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Diego Escobar, ex fiscal y abogado de la Mafia Ítalo-Canadiense a espera de conocer si va a juicio por caso Ros
El Ex fiscal auxiliar Diego Balmore Escobar está acusado de haberse aprovechado de su puesto para extraer información confidencial contenida en el ROS.
El Juzgado Octavo de Instrucción de San Salvador donde se ventila el caso contra Diego Escobar, el fallecido periodista Lafitte Fernánez y el Ex presidente Mauricio Funes, informó la reprogramación de la lectura del fallo para el viernes diecisiete de diciembre del presente año, esto ocurrió el pasado lunes trece de diciembre, fecha que había quedado precisada al cierre de la audiencia preliminar. En esencia el caso se deriva de una supuesta colusión de los tres antes mencionados para extraer y divulgar la información contenida en el Registro de Operaciones Sospechosas (ROS) que contenía movimientos financieros realizados por el Ex presidente de la República -ya fallecido- Francisco Flores con fondos donados por el Gobierno de Taiwán y que fueron utilizados para financiar la campaña política del partido ARENA, según declaro otró Ex presidente del país Antonio “Toni” Saca.
En el caso de Fernández, la Fiscalía solicitó su sobreseimiento definitivo en virtud de su reciente deceso y sobre Mauricio Funes, el juzgado al finalizar la audiencia preliminar lo declaró rebelde lo que significa que su expediente quedará archivado hasta que comparezca a afrontar la justicia. Pero ¿Quién es en realidad Diego Balmore Escobar, por qué se vio involucrado en este caso, qué lo motivó a faltar a la confianza que le había sido depositada en la Fiscalía General de la República (FGR) y qué consecuencias trajo a la institución y al país la acción de extraer el ROS y entregarlo a terceros?
Sobre estas interrogantes ahonda este medio, en forma previa a que se conozca el fallo que dictará el juez de instrucción.
Amigo de confianza del Ex fiscal general Douglas Meléndez
Diego Balmore Escobar formó parte del equipo de fiscales auxiliares con los que Douglas Meléndez inició las actividades del Grupo Anticorrupción en la FGR, a inicios del año dos mil. Luego de abandonar su trabajo en el año dos mil trece, por ser sospechoso en investigaciones internas de la FGR de haber extraído el ROS, se auto exilió en Costa Rica y solamente volvió al país cuando se materializó la elección de Douglas Meléndez, siendo uno de los primeros conocidos del nuevo Fiscla General que salió a brindar declaraciones.
Abogado de la Mafia Ítalo-Canadiense
Uno de los primeros casos en los que se le vio en la FGR, ya no como fiscal sino como abogado en ejercicio independiente, fue en junio de 2016, cuando ya cuando se consideraba en “impunidad” ante cualquier investigación por la comisión del delito de revelación de hehos, actuaciones o documentos secretos por empleado oficial, previsto en el art. 324 del Código Penal y que contiene una penalidad de entre cuatro a seis años de prisión.
El caso en que reapareció fue como abogado de personas relacionadas con la mafia ítalo canadiense, de acuerdo a investigación periodista que el propio Lafitte Fernández entonces Editor Jefe de El Diario de Hoy había efectuado en septiembre de 2004 y que corroboró que el Ex alcalde de San Salvador Héctor Silva Argüello había constituido un acuerdo de asocio con grupos criminales que manejaban sociedades fachadas en Canadá, para ocultar sus verdaderos negocios relacionados con el crimen organizado.
El caso en breve
De acuerdo al contenido de la denuncia que en agosto de 2016, el abogado Sergio Portillo Toruño interpuso en Fiscalía contra Diego Escobar, resulta que mientras este último se desempeñaba como agente fiscal asignado a investigaciones sobre actos de corrupción, tuvo conocimiento y contacto con el ROS enviado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos de América que establecía la ruta de fondos que habían seguido depósitos millonarios efectuados por el Ex presidente Francisco Flores.
Sería ante el conocimiento del ROS, que Diego Escobar se habría puesto en contacto con el periodista Lafitte Fernández quien trianguló en una negociación en la cual el primero recibiría la suma de US $120 mil dólares por filtrar el documento, al parecer directamente al Ex presidente Mauricio Funes, quien lo hizo público en su programa de radio. Cuando se inició la investigación interna en la FGR para saber cómo y quién sustrajo el ROS, Diego Escobar sin avisar a nadie dejó de asistir al trabajo y se fue del país con destino a Costa Rica, donde recibió “refugio” en una finca propiedad de Lafitte Fernández.
La defensa de Diego Escobar en su momento quiso plantear como hipótesis de los hechos que el ROS en realidad había llegado a manos de Mauricio Funes por medio de Mario Acosta Oertel. De hecho una fuente judicial manifestó a este medio que un abogado vinculado al caso corruptela que se diligenciaba en el Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador pretendió acceder a registros de mensajes de texto y audios del Ex presidente Funes para vincular al caso a Acosta Oertel.
En enero 2019, la Fiscalía acusó a los tres imputados aunque como inicialmente se dijo el único que ha comparecido es Diego Escobar y poco se ha podido conocer dentro del plano judicial sobre el caso ya que le fue declarada reserva total por la FGR bajo titularidad del Ex fiscal general Raúl Melara.
Se espera que Diego Escobar sea enviado a juicio, dada la gravedad legal que su proceder significó pues vulneró la expectativa de confianza de la FGR por la que había sido asignado al control de esa clase de documentos relacionados a investigaciones por lavado de dinero, además de haberlo hecho presuntamente por recibir una cuantiosa suma de dinero proveniente de fondos reservados de Casa Presidencial y provocar con su conducta que el país fuera sancionado internacionalmente con la expulsión de organismos que combate el lavado de dinero y activos, así como restringido de información internacional sobre operaciones financieras de investigados por inobservar las medidas de reserva del ROS.
La prolonganción de esta herramienta legal fue avalada con los votos de 57 diputados de los partidos Nuevas Ideas, PCN y PDC, que consideraron válidos los argumentos planteados por el Órgano Ejecutivo al solicitar la extensión por 30 días, entre esos que «existen intentos de reorganización de grupos criminales».
En el decreto se expone que las autoridades recientemente capturaron a sujetos que tenían la aspiración de formar y operar pandillas cerca de los centros escolares, o sus entornos, a través de acciones como la «intimidación, reclutamiento y promoción de actividades ilícitas».
Agrega que el contexto regional demanda de atención especial, debido a que se «ha elevado y acelerado la actuación criminal en distintos países de la región, particularmente en la República de Guatemala».
Se subraya que «estos acontecimientos evidencian un incremento progresivo de la actividad de las pandillas en la región, y ponen en riesgo la paz, el orden y la seguridad en El Salvador».
Durante la discusión de la iniciativa, en la sesión plenaria 95, el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, destacó el respaldo de los diputados que han acompañado el proyecto de seguridad del presidente Bukele, desde el 27 de marzo de 2022, cuando se aprobó por primera vez el régimen de excepción con «votos que están cambiando la vida de los salvadoreños».
Castro añadió que el clima de seguridad permite que ahora los niños puedan jugar frente a sus casas, las comunidades recuperar sus canchas, entre otras actividades que se han retomado y han mejorado la convivencia.
Caleb Navarro, diputado de Nuevas Ideas, puntualizó que en 2025 se registraron 82 homicidios a escala nacional, y todos fueron resueltos, alcanzando una tasa de efectividad del 100 %.
Agregó que antes nadie se preocupaba los homicidios y quedaban en la impunidad «ahora hablamos con números y los números no mienten», detalló.
Con 54 votos el congreso autorizó ayer al Ministerio de Hacienda para que suscriba un contrato de préstamo, por $16.7 millones, con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF).
El decreto aprobado permitirá al país recibir el denominado «segundo financiamiento adicional del Programa Crecer y Aprender Juntos, desarrollo de la primera infancia de El Salvador».
Dicho programa plantea el propósito de continuar mejorando las prácticas de enseñanza, educación y cuidado en la primera infancia a escala nacional, así como los ambientes físicos de aprendizaje de centros seleccionados de educación y primera infancia.
En el decreto aprobado se establece que el contrato que suscriba Hacienda, o quien designe, deberá someterse al aval posterior de la Asamblea Legislativa.
La iniciativa del Ejecutivo, a través de Hacienda, fue ingresada ayer a la plenaria a través de modificación de agenda, en la que se solicitó su aprobación con dispensa de trámite.
Principal
Ocho sujetos fueron condenados hasta con 95 años de cárcel por diversos delitos en San Salvador
Penas de prisión de hasta 95 años de cárcel logró la Fiscalía para ocho personas -cuatro de ellas en calidad de reos ausentes-, a quienes se les procesó por los delitos de agrupaciones ilícitas, extorsión agravada, lavado de dinero y activos, asimismo, estafa y hurto de identidad, en perjuicio de varias víctimas.
De acuerdo a la información fiscal, esta investigación inició en 2023 a raíz de avisos por parte familiares de personas detenidas, donde manifestaron haber sido víctimas de estafas y otros delitos.
Según las investigaciones, los imputados crearon una página en una red social y se hicieron pasar como abogados. Bajo este mecanismo de engaño ofrecían sus servicios legales para poder sacar de la cárcel a personas detenidas, a cambio de que los familiares de los presos les pagaran grandes cantidades de dinero.
Con esta modalidad los sujetos estafaron al menos a cuatro personas, quienes finalmente decidieron denunciarlos ante las autoridades.
En este caso, Ana Elizabeth Rodríguez Umaña (presente) fue condenada a la pena de 33 años de prisión por los delitos de agrupaciones ilícitas, estafa, extorsión agravada y lavado de dinero y activos.
Por esos mismos delitos se condenó a 35 años a Jennifer Gabriela Sandoval y a 26 años de prisión a Karla Cristina Aguirre Quintanilla y Blanca Mirian Menjívar Pineda (todas presentes).
En ausencia fue condenado Marco Sebastián Pintor Rodríguez, alias “tatuado”, quien fue perfilado como cabecilla de la estructura y miembro de la pandilla Barrio 18. A él se le procesó por los delitos de agrupaciones ilícitas, estafa, extorsión agravada y lavado de dinero y activos, además de hurto de identidad.
Jennifer Guadalupe Menjívar Pineda (también ausente) recibió una condena de 50 años de prisión; Gabriela Alexandra Pintor Rodríguez (ausente) deberá cumplir una pena de cárcel de 25 años y Frania Elizabeth Pintor fue condenada a 5 años de prisión solo por lavado de dinero y activos.
Asimismo, se les condenó al pago de $30,500 dólares y de no pagar esta cantidad, se aumentará un tercio de la pena impuesta a cada imputado, según lo estipula la respectiva ley.
Las condenas de prisión fueron impuestas por el Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador al valorar toda la prueba documental, pericial y testimonial que presentó la FGR en juicio.
