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Diego Escobar, ex fiscal y abogado de la Mafia Ítalo-Canadiense a espera de conocer si va a juicio por caso Ros
El Ex fiscal auxiliar Diego Balmore Escobar está acusado de haberse aprovechado de su puesto para extraer información confidencial contenida en el ROS.
El Juzgado Octavo de Instrucción de San Salvador donde se ventila el caso contra Diego Escobar, el fallecido periodista Lafitte Fernánez y el Ex presidente Mauricio Funes, informó la reprogramación de la lectura del fallo para el viernes diecisiete de diciembre del presente año, esto ocurrió el pasado lunes trece de diciembre, fecha que había quedado precisada al cierre de la audiencia preliminar. En esencia el caso se deriva de una supuesta colusión de los tres antes mencionados para extraer y divulgar la información contenida en el Registro de Operaciones Sospechosas (ROS) que contenía movimientos financieros realizados por el Ex presidente de la República -ya fallecido- Francisco Flores con fondos donados por el Gobierno de Taiwán y que fueron utilizados para financiar la campaña política del partido ARENA, según declaro otró Ex presidente del país Antonio “Toni” Saca.
En el caso de Fernández, la Fiscalía solicitó su sobreseimiento definitivo en virtud de su reciente deceso y sobre Mauricio Funes, el juzgado al finalizar la audiencia preliminar lo declaró rebelde lo que significa que su expediente quedará archivado hasta que comparezca a afrontar la justicia. Pero ¿Quién es en realidad Diego Balmore Escobar, por qué se vio involucrado en este caso, qué lo motivó a faltar a la confianza que le había sido depositada en la Fiscalía General de la República (FGR) y qué consecuencias trajo a la institución y al país la acción de extraer el ROS y entregarlo a terceros?
Sobre estas interrogantes ahonda este medio, en forma previa a que se conozca el fallo que dictará el juez de instrucción.
Amigo de confianza del Ex fiscal general Douglas Meléndez
Diego Balmore Escobar formó parte del equipo de fiscales auxiliares con los que Douglas Meléndez inició las actividades del Grupo Anticorrupción en la FGR, a inicios del año dos mil. Luego de abandonar su trabajo en el año dos mil trece, por ser sospechoso en investigaciones internas de la FGR de haber extraído el ROS, se auto exilió en Costa Rica y solamente volvió al país cuando se materializó la elección de Douglas Meléndez, siendo uno de los primeros conocidos del nuevo Fiscla General que salió a brindar declaraciones.
Abogado de la Mafia Ítalo-Canadiense
Uno de los primeros casos en los que se le vio en la FGR, ya no como fiscal sino como abogado en ejercicio independiente, fue en junio de 2016, cuando ya cuando se consideraba en “impunidad” ante cualquier investigación por la comisión del delito de revelación de hehos, actuaciones o documentos secretos por empleado oficial, previsto en el art. 324 del Código Penal y que contiene una penalidad de entre cuatro a seis años de prisión.
El caso en que reapareció fue como abogado de personas relacionadas con la mafia ítalo canadiense, de acuerdo a investigación periodista que el propio Lafitte Fernández entonces Editor Jefe de El Diario de Hoy había efectuado en septiembre de 2004 y que corroboró que el Ex alcalde de San Salvador Héctor Silva Argüello había constituido un acuerdo de asocio con grupos criminales que manejaban sociedades fachadas en Canadá, para ocultar sus verdaderos negocios relacionados con el crimen organizado.
El caso en breve
De acuerdo al contenido de la denuncia que en agosto de 2016, el abogado Sergio Portillo Toruño interpuso en Fiscalía contra Diego Escobar, resulta que mientras este último se desempeñaba como agente fiscal asignado a investigaciones sobre actos de corrupción, tuvo conocimiento y contacto con el ROS enviado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos de América que establecía la ruta de fondos que habían seguido depósitos millonarios efectuados por el Ex presidente Francisco Flores.
Sería ante el conocimiento del ROS, que Diego Escobar se habría puesto en contacto con el periodista Lafitte Fernández quien trianguló en una negociación en la cual el primero recibiría la suma de US $120 mil dólares por filtrar el documento, al parecer directamente al Ex presidente Mauricio Funes, quien lo hizo público en su programa de radio. Cuando se inició la investigación interna en la FGR para saber cómo y quién sustrajo el ROS, Diego Escobar sin avisar a nadie dejó de asistir al trabajo y se fue del país con destino a Costa Rica, donde recibió “refugio” en una finca propiedad de Lafitte Fernández.
La defensa de Diego Escobar en su momento quiso plantear como hipótesis de los hechos que el ROS en realidad había llegado a manos de Mauricio Funes por medio de Mario Acosta Oertel. De hecho una fuente judicial manifestó a este medio que un abogado vinculado al caso corruptela que se diligenciaba en el Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador pretendió acceder a registros de mensajes de texto y audios del Ex presidente Funes para vincular al caso a Acosta Oertel.
En enero 2019, la Fiscalía acusó a los tres imputados aunque como inicialmente se dijo el único que ha comparecido es Diego Escobar y poco se ha podido conocer dentro del plano judicial sobre el caso ya que le fue declarada reserva total por la FGR bajo titularidad del Ex fiscal general Raúl Melara.
Se espera que Diego Escobar sea enviado a juicio, dada la gravedad legal que su proceder significó pues vulneró la expectativa de confianza de la FGR por la que había sido asignado al control de esa clase de documentos relacionados a investigaciones por lavado de dinero, además de haberlo hecho presuntamente por recibir una cuantiosa suma de dinero proveniente de fondos reservados de Casa Presidencial y provocar con su conducta que el país fuera sancionado internacionalmente con la expulsión de organismos que combate el lavado de dinero y activos, así como restringido de información internacional sobre operaciones financieras de investigados por inobservar las medidas de reserva del ROS.
Anunciamos a la población salvadoreña y jugadores de juegos de azar que, tras superar las fases de auditoria, capacitación y adecuación de nuestros procesos de compras públicas y pago de premios, obtuvimos la certificación internacional ISO 37001-2016 Antisoborno, convirtiéndonos en la primera Lotería Estatal de Centroamérica y la segunda a nivel mundial en alcanzar este estándar.
Esta certificación confirma que nuestras compras públicas y el pago de premios se realizan con transparencia, bajo controles alineados a estándares internacionales orientados a la prevención del soborno, fortaleciendo la confianza en la administración de los recursos que gestionamos.
La entrega oficial de las acreditaciones se realizó esta tarde, en un acto formal desarrollado en el Foro de Loteria, donde nuestro presidente, Javier Milián. acompañado por el personal de la institución, recibió las certificaciones de manos de Raúl Castellón, representante de la empresa certificadora Servimeters.
Javier Milian, Presidente de LNB
Con la obtención de la ISO 37001-2016 fortalecemos nuestra gestión institucional y consolidamos una administración integra y responsable, respaldada por mecanismos de control que refuerzan la transparencia y la correcta gestión de los fondos generados a través de nuestros sorteos.
Invitamos a la población a participar en nuestros juegos de Lotería con la confianza de que operamos bajo estándares actualizados, seguros y transparentes, promoviendo siempre el juego responsable. Asimismo, motivamos a la ciudadanía a informarse y a utilizar nuestros canales institucionales de denuncia ante cualquier indicio de soborno, para que se activen los procedimientos correspondientes.
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El Juzgado Octavo de Paz de San Salvador condenó a diez años de prisión, en un juicio sumario, a Elías Candelario Crespín López, por el delito de tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego, en perjuicio de la paz pública.
El reporte oficial detalla que, en noviembre del año pasado, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) fueron alertados de que, sobre la 8a. Avenida Norte y 1a. Calle Oriente de San Salvador, en un microbús de la ruta 11, se transportaba un hombre con arma de fuego. Al ser intervenido, fue identificado como Elías Candelario Crespín, quien portaba un revólver calibre 38, con seis cartuchos.
Al solicitarle la documentación del arma de fuego, Elías Candelario pudo demostrar la legalidad, razón por la cual fue detenido.
La Fiscalía informó que en la vista pública se comprobó la culpabilidad del procesado a través de la prueba documental, pericial y testimonial incorporada durante la investigación sumaria.
En octubre de 2025, Pedro Héctor Rosa Cruz fue condenado a 10 años y seis meses de prisión por los delitos de tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego y disparo de arma de fuego.
El 4 de febrero de 2025, el imputado se encontraba frente a su casa, junto a otras personas, en la lotificación El Trapiche, en el distrito de Guazapa, San Salvador. Al lugar llegó una patrulla con agentes policiales que habían recibido informes de varios disparos en la zona. Pedro Héctor, que se encontraba en estado de ebriedad, entregó el arma de la cual no tenía permiso y fue puesto en detención.
Armando Cárcamo Andrade fue condenado a 27 años de prisión por el Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador por el delito de homicidio agravado en perjuicio de José Dimas Flores. Asimismo, el tribunal libró la respectiva orden de captura por ser imputado rebelde.
El reporte oficial da cuenta que el hecho ocurrió en horas de la madrugada del 9 de septiembre de 2021, en el distrito de San Martín, municipio de San Salvador Este. El cuerpo sin vida fue encontrado por una persona que hacía labores de limpieza, quien ingresó a la vivienda al notar que el portón se encontraba entreabierto y que el vehículo de la víctima no estaba en el lugar.
La persona continuó con sus labores y, al pasar a la habitación, observó a Dimas en una hamaca, al acercarse notó que presentaba heridas en el rostro y el cuello, además de que el cuarto estaba desordenado. Uno de los testigos declaró que la víctima había llegado tres días antes del crimen junto a su agresor y que ambos estuvieron departiendo.
Durante el juicio se demostró que la activación de las antenas del teléfono celular de la víctima fue ubicada en la residencia de Cárcamo Andrade, quien además se llevó el vehículo de la víctima hacia su vivienda, situada en el departamento de La Unión, detalló la Fiscalía.
En otro caso, el Tribunal de Sentencia de Zacatecoluca condenó a 30 años de prisión a Juan José Díaz Salinas, integrante de la Mara Salvatrucha por el homicidio de un agente de la PNC en septiembre de 2017.
Según la investigación fiscal, el imputado mató a la víctima en un área rural del distrito de San Pedro Masahuat, La Paz; el agente estaba de licencia y se transportaba en su bicicleta cuando Salinas y otros imputados le salieron al paso y, sin mayor discusión, comenzaron a dispararle hasta causarle la muerte en ese lugar.
Además de la pena de prisión, Cárcamo Andrade debe pagar $2,500 en concepto de responsabilidad civil.
Actualmente Díaz Salinas cumple penas de prisión, entre otros hechos, por haber asesinado a una mujer en 2017 y por participar en el asesinato de un miembro de su estructura en el 2018, acciones que también fueron cometidas en la jurisdicción del departamento de La Paz.
