Judicial
Denuncian penalmente a Celina de Monterrosa por Falsedad documental agravada y actos arbitrarios, al autorizar ilegalmente el botadero de basura del señor Salume
Hoy por hoy el negocio que generan las cientos de toneladas de basura parecen ser deseadas por empresarios que hacen hasta lo imposible por arrebatarle este servicio a empresas serias, consolidadas y que han demostrado capacidad y responsabilidad en el tratamiento de los desechos.
Vilma Celina de Monterrosa, La Directora General de Evaluación y Cumplimiento del Ministerio del Medio Ambiente (MARN), está en serios aprietos ya que este día ha sido denunciada penalmente ante la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntamente haber incurrido en distintos delitos.
Es realmente preocupante que se le adjudiquen delitos en los que presuntamente incurrió en falsedad documental agravada y actos arbitrarios. Situación que se dio luego de autorizar y permitir el funcionamiento del Botadero de basura del señor Salume, que se ubica en el cantón Melara del Puerto de La Libertad.
Ante la gravedad que significa el gravísimo daño ambiental que se está generando a cada hora por la falta de tratamiento de los desechos en este botadero, los abogados demandantes han pedido a la fiscalía que se detenga provisionalmente a García de Monterrosa.
Antecedentes que demuestran y comprueban la falta de transparencia
La denuncia establece el «otorgamiento por parte de la Directora General de Evaluación y Cumplimiento Ambiental del MARN, de un dictamen técnico favorable, insertando documentación falsa para evitar dar cumplimiento a la Ley Ambiental y orden judicial de sancionar a la titular del trámite por funcionar sin permiso ambiental.»
No obstante el permiso ambiental emitido era únicamente de ubicación y construcción; el sitio del Relleno Sanitario, comenzó a recibir los desechos sólidos de múltiples municipios, superando su capacidad instalada y autorizada, lo cual se agravó a partir de los años 2017 y 2018 y a pesar que se realizaron estudios, incluyendo uno ordenado por el Juez Ambiental de San Salvador y realizado por el Equipo Multidisciplinario Ambiental de la Corte Suprema de Justicia, donde claramente se advirtió que el relacionado sitio estaba operando en infracción del artículo 19 de la Ley de Medio Ambiente.
Recordemos que en 2011, sin cumplir el debido proceso legal y menos el Estudio de impacto ambiental, autorizaron la modificación a Relleno semi mecanizado para tratar hasta 40 toneladas diarias. Al obtener dicha modificación, sorpresivamente se cambia al titular, por lo que deja de ser la Municipalidad y pasa a manos del Sr. Salume. Para el 2013, varias comunidades documentaron que ese proyecto no era viable para su ampliación.
Sin embargo la Denunciada que en esa época se encargaba de ver los temas de ciudadanía en el MARN hizo caso omiso y da el aval para que se autorice la construcción de la ampliación del Relleno Sanitario de El Puerto.
Por lo tanto, la empresa del señor Salume, desde el 2013, ha funcionado violando el Art. 19 de la ley de medio ambiente ya que opera sin permiso de funcionamiento para la fase de ampliación.
Una auditoría financiera contable presentada por la Fiscalía General de la República (FGR) reveló irregularidades en la gestión de la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano, específicamente en la contratación de una empresa para recuperar impuestos en mora, la cual recibió pagos superiores a lo efectivamente recuperado.
Según explicó ante el Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador una auditora de la Corte de Cuentas de la República (CCR), el contrato fue otorgado sin un estudio técnico previo que justificara el porcentaje de comisión acordado por la recuperación de mora tributaria.
La empresa beneficiada, representada legalmente por el abogado Ricardo Arturo Roque Baires —quien actualmente guarda prisión por este caso—, recibió un porcentaje de comisión 9.97% más alto que otras firmas contratadas en administraciones anteriores. Mientras que en gobiernos municipales previos se pagaba una comisión del 15% sobre lo recuperado, en este caso la alcaldía terminó pagando más por el contrato que por lo efectivamente recaudado.
De acuerdo con los datos expuestos en el juicio, la comuna de Soyapango firmó un contrato de recuperación de mora por un monto de $1,247,000. Sin embargo, durante el periodo contractual solo se recuperaron $867,499.96 en impuestos, mientras que a la empresa se le cancelaron $187,530.12, fondos que salieron de dos cuentas municipales firmadas por Montano y la extesorera Ruth Raquel Aguilar de Montano, actualmente prófuga.
La perito calificó como excesivo el pago realizado a la empresa de Roque Baires, quien ya había realizado trabajos similares para la alcaldía de Nuevo Cuscatlán y Albapetróleos, cobrando comisiones del 13% y 15%, respectivamente.
Para sustentar su informe, la experta auditora revisó documentos proporcionados por la Superintendencia del Sistema Financiero, así como información decomisada por las autoridades y otra suministrada por la misma alcaldía de Soyapango.
El caso forma parte de los procesos judiciales que enfrenta la exalcaldesa Montano por presuntos actos de corrupción durante su administración.
Judicial
El Salvador impone condenas históricas: más de 10 pandilleros sentenciados a 100 años o más de prisión
En el marco de la política de combate frontal a las estructuras criminales, autoridades salvadoreñas han logrado en el último año la condena ejemplar de al menos diez pandilleros y criminales a penas que superan los 100 años de prisión. Los delitos incluyen homicidios, feminicidios, extorsión, privación de libertad y tráfico ilícito, según informes del sistema judicial y la Fiscalía General de la República.
Entre los casos más destacados en los primeros cuatro meses de 2025 se encuentran tres miembros de la pandilla MS-13: Gerardo Josué García, condenado a 1,071 años; Exequiel Anastasio Maradiaga Flores, con una pena de 600 años; y José Aníbal Moreira Bernal, sentenciado a 524 años. Los tres delinquieron entre 2014 y 2018 en la zona oriental del país, siendo encontrados culpables de 28 homicidios agravados, un feminicidio, 50 conspiraciones para cometer asesinatos, 38 extorsiones y otros cargos relacionados con crimen organizado.
Otros casos recientes incluyen a Pablo Edgar López y David Antonio Martínez, condenados a 155 y 120 años respectivamente, por su participación en varios homicidios y delitos cometidos en conjunto con otros miembros de la MS-13.
También se reporta la condena de Cristian Giovanni Miranda Muller, sentenciado a 100 años de cárcel por el asesinato de su excompañera de vida y su hija en Tonacatepeque, en mayo de 2021. Ronald Antonio Hernández Gómez, cómplice en el crimen, recibió 60 años de prisión.
En Ahuachapán, Jonathan Alexander Armas Patriz fue condenado a 110 años tras ser hallado culpable de feminicidio agravado, homicidio agravado y aborto sin consentimiento. El sujeto asesinó a su expareja embarazada y a un menor.
Por su parte, Jonathan Barrera Ruano, alias «Sangriento», líder de una red criminal, recibió 218 años de cárcel por diversos delitos, entre ellos el asesinato de Ruth Nohemy A. S. y su hijo de seis meses en Ciudad Delgado en noviembre de 2020. En esa misma estructura delictiva participaba Luis Alonso Zelada Ramírez, alias «Silent», quien fue sentenciado a 236 años.
En octubre del año pasado, Marvin Alberto Maldonado Arias fue condenado a 100 años por el asesinato de cuatro mujeres entre 2014 y 2017 en San José Villanueva. Dos de las víctimas fueron ejecutadas por sospechas de ser informantes, y las otras dos por haber presenciado el homicidio de un agente policial.
Finalmente, seis integrantes de la pandilla 18 fueron condenados el año pasado a penas de entre 75 y 100 años de prisión por su responsabilidad en tres homicidios y una desaparición forzada ocurridos en Ciudad Delgado entre 2021 y 2022.
Estas condenas forman parte de la ofensiva penal y judicial contra las estructuras criminales, impulsada por el Gobierno bajo el régimen de excepción. La Fiscalía ha reiterado su compromiso de llevar ante la justicia a los responsables de crímenes atroces, con el objetivo de consolidar un país libre de violencia.
El Juzgado Primero de Sentencia de Santa Tecla condenó a 17 años de cárcel a Josué Eduardo Platero Mina, acusado de asesinar a su pareja, José Antonio Hernández Paz, en medio de una discusión por supuestas infidelidades.
El crimen ocurrió a inicios de enero de 2024 en el cantón El Matazano, distrito de San Juan Opico, en el departamento de La Libertad. Platero Mina, quien tenía 20 años al momento de los hechos, atacó a la víctima con golpes y un arma blanca, según determinó la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR).
Las autoridades señalaron que la noche del 31 de diciembre de 2023, Platero Mina llegó a la vivienda de Hernández Paz alrededor de las 11:00 p. m., pero se retiró sin previo aviso. Luego, Hernández Paz le comunicó que llegaría a su casa más tarde. Testigos afirmaron que ambos discutieron en al menos dos ocasiones antes del homicidio.
Según la FGR, Platero Mina golpeó e hirió con arma blanca a Hernández Paz y posteriormente arrojó su cuerpo cerca de la quebrada conocida como cuesta Los Conacastes, en el mismo cantón. El cadáver fue localizado el 2 de enero por un ciudadano que recolectaba leña en la zona.
Tras ser identificado como principal sospechoso, Platero Mina fue detenido por el delito de resistencia, mientras las investigaciones continuaban. Durante un registro en su vivienda, las autoridades encontraron en una fosa séptica el teléfono, la cartera y los documentos personales de la víctima, además del arma utilizada en el crimen.
Con base en estas evidencias, la Fiscalía formalizó la acusación por homicidio simple. El tribunal validó los elementos presentados y emitió la condena contra el imputado.
