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Diego Escobar, ex fiscal y abogado de la Mafia Ítalo-Canadiense a espera de conocer si va a juicio por caso Ros
El Ex fiscal auxiliar Diego Balmore Escobar está acusado de haberse aprovechado de su puesto para extraer información confidencial contenida en el ROS.
El Juzgado Octavo de Instrucción de San Salvador donde se ventila el caso contra Diego Escobar, el fallecido periodista Lafitte Fernánez y el Ex presidente Mauricio Funes, informó la reprogramación de la lectura del fallo para el viernes diecisiete de diciembre del presente año, esto ocurrió el pasado lunes trece de diciembre, fecha que había quedado precisada al cierre de la audiencia preliminar. En esencia el caso se deriva de una supuesta colusión de los tres antes mencionados para extraer y divulgar la información contenida en el Registro de Operaciones Sospechosas (ROS) que contenía movimientos financieros realizados por el Ex presidente de la República -ya fallecido- Francisco Flores con fondos donados por el Gobierno de Taiwán y que fueron utilizados para financiar la campaña política del partido ARENA, según declaro otró Ex presidente del país Antonio “Toni” Saca.
En el caso de Fernández, la Fiscalía solicitó su sobreseimiento definitivo en virtud de su reciente deceso y sobre Mauricio Funes, el juzgado al finalizar la audiencia preliminar lo declaró rebelde lo que significa que su expediente quedará archivado hasta que comparezca a afrontar la justicia. Pero ¿Quién es en realidad Diego Balmore Escobar, por qué se vio involucrado en este caso, qué lo motivó a faltar a la confianza que le había sido depositada en la Fiscalía General de la República (FGR) y qué consecuencias trajo a la institución y al país la acción de extraer el ROS y entregarlo a terceros?
Sobre estas interrogantes ahonda este medio, en forma previa a que se conozca el fallo que dictará el juez de instrucción.
Amigo de confianza del Ex fiscal general Douglas Meléndez
Diego Balmore Escobar formó parte del equipo de fiscales auxiliares con los que Douglas Meléndez inició las actividades del Grupo Anticorrupción en la FGR, a inicios del año dos mil. Luego de abandonar su trabajo en el año dos mil trece, por ser sospechoso en investigaciones internas de la FGR de haber extraído el ROS, se auto exilió en Costa Rica y solamente volvió al país cuando se materializó la elección de Douglas Meléndez, siendo uno de los primeros conocidos del nuevo Fiscla General que salió a brindar declaraciones.
Abogado de la Mafia Ítalo-Canadiense
Uno de los primeros casos en los que se le vio en la FGR, ya no como fiscal sino como abogado en ejercicio independiente, fue en junio de 2016, cuando ya cuando se consideraba en “impunidad” ante cualquier investigación por la comisión del delito de revelación de hehos, actuaciones o documentos secretos por empleado oficial, previsto en el art. 324 del Código Penal y que contiene una penalidad de entre cuatro a seis años de prisión.
El caso en que reapareció fue como abogado de personas relacionadas con la mafia ítalo canadiense, de acuerdo a investigación periodista que el propio Lafitte Fernández entonces Editor Jefe de El Diario de Hoy había efectuado en septiembre de 2004 y que corroboró que el Ex alcalde de San Salvador Héctor Silva Argüello había constituido un acuerdo de asocio con grupos criminales que manejaban sociedades fachadas en Canadá, para ocultar sus verdaderos negocios relacionados con el crimen organizado.
El caso en breve
De acuerdo al contenido de la denuncia que en agosto de 2016, el abogado Sergio Portillo Toruño interpuso en Fiscalía contra Diego Escobar, resulta que mientras este último se desempeñaba como agente fiscal asignado a investigaciones sobre actos de corrupción, tuvo conocimiento y contacto con el ROS enviado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos de América que establecía la ruta de fondos que habían seguido depósitos millonarios efectuados por el Ex presidente Francisco Flores.
Sería ante el conocimiento del ROS, que Diego Escobar se habría puesto en contacto con el periodista Lafitte Fernández quien trianguló en una negociación en la cual el primero recibiría la suma de US $120 mil dólares por filtrar el documento, al parecer directamente al Ex presidente Mauricio Funes, quien lo hizo público en su programa de radio. Cuando se inició la investigación interna en la FGR para saber cómo y quién sustrajo el ROS, Diego Escobar sin avisar a nadie dejó de asistir al trabajo y se fue del país con destino a Costa Rica, donde recibió “refugio” en una finca propiedad de Lafitte Fernández.
La defensa de Diego Escobar en su momento quiso plantear como hipótesis de los hechos que el ROS en realidad había llegado a manos de Mauricio Funes por medio de Mario Acosta Oertel. De hecho una fuente judicial manifestó a este medio que un abogado vinculado al caso corruptela que se diligenciaba en el Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador pretendió acceder a registros de mensajes de texto y audios del Ex presidente Funes para vincular al caso a Acosta Oertel.
En enero 2019, la Fiscalía acusó a los tres imputados aunque como inicialmente se dijo el único que ha comparecido es Diego Escobar y poco se ha podido conocer dentro del plano judicial sobre el caso ya que le fue declarada reserva total por la FGR bajo titularidad del Ex fiscal general Raúl Melara.
Se espera que Diego Escobar sea enviado a juicio, dada la gravedad legal que su proceder significó pues vulneró la expectativa de confianza de la FGR por la que había sido asignado al control de esa clase de documentos relacionados a investigaciones por lavado de dinero, además de haberlo hecho presuntamente por recibir una cuantiosa suma de dinero proveniente de fondos reservados de Casa Presidencial y provocar con su conducta que el país fuera sancionado internacionalmente con la expulsión de organismos que combate el lavado de dinero y activos, así como restringido de información internacional sobre operaciones financieras de investigados por inobservar las medidas de reserva del ROS.
La recaudación de impuestos en El Salvador registró un crecimiento durante el primer mes de 2026, reflejando la continuidad en el fortalecimiento de las finanzas públicas. Según datos del Ministerio de Hacienda, los ingresos corrientes y contribuciones sumaron $767.5 millones en enero, lo que representa un incremento de $26.1 millones o un 3.5 % en comparación con el mismo mes de 2025.
Dentro de este resultado, los ingresos tributarios y contribuciones —que incluyen los principales impuestos como el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y elImpuesto sobre la Renta (ISR) — alcanzaron los $741.9 millones, con un aumento del 4.5 % interanual. Este desempeño evidencia una base fiscal sólida al inicio del año, en línea con las expectativas oficiales.
El IVA fue uno de los principales motores del crecimiento, con una recaudación de $376.3 millones en enero, lo que equivale a un incremento del 5.3 % respecto al mismo periodo del año anterior. De este monto, las declaraciones del impuesto aportaron $204.1 millones, mientras que el IVA por importaciones sumó $172.2 millones, reflejando un comportamiento dinámico tanto del consumo interno como del comercio exterior.
Por su parte, el ISR alcanzó los $290 millones, con un crecimiento del 2.2 %. Dentro de este rubro, las retenciones representaron $193.6 millones, mientras que el pago a cuenta sumó $90.2 millones y las declaraciones $6.2 millones, manteniendo su relevancia como uno de los pilares de la recaudación.
Otros ingresos tributarios también mostraron variaciones positivas. Los derechos arancelarios a la importación totalizaron $32.3 millones, con un aumento del 11 %, mientras que los impuestos selectivos al consumo alcanzaron $24.5 millones, con un crecimiento del 6.7 %. En este último caso, se observaron incrementos en categorías como cigarrillos y bebidas no carbonatadas.
Asimismo, los ingresos por otros impuestos y gravámenes diversos sumaron $11 millones, con un incremento del 14.6 %, destacando el aporte de la transferencia de bienes raíces y otros cargos asociados.
En el caso de las contribuciones especiales, estas alcanzaron $7.7 millones, con un crecimiento moderado del 12.8 %, impulsadas principalmente por los fondos destinados al transporte público.
Mientras que los ingresos no tributarios registraron una leve disminución, al ubicarse en $25.6 millones. No obstante, algunos componentes como las contribuciones al seguro social mostraron incrementos relevantes.
Este desempeño en la recaudación se enmarca en la estrategia fiscal del Gobierno, que ha apostado por la modernización de los procesos tributarios. Entre las principales medidas destacan la implementación de la facturación electrónica, el Plan Antievasión y Anticontrabando, y la ampliación de la base tributaria.
En este contexto, el ministro de Hacienda, Jerson Posada, ha subrayado que los principales ingresos del Estado seguirán proviniendo del IVA y del impuesto sobre la renta. Para 2026, se estima recaudar $4,060.4 millones en concepto de IVA y $3,500 millones por ISR, sin necesidad de aumentar impuestos ni crear nuevas cargas tributarias.
«Estos dos grandes tributos son los que alimentan, en su mayor proporción, el presupuesto de ingreso de la Nación para el 2026», afirmó el funcionario, quien también destacó que el presupuesto no contempla nuevos impuestos ni gravámenes a las remesas.
El Gobierno también proyecta ingresos tributarios por $8,349 millones para este año, en el marco de un presupuesto sin brecha fiscal por segundo año consecutivo. Según Hacienda, el crecimiento en la recaudación responde a una mayor eficiencia administrativa y al dinamismo económico esperado.
Con este inicio de año, El Salvador consolida una tendencia positiva en sus ingresos fiscales, lo que fortalece su capacidad para financiar programas sociales, inversión pública y proyectos estratégicos orientados al desarrollo económico del país.
Ubicado en el distrito de Ilopango, en San Salvador Este, el Parque Recreativo Apulo se encuentra en un proceso de remodelación con el busca mejorar la experiencia de los visitantes a través de la oferta de una infraestructura de primer nivel.
Sin adelantar una fecha, la presidenta del Instituto Salvadoreño de Turismo (ISTU), Eny Aguiñada, indicó que las puertas de este parque recreativo estarán listas para atender a todos los turistas que quieran visitarlo durante la Semana Santa 2026, prevista entre el 29 de marzo y 5 de abril.
«Vamos a estar listos en Semana Santa», indicó la funcionaria, al tiempo que aclaró que la inauguración prevista para este 2 de marzo se reprogramó para finalizar detalles necesarios para ofrecer un espacio de primer nivel.
Apuntó que entre las diferencias que ofrecerá el parque está la habilitación del área de restaurantes con espacios cómodos donde las arrendatarias históricas del lugar continuarán ofreciendo ricos platillos.
Además, con miras a obtener el sello de Family Friendly, el lugar contará con un espacio de lactancia, y enfermería.
«Nuestro compromiso es entregar un espacio en óptimas condiciones, seguro y listo para que todas las familias disfruten como se lo merecen», afirmó Aguiñada.
También anunció que con las nuevas condiciones de seguridad y mejoras en la iluminación se ampliará los horarios de atención, los cuales serán desde las 8 a.m. hasta las 8 p.m.
«En esta ocasión, los equipos del Ministerio de Obras Públicas (MOP) están trabajando en esta renovación total del Parque Recreativo Apulo, y sin duda será un espacio digno», añadió.
Subrayó que, además de las mejoras de la infraestructura, las condiciones de seguridad con las que cuenta El Salvador fortalecen el atractivo de Apulo, antes ensombrecido por la violencia circundante que no permitía que los visitantes disfrutaran de su belleza.
«Nuestro parque Apulo siempre se vio afectado por el tema de pandillas, no era un lugar seguro para tener una sana recreación para las familias salvadoreñas, pero está es una realidad ha cambiado», refirió.
La presidenta también hizo hincapié en que el Gobierno continúa con sus esfuerzos de reforzar la infraestructura turística de El Salvador.
«El Gobierno del presidente Nayib Bukele continúa con la renovación e inversión en todos los parques nacionales administrados por el ISTU», dijo.
Muestra de ello son las recientes mejoras y espacios recreativos como la Puerta del Diablo, la Costa del Sol, la Terminal Turística de San Sebastián, entre otras.
La comisión de hacienda y especial del presupuesto de la Asamblea Legislativa emitió el lunes 2 de marzo un dictamen favorable al expediente 578-2-2026-1 que contiene la iniciativa del Ejecutivo, por medio del Ministerio de Hacienda, para que se reforme la Ley Orgánica de la Dirección General de Aduanas.
Dicha iniciativa plantea la necesidad de adoptar medidas encaminadas al fortalecimiento de un intercambio comercial basado en el respeto de los principios y derechos en el ámbito del mercado laboral internacional en materia de trabajo forzoso, obligatorio y trabajo infantil.
En ese sentido, la comisión acordó emitir el dictamen favorable 191, el cual indica que es «oportuno» efectuar los cambios solicitados, y que fueron justificados por personal del Ministerio de Hacienda.
«En atención a lo antes expuesto esta comisión, luego del análisis correspondiente, estima que la iniciativa es procedente para que puedan cumplirse los fines previstos, por lo que se emite dictamen favorable, para lo cual, se adjunta al correspondiente proyecto de decreto», establece el dictamen emitido ayer por la comisión.
Luis Manuel Córdova, jefe de la Unidad de Asuntos Internacionales de la Dirección General de Aduanas, explicó que la modificación conlleva la incorporación a la normativa aduanera del artículo 27-A.
«La propuesta tiene por objeto establecer que para las importaciones de mercancías que se realizan en el país se va a requerir la presentación de una declaración jurada conforme al formato que establezca la Dirección de Aduanas en el que se consigne que los bienes que se están importando no han sido fabricados, total o parcialmente, bajo mecanismos de trabajo forzoso o que exijan trabajo infantil», dijo Córdova.
Agregó que la declaración será consignada en declaraciones de importación y que, en caso de duda de la información, el artículo faculta para exigir documentación adicional y verificar que las mercancías no hayan sido fabricadas o sometidas a cualquier tipo de operación que vulnere derechos o que no sea consecuente con la erradicación de trabajo forzoso e infantil.
