Judicial
Denuncian penalmente a Celina de Monterrosa por Falsedad documental agravada y actos arbitrarios, al autorizar ilegalmente el botadero de basura del señor Salume
Hoy por hoy el negocio que generan las cientos de toneladas de basura parecen ser deseadas por empresarios que hacen hasta lo imposible por arrebatarle este servicio a empresas serias, consolidadas y que han demostrado capacidad y responsabilidad en el tratamiento de los desechos.
Vilma Celina de Monterrosa, La Directora General de Evaluación y Cumplimiento del Ministerio del Medio Ambiente (MARN), está en serios aprietos ya que este día ha sido denunciada penalmente ante la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntamente haber incurrido en distintos delitos.
Es realmente preocupante que se le adjudiquen delitos en los que presuntamente incurrió en falsedad documental agravada y actos arbitrarios. Situación que se dio luego de autorizar y permitir el funcionamiento del Botadero de basura del señor Salume, que se ubica en el cantón Melara del Puerto de La Libertad.
Ante la gravedad que significa el gravísimo daño ambiental que se está generando a cada hora por la falta de tratamiento de los desechos en este botadero, los abogados demandantes han pedido a la fiscalía que se detenga provisionalmente a García de Monterrosa.
Antecedentes que demuestran y comprueban la falta de transparencia
La denuncia establece el «otorgamiento por parte de la Directora General de Evaluación y Cumplimiento Ambiental del MARN, de un dictamen técnico favorable, insertando documentación falsa para evitar dar cumplimiento a la Ley Ambiental y orden judicial de sancionar a la titular del trámite por funcionar sin permiso ambiental.»
No obstante el permiso ambiental emitido era únicamente de ubicación y construcción; el sitio del Relleno Sanitario, comenzó a recibir los desechos sólidos de múltiples municipios, superando su capacidad instalada y autorizada, lo cual se agravó a partir de los años 2017 y 2018 y a pesar que se realizaron estudios, incluyendo uno ordenado por el Juez Ambiental de San Salvador y realizado por el Equipo Multidisciplinario Ambiental de la Corte Suprema de Justicia, donde claramente se advirtió que el relacionado sitio estaba operando en infracción del artículo 19 de la Ley de Medio Ambiente.
Recordemos que en 2011, sin cumplir el debido proceso legal y menos el Estudio de impacto ambiental, autorizaron la modificación a Relleno semi mecanizado para tratar hasta 40 toneladas diarias. Al obtener dicha modificación, sorpresivamente se cambia al titular, por lo que deja de ser la Municipalidad y pasa a manos del Sr. Salume. Para el 2013, varias comunidades documentaron que ese proyecto no era viable para su ampliación.
Sin embargo la Denunciada que en esa época se encargaba de ver los temas de ciudadanía en el MARN hizo caso omiso y da el aval para que se autorice la construcción de la ampliación del Relleno Sanitario de El Puerto.
Por lo tanto, la empresa del señor Salume, desde el 2013, ha funcionado violando el Art. 19 de la ley de medio ambiente ya que opera sin permiso de funcionamiento para la fase de ampliación.
El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Miguel impuso penas de entre 8 y 155 años de prisión a 15 miembros de la Mara Salvatrucha, tras ser hallados culpables de cometer diversos delitos, entre ellos homicidio agravado, intento de homicidio y organizaciones terroristas.
Los condenados pertenecían a las clicas Molinos Locos Salvatruchos y Los Ángeles Locos Salvatruchos, donde desempeñaban distintos rangos como homeboys, chequeos y paros. La Fiscalía General de la República (FGR) presentó pruebas que fueron determinantes para lograr las condenas.
Uno de los crímenes más atroces atribuidos al grupo ocurrió en noviembre de 2017 en el cantón Las Trancas, distrito de Ozatlán, donde una mujer fue privada de libertad, llevada a un cerro, asesinada con arma de fuego, desmembrada y enterrada. Su cadáver fue localizado en junio de 2018. La víctima habría sido asesinada por ser pareja de un exmiembro retirado de la pandilla, según la FGR.
Éver Wilfredo Herrera Gómez, alias el Satánico, recibió la condena más severa: 155 años de prisión por cuatro homicidios agravados y un intento de homicidio. Otro de los sentenciados, Élmer Vladimir Rivas Ayala, alias el homeboy de la L.A, fue condenado a 42 años por homicidio agravado y participación en organizaciones terroristas.
Las autoridades reafirmaron su compromiso de continuar el combate frontal contra las estructuras criminales responsables de múltiples hechos de violencia en el país.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a Rogelio Manfredo Sánchez Hércules a 11 años de prisión y a Diana Liseth Medrano Catedral a 10 años, por el delito de extorsión agravada.
Según la Fiscalía, las pruebas presentadas durante el juicio demostraron la responsabilidad de ambos imputados, quienes pertenecen a la pandilla 18 y operaban en los distritos de Nejapa y Apopa, al norte de San Salvador.
El delito ocurrió en agosto de 2022, cuando los acusados amenazaron a la víctima con un arma de fuego exigiéndole pagos mensuales para no atentar contra su vida o la de sus familiares. Ante el temor, la víctima accedió al pago pero denunció inmediatamente el caso a las autoridades.
Tras las investigaciones, Sánchez y Medrano fueron capturados y procesados. El tribunal validó las evidencias y dictó la condena conforme al grado de participación de cada uno.
Además, ambos enfrentan otro proceso judicial por el delito de agrupaciones ilícitas.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador sentenció a 10 años de cárcel a la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Patricia Montano de Martínez, por los delitos de incumplimiento de deberes y negociaciones ilícitas, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
Durante el juicio, la Fiscalía demostró que Montano tomó decisiones arbitrarias para destinar fondos municipales, priorizando gastos en eventos artísticos y fiestas patronales por encima del pago de prestaciones laborales a empleados de la alcaldía. La malversación asciende a $282,621.52 dólares.
La investigación surgió tras denuncias de empleados municipales por impago de salarios y prestaciones durante 2022. Además, se reveló que Ricardo Arturo Roque Baires, otro de los imputados, asesoraba jurídicamente al concejo a cambio de un nombramiento como jefe de transporte, y que Montano le adjudicó ilegalmente un proyecto.
Aunque Montano enfrentaba cargos adicionales por apropiación o retención de cuotas laborales, malversación y violaciones laborales, fue absuelta de estos debido a que la comuna no tenía liquidez para efectuar pagos y que se negociaron con las AFP para solventarlos después. También se aclaró que la aprobación de presupuestos para las fiestas patronales correspondía al concejo municipal, no solo a la exalcaldesa.
La condena se desglosa en 6 años por incumplimiento de deberes y 4 años por negociaciones ilícitas. Los otros tres imputados fueron absueltos y quedaron en libertad por orden del tribunal.
