Walter Ruiz, a quien designó como Jefe de la Unidad de Crimen Organizado y quien se encuentra acusado por los abogados del empresario Suizo-Salvadoreño, por haber fabricado un caso penal con escuchas telefónicas ilegales contra su cliente; en igual situación está la técnica de la Unidad de Análisis, Ena Maricela Granados Ponce, quien es prima de Wil Walter Ruiz y se comprobó en juicio que adulteró prueba para aparentar unas llamadas telefónicas atribuidas a Rais, que en realidad había realizado el abogado Ernesto Gutiérrez con una mujer.
La Red Familiar que se convirtió en Crimen Organizado
Estas son las pruebas de la corrupción del Clan Meléndez y la forma en que utilizaron la FGR para vender justicia.
La Fiscalía General de la República (FGR) condenó a 15 años de prisión a tres pandilleros del Barrio 18, quienes se encuentran acusados de extorsionar a un comerciante en Apopa.
De acuerdo con información fiscal, estos sujetos llegaron al negocio de la víctima para exigirle el pago de la denominada renta, la cual tenía que pagar mensualmente y le amenazaron con atentar contra su vida o la de su familia, si no cumplía con los pagos. A través de las amenazas, la víctima los denunció y las autoridades lograron capturarlos.
Los condenados fueron identificados como Dennis Nehemías Carrillo Mejía, Manuel Antonio Acosta Mercado, y César Enrique Rivera Rivas, quienes son también procesados por otros delitos cuyas condenas se sumarán a la obtenida por este hecho.
El Salvador asumió el liderazgo del Plan Trifinio para encabezar los esfuerzos de protección de los recursos naturales, como reservas forestales y cuencas hidrográficas, que comparte con Guatemala y Honduras en las zonas fronterizas de los tres países.
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El nuevo secretario ejecutivo trinacional, Jorge Urbina, dirigirá el programa desde 2026 hasta 2030, priorizando iniciativas ambientalmente sostenibles en una región de aproximadamente 7,500 km².
El Plan Trifinio, vigente desde hace unos 35 años, se basa en un tratado que declaró la zona fronteriza de los tres países como una unidad ecológicamente indivisible, debido a su valor medioambiental estratégico.
Esta área constituye uno de los sistemas hídricos más relevantes de Centroamérica y alberga once reservas naturales donde convergen la producción agrícola y la conservación de la biodiversidad.
Prioridad hídrica y desafíos productivos
Jorge Urbina subrayó además que “nuestro eslogan es aguas sin fronteras”, reflejando la lógica de colaboración que inspira el Plan Trifinio en materia de recursos hídricos.
Urbina explicó durante una entrevista en Diálogo 21 que el principal reto institucional consiste en equilibrar el desarrollo económico regional con la protección ambiental.
El trabajo de asistencia técnica que impulsa el Plan Trifinio abarca todas las cadenas productivas, principalmente el cultivo de café, hortalizas, aguacate y melocotón, en una región donde las tierras altas presentan condiciones óptimas para la agricultura.
La participación de las familias rurales en la caficultura es significativa, según los datos presentados, el 26 % de las familias rurales dependen directamente de esta producción, la cual abarca cerca de 52,000 hectáreas y alcanza más de 1.2 millones de quintales de café anualmente entre los tres países.
Mantener el equilibrio entre el desarrollo económico derivado de estas actividades y la preservación ambiental es considerado clave por el nuevo liderazgo trinacional.
El 26 % de las familias rurales de la región depende directamente de la producción de café, que ocupa 52,000 hectáreas y supera 1.2 millones de quintales anuales. Foto cortesía Medio Ambiente.
El fortalecimiento de la gestión sostenible cuenta con el respaldo de la Cooperación Italiana, que ha impulsado un programa tecnológico en el municipio salvadoreño de Metapán.
Este programa no solo brinda asistencia técnica agrícola, sino que promueve la investigación y dispone de laboratorios de análisis foliar y de suelo, para determinar si existen contaminantes, falta de nutrientes u otros factores que afecten las cosechas.
El apoyo internacional se refuerza con la participación del Banco de Alemania KFW, que junto con los tres gobiernos destina una inversión de más de $22 millones hasta 2027 exclusivamente a la protección medioambiental.
Se han planificado proyectos para mejorar la seguridad hídrica, destacando la entrega de 180,000 filtros de agua en la región durante el primer trimestre del año; de estos, 60,000 permanecerán en El Salvador. Además, se desarrollan sistemas de captación de agua para abastecer a más de 100 familias locales del departamento de Santa Ana, subrayando la importancia de garantizar el acceso sostenible al recurso.
La cuenca alta del río Lempa, que nace en las montañas altas de Chiquimula, Guatemala, representa un área prioritaria para la distribución de agua en El Salvador.
Urbina enfatizó que más del 40 % del agua potable de la zona metropolitana de San Salvador se abastece de este río, el cual recorre aproximadamente 390 kilómetros en territorio salvadoreño y soporta cuatro represas hidroeléctricas así como dos distritos de riego.
La producción de 13 mil manzanas de frijol en 2025 representa uno de los principales logros del programa Aumento a la Producción, una estrategia implementada por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) para enfrentar el déficit alimentario en El Salvador. Según datos presentados por Mateo Rendón, representante de la Mesa Agropecuaria, Rural e Indígena, el plan permitió que gremiales y productores independientes colaboraran en la siembra anticipada y tecnificada, con el objetivo de estabilizar los precios y reducir la dependencia de las importaciones.
En entrevista con Radio YSUCA, el representante de la Mesa Agropecuaria explicó que la sequía proyectada para mediados de 2025 no se materializó, lo que facilitó condiciones favorables para el cultivo. Indicó que la experiencia de años anteriores, marcados por tormentas y pérdidas de hasta el 50% en granos básicos, llevó a una coordinación temprana entre la cartera de Estado y las organizaciones del sector. En noviembre de 2024, el MAG convocó a las gremiales para diseñar un programa que respondiera a la escasez de alimentos, especialmente de frijol y maíz.
El programa Aumento a la Producción se orientó a ofrecer insumos y semillas de calidad en los momentos clave del ciclo agrícola. “La siembra de frijoles de invierno fue un éxito porque seleccionamos las zonas y los productores, y las 500 manzanas iniciales lograron sortear la sequía”, dijo Rendón durante la entrevista. Sobre la fase de verano, el programa asignó siete mil manzanas a la Mesa Agropecuaria, distribuidas en 13 departamentos, y se impulsó la producción en otras seis mil manzanas adicionales por parte de varias gremiales.
“No solo nosotros sembramos, también otras gremiales, al final fuimos como cinco y se sembraron 13 mil manzanas (de frijol) el año pasado. A los productores se nos dotó de semilla…No fue un paquete agrícola, se verificó a las personas sobre cuánto sembró, dónde sembró y eso fue el éxito”, detalló Rendón.
Las cifras divulgadas por los representantes del sector indican que la cosecha de frijol aportó cerca de 300 mil quintales al mercado nacional, parte fundamental para atender el déficit registrado en años anteriores. Según el MAG, en 2024 El Salvador importó frijol por un valor de $50 millones, principalmente desde Nicaragua. Con la cosecha de 2025, el país tuvo una menor presión sobre las importaciones y una mayor estabilidad en los precios internos. “En estos momentos, el frijol puede encontrarse en los agromercados entre 70 centavos y un dólar la libra, dependiendo de la zona”, afirmó Rendón.
El plan de siembra incluyó la dotación de insumos verificados, como la fórmula triple quince, foliar, insecticidas y fungicidas, además de asistencia técnica y seguimiento a la comercialización. El modelo buscó superar las limitaciones del tradicional paquete agrícola, enfocándose en la productividad y la trazabilidad de los beneficiarios. “No era suficiente entregar insumos, sino asegurar que realmente llegaran a quienes cultivan”, sostuvo Rendón.
Para este año, el Ministerio de Agricultura y Ganadería proyecta incrementar el alcance del programa con la siembra de 20 mil manzanas de frijol, lo que permitiría acercarse al consumo anual estimado de 2.4 millones de quintales en el país. El consumo per cápita de frijol entre los salvadoreños adultos ronda las cuarenta libras al año. Las autoridades y los productores esperan que, si las condiciones climáticas se mantienen favorables y la distribución de insumos continúa siendo eficiente, El Salvador logre avanzar hacia una mayor autosuficiencia en la producción de granos básicos.
El programa también fomenta la mecanización y la adopción de nuevas tecnologías en el campo, incluyendo el uso de maquinaria agrícola, drones para riego y equipos de limpieza modernos. Este proceso responde a la dificultad creciente para encontrar mano de obra, un problema asociado a la migración y al envejecimiento de la población rural.
En palabras de Rendón, “el éxito de estas iniciativas depende de una mayor inversión, coordinación y formación técnica en el sector, así como de políticas públicas que prioricen la seguridad alimentaria”.
