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Diego Escobar, ex fiscal y abogado de la Mafia Ítalo-Canadiense a espera de conocer si va a juicio por caso Ros
El Ex fiscal auxiliar Diego Balmore Escobar está acusado de haberse aprovechado de su puesto para extraer información confidencial contenida en el ROS.
El Juzgado Octavo de Instrucción de San Salvador donde se ventila el caso contra Diego Escobar, el fallecido periodista Lafitte Fernánez y el Ex presidente Mauricio Funes, informó la reprogramación de la lectura del fallo para el viernes diecisiete de diciembre del presente año, esto ocurrió el pasado lunes trece de diciembre, fecha que había quedado precisada al cierre de la audiencia preliminar. En esencia el caso se deriva de una supuesta colusión de los tres antes mencionados para extraer y divulgar la información contenida en el Registro de Operaciones Sospechosas (ROS) que contenía movimientos financieros realizados por el Ex presidente de la República -ya fallecido- Francisco Flores con fondos donados por el Gobierno de Taiwán y que fueron utilizados para financiar la campaña política del partido ARENA, según declaro otró Ex presidente del país Antonio “Toni” Saca.
En el caso de Fernández, la Fiscalía solicitó su sobreseimiento definitivo en virtud de su reciente deceso y sobre Mauricio Funes, el juzgado al finalizar la audiencia preliminar lo declaró rebelde lo que significa que su expediente quedará archivado hasta que comparezca a afrontar la justicia. Pero ¿Quién es en realidad Diego Balmore Escobar, por qué se vio involucrado en este caso, qué lo motivó a faltar a la confianza que le había sido depositada en la Fiscalía General de la República (FGR) y qué consecuencias trajo a la institución y al país la acción de extraer el ROS y entregarlo a terceros?
Sobre estas interrogantes ahonda este medio, en forma previa a que se conozca el fallo que dictará el juez de instrucción.
Amigo de confianza del Ex fiscal general Douglas Meléndez
Diego Balmore Escobar formó parte del equipo de fiscales auxiliares con los que Douglas Meléndez inició las actividades del Grupo Anticorrupción en la FGR, a inicios del año dos mil. Luego de abandonar su trabajo en el año dos mil trece, por ser sospechoso en investigaciones internas de la FGR de haber extraído el ROS, se auto exilió en Costa Rica y solamente volvió al país cuando se materializó la elección de Douglas Meléndez, siendo uno de los primeros conocidos del nuevo Fiscla General que salió a brindar declaraciones.
Abogado de la Mafia Ítalo-Canadiense
Uno de los primeros casos en los que se le vio en la FGR, ya no como fiscal sino como abogado en ejercicio independiente, fue en junio de 2016, cuando ya cuando se consideraba en “impunidad” ante cualquier investigación por la comisión del delito de revelación de hehos, actuaciones o documentos secretos por empleado oficial, previsto en el art. 324 del Código Penal y que contiene una penalidad de entre cuatro a seis años de prisión.
El caso en que reapareció fue como abogado de personas relacionadas con la mafia ítalo canadiense, de acuerdo a investigación periodista que el propio Lafitte Fernández entonces Editor Jefe de El Diario de Hoy había efectuado en septiembre de 2004 y que corroboró que el Ex alcalde de San Salvador Héctor Silva Argüello había constituido un acuerdo de asocio con grupos criminales que manejaban sociedades fachadas en Canadá, para ocultar sus verdaderos negocios relacionados con el crimen organizado.
El caso en breve
De acuerdo al contenido de la denuncia que en agosto de 2016, el abogado Sergio Portillo Toruño interpuso en Fiscalía contra Diego Escobar, resulta que mientras este último se desempeñaba como agente fiscal asignado a investigaciones sobre actos de corrupción, tuvo conocimiento y contacto con el ROS enviado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos de América que establecía la ruta de fondos que habían seguido depósitos millonarios efectuados por el Ex presidente Francisco Flores.
Sería ante el conocimiento del ROS, que Diego Escobar se habría puesto en contacto con el periodista Lafitte Fernández quien trianguló en una negociación en la cual el primero recibiría la suma de US $120 mil dólares por filtrar el documento, al parecer directamente al Ex presidente Mauricio Funes, quien lo hizo público en su programa de radio. Cuando se inició la investigación interna en la FGR para saber cómo y quién sustrajo el ROS, Diego Escobar sin avisar a nadie dejó de asistir al trabajo y se fue del país con destino a Costa Rica, donde recibió “refugio” en una finca propiedad de Lafitte Fernández.
La defensa de Diego Escobar en su momento quiso plantear como hipótesis de los hechos que el ROS en realidad había llegado a manos de Mauricio Funes por medio de Mario Acosta Oertel. De hecho una fuente judicial manifestó a este medio que un abogado vinculado al caso corruptela que se diligenciaba en el Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador pretendió acceder a registros de mensajes de texto y audios del Ex presidente Funes para vincular al caso a Acosta Oertel.
En enero 2019, la Fiscalía acusó a los tres imputados aunque como inicialmente se dijo el único que ha comparecido es Diego Escobar y poco se ha podido conocer dentro del plano judicial sobre el caso ya que le fue declarada reserva total por la FGR bajo titularidad del Ex fiscal general Raúl Melara.
Se espera que Diego Escobar sea enviado a juicio, dada la gravedad legal que su proceder significó pues vulneró la expectativa de confianza de la FGR por la que había sido asignado al control de esa clase de documentos relacionados a investigaciones por lavado de dinero, además de haberlo hecho presuntamente por recibir una cuantiosa suma de dinero proveniente de fondos reservados de Casa Presidencial y provocar con su conducta que el país fuera sancionado internacionalmente con la expulsión de organismos que combate el lavado de dinero y activos, así como restringido de información internacional sobre operaciones financieras de investigados por inobservar las medidas de reserva del ROS.
Autoridades del Cuerpo de Bomberos El Salvador (CBES) confirmó que el voraz incendio originado un incendio estructural registrado en una bodega de electrodomésticos ubicada sobre la calle Rubén Darío, en el centro de San Salvador, la tarde del jueves, no dejó a ninguna persona lesionada.Show aéreo
Fue el subteniente del CBES, Amir Osorio, quien confirmó que el siniestro no dejó víctimas.
“Se realizó una extinción de incendio estructural, nivel dos. Recibimos la llamada a eso de las 3:35 p. m., llegamos al lugar y brindamos una respuesta eficaz. Pudimos controlar el incendio cerca de cinco minutos después haber llegado a la escena y posteriormente nos hemos quedado realizando maniobras de ventilación, remoción de escombros y liberando el edificio de todo el calor que se había acumulado”, agregó el subteniente Osorio.
Osorio añadió que, tras controlar por completo las llamas, trabajarían en el lugar para indagar qué originó el fuego.
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Ulloa participó en el XI Congreso Internacional, sobre los derechos habilitantes y nuevas fronteras jurídicas
El vicepresidente Félix Ulloa participó en el XI Congreso Internacional, sobre los derechos habilitantes y nuevas fronteras jurídicas del derecho del trabajo ante la inteligencia artificial, organizado por la Asociación Iberoamericana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social “Guillermo Cabanellas” en la República Dominicana.
En su intervención, el Vicepresidente Ulloa reflexionó sobre la evolución tecnológica de la humanidad, desde las revoluciones industriales hasta la actual revolución algorítmica, señalando que, a diferencia de los procesos anteriores, hoy los algoritmos comienzan a sustituir funciones cognitivas propias del ser humano. Este escenario, plantea un desafío central para el derecho laboral contemporáneo: cómo garantizar la dignidad humana.
Asimismo, enfatizó la necesidad de fortalecer las instituciones laborales, modernizar la administración del trabajo frente a nuevas formas de empleo y capacitar a jueces, abogados y operadores jurídicos ante los desafíos tecnológicos emergentes. “La justicia laboral continúa siendo el último resguardo de la dignidad humana frente a los abusos dentro del entorno económico, corporativo o tecnológico”, señaló.
El Vicemandatario, también hizo un llamado a avanzar hacia una gobernanza latinoamericana del trabajo digital, mediante la construcción de estándares regionales compatibles que permitan garantizar condiciones de protección equivalentes para los trabajadores en toda la región. Finalmente, reiteró el compromiso de El Salvador con una visión de la tecnología al servicio del desarrollo y la protección de derechos, promoviendo políticas públicas que integren innovación y justicia social en el ámbito laboral.
Durante la jornada, el Vicepresidente Ulloa, fue distinguido con una medalla de reconocimiento por su trayectoria y aportes al fortalecimiento del derecho laboral y la institucionalidad democrática en la región.
El evento, desarrollado en la Universidad Federico Henríquez y Carvajal, reunió a destacadas personalidades, entre ellas el Rector de la Universidad UFHEC, Sr. Alberto Ramírez Cabral; la Presidenta de la Asociación de Abogados Laboralistas de La Romana y Vicepresidenta de la Asociación Iberoamericana del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Sra. Cleopatra González Almonte; el Ministro de Trabajo de la República Dominicana, Sr. Eddy Olivares Ortega, entre otras figuras del ámbito académico y jurídico.
La Superintendencia de Competencia (SC) recibió oficialmente la Certificación de Sistema de Gestión Antisoborno bajo la Norma ISO 37001:2016, un reconocimiento que valida la implementación de mecanismos diseñados para prevenir, detectar y enfrentar riesgos de soborno en el ejercicio de sus funciones.
El certificado fue entregado por el Organismo Salvadoreño de Normalización (OSN), representado por su directora, Yanira Colindres, junto a la jefa de Normalización, Mónica Ulloa. Durante el acto, se destacó que la acreditación es resultado de un proceso de auditoría externa que verificó el cumplimiento de los requisitos establecidos en el estándar internacional.
La Norma ISO 37001:2016 es un estándar global que establece lineamientos para que las organizaciones implementen sistemas de gestión antisoborno basados en controles internos, políticas claras, evaluación de riesgos, monitoreo permanente y revisión continua. Su objetivo es promover una cultura organizacional orientada a la integridad, la transparencia y el cumplimiento normativo.
Desde el OSN señalaron que la certificación confirma que la Superintendencia ha establecido y mantenido un sistema estructurado para reducir riesgos legales y reputacionales asociados a prácticas indebidas. Asimismo, subrayan la relevancia de que instituciones encargadas de la regulación de mercados adopten estándares internacionales que fortalezcan la confianza pública.
Durante su intervención, el superintendente de Competencia, Gerardo Henríquez, indicó que uno de los objetivos prioritarios de su gestión fue incorporarse a un sistema certificado internacionalmente que permitiera reforzar los controles institucionales. «Agradezco al equipo de la SC y su compromiso; este es un resultado de todos, y a la OSN por su admirable labor en guiar a nuestra institución a culminar este proceso», afirmó.
El alcance del Sistema de Gestión Antisoborno abarca los servicios y procesos sustantivos de la institución, lo que implica que sus actuaciones técnicas, administrativas y regulatorias quedan comprendidas dentro del marco de controles establecidos por la norma. Esto incluye la identificación de riesgos, la aplicación de medidas preventivas, la capacitación del personal y la adopción de mecanismos de denuncia y supervisión.
La certificación ISO 37001 no sustituye las obligaciones legales existentes, pero sí complementa el marco normativo al introducir estándares internacionales de buenas prácticas. En el caso de la Superintendencia, la acreditación se presenta como un instrumento adicional para fortalecer su rol como autoridad encargada de velar por la competencia en los mercados salvadoreños.
Con esta certificación, la institución busca consolidar un entorno de mayor confianza para los agentes económicos y la ciudadanía, al respaldar sus actuaciones bajo un sistema formal de gestión que promueve la ética y la transparencia en cada uno de sus procesos.
