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Denuncian penalmente a Celina de Monterrosa por Falsedad documental agravada y actos arbitrarios, al autorizar ilegalmente el botadero de basura del señor Salume

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Hoy por hoy el negocio que generan las cientos de toneladas de basura parecen ser deseadas por empresarios que hacen hasta lo imposible por arrebatarle este servicio a empresas serias, consolidadas y que han demostrado capacidad y responsabilidad en el tratamiento de los desechos.

Vilma Celina de Monterrosa, La Directora General de Evaluación y Cumplimiento del Ministerio del Medio Ambiente (MARN), está en serios aprietos ya que este día ha sido denunciada penalmente ante la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntamente haber incurrido en distintos delitos.

Es realmente preocupante que se le adjudiquen delitos en los que presuntamente incurrió en falsedad documental agravada y actos arbitrarios. Situación que se dio luego de autorizar y permitir el funcionamiento del Botadero de basura del señor Salume, que se ubica en el cantón Melara del Puerto de La Libertad.

Ante la gravedad que significa el gravísimo daño ambiental que se está generando a cada hora por la falta de tratamiento de los desechos en este botadero, los abogados demandantes han pedido a la fiscalía que se detenga provisionalmente a García de Monterrosa.

Antecedentes que demuestran y comprueban la falta de transparencia

La denuncia establece el «otorgamiento por parte de la Directora General de Evaluación y Cumplimiento Ambiental del MARN, de un dictamen técnico favorable, insertando documentación falsa para evitar dar cumplimiento a la Ley Ambiental y orden judicial de sancionar a la titular del trámite por funcionar sin permiso ambiental.»

No obstante el permiso ambiental emitido era únicamente de ubicación y construcción; el sitio del Relleno Sanitario, comenzó a recibir los desechos sólidos de múltiples municipios, superando su capacidad instalada y autorizada, lo cual se agravó a partir de los años 2017 y 2018 y a pesar que se realizaron estudios, incluyendo uno ordenado por el Juez Ambiental de San Salvador y realizado por el Equipo Multidisciplinario Ambiental de la Corte Suprema de Justicia, donde claramente se advirtió que el relacionado sitio estaba operando en infracción del artículo 19 de la Ley de Medio Ambiente.

Recordemos que en 2011, sin cumplir el debido proceso legal y menos el Estudio de impacto ambiental, autorizaron la modificación a Relleno semi mecanizado para tratar hasta 40 toneladas diarias. Al obtener dicha modificación, sorpresivamente se cambia al titular, por lo que deja de ser la Municipalidad y pasa a manos del Sr. Salume. Para el 2013, varias comunidades documentaron que ese proyecto no era viable para su ampliación.

Sin embargo la Denunciada que en esa época se encargaba de ver los temas de ciudadanía en el MARN hizo caso omiso y da el aval para que se autorice la construcción de la ampliación del Relleno Sanitario de El Puerto.

Por lo tanto, la empresa del señor Salume, desde el 2013, ha funcionado violando el Art. 19 de la ley de medio ambiente ya que opera sin permiso de funcionamiento para la fase de ampliación.

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314 años de cárcel para estructura que asesinó a profesora y policía

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Penas de hasta 314 años de prisión fueron impuestas a integrantes de una estructura criminal por 26 casos de robo y asesinar a cuatro usuarios de agencias bancarias, entre ellos a un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) y una profesora.

De los 38 condenados por el juez tres del Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, la mayor cantidad de años fue impuesta a Marvin Geovany García Sosa, cabecilla de la organización, quien recibió 314 años de cárcel por los delitos de homicidio agravado, robo agravado y agrupaciones ilícitas.

A Luis Alonso Mejía Hernández, quien se encargaba de transportar a los miembros de la estructura hacia los lugares donde se cometerían los hechos, fue sentenciado a 192 años, por robo agravado y agrupaciones ilícitas.

Mientras que a Moisés Antonio Rivera y Aurelio Wilfredo Vásquez, el juez los condenó a 177 y 166 años de prisión, respectivamente, los otros 34 recibieron diversas penas por los mismos delitos.

La red de asaltantes y homicidas fue desarticulada la madrugada del 25 de octubre de 2022, tras una investigación de varios meses que fiscales y policías realizaron a la compleja banda que tenía una logística en todo el país para ejecutar los atracos entre enero de 2019 a mayo de 2021.

Los imputados tenían estrategias criminales hasta para descifrar los montos de dinero que los usuarios de los bancos retiraban de los cajeros automáticos (ATM).

Lograban determinar cuando una persona retiraba considerables sumas de dinero, se apostaban cerca de los ATM y según el sonido que se generaba al momento de procesarse el retiro los integrantes de la banda perfilaban a ese usuario y tras darle vigilancia y seguimiento, lo interceptaban y despojaban de los fondos, si la víctima se oponía, era asesinada.

A un agente de la PNC, lo asesinaron el 19 de mayo de 2019, en San Juan Nonualco, departamento de La Paz. Había retirado $1,500 de una agencia bancaria de ese distrito, producto de préstamo bancario.

También el 22 de mayo de 2021, asesinaron a una profesora que había salido de una agencia bancaria en Cojutepeque, departamento de Cuscatlán, la siguieron para robarle $2,600 y como se opuso al asalto, le dieron un disparo en la cabeza.

Testimonios de víctimas fueron parte de la prueba que la Fiscalía General de la República presentó para probar los robos y casos de homicidio, mientras que en las agrupaciones ilícitas se acreditó que los miembros tenían asignada una función específica para consumar los hechos.

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22 años de prisión para sujeto que asesinó a director de un centro escolar en Jucuarán, Usulután.

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José Misael Oliva Girón es el responsable de asesinar a un director de un centro escolar del distrito de Jucuarán, Usulután.

Por este crimen, la Fiscalía General de la República (FGR) logró que sea condenado a 22 años de prisión.

Según las investigaciones, Oliva golpeó y asfixió a la víctima para robarle su celular. Luego el crimen, el sujeto confesó el asesinato al intentar vender el dispositivo.

La condena ha sido impuesta por el Tribunal de Sentencia de Usulután.

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Sujeto acusado de violación es condenado a 14 años de cárcel

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Edwin Antonio Menjívar Urquilla fue condenado a 14 años de prisión por violación en menor o incapaz, en la modalidad de delito continuado.

Los hechos ocurrieron en el año 2019, en la colonia Santa Teresa, distrito de San Martín, municipio de San Salvador Este, departamento de San Salvador.

Las investigaciones establecieron que la madre de la víctima la mandó a recoger un dinero a la casa de Menjívar. Esta situación fue aprovechada por el imputado para agredirla sexualmente de diferentes maneras.

La víctima salió llorando y este le dio el dinero y una bolsa de dulces para que callara, pero la víctima le contó todo a su madre y ella interpuso la denuncia.

El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador validó toda la prueba presentada por los fiscales e impuso la pena antes mencionada. Las autoridades suman esfuerzos para ubicar al imputado y que cumpla su condena.

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